“¿Pero qué me hiciste? No me podés hacer esto”. El jefe de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) paraguaya, Silvio Amarilla, se agarraba la cabeza y caminaba por la pieza, sin disimular el enojo. Los gritos iban dirigidos a su compatriota, el piloto de avión Juan Domingo Papacho Viveros Cartes, que horas antes había sido detenido mientras piloteaba una avioneta Cessna 210, que no tenía autorización para volar en cielo uruguayo. El operativo estuvo a cargo de funcionarios de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), que trasladaron a Vivero Cartes hasta la base militar de Santa Bernardina, en el departamento de Durazno.
Corrían los últimos días de julio de 2013 y había por lo menos dos razones de peso que justificaban la decisión que había tomado Amarilla de viajar en forma urgente desde Asunción a Montevideo. La primera resultaba obvia: Papacho era tío del entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y su arresto en Uruguay estaba vinculado a delitos de tráfico de estupefacientes, por lo que el escándalo político era inminente.
El segundo motivo salpicaba más directamente a Amarilla. En Paraguay, Papacho cumplía una condena por narcotráfico con una prisión domiciliaria y la “tutela legal” que le permitió acceder a ese beneficio la había asumido el mismísimo jefe de Inteligencia de la Senad. Esa causa se había iniciado en 2001 en San Pablo, mientras Papacho piloteaba con 250 kilos de cocaína. Eran otros cielos, pero la maniobra fue parecida: la droga se cargó en Paraguay y luego se trasladó ilegalmente a otro país en una avioneta Cessna, la compañía estadounidense que la familia Cartes representa desde hacía décadas en Paraguay.
En la base militar de la FAU en Santa Bernardina, Amarilla y Papacho intercambiaban insultos y reproches. Primero en castellano, hasta que en determinado momento empezaron a hablar en guaraní. A los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos uruguaya que presenciaban la escena no les gustó el cambio de idioma y le pidieron al jerarca de la Senad que hablaran exclusivamente en español. Las primeras sospechas ya sobrevolaban el ambiente.
Pasó más de una década desde aquella singular escena bilingüe, pero todavía vale la pena intentar comprenderla. El mismo día de la caída de Papacho en Durazno, y prácticamente a la misma hora, los policías uruguayos llevaban a cabo un importante despliegue antidrogas en la localidad de Cebollatí, al norte del departamento de Rocha. Esa operación se llamó Wayra y terminó con la detención de 19 personas y la incautación de 478 kilos de marihuana. Wayra se había iniciado cuatro meses antes a partir de información que proporcionó la Senad, con Amarilla a la cabeza, sobre posibles descargas de droga proveniente de Paraguay en campos uruguayos.
Mientras se realizaba la operación Wayra, Papacho ingresó al país en su Cessna con otros 450 kilos de marihuana y los descargó en un campo en Lavalleja, cerca del límite con Treinta y Tres. Abajo lo esperaba solamente una persona, que luego se encargó de trasladar la droga hasta Montevideo. Se trataba de Sebastián Enrique Marset Cabrera, que en ese momento tenía 22 años. Una vez que la Policía uruguaya obtuvo esta información con base en la confesión de Papacho comenzó un nuevo operativo de inteligencia, con Marset como principal objetivo. La operación se llamó Halcón y culminó exitosamente en octubre de 2013, cuando lograron detenerlo en el cruce de las rutas 1 y 3, en San José, junto a su socio, el empresario mercedario Pedro Invernizzi. Horas antes habían logrado pasar por la aduana de Fray Bentos unos 173 kilos de marihuana y 335 gramos de cocaína; la trasladaban a Montevideo en dos vehículos (Marset manejaba un Chevrolet Cruze negro).
Finalmente, Marset fue condenado por tres delitos de tráfico internacional de estupefacientes, incluyendo la descarga para Papacho en el campo de Lavalleja, y estuvo preso hasta 2018 en el penal de Libertad y en el Comcar. Papacho, en tanto, fue trasladado a Paraguay en 2016, luego de estar en Las Rosas (Maldonado) y en Campanero (Lavalleja).
Entre los investigadores uruguayos siempre quedaron muchas dudas vinculadas a estos episodios de 2013. Por ejemplo, todavía cuesta determinar qué tipo de relación tenía Papacho con el jefe de la Senad (organismo que se creó, precisamente, para combatir la corrupción en la Policía paraguaya), y tampoco ha quedado claro cómo Marset logró vincularse exitosamente con las poderosas organizaciones paraguayas con apenas 22 años. Hay sí algunos datos objetivos que deberían tenerse en cuenta, hasta para plantear hipótesis: poco tiempo después de estos hechos, Amarilla, el jerarca de la Senad, fue investigado por corrupción y separado de su cargo. En paralelo, la Policía uruguaya puso en la mira a dos ciudadanos paraguayos por las operaciones de tráfico de marihuana en avioneta: el funcionario judicial César Morel Roa y el exintendente de la ciudad de Caazapá Francisco Sarubbi Brizuela, ambos vinculados al cartismo y al Partido Colorado. La Policía paraguaya demoró dos años en detenerlos y nunca se logró extraditarlos, a pesar de los reclamos de la Justicia uruguaya.
Otros hechos de corrupción vinculados a Marset
No fueron los únicos actos de presunta corrupción que se dieron en simultáneo al vertiginoso ascenso de Marset en el mundo del narcotráfico regional. En agosto de 2018, el joven nacido en Piedras Blancas fue investigado por el homicidio de un amigo de su infancia, Alfredo Rondán, en el balneario Las Toscas. La fiscalía de Atlántida y la familia de Rondán estaban convencidos de que Marset era el responsable del crimen, pero nunca lo pudieron probar y dos años después de la imputación resultó sobreseído.
En el marco de esa investigación, Marset reconoció que tenía contactos con funcionarios de la Brigada Antidrogas, pero el audio con su declaración ante la fiscal Darviña Viera desapareció misteriosamente de la carpeta investigativa. También se eliminaron otras pruebas y hubo demoras en pericias que se le pidieron a la Policía. En Fiscalía se inició una investigación administrativa interna, que todavía está en curso, para determinar si hay funcionarios implicados con estas maniobras.
En la causa por la entrega del pasaporte a Marset que el fiscal Alejandro Machado tiene a su cargo desde 2023, la teoría del caso parecería apuntar principalmente a responsabilidades en la Cancillería. Sin embargo, también han declarado en calidad de imputados algunas jerarquías políticas del Ministerio del Interior (Luis Alberto Heber, Guillermo Maciel) y funcionarios policiales de carrera, entre ellos el exdirector de Identificación Civil Alberto Lacoste, separado del cargo en agosto de 2022 como consecuencia de estos episodios. Por otra parte, el Instituto Nacional de Rehabilitación inició en octubre de 2023 una investigación interna contra cinco funcionarios por la fuga de Sebastián Alberti Rossi, cuñado de Marset, de la cárcel de Juan Soler, en San José. Las circunstancias de este confuso episodio tampoco han sido aclaradas y es otra investigación que sigue en curso.
En Paraguay y Bolivia, los casos de corrupción policial vinculados a la organización de Marset también son varios. En noviembre de 2023, el jefe de la oficina de Interpol en Asunción fue destituido de su cargo y otros 17 funcionarios de esa dependencia fueron investigados, luego de que se constatara que desde allí se había desactivado una orden de captura internacional contra Giannina García Troche, la esposa de Marset.
En Bolivia, en tanto, tres policías fueron detenidos en enero de 2024 por el robo de un millón de dólares que estaban en una camioneta de alta gama que había entrado al país desde Chile. Las autoridades bolivianas vincularon este episodio con presuntas maniobras de lavado de activos de la organización liderada por Marset. El narcotraficante uruguayo había logrado fugarse de Santa Cruz de la Sierra a finales de julio de 2023, tras recibir el aviso de que sería detenido. “No dudo y no elimino la probabilidad de que hubiesen existido policías que hubieran ayudado a facilitar la fuga”, declaró en aquel momento el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo. En una rueda de prensa, Del Castillo apuntó a la supuesta complicidad de “policías, fiscales o jueces” que podrían ser procesados por colaborar con el escape. Un año después, sin embargo, nada de eso pasó y Marset sigue prófugo, en algún lugar del mundo.