Delitos de cuello blanco, abusos de escritorio. Prácticas ilegales que cuesta calificar como inapropiadas porque, al final del día, mueven la economía. Crímenes inofensivos, difíciles de probar y de los que nadie se siente víctima. Vendedores de cuchillos. El lavado de activos en Uruguay es un libro de Ricardo Gil Iribarne, Daniel Espinosa y Gabriel Tenenbaum que intenta polemizar con esas nociones fuertemente instaladas en nuestro país desde hace medio siglo. Los contadores Gil Iribarne y Espinosa ocuparon lugares clave en organismos antilavado durante los gobiernos del Frente Amplio; Tenenbaum es sociólogo y se ha especializado en el estudio del narcotráfico y el lavado de activos (en 2022 publicó el libro Los protectores del capital).
Los autores titularon la investigación con una referencia a una frase del exministro de Economía Ignacio de Posadas, que ocupó ese cargo entre 1992 y 1995: “Nosotros fabricamos sociedades, lo que sus dueños hagan con ellas después no es problema nuestro. Es como acusar a un herrero que fabrica cuchillas por los crímenes que se pudieran cometer con ellas”. El presidente Luis Alberto Lacalle Herrera apeló al mismo instrumento de corte para opinar sobre este tema: “No se puede juzgar al sistema financiero por sus eventuales patologías. Cuántos cuchillos se han usado como cosas buenas y cuántos para degollar a un cristiano, y no por eso vamos a comer el churrasco sólo con un tenedor”.
En el libro también citan a la película Así habló el cambista (Federico Veiroj, 2021), basada en una novela de Juan Enrique Gruber, en la que se detallan operaciones de lavado en casas de cambio de la Ciudad Vieja, en los años 70. ¿Ahí arrancó todo?
Daniel Espinosa (DE): Uruguay siempre fue una plaza financiera regional y en la dictadura hubo un proceso de liberalización de la economía con [Alejandro] Vegh Villegas [ministro de Economía de 1974 a 1976]. Uruguay tiene entrada y salida libre de capitales; al lado tenemos dos países muy regulados [Argentina y Brasil] con el dólar controlado y dificultades para los movimientos. Naturalmente, gran parte de ese dinero venía para acá y eso consolidó una estructura funcional a ese movimiento ilícito, en la que los cambistas tuvieron su papel. La novela y la película reflejan lo que sucedía en esos años.
¿Qué pasó con los bancos en esos años?
DE: El sistema bancario era más serio que los cambistas, pero también había una tolerancia especial con estos movimientos: no se miraba el nombre de los depositantes. La visión predominante era que los capitales vinieran. A las autoridades les preocupaba la solvencia de los depositantes, pero no el origen de los fondos. Estaba claro que buena parte de los fondos ilícitos de la región venían a Uruguay, básicamente desde Argentina y Brasil.
Gabriel Tenenbaum (GT): A finales de los 60 empezaron a llegar dólares desde afuera, algo que ahora es normal, pero no en aquella época. Se abrió la llamada “cuenta 18”, por la sede 18 de Julio del Banco República. Antes de eso, no era algo normal. De hecho, en otros países sigue siendo difícil. Yo no puedo abrir una cuenta en dólares en un banco en México, por más que viva allá y tenga una caja de ahorros en pesos mexicanos. No es tan fácil. Acá a finales de los 60 se empezó a permitir y luego, en 1982, se estableció el secreto bancario. Además de Vegh Villegas, otro intelectual liberal relevante para la época fue Ramón Díaz. Él era parte de la Sociedad Mont Pelerin, donde estaba con gente pesada, como [Karl] Popper o [Friedrich] Hayek. En términos gramscianos, Díaz era un intelectual orgánico, porque tenía un enfoque teórico, pero en la práctica ejecutó un modelo financiero proclive al ingreso de capitales internacionales. Eso puede verse en los decretos-leyes sobre la liberalización de los metales preciosos o casinos. Ahí está el marco de la idea de promover al país como una plaza financiera internacional. Ahora lo vemos desde otro lugar, porque hay otra sensibilidad sobre estos temas, pero en esa época era todo muy transparente.
DE: El secreto bancario fue algo importante, porque eras receptor y además se aseguraba el secreto y la privacidad. En cierta forma, se transmitía la idea de que no había disposición para cooperar con las autoridades argentinas y brasileñas. Eso le daba un plus a tu servicio.
GT: La protección de la privacidad y el secretismo son factores que maridan muy bien con este enfoque liberal. Antes del secreto bancario había estado el secreto tributario, en 1974. No es algo que se haya estudiado mucho, pero sería interesante conocer mejor las irregularidades vinculadas al secreto tributario durante la dictadura, que podrían involucrar a militares y a gente cercana. Está claro que hubo un diálogo estrecho entre las posiciones liberales de la época y el régimen dictatorial.
Vamos un poco más cerca en el tiempo. En el libro le asignan mucha relevancia a la Operación Campanita, de 2006. ¿Por qué el énfasis?
Ricardo Gil (RG): Fue importante porque más allá de que todos sabíamos que en Uruguay había lavado de activos, hasta ese momento no habían existido operaciones de tanta relevancia. Campanita fue un caso grande, que logró desbaratar una estructura sofisticada que se había armado específicamente para lavar. Se generó una respuesta institucional diferente; hubo una coordinación interinstitucional potente, que involucró a varios actores. Se alinearon los astros, en cierta manera. Creo que a todos nos marcó Campanita, porque generó mucha confianza entre los equipos. Hasta ese momento, las investigaciones apuntaban más a la búsqueda de drogas o armas, pero no se le daba tanta bolilla al papel de los contadores y de las estructuras financieras. Hay que recordar el contexto; para la Policía no era natural trabajar con gente de un gobierno de izquierda. Había desconfianzas mutuas, que con el tiempo se fueron superando. La investigación arrancó por la Policía y después empezamos a investigar el lavado; no fue en forma paralela, como aconsejan los estándares. A pesar de esa carencia, fue una operación exitosa, que motivó mucho a todos los actores involucrados. Pero sobre todo fue relevante porque dejó claro, a nivel policial y judicial, que en Uruguay se lavaba.
¿Qué otros casos fueron relevantes en esa época?
RG: La operación San Francisco [en Salto, en 2007] fue un muy buen trabajo de la Brigada Antidrogas, que logró detectar una entrada voluminosa de droga [500 kilos]. Una avioneta en un campo, con droga que después iba a salir por el puerto de Montevideo, algo que luego veríamos en muchos casos. Ahí no hubo condena por lavado, pero aparecían implicados algunos actores que sorprendían. Por ejemplo, una institución financiera de zona franca por la que habían entrado dos millones de dólares para la compra de una estancia en Salto. Era una SAFI [Sociedad Anónima Financiera de Inversión] uruguaya que tenía a un colombiano que estaba en San Pablo. O sea, estaban todas las señales de alerta, pero nadie detectó nada ni hubo reportes. Se encontró por la acción de la Policía, que luego consultó con nosotros en el gobierno, a nivel de la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos] y la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero, del Banco Central]. En esta etapa, la Policía empieza a asumir que el tema del lavado estaba en agenda y dos o tres años después ya empezaron a consultarnos cada vez que iniciaban una investigación. Se generó confianza y eso fue clave.
En el libro reseñan el episodio de las 4,5 toneladas de cocaína que le incautaron a Martín Mutio en Hamburgo, en 2019. ¿Cuál es la singularidad del caso?
DE: En primer lugar, el caso Mutio es sintomático de un problema grande que tenemos en el puerto de Montevideo, eso es evidente. Una particularidad es que la Justicia desestimó en primera instancia el pedido de la Fiscalía, y después un Tribunal de Apelaciones ratificó que había existido una investigación muy buena por parte de la fiscal [de Estupefacientes] Mónica Ferrero. Lo desarrollamos porque no hemos visto otra investigación tan profunda y sólida como esa en estos años.
GT: También es un ejemplo de los poderosos que incursionan en el mundo del crimen organizado. Martín Mutio viene de una familia de clase alta, muy vinculada al poder. No es un perejil que cayó en un barrio, es un apellido relevante. Es el hijo de uno de los dueños de bodega Santa Rosa [Passadore, Carrau y Mutio], y su madre está vinculada a la empresa argentina Ballester Molina [fabricante de autos, camiones y armas]. Es un caso que muestra que los traficantes de drogas encontraron que los empresarios agropecuarios podían ser buenos socios, sobre todo cuando están en momentos de crisis. Pasó también con el caso Murialdo [productores de Soriano, a los que les encontraron 4,4 toneladas de cocaína]. Gente desesperada por hacer plata rápido, quizás para mantener un estatus, y en paralelo un despliegue de inteligencia financiera por parte de las organizaciones criminales. Ojo, los empresarios tampoco son ingenuos. También buscan sus negocios. Tenemos el caso del empresario y narcotraficante [Gonzalo Fierro] que vivía en el edificio Fórum. Es un cambio parecido al que se vio en México hace unos años, una nueva generación, más millennial, de gente educada, empresarios. Ya no son campesinos que cultivaban en las sierras. Es otra gente metida en el negocio. Acá hay un fenómeno parecido. Hace pocos días mataron al Gordo Mauro [baleado mientras jugaba al fútbol en Carrasco Norte], y uno veía las propiedades que tenía, los autos. Ya no son los Betito Suárez del Cerro, son otras figuras las que aparecen.
Ya que tocaste el tema de México, ¿por qué es importante el caso de Los Cuinis en Uruguay?
GT: La familia de Gerardo González Valencia llegó a Uruguay en 2011, porque se suponía que a él lo querían matar en México. Viene con su esposa, Wendy Amaral, sus tres hijos y dos niñeras, y se instalan en Punta del Este. Compran un chalet, solares en Punta Ballena, autos de alta gama. Curiosamente, vivían cerca de la casa de [Rocco] Morabito, y ambos eran clientes de Marcelo Saralegui, que les vendía los autos. También compartían los servicios de intermediación financiera. Se los hacía Pedro José Goicochea, un uruguayo que tenía contactos en un cambio de Piriápolis. Esto es interesante porque muestra que los “protectores” de alguna manera institucionalizan las maniobras que realizan para las redes criminales. Hay un caso de un colombiano, radicado en Panamá, que aparece vinculado a operaciones financieras para los cárteles de Medellín y el Norte del Valle, después aparece en Operación Campanita y al final termina metido en el caso de los sobornos de Odebrecht. Dos décadas, tres casos pesados de lavado y la joda sigue. Hay muchos tipos que viven en estas vueltas durante décadas.
DE: Eso te muestra las dificultades que existen para desbaratar a estas redes, a estos facilitadores que persisten a pesar de los avances en materia de control y prevención de lavado. En Uruguay es notorio; siempre quedan cabos sueltos y hay nombres que siempre se repiten, que siempre están.
GT: En el arranque del libro citamos una frase de [el abogado, Carlos] Curbelo Tammaro, que expresamente dice que le gusta trabajar para los delincuentes de cuello blanco, porque le cuesta verlos como personas de conductas repudiables.
Recién ponían el ejemplo de Saralegui. ¿Por qué el mundo del fútbol siempre aparece vinculado a las investigaciones por lavado?
DE: El fútbol tiene una mercadería que es difícil de valuar. Los mercados en los que podés vender y fijar el precio sin mucho control (otro ejemplo sería el mercado de las obras de arte) siempre se prestan a contratos ficticios. En el caso del fútbol hay que agregar todo el dinero que se mueve en las transmisiones deportivas, que complejiza aún más el asunto. Hay casos como el FIFA Gate [2015], con dirigentes que se aprovechan del negocio y trabajan para ellos. Es un mundo con pocas reglas y eso facilita las operativas de lavado. La Conmebol, por ejemplo, no tenía balances oficiales; acá el juzgado pidió información y no se la dieron, porque no existía. Tampoco había auditorías. Cuando hay mucha plata y mucha informalidad, la cosa siempre termina mal.
RG: Yo puedo decir que vendo a un futbolista a Europa por tanta plata, pero en el medio de la transacción hay un contratista y cuatro sociedades anónimas de paraísos fiscales. Yo digo que cobré tanto dinero por ese pase y legalizo esa plata. ¿Pero quién comprueba que eso que cobré es lo que se pagó en la otra punta del negocio? Nadie. El GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional] hace años que saca documentos sobre los riesgos del lavado en el fútbol. No es algo que inventó Uruguay, pero acá tuvimos casos de gente del fútbol que se metía en “cooperativas” para financiar el ingreso y la exportación de droga desde Uruguay. Recordemos la operación Cancerbero, en la que cayó el [Eduardo] Vela Yern, entre otros. Los contratistas están acostumbrados al negocio rápido: le ponés el ojo a un jugador y a los seis meses lo vendés en 500.000 dólares, cuando habías puesto 5.000 dólares. Pero cuando eso falla, necesito recuperar la plata fácil. Es un mundo que se presta para estas cosas. Hay pases que cuestan millones de dólares y después resulta que no jugó nunca y vuelve al poco tiempo. Y al lado hay otros jugadores destacados que nunca metieron ese pase millonario.
DE: O las seguidillas de pases a un mismo club o esos “pases puente” que nunca se entienden del todo. El fútbol es un mundo con muchos trasfondos.
En el libro hay dos casos argentinos, relativamente recientes y con ramificaciones en Uruguay: la “ruta del dinero K” y el del sindicalista Marcelo Balcedo. ¿Son ejemplos de que este asunto pasa por otro lado, no necesariamente por las afinidades ideológicas o políticas?
GT: Entiendo lo que decís, pero creo que a la izquierda sí le debería importar mucho la persecución de estos delitos que cometen los poderosos. En eso hay una matriz ideológica. Esos casos se dieron durante los gobiernos del Frente Amplio, y en esos se fortaleció el sistema de control al lavado. Tal vez no hubo un giro, pero sí un fortalecimiento.
RG: Viniendo desde la izquierda, no me costó comprender que el lavado y los delitos de los poderosos hacen mucho mal al país. Estas cosas no se arman para favorecer a la mayoría de la gente. Yo creo que esa es una manera válida de pararse ante la discusión.
DE: Los casos de la ruta del dinero K y el de Balcedo tienen en común el volumen de dinero que se manejó. Fue mucha plata para los parámetros uruguayos. Son casos que evidenciaron falta de controles: hubo transacciones inmobiliarias importantes y no hubo reportes de operaciones sospechosas; no hubo profesionales que cumplieran su labor. Son casos reveladores de una época, que muestran que Uruguay siempre está arriba en el menú de opciones al momento de sacar plata de Argentina.
En cuanto a montos significativos, uno de los casos más pesados que toca el libro es la trama de los “doleiros” (cambistas en portugués) que operaban desde Montevideo.
RG: Es un caso derivado de Lava Jato, de dos muchachos brasileños [Juca Bala y Tony] que instalaron una oficina en Uruguay en 2003. Anduvieron en el World Trade Center, en Punta del Este, y manejaban dos programas informáticos sofisticados, que les permitía funcionar como una institución financiera. El final del cuento es que manejaban desde acá 3.000 sociedades offshore en 52 países, y movilizaron desde Uruguay una cifra que es impresionante: 1.650 millones de dólares. En este caso fue clave la investigación de Brasil. Era muy difícil detectarlo desde acá y no había delitos precedentes en Uruguay. Era muy difícil saber qué había detrás de toda esa plata, se supone que corrupción, droga y evasión de divisas, pero en realidad sólo ellos lo saben. Los extraditaron hace relativamente poco, en 2017. En plata, es el caso más grande que incluimos en el libro.
Todos los casos que reseñan en el libro están vinculados al exterior. ¿Eso qué significa?
RG: Que llevamos décadas siendo el nodo, el hub del lavado en la región. Ese rol que la dictadura diseñó para Uruguay se mantuvo. Siguió y siguió. Estos datos contravienen los planteos de algunos actores, que dicen que acá lavan los delincuentes locales. En realidad, en Uruguay se lava el dinero de gente poderosa de México, Colombia, Brasil, Argentina, de todos lados. Venían y siguen viniendo.
¿Se puede estimar cuánto lavan el PCC (Primeiro Comando da Capital) y la Ndrangheta en Uruguay?
DE: En general, es difícil ponerles número a estas amenazas. Nosotros en el libro incluimos una estimación que hizo un consultor del BID en 2017, una cifra global de todo el dinero ilícito que ingresa a la economía formal en el país, y llegó a una cifra de unos 880 millones de dólares anuales. Pero es muy difícil llegar a cifras precisas en esto; nos faltan indicadores más robustos para saberlo a ciencia cierta. En el caso de esas grandes organizaciones, hay indicios de que están usando muchos otros destinos, como Dubái. Pero acá seguro que también queda dinero. En la medida que toda la maquinaria que les presta servicios (transporte, logística) es más relevante, seguro que también es mayor la plata que se queda acá.
RG: Otro fenómeno nuevo y creciente es el acopio de droga en Uruguay, antes de cargarla en el puerto. Es evidente que acá también se presta ese “servicio”, que se cobra bien, porque implica montar aparatos de seguridad, tener armas.
GT: Una pregunta que me hago es qué va a pasar con el lugar de Uruguay en el esquema regional cuando [Sebastián] Marset salga del juego, si eso sucediera en algún momento. Parecería que el papel de Marset en los últimos años llevó a Uruguay a tener otra dinámica. Pero seguimos sin saber realmente hasta dónde llega el poder de Marset, con quién más trabaja, si tiene otra gente atrás, si solamente es una figura visible. La dimensión real de su negocio sigue siendo una interrogante.
En el libro hay críticas a los controles sobre zonas francas. ¿Por qué?
GT: Nosotros criticamos la decisión que tomó el gobierno de sacar de la lista de sujetos obligados a los actores de zona franca que hacen logística. Esa disposición se eliminó a pesar de la opinión contraria de la Senaclaft, que había dicho que estudiaría si correspondía sacar a algún actor, pero después de hacer un análisis de riesgo, que es la forma correcta de hacer las cosas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo mandó al Parlamento un proyecto que sacaba la obligación [de reportar operaciones sospechosas] a las empresas logísticas que operan en zona franca. Tomaron la medida y poco tiempo después apareció un cargamento de cocaína y budines de una empresa que hacía logística en zona franca. O sea, decís que no hay riesgo y mirá lo que pasó. Algo no cierra.
DE: Este gobierno ha sido muy permeable a los lobbies. Pasó con las empresas logísticas y también en la LUC [ley de urgente consideración] con los escribanos y los cambios al umbral de las transacciones en efectivo. Son concesiones a los lobbies sin estudios de riesgo, sin medir consecuencias.
Hay varias páginas dedicadas al estudio Posadas, Posadas y Vecinos (PPV). ¿Qué significa PPV en toda esta historia?
DE: Es uno de los grandes estudios uruguayos que promueven los servicios societarios. Trabajaron mucho con Brasil y estuvieron involucrados en casos que fueron sonados y que estuvieron en el candelero. Ahora, no son los únicos. Quizás tenga una notoriedad especial porque [Ignacio] De Posadas fue ministro de Economía y defendió públicamente la noción de los “vendedores de cuchillos”. Ponía la cara por el sector. Es una especie de líder del sector.
RG: Uno de los argumentos que manejan estos estudios que brindan servicios, y no solamente PPV, es que ellos no son cómplices, porque venden las herramientas y no saben exactamente a quién están ayudando. En la etapa en que no había obligaciones vinculadas al lavado, eso les permitía decir además que tampoco habían violado la ley, ya que no estaban obligados a reportar. Alguien podría decir que en estas épocas en que tanto se habla de la responsabilidad social empresarial, esa lavada de manos es, mínimo, poco ética. Y seguramente algún otro le podrá contestar: “¿Cuál es el problema con que sea poco ético?”. Después, cuando se establecieron obligaciones, es evidente que un conjunto de actores siguió haciendo lo mismo que antes, respaldados en el hecho de que es muy difícil probar que vos sabías lo que sabías. En el caso de Operación Campanita, por ejemplo, un Tribunal de Apelaciones dijo que dos abogados actuaron con “ceguera intencional”. Es decir, no vieron porque no quisieron ver. Se hicieron los distraídos; miraron para el costado, pero sabiendo qué pasaba. La ceguera intencional ha tenido mucho peso a nivel internacional para este tipo de delitos, que son difíciles de probar (y que nadie confiesa).
Un narco colombiano, Juan Carlos Chupeta Ramírez, llegó a Uruguay, abrió una cuenta, pagó una casa por adelantado y fue hasta un estudio que suministraba sociedades. Además de la sociedad, le dieron seis chips de teléfono para comunicarse sin que nadie supiera dónde estaba. O sea, el estudio tenía armado un kit para delincuentes. Ahí claramente se excede la venta de servicios; era una protección, lo ayudaban a encubrirse. También hay estudios que brindan directores y testaferros. En algunos casos, como el FIFA Gate, movieron dinero de los acusados y después dijeron que no sabían nada.
GT: En la época que analizamos, PPV representa muy bien al vendedor de cuchillos sobreviviente, que caminó por el pretil durante décadas, sin mayores dificultades. Otros cayeron y ellos se han logrado mantener en un manto de cierta protección. De Posadas ha sido clave para que este negocio siga existiendo. Al fin y al cabo, esto es un nicho laboral y hay mucha gente interesada en que se mantenga y siga. Es gente muy vinculada al poder y a la política. De Posadas representa muy bien la defensa del sistema de protección del capital, que es un fenómeno más estructural. Fue clave en el fortalecimiento de las SAFI, que venían de 1948, pero en los 90 tuvieron un punto alto. ¿Qué mejor ejemplo de estar en los dos lados del mostrador que Ignacio de Posadas? Facilitó, protegió y representó, como nadie, al conjunto de los vendedores de cuchillos. Además, es heredero de esos intelectuales orgánicos de los que hablábamos, como Ramón Díaz, con quien tuvo un vínculo muy estrecho. Es un linaje.
En el libro hay críticas a disposiciones de la LUC y también al papel que jugó la Senaclaft en estos años. ¿En estos años se dio un resurgimiento de todo aquel universo que recreó Así habló el cambista o con lo que pasó con las SAFI en los 90?
RG: La pregunta sería: ¿estamos igual que en los 90 en materia de lavado? Yo diría que no, que estamos un poco mejor. No tan bien como se debería, pero hoy se asumen ciertas cosas. Por ejemplo, hablamos más sobre lavado que en aquellos años. El país ha tomado cierta conciencia y el proyecto de plaza financiera ya no es tan predominante, al menos entre el sistema político. Hay gente en todos los partidos dispuesta a aportar; recordemos que muchos cambios importantes en prevención y control se aplicaron en la última etapa del gobierno de Jorge Batlle, con gente muy valiosa que trabajó ahí. Hubo avances progresivos, lentos y con muchas carencias. Es indubitable que en esta administración hubo un retroceso, pero no lo limito a complicidad o a una vuelta a los 90. Hay un retroceso por errores conceptuales, cabezas diferentes, intereses distintos. Hoy se plantea abrirse a las inversiones, asumiendo que, capaz, se cuela algo malo. “No queremos, pero paciencia”, parecería ser la consigna. Es un error profundo. A otro nivel, también puede haber intencionalidad, porque hay una industria alrededor del lavado a la que le sirve que se baje la guardia. No lo dicen; pero hacen todo lo posible para que no se combata a fondo. Eso también juega.
DE: En la Senaclaft teníamos reuniones periódicas con representantes de los sujetos obligados del sector no financiero. Y ellos nos transmitían que no podían volver a los 90, porque el mundo era otro. Ya no corre el secreto cerrado, porque al mundo capitalista le interesa cobrar impuestos. Pero también te decían: “Todo bien con el antilavado, pero ¿por qué hay que ser los primeros de la clase?”. Es la filosofía que predomina hoy; sigamos cumpliendo pero sin matarnos. [El director de la Senaclaft, Jorge] Chediak dijo que había que tratar mejor a los sujetos obligados y aliviar la carga de obligaciones. Acompañar las tendencias internacionales, pero sin matarnos, sin ser los mejores de la clase. Ahí hay una discusión ideológica: ¿queremos combatir realmente al lavado? Para combatirlo de verdad, hay que intentar ser el primero de la clase, el mejor en eso. Si lo considerás importante para combatir la violencia y los delitos asociados, el camino es ese. Para mucha gente no es así.
GT: Esas manifestaciones de los 70 y los 90 están asociadas al liberal-conservadurismo, a la idea de no intervención del Estado, a la privacidad y la libertad. Eso está vigente en muchas de las discusiones actuales. Se manifiesta de otra forma, pero las discusiones de fondo son las mismas, o muy parecidas. No son ideas hegemónicas, porque hay otros saberes y posicionamientos ideológicos que son más fuertes que antes y que logran entrar en tensión. No tienen la hegemonía que tuvieron en los 70 y 90, pero están presentes.
DE: Hay que dejar de ver al lavado como un delito de escritorio. Eso fue parte de una defensa histórica, un intento por disociarse de otros delitos graves. Y no es así. El lavado mantiene vivo a un fenómeno como el narcotráfico. Es lo que alimenta a las organizaciones.
RG: Del lavado nadie se siente víctima, como sí sucede en otros delitos. Hay que hacer todo un razonamiento para llegar a esa conclusión. A la cadena de valor delictiva, cuanto más abajo le pegás, menos la jodés. Y si pegás más arriba, todo lo contrario. Porque ahí están los centros de decisión y reproducción del delito. Arriba están los dueños, los mayoristas, los protectores. Es ahí donde hay que pegar. Cuando el exministro [del Interior, Luis Alberto] Heber dice “hay que preparar a los policías para perseguir el lavado en pequeña escala”, lo que está diciendo es que hay que apuntar hacia abajo y que los que lavan son los delincuentes pobres. Es mentira que los lavadores estén en el Marconi. Se compró una moto, una camioneta. Es cierto, lavó, pero el que se lleva la guita gorda no está ahí y al sur de Avenida Italia se lava guita a lo grande. En el fondo, es una discusión de clase.