Este martes la diaria Radio recibió a Juan Ceretta, abogado patrocinante del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen), para repasar la denuncia que presentaron en setiembre por considerarla “una oficina de espionaje ilegal”.
Explicó que además de la denuncia el sindicato solicitó una consulta con el estudio Delpiazzo Abogados para cerciorarse de si administrativamente era legítima y resultó “clarísimo que era ilegal”. Ceretta detalló que “el INR no tiene competencias de este tipo” y que además “ya existía una oficina con estos cometidos en el ámbito del MI”: la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, que se creó en 2019.
“Una de las funciones ilegales que se cometió fue el espionaje y la presión a los testigos del caso Penadés, pero esa es sólo una de las actividades ilegales que esta oficina realizó y, si tenemos en cuenta que viene cumpliendo funciones desde marzo de 2021, evidentemente realizó muchas otras: sospechamos que el espionaje a los senadores [Charles] Carrera y [Mario] Bergara también se realizó desde esta oficina”, acotó sobre una de las derivaciones del caso Astesiano.
A su vez, dado que “cada vez que los dirigentes sindicales [del Sitrapen] se reunían con las autoridades tomaban nota de que sabían exactamente todo lo que el sindicato había hablado previo a la reunión”, tienen “razones fundadas para sospechar que ellos también eran objeto de espionaje”, advirtió. En ese eje, explicó que cada vez que se reunían para trasladar reclamos “tenían la sensación de que había cosas que conversaban en la interna que evidentemente eran conocidas por los jerarcas cuando iban a hablar”.
Al margen del ámbito político y sindical, “es razonable pensar que desde 2021 hasta la fecha debe haber realizado muchísimas tareas de espionaje”, muchas aún desconocidas. “No tenemos la certeza, pero queremos saber, porque una oficina que trabajó más de cuatro años realizando actividades de espionaje con nueve personas trabajando todo el día en eso, algún producto tiene que haber generado además de lo que hizo para el senador Penadés”, señaló.
Ceretta dijo que de los nueve policías que integraban la OIT “algunos están presos y otros siguen revistiendo”, aunque “en esta administración la oficina fue dejada sin efecto”. Al margen de la denuncia también presentaron una nota al actual ministro del Interior, Carlos Negro, “dando cuenta de todo esto y pidiéndole información sobre si él tiene acceso a los resultados del trabajo que esta oficina realizó”, pero aún no cuentan con información en ese sentido. La misiva fue una “petición calificada” que se entregó “unos días antes” de hacer la denuncia, el 3 de setiembre.
“Todas las actividades de inteligencia a nivel mundial se registran; después, que uno pueda acceder a esos archivos es otra historia, pero todo se registra y nada queda en la memoria de una persona. Es un principio militar de cualquier actividad de inteligencia”, mencionó sobre la existencia de documentación asociada.
Responsabilidades y espionaje en democracia
Ceretta se refirió a Luis Mendoza, antecesor de Ana Juanche al frente del INR, cargo que ejerció durante el período pasado. Dijo que fue “el jefe de [Carlos] Tarocco en esta oficina” y que “firma la resolución por la cual se crea la oficina y encomienda a Tarocco su dirección desde el inicio”. A su vez, recordó que el propio Tarocco en aquel momento era “uno de los policías mejor considerados por los mandos, a tal punto que era el director del Comcar”, y “es a quien se le asigna este rol, por lo que no era menor”.
“En 2016 se realizó una denuncia ante la Cámara de Representantes sobre espionaje en democracia. Eso dio lugar a una investigadora que se constituyó en 2018 y llegó a conclusiones muy contundentes sobre el espionaje en democracia”, afirmó el jurista. Según lo que reconstruyó, la comisión investigadora del Parlamento concluyó “que hubo espionaje ilegal sistemático desde 1985 a 2005, así como ausencia de control democrático institucional sobre esas agencias, mencionó organismos involucrados, habló de quienes fueron los objetivos –partidos políticos, líderes, militantes, sindicatos– y da cuenta a la Fiscalía”, ámbito en el que, aunque se confirmaron los hechos, no se pudo “seguir adelante con la acción penal porque el delito había prescrito”.
En línea con lo anterior, Ceretta dijo que “esto nunca dejó de pasar” y “desde que recuperamos la democracia el espionaje se siguió realizando”. Advirtió que desde 1989 a 1992 la persona a cargo del espionaje era Eduardo Ferro, militar condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. “Lo que parece claro es que jamás recuperaremos una democracia absoluta en términos de que no exista un espionaje ilegal. Siguió existiendo desde siempre”, concretó.
Otro punto es la posible utilización de El Guardián, software que permite al MI intervenir diálogos, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. Ceretta dijo que la garantía en el uso del programa informático es la autorización judicial, pero “cuando vos creás una oficina por fuera de la legalidad, es razonable pensar que no va a cumplir con los pasos legales para su actividad”.
El abogado dijo que el hecho “puede tener una gravedad institucional muy importante, pero desde el punto de vista de la persecución penal es posible que no sean delitos tan graves”, y espera que “se avance a fondo sobre este tema”, además de “una respuesta del sistema político”. La denuncia está en manos del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, aunque recordó que la Justicia “ya tiene el celular de Tarocco periciado y seguramente ahí haya información que no era importante para la causa Tarocco o la causa Penadés, pero sí para esta”.