Conexión Ganadera: fiscal del caso pedirá cooperación en el exterior y buscará que inversores más grandes acrediten origen de los fondos

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“Nunca tuve algo así”. El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, entró a la Fiscalía en 1990, pero nunca le había tocado una investigación por montos tan significativos como los de Conexión Ganadera. Tomó el caso hace 15 días y no ha parado. Ya se tomaron medidas cautelares, hubo exhortos a otros organismos públicos y habrá pedidos de cooperación a países “de América y de Europa”. En esta etapa su equipo se focaliza en armar un “diagrama” con las principales empresas y personas vinculadas al negocio. En medio de la vorágine, Rodríguez habló este miércoles 26 con la diaria sobre su trayectoria (ver recuadro), la situación del lavado de activos en Uruguay y la desafiante investigación sobre los fondos ganaderos.

Una noción ampliamente extendida es que los “delitos de cuello blanco” tienden a quedar impunes. ¿Qué opina?

No creo que sea así. Sí es cierto que son delitos más difíciles de investigar, porque generalmente es gente que cuenta con más recursos para cometer delitos. Hay mayores dificultades para investigar, pero cuando se reúne la evidencia necesaria para responsabilizar a una persona, en Uruguay se actúa en consecuencia. Tenemos casos emblemáticos que involucraron a empresarios, políticos, gente de posiciones económicas altas. También casos de corrupción dentro del Estado, con organismos que pudieron investigar al propio Estado. Es más dificultoso, pero no diría que hay una situación de impunidad.

¿Podría profundizar en cuáles son esas dificultades?

Es gente que se cuida más, que puede esconder más y que puede disimular mejor cuál es el origen o la forma de una maniobra. Todo eso depende, en gran medida, de contar con mayores recursos.

¿El marco normativo para investigar estos delitos es adecuado?

El marco normativo está. Siempre se puede- hacer ajustes y Uruguay lo ha hecho. Por ejemplo, nos faltaba el delito de enriquecimiento ilícito. Había una vieja discusión doctrinaria sobre si servía tipificarlo o no, ya que implicaba tener que probar el origen de los fondos y no que la Fiscalía investigara el origen ilícito. Era invertir la carga de la prueba. Muchos organismos internacionales decían que Uruguay debía adoptar el delito, y, finalmente, se legisló. Es importante. Además, se agregaron más delitos precedentes al lavado de activos; hoy en la lista tenemos unos 30.

¿Cuáles son las mayores dificultades?

Recursos. Recursos humanos y recursos materiales. Y no lo digo sólo por la Fiscalía: en la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero] del Banco Central [BCU] falta personal. Lo mismo en la Senaclaft y la Jutep. Hay que poner el énfasis en esos organismos de contralor.

Muchas veces se dice que no se castigan tales o cuales delitos, pero se pierde de vista que hay una etapa primaria de contralor. Si usted controla bien, le está diciendo al que está pensando en cometer un delito que mejor vaya pensando en otra cosa. Esa etapa de contralor, en la que la Fiscalía no participa, es muy importante. A nosotros nos llegan hechos presuntamente delictivos, que en la mayoría de los casos ya se cometieron.

Lo que dice sobre los organismos de contralor habilita a pensar que se cometen muchos delitos de este tipo.

Pero con eso no estaríamos inventando nada. Siempre que bajan los contralores se facilita el delito. Si usted no controla en Aduanas, favorece el contrabando. Si usted no controla el aeropuerto, va a facilitar el ingreso de drogas. Los controles del Estado son fundamentales.

¿Con el lavado tiene esa misma sensación?

Yo tengo la sensación de que podemos mejorar. Eso depende de que pongamos el énfasis en el tema, como se ha hecho con otras cosas. Todos los gobiernos han hecho cosas para mejorar el tema de los controles. Siempre creo que se puede hacer un poco más.

En una nota con Búsqueda, en octubre de 2023, usted proponía “apretar las clavijas donde sea necesario para lograr mejores investigaciones y para prevenir”. ¿Pudo hacerlo?

Yo siento que todavía estamos apretando clavijas y que hay que apretarlas más. Si usted tuviera una UIAF más fuerte, seguramente mejorarían los controles sobre el sistema financiero y obtendría mejores reportes para las investigaciones penales. Lo mismo sucede con Senaclaft o con la Jutep. Todo está relacionado. Hay que entender que no son recursos tirados, son recursos muy bien invertidos.

¿Qué pasa con los agentes privados que reportan operaciones sospechosas? ¿Eso depende más de un cambio cultural? En Uruguay no siempre se percibe al lavado como una contracara del crimen organizado y el aumento de la violencia.

Se necesita una mayor y mejor publicidad sobre la gravedad de la temática. Y no hablo de campañas públicas en televisión, me refiero a charlas, actividades con las empresas. Se organizan congresos y cursos sobre compliance (cumplimiento), que son importantes para que el sector empresarial sepa cómo proceder en la debida diligencia y la mejora de los controles. Es muy importante esa dimensión “educativa”, en el buen sentido de la palabra. Si usted prepara a la gente para lo que tiene que hacer, después no hay excusas. Es importante mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas. Hoy el BCU recibe unos 1.000 reportes por año, pero muy pocos terminan en la Justicia penal. Si eso mejorara, habría mejores investigaciones.

¿Cómo fue el vínculo de su fiscalía con la Senaclaft?

Siempre tuvimos las puertas abiertas y el doctor [Jorge] Chediak siempre estuvo dispuesto a colaborar. El trabajo de los contadores y escribanos de la Senaclaft nos sirve mucho. Ellos tienen la posibilidad de cooperar directamente con las investigaciones, aportando elementos. Se ha hecho mucho y también se puede mejorar.

Con la LUC aumentó el monto permitido para las transacciones en efectivo a 150.000 dólares. ¿Eso ayudó al lavado de activos?

Para responder, debería tener alguna estadística económica. Y la verdad es que no las tengo, habría que preguntarle al BCU.

Pero ¿ha investigado casos que se expliquen por ese cambio normativo?

Hasta el momento, no. Pero que no haya tenido no quiere decir que no ocurra. Como decía recién: este tipo de operaciones tienen que ser reportadas y después llegan a Fiscalía.

Si la pregunta apunta a la conveniencia, me limito a decir que los cambios normativos se resuelven por decisiones políticas. En eso prefiero no meterme. A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Apenas me animo a decir que si el sistema político tomó una decisión en un sentido, también lo puede volver a modificar y fijar otro monto máximo. Hay discusiones vinculadas a eso, como los automóviles de alta gama. Cada tanto, salen noticias sobre la cantidad de autos de alta gama que se venden en el país. Es un tema interesante, porque son vehículos que cuestan entre 50.000 y 300.000 dólares. Valen más que muchas casas o bienes inmuebles. Pienso que eso hay que controlarlo más. Con un control más estricto en el rubro se facilitarían las investigaciones y se evitarían esquemas de lavado con vehículos. Me parece importante; se habla mucho más de los inmuebles o de la plata que está en el banco, las joyas, pero hay bienes muebles de alto valor. Hay que poner un ojo ahí. También se mejoró en otras cosas. Por ejemplo, las sociedades anónimas deportivas (SAD) son ahora sujetos obligados, es algo relevante.

¿Hay alguna SAD uruguaya investigada?

Hay alguna línea de investigación abierta, sí. Pero prefiero mantenerla en reserva por ahora. Apuntaba a ponerle un ojo al tema, sobre todo cuando los fondos vienen del extranjero. Es importante conocer la trazabilidad de esos dineros, saber de dónde vienen y en qué se invierte acá. Investigarlo mejor sería bueno para todo el mundo deportivo, incluidos los propios clubes.

¿Ha tenido casos de lavado vinculados a la construcción?

En estos dos años no he tenido casos vinculados a inversiones inmobiliarias grandes. Estamos hablando de que construir una torre en Uruguay cuesta 40 millones de dólares. No tengo nada de eso. La construcción es un rubro con muchos actores que podrían detectar dineros sin la trazabilidad adecuada. Son sujetos obligados las constructoras, los bancos, las inmobiliarias, escribanos, contadores, abogados. En todo ese espectro, si un sujeto obligado fallara, debería intervenir otro. Por lo tanto, uno supone que no llegan a la Fiscalía porque se controló y está todo bien. Es lo que uno supone, pero no podría asegurarlo. Un fiscal no anda por la calle levantando la cabeza y mirando edificios.

¿Podría hacerlo?

Se podría actuar de oficio, pero no es el protocolo básico para iniciar una investigación. No es que uno viene y dice: “Vamos a investigar a medio Uruguay”. Y todavía es más difícil cuando tenemos tantos casos. Actualmente tenemos unos 80 casos, la mayoría con investigaciones muy complejas y voluminosas.

¿Está satisfecho con la cantidad de condenas alcanzadas?

Siempre se puede mejorar. A nivel mundial, son muy bajas las condenas por lavado, incluso en países con más recursos. Eso no quita que podamos aspirar a una mayor cantidad de condenas. Por eso hablo de apretar las clavijas, fortaleciendo a los organismos y aumentando los controles. De esa manera, podríamos detectar más casos de lavado y lograr más condenas.

¿En materia de lavado hay muchas situaciones de “apariencia delictiva” que no llegan a ser investigadas?

Uno piensa que sí. No hay país exento de lavado. Nadie podría decir que en Uruguay no se lava. Yo no pongo en duda que en Uruguay se lava, lo que sí planteo es que, al no existir una estadística o un conteo más específico, es difícil calibrar cuál es la dimensión del problema. Se puede hacer estimaciones, pero no hay un dato estadístico que permita decir: “En Uruguay se lava tanto”. Sí está más claro que con mayores controles mejoraríamos los números, sean cuales sean.

¿A la clase política le cuesta “apretar las clavijas” en estos temas?

Yo no opino si al político le cuesta o no apretar las clavijas. Me centro en lo que está dentro de mi competencia: las investigaciones penales. Después, cada ciudadano puede tener su opinión. Parto de la base de que todo Estado y todo gobierno tienen interés en que no haya delitos en su territorio nacional y que saben que un buen combate al lavado redunda en mayor reconocimiento internacional, en la apertura de mercados y en mayor confianza de los inversores.

¿Cómo ven a Uruguay los fiscales de otros países?

Cuando uno sale, la primera certeza es que se trata de un problema para todos los países. No es consuelo, pero es así. Otra cosa relevante es pensar en clave de delitos transnacionales. La gran mayoría de nuestros casos tienen conexión internacional, con delitos precedentes que generalmente se cometen en el extranjero. Es un dato importante.

¿Tiene algún porcentaje?

No podría precisarlo, pero es un porcentaje alto. Por eso, son más dificultosas las investigaciones. Hay que determinar qué pasó acá y establecer vínculos con las autoridades de los países en los que se cometió el delito precedente. Eso complejiza las investigaciones; tenemos exhortos que pedimos hace un año y seguimos sin respuesta.

En Uruguay el lavado siempre estuvo asociado a la evasión de impuestos de Argentina y Brasil. ¿Siguen siendo los países con más cantidad de casos?

Es probable que haya una mayoría de casos vinculados a países del Mercosur, pero también tenemos casos de Países Bajos, España, Colombia, Perú. Insisto: que pensar en clave más transnacional.

¿Los acuerdos abreviados pueden afectar la capacidad del Estado de incautar bienes?

Desde mi experiencia, diría que no. Es más, muchas veces con los abreviados conseguimos incautar bienes que no teníamos en el radar, porque la propia persona en el acuerdo abreviado entrega bienes para colaborar con la investigación.

¿Está preparado Uruguay para los esquemas de lavado vinculado a criptomonedas?

Estamos en pañales en el tema. Y no me refiero a lo normativo, sino a que tenemos que capacitarnos mejor para comprender estas operativas. En la Fiscalía hemos organizado cursos con expertos internacionales, y algunas embajadas nos han ofrecido capacitaciones. Además, se creó una unidad de ciberdelito que funciona en la órbita de la Fiscalía de Corte, que es algo importante.

¿Los estados la corren muy de atrás con este tema?

Puede ser, por la propia complejidad del fenómeno. Hay que entender que la persona que quiere lavar siempre está buscando herramientas nuevas. Si se aumentan controles en los bancos, en el mercado mobiliario o inmobiliario, siempre ellos van a buscar otras vías para meter la plata. Otro tema es la adquisición de bienes culturales. Acá no pasa tanto; en América Latina y Europa hay mucho tráfico de obras de arte. Pueden ser cuadros o vasijas precolombinas, como sucede mucho en México.

¿Hay investigaciones vinculadas a criptomonedas?

Hemos detectado inversiones en criptomonedas. Pero como son casos que estamos investigando, prefiero mantener reserva.

En 2019 le tocó el llamado “caso Olasa”, otra estafa a personas que habían invertido en ganadería. ¿Hay alguna similitud con los casos de República Ganadera y Conexión Ganadera?

Es un caso muy similar, sobre todo en términos operativos. Era una empresa que se dedicaba a captar capitales e invertir en ganado, y después había otra empresa que se dedicaba a administrarlo. El caso terminó con una condena de dos años de penitenciaría. Cuando me tocaron estos dos casos, de inmediato lo asocié con aquella investigación.

¿En qué etapa está la investigación actual?

En los dos casos adoptamos las medidas cautelares típicas de cualquier investigación. Ahora estamos esperando una cantidad de informes que les pedimos a otros organismos. La investigación, que es muy compleja, empezó hace apenas 15 días. Hay muchas cosas que no sirve publicitar por los medios, porque si yo le voy a allanar su casa, no tiene sentido que usted se entere por la prensa. Puedo sí transmitir que esta etapa de recabar toda la información económica es muy importante.

¿Tiene alguna primera impresión?

En el caso de Conexión Ganadera ya detectamos un pool de unas 14 o 15 sociedades, de diferente tipo (anónimas, unipersonales, de responsabilidad limitada). Ahora estamos empezando a ver qué tipo de relación o vínculo hay entre las personas investigadas y esas sociedades. Hay que armar bien ese diagrama. Un administrador de una empresa puede figurar como propietario de otra, y, a la vez, capaz que esa empresa le vende a otra sociedad, y esa otra que le compraba también le debe.

Parecen ser esquemas típicos de lavado.

Es cierto. Ahora nuestro trabajo apunta a averiguar si mediante alguna de esas empresas se intentó bifurcar el dinero mal habido hacia otras inversiones o negocios.

¿Este caso también tiene una dimensión internacional?

Vamos a pedir cooperación y vamos a mandar exhortos a otros dos países, pero prefiero no decir a cuáles.

¿Países americanos?

De América y de Europa.

En la parte de arriba del listado de inversores aparecen cifras muy altas, personas que colocaron hasta tres millones de dólares. ¿La Fiscalía investigará también esos casos?

Se supone que todo aquel que fue inversor y ahora hace la denuncia como damnificado debería acreditar el contrato y también de dónde surgió el capital que invirtió. Es algo importante.

¿Le llamaron la atención algunas cifras?

Recién estamos empezando a mirarlas. Todavía no son definitivas. Hay que recordar que nosotros hacemos nuestro trabajo y también lo hace la sindicatura en la parte civil. Queremos reunirnos con el síndico para no repetir actividades o duplicar esfuerzos.

¿Alguna vez tuvo alguna investigación por montos tan significativos?

En este caso se habla de un pasivo de 250 millones de dólares. Nunca tuve algo así. Hemos tenido investigaciones por muchos millones de dólares, como el caso de la Bolsa de Valores o el de [el empresario Gonzalo] Aguiar, en el que hubo una inversión de capitales canadienses por 17 millones de dólares. Esa es otra investigación muy compleja, con muchas sociedades y con mucha gente involucrada.

El futuro prosecretario Jorge Díaz criticó la lentitud de estas investigaciones sobre los fondos ganaderos. ¿Cómo tomó esas declaraciones?

Me causaron asombro, porque vienen de una persona que se supone que conoce bien las dificultades que tiene una investigación de este volumen. Pero que cada uno haga las apreciaciones que considere pertinentes.