El exsenador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera se refirió a los recientes informes que aportaron diversos especialistas del derecho a la causa que lo investiga por presunto abuso de funciones cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), por haber habilitado la asistencia médica, psicológica y rehabilitación de Víctor Hernández en el Hospital Policial, luego de recibir el impacto de bala perdida, y por entregarle tickets alimentación por 20.000 pesos.
Estos informes sostienen que Carrera no cometió ningún delito y que sus acciones, desde julio de 2013 hasta diciembre de 2016, no implicaron “daño patrimonial al Estado”.
En el comunicado, publicado en su cuenta de X, el exsenador apunta que aportó nuevos testigos y pruebas, informes jurídicos del profesor emérito de la Facultad de Derecho Carlos Delpiazzo, del doctor en Derecho y Ciencias Sociales Gabriel Valentín, del experto en derecho administrativo Miguel Pezzutti, del penalista y dirigente colorado Jorge Barrera y del constitucionalista José Korzeniak, sumado a las consultas que hizo a los abogados Gonzalo Fernández y Álvaro Richino, y a las declaraciones públicas del abogado penalista y grado 5 de la Universidad de la República Germán Aller.
Sobre estos aportes, afirmó que “todos coinciden en que las acciones en 2013 fueron de carácter humanitario, de buena fe y avaladas por el marco presupuestal de aquel momento”.
A su vez, expresó que su rol como senador de la oposición y como denunciante del acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081 “tuvo dos grandes consecuencias”.
La primera, señala Carrera, es haber sido “víctima de espionaje”, y resalta que en 2024 el militar retirado Marcelo Acuña fue condenado por esta causa. En segundo lugar, el exsenador afirmó que la causa en su contra fue “armada” por Asuntos Internos del MI.
“Esta dependencia no sólo investigó y preparó la denuncia en la órbita del ministerio, sino que fue, y sigue siendo, el órgano auxiliar de la fiscalía”, agregó. Resaltó que los “tres años largos de espera” le “han generado un daño muy grande”, y que “han pasado 984 días, múltiples escritos, pruebas y testigos, pero la situación procesal sigue incambiada”.
Consideró que “se cometieron errores en la investigación”, y que las opiniones de los expertos “avalan” su accionar y “ponen en entredicho la investigación que se viene desarrollando”. Sin embargo, precisó que “esto no implica que responsabilice a toda la institución”.
“Hace un tiempo un amigo me dijo: ‘No son las instituciones las que fracasan, sino algunos seres humanos que las integran’. Confío en que la razón y la verdad prevalecerán y se hará justicia”, concluyó.