El académico paraguayo Carlos Aníbal Peris visitó Montevideo la semana pasada, en el marco de una charla sobre la operación A Ultranza y el caso Marset, en la Facultad de Ciencias Sociales. En ese marco, el docente de la Universidad Nacional de Asunción conversó con la diaria sobre la expansión del narcotráfico en la hidrovía, el lavado de activos y la mirada de Estados Unidos sobre la política paraguaya.
La charla en la Facultad de Ciencias Sociales se tituló “El tráfico de drogas en Paraguay: funcionamiento y expansión desde lo legal”. Al tratarse de narcotráfico, ese acento en “lo legal” suena contraintuitivo. ¿Podría desarrollar la idea?
Hay dos grandes teorías para explicar cómo avanza el tráfico de drogas. Por un lado, hay quienes sostienen que el narcotráfico es el antónimo de la legalidad y que se impone desde afuera, mediante la corrupción, el uso de las armas, cooptando comunidades. Llega desde afuera y destruye todo. Otra teoría, sin embargo, sostiene que el narcotráfico nace como una especie de orden clandestino: ciertos estamentos de las autoridades encuentran en el narcotráfico un potencial de obtener ganancias económicas y, por eso, lo promueven.
¿Dónde hay que ubicar el caso de Marset?
No necesariamente en uno o en el otro. Es un caso que surge de las propias contradicciones y oportunidades que brinda el sistema legal. En esas grietas aparecen personajes como Marset, que se aprovechan de la legalidad para impulsar esquemas ilegales. Marset llegó a Paraguay como un supuesto promotor de espectáculos artísticos, eligió sacar la cocaína contaminando contenedores de harina de soja, que es un producto típico de exportación de Paraguay. La clave de su negocio era sortear los controles aduaneros, asumiendo que muchas veces podía caer alguno de los contenedores. Ellos montaron un sistema ilegal dentro de la legalidad, es decir, con la lógica del comercio internacional.
Marset cayó por primera vez en 2013 con una carga de marihuana, pero luego se dedicó a la cocaína. ¿Qué se podría decir sobre ese cambio?
La marihuana paraguaya abastece fundamentalmente al mercado regional. Los principales destinos, en orden de importancia, son Brasil, Argentina y, después, Chile y Uruguay. La mueve generalmente en camiones de doble fondo, pero en Chile se detectaron cargas en los autos japoneses que llegan por el puerto de Iquique y en Uruguay hay casos de avionetas, como sucedió en esa primera caída de Marset. ¿Por qué deja la marihuana y se concentra en la cocaína? Esencialmente por una lógica de mercado. La marihuana es más difícil de mover en grandes cantidades –su volumen es mayor– y el precio de venta final es menor que la cocaína. La cocaína colocada en Europa deja márgenes de ganancia ampliamente superiores. Para hacer ese negocio fue necesario superar ese mercado regional y establecer contactos en África y Europa. Los chats de A Ultranza muestran cómo, en determinado momento, decidieron dejar de mandar a África, porque era más conveniente llegar directamente a Europa. La estructura que montó Marset responde en todo momento a la típica racionalidad capitalista de maximizar las ganancias.
En Paraguay los vínculos del narcotráfico con la política han quedado demostrados en diferentes episodios.
El narcotráfico en Paraguay no tiene ideología. Es algo que abarca a todos los partidos políticos, según el poder que tengan en determinado momento. El Partido Colorado ha estado siempre a la cabeza y por eso se aprecian ahí los vínculos con el narcotráfico. Pero también hay que mirar qué sucede con los gobiernos locales. Por ejemplo, la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay), fronteriza con la brasileña Punta Porá, ha sido históricamente gobernada por los liberales desde la transición democrática. Y esa zona se ha convertido en uno de los principales hub del narcotráfico, porque es un lugar clave. El narcotráfico avanza sobre aquellos partidos políticos que tienen poder en la zona que les interesa.
En uno de sus trabajos concluye que en tres departamentos en los que más avanzó el narco (Amambay, Canindeyú y Concepción) el Estado estaba presente.
Es que el avance del narcotráfico no es una cuestión de ausencia del Estado. En esos tres casos, más que de Estado ausente se podría hablar de Estado cómplice. Es interesante vincular estos fenómenos con lo que sucede con el financiamiento de la política a nivel local. Los narcotraficantes comprendieron que solventar las campañas de políticos locales genera beneficios a futuro. Es por acá que emerge la narcopolítica. La gran mayoría de los políticos paraguayos que han sido denunciados por sus vínculos directos con el narcotráfico son políticos locales: intendentes, concejales y diputados, que son electos por su departamento. Un ejemplo claro es el caso de [Eulalio] Lalo Gómez [diputado por Amambay vinculado al crimen organizado, asesinado en un tiroteo con la Policía en agosto de 2024]. Hay más vínculos con el narco en estos niveles de gobierno que entre los cargos nacionales o los senadores; el dinero del narcotráfico aparece más claramente en las campañas locales.
En ese trabajo midió la presencia del Estado por la cantidad de funcionarios de la Policía, la Fiscalía y la Senad (secretaría antidrogas). En las tres instituciones han existido denuncias por corrupción. ¿Funcionan de manera coordinada en ese sentido?
Hemos tenido casos en los que un policía le hace el seguimiento a una carga de marihuana porque le quería sacar plata, pero los de la Senad se le adelantan y le sacan antes la plata al narcotraficante. En esos casos, más que coordinación, hay un choque entre las fuerzas, que compiten entre sí. O sea, es un negocio tan grande que hasta las propias fuerzas compiten para manejar mejor información y, en definitiva, para sacar más ventajas económicas. Eso lamentable también pasa muchísimo en Paraguay.
La cocaína sale por la hidrovía rumbo a Europa. ¿Por qué la DEA mira entonces con tanta atención a Paraguay?
Porque ellos entendieron que Paraguay no es solamente narcotráfico. Paraguay, por encima de todas las cosas, es lavado de dinero. Nuestro país se ha convertido en un hub regional de lavado de dinero. Y ahí entran el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas. La DEA entendió que para combatir ese gran problema se necesita una mayor presencia en la región. Más que la cocaína que baja por la hidrovía, a ellos les interesan las redes criminales que se montan en esa estructura y que luego establecen un sistema de lavado. Creo que hay un cambio de estrategia en ese sentido. Incluso si uno mira las campañas de la UNODC [sigla en inglés de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito], ya no se trata de un combate del tipo gato versus ratón, sino de atacar a los grupos criminales tocándoles las ganancias.
¿Qué significa hoy la operación A Ultranza en la realidad paraguaya?
Creo que hoy es un caso que ya supera a Marset, a pesar de que es el principal actor. Hay que recordar que esta investigación la inició el fiscal Marcelo Pecci, que luego fue asesinado en Colombia. Hace algunas semanas, el presidente Gustavo Petro repitió que la muerte de Pecci está vinculada con Marset y con su socio Miguel Insfrán [alias Tío Rico]. Eso no está probado, es una hipótesis. Yo creo que la sociedad paraguaya perdió la sensibilidad con el tema del narcotráfico porque es algo cotidiano: pasó en los 80, pasó en los 90, pasó en los 2000 y pasa ahora. Desde la perspectiva criminal, A Ultranza es un caso más de narcotráfico, de los muchos que existen en el país. Pero desde la perspectiva de la opinión pública, es un caso que despierta mayor interés porque se lo ve como una chance de esclarecer el asesinato del fiscal Pecci.
¿Cuánto pesa hoy el PCC en Paraguay?
Mucho, pero es importante ver cómo fueron las diferentes etapas del narcotráfico en Paraguay y así ver cómo llegamos a esto. La primera etapa arrancó en 1950, con las plantaciones de marihuana en la frontera Punta Porá-Pedro Juan Caballero, un esquema en el que jugó un papel clave la compañía Mate Laranjeira. Ahí aparece el brasileño João Morel, apodado “el rey de la marihuana”. La segunda época, que abarca desde 1960 a 1980, involucra a jerarcas estronistas y a miembros del Ejército que manejaban el espacio aéreo y el terrestre. Ellos introducen la cocaína y empiezan a moverla. Una vez que cae la dictadura, en 1989, empieza la tercera etapa, la de los patrones zonales. Una figura clave acá es [el brasileño de origen sirio] Fahd Jamil, al que bautizaron como “Rey de la Frontera”. Esta etapa duró hasta 2001, que es cuando mataron a João Morel. El asesinato lo encargó Fernandinho Beira Mar, que era el jefe del Comando Vermelho. Esta cuarta etapa es la de las empresas del crimen organizado transnacional, que encontraron en Paraguay un lugar perfecto para traficar droga, controlar las rutas y los puertos clandestinos, traficar armas. Con la detención de Fernandinho, el Comando Vermelho entra en declive y ahí aparece con mayor fuerza el PCC, a mediados de la primera década de los años 2000. Desde ese momento ellos tienen el control y han ganado muchísimo dinero desde Paraguay.
La conexión de Marset con Dubái podría estar vinculada al lavado en criptomonedas. ¿Que se sabe sobre eso en Paraguay?
En nuestro país hay una zona muy particular, en la que se instalaron varias granjas de minería de criptomonedas. En Villarrica (capital del departamento de Guairá) el precio de la energía es irrisorio; se pueden hacer convenios y comprar la energía a un precio muy barato. Existen ciertos indicios de que las criptomonedas se podrían estar usando para el blanqueo de capitales, pero no hay todavía casos concretos que hayan sido denunciados. Otras modalidades de lavado sí están más extendidas, como la construcción de edificios de apartamentos, la compra de farmacias, inversiones en campos para ganadería y en estaciones de servicio. Y se han sumado modalidades nuevas; hace poco tuvimos un caso en la frontera de Brasil, de una facultad privada de Medicina, en la que había alumnos vinculados al PCC. Lavaban dinero en la compra de laboratorios para la facultad, que cuestan mucha plata.
¿Hay muchos casos de narcotraficantes que lavaron dinero en ganadería?
En esto voy a ser más tajante: la ganadería en Paraguay ha estado históricamente ligada al narcotráfico. La primera relación estuvo en las propias extensiones de tierra; muchos campos en la región del Chaco han sido usados para pistas de aterrizaje clandestinas de la cocaína que llega desde Bolivia. Y lo segundo es a través de la venta de ganado y tierra como formas de lavado. No hay controles sobre la cantidad de cabezas de ganado, así que es un mecanismo ideal para lavar el dinero. Además, la figura del inversor ganadero en Paraguay tiene mucho peso. Es como lo que decía sobre Marset y las exportaciones de soja. Ya elegir esos rubros te otorgan cierta carta verde. Nadie puede discutir ni la ganadería ni la soja en Paraguay.
¿Las gremiales rurales han estado vinculadas a estos casos?
Bueno, Lalo Gomes era el representante de la ARP [Asociación Rural del Paraguay] en Amambay. Ellos siempre van a decir que era un caso aislado, pero fuera del micrófono te reconocen que hay una preocupación sectorial.