La jueza especializada en Crimen Organizado de 1° turno, Diovanet Olivera, fijó la audiencia de formalización para el 17 de julio, a pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, que buscará imputar a los socios de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda del socio fundador Gustavo Basso, fallecido en un siniestro de tránsito no accidental en noviembre de 2024.
Si bien el fiscal no informó sobre los detalles de la imputación ni las medidas cautelares que pedirá para mantener sujetos a proceso a los investigados, en una reunión que mantuvo con los abogados del matrimonio Carrasco-Iewdiukow y Daniela Cabral, les dijo que imputaría el delito de estafa y mantuvo reserva respecto de los otros delitos que están siendo investigados, como la apropiación indebida y el lavado de activos.
Otro punto que se discutirá en la audiencia de formalización son las medidas cautelares que solicitará la fiscalía. Actualmente, Carrasco, Cabral y Iewdiukow tienen fijación de domicilio con retiro de pasaporte y cierre de fronteras, y las defensas llegan a la audiencia con el propósito de que la jueza no disponga un incremento de las restricciones de la libertad ambulatoria, al considerar que se han mantenido a disposición de la justicia y han colaborado con la investigación.
La causa integra decenas de denuncias y damnificados que son representados por unos 30 abogados que podrán intervenir en el debate sobre la formalización y las medidas cautelares. Si bien se estima que los damnificados de Conexión Ganadera son unos 4.300, el interventor Alfredo Ciavattone se encuentra en el proceso de verificación de créditos, lo que brindará una cifra exacta de los afectados reconocidos por la Justicia de Concurso.
Por otra parte, los investigados tienen como medida cautelar cierre de fronteras hasta que culmine el proceso que lleva adelante el juez de Concurso Leonardo Méndez, por lo que el vencimiento o el cese de esa medida a nivel penal no implicará su habilitación para salir del país. Además, en la Justicia de Concurso, pesa sobre ellos un embargo por 250 millones de dólares, que tiene como cometido asegurar el pago a los acreedores una vez que se defina si los investigados tuvieron responsabilidad en la insolvencia, un punto que puede repercutir directamente en la causa penal.