La Justicia decomisó varios bienes en el marco de la causa en la que Luis Fernando Fernández Albín fue condenado a diez años y tres meses por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito de tráfico interno de armas de fuego, y un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos.

Según dijo a la diaria la abogada de Fernández Albín, Paula Gutiérrez, de los cuatro inmuebles que decomisó la Justicia solo dos pertenecen a la familia de Fernández Albín; se trata de dos apartamentos en la calle Reconquista de la ciudad de Las Piedras, sobre los que la esposa de Fernández Albín tenía derechos posesorios. Gutiérrez explicó que la chacra de Punta Espinillo en la que Fernández Albín fue encontrado el día en que se concretó la incautación de dos toneladas de cocaína –a unos dos kilómetros de ese lugar– era alquilada por la familia de Fernández Albín a un futbolista que no tiene vínculos con el narcotráfico.

Por otra parte, la casa en la que vivían, en El Pinar, era ocupada por Fernández Albín. El dueño es un ciudadano argentino que desde hace cuatro años está en pleito judicial con la familia, en reclamo del bien ante la Justicia, por lo que ahora deberá iniciar una acción contra la Junta Nacional de Drogas.

Además, la abogada dijo que se incautaron vehículos solo por el hecho de haber estado en la casa de Fernández Albín; aunque estaban a nombre de una amiga de la esposa, reconoció que fueron bien decomisados. Se trata de una Fiat Strada que había pertenecido a Fernández Albín y fue vendida a una iglesia de Artigas en 2024 y de una Volkswagen T Cross que ese mismo año fue vendida a una mujer de Maldonado. La dueña declaró ante la fiscalía, pero no pudo evitar el decomiso. La defensa subrayó que ninguna de las personas afectadas por esos procedimientos está siendo investigada como testaferro y planteó que con el criterio que se está aplicando cualquier persona que compre un bien que se incluya en una investigación judicial puede perderlo.

La abogada señaló que el artículo 52 BIS de la Ley de Lavado de Activos atenta “contra la seguridad jurídica” porque habilita a decomisar cualquier objeto que se haya utilizado para un delito. “Se quedaron con propiedades solo porque la familia de Fernández Albín las estaba alquilando”, señaló.

El artículo 52 BIS de la ley establece que “se ordenará el decomiso de aquellos bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos que se encuentren en poder del condenado, aunque la titularidad recaiga sobre otra persona física o jurídica que le preste su nombre”.

Por otra parte, Gutiérrez se refirió a las condiciones de reclusión de Fernández Albín, que está privado de libertad en una celda de máxima seguridad en el Centro de Derivación y Diagnóstico de Punta de Rieles, donde no tiene contacto con otras personas, salvo una visita semanal, y casi no hace salidas al patio. Además, dijo que los protocolos de seguridad dispuestos allí fueron creados para Fernández Albín y aplicados en forma retroactiva tras su detención.

“Lo que siempre contestó el Instituto Nacional de Rehabilitación fue que esa medida se le iba a aplicar en tanto se mantuviera la medida cautelar de prisión preventiva. A él lo condenaron el jueves pasado, por lo que ya no está sometido a una prisión preventiva. Está cumpliendo una condena y los condenados tienen derecho a rehabilitarse”, planteó Gutiérrez, y sostuvo que esas condiciones de reclusión generan “un efecto búmeran” contra la sociedad.

Durante la audiencia en la que se ratificó el acuerdo, Fernández Albín pidió al juez de Crimen Organizado de 1° turno, Fernando Islas, ser trasladado a la Unidad 25, que funciona en el Comcar. Según declaraciones publicadas por El País, Fernández Albín dijo que su caso “se politizó”. “Yo no soy un santo, pero no tengo garantía ninguna [...] Yo ahora me hice responsable de mis hechos y por eso tengo que pagar diez años y tres meses. Y lo voy a pagar hasta el último día, doctor. Pero no es justo que se me torture de esta manera. Soy el único preso de Uruguay que está en las condiciones que estoy yo”, afirmó.