La Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, a cargo de Juan Miguel Petit, presentó este miércoles en el Parlamento un informe que propone avanzar hacia un sistema de medidas alternativas para mujeres privadas de libertad con hijos e hijas a cargo. Petit planteó que la propuesta apunta a avanzar hacia un sistema de prisión domiciliaria asistida, en el que la mujer “tenga acceso a la educación, a la salud y pueda acompañar la crianza de sus hijos mientras cumple sanción penal, repara el daño cometido y construye un proyecto de vida”.
En el informe se advierte sobre el crecimiento sostenido de las personas privadas de libertad en las últimas décadas, que en promedio ha crecido un 6% anual y, a partir de 2020, pasó a crecer 8% año a año. En el caso de las mujeres, el incremento ha sido de un 18% anual desde el mismo período, lo que triplica el aumento que existe a nivel general, se señala en el informe.
En el documento se atiende una de las múltiples consecuencias de la privación de libertad de mujeres: el incremento en paralelo de bebés y niños y niñas que viven con sus madres en los centros penitenciarios, así como “el impacto –poco visible– sobre más niños, niñas y adolescentes que deben enfrentar la adversidad de tener una madre privada de libertad, lo que tiene consecuencias sobre la socialización, la transmisión de valores y la crianza de los más chicos”.
La cantidad de mujeres con hijos “osciló entre 35 y 45” hasta 2022. A partir de ese año, el número empezó a incrementarse hasta llegar a tener un pico máximo de 72 mujeres recluidas en 2024 y 73 bebés y niños y niñas viviendo en cárceles. En 2025, el número decreció levemente a 65 mujeres y a 68 niños y niñas.
El múltiple impacto
El informe muestra que la privación de libertad de mujeres con hijos tiene múltiples consecuencias. Se advierte que, por más que garanticen las mejores condiciones de reclusión, crecer en una cárcel es “una adversidad importante para los primeros meses de vida”, y eso repercute, por ejemplo, en el derecho de esas infancias a acceder a centros educativos.
“En la Unidad 9, donde se trabaja de forma articulada con INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], dado el crecimiento de población del último tiempo y la falta de recursos que acompañe, casi la mitad de los niños y niñas (19 en el mes junio de 2025) se encuentran a la espera de poder ingresar a centros educativos”, se señala.
Pero, además, la privación de libertad afecta a los hijos o hijas que no pueden acompañar a sus madres en la cárcel, y los afecta “afectiva y materialmente”. Por lo tanto, se advierte que esta problemática debe “abordar con perspectiva de género que contemple el contexto socioeconómico y cultural, compatibilizando la sanción con el fin resocializador de la pena”.
Mujeres jóvenes y bajo nivel de reincidencia
El informe detalla que las mujeres que están presas, en su mayoría, son jóvenes: en 2025, el promedio de edad de las 1.426 privadas de libertad es de 34 años, y 38% tiene menos de 30 años.
La mayoría cometieron delitos vinculados a estupefacientes (68% en general y 86% de las mujeres con hijos), provienen “de contextos de alta vulnerabilidad” y, en muchos casos, “sufrieron violencia de género en alguna o algunas etapas de su vida, situaciones de pobreza e, incluso, muchas veces, explotación sexual, o realizaron tareas de riesgo para su salud e integridad para solventarse a sí mismas o sostener a sus hijos”.
“En estos casos, aunque se mantenga el principio de que la violación de la ley requiere una rendición de cuentas de la persona que la realiza, la evidencia muestra que la privación de libertad de estas mujeres con hijos, al menos en buena parte de los casos, no es ni la mejor ni la única alternativa posible para la misma”, se indica.
Además, según datos de 2024 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 41% tiene riesgo bajo de reincidencia, 53% tiene riesgo medio y 5% tiene riesgo alto. Por otra parte, se señala que la mayoría de los delitos cometidos por mujeres con hijos a su cargo no son violentos –por ejemplo, en la Unidad 9 no hay presas por homicidios– y, por lo tanto, deberían tener una sanción penal alternativa a la cárcel, “esto es, con mecanismos de control, sí, pero en el marco de la asistencia y orientación social que permite una prisión domiciliaria adecuada a los tiempos actuales”.
La propuesta del comisionado penitenciario
El comisionado penitenciario propuso al Poder Legislativo que elabore una serie de leyes para crear un “mecanismo de prisión domiciliaria asistida”, que incluya intervenciones de programas sociales que acompañen el proceso de reclusión y logren construir “proyectos de vida” para esas mujeres y sus hijos e hijas que las alejen del “delito como medio de subsistencia”.
También se hace una serie de recomendaciones para los operadores de la Justicia: por un lado, que “realicen todos los esfuerzos posibles por aplicar los mecanismos alternativos a la prisión a las mujeres con hijos a cargo que hayan cometido delitos leves y que no revistan de un riesgo para la sociedad”, y, por otro, que se priorice un “régimen de prisión domiciliaria asistida” que le permita a la mujer cuidar a sus hijos y “acceder a oportunidades de rehabilitación”.
Asimismo, se propone la creación de casas de “medio camino” para grupos no mayores de diez mujeres con hijos, “que permitan sustituir progresivamente los pabellones de mujeres privadas de libertad con sus hijos, habitualmente ubicados en el contexto de instituciones penales de mayor tamaño y población”.
Otro de los puntos sustanciales que plantea el informe y que ha reiterado Petit es la creación de una subdirección de mujeres privadas de libertad en el INR, de “manera de asegurar una perspectiva de género y generaciones integral”.
Juanche pidió al Legislativo que contemple el fortalecimiento de las medidas alternativas en la Ley de Presupuesto
La senadora Bettiana Díaz, quien preside la Comisión de Seguimiento Carcelario, destacó que “la situación de las mujeres en relación a la libertad, y particularmente aquellas que tienen hijos e hijas a cargo, expresa la cara más dura de la violencia institucional y de la violencia de género, y ahí vemos clarito la interseccionalidad”.
“Una vez que ingresan al sistema penitenciario, sea en la privación de libertad o con medidas alternativas, tenemos que seguir dispositivos de acompañamiento, porque de nada va a servir encerrar a una mujer en su casa, que va a seguir pasando las mismas necesidades y horrores si nadie la acompaña, porque no tenemos ni los técnicos ni el presupuesto necesario para poder hacerlo”, señaló.
Díaz planteó que a veces las medidas que se pueden plantear “parecen la nada misma, pero en ese mar de horrores, hacer algo, tener una medida, un programa, una intervención desde afuera, les cambia la vida drásticamente a estas personas”. Y puso a modo de ejemplo poder contar con un protocolo de protección a las infancias que visitan a agresores sexuales en la cárcel.
La directora del INR, Ana Juanche, que estuvo presente en la presentación del informe, destacó que se han tomado algunas medidas en los primeros 100 días de gobierno, como la incorporación al equipo de una dirección de género y diversidad para poder transversalizar esas perspectivas en las políticas que se implementen y en las “microprácticas” que se realicen en las unidades.
También destacó que el INR “solo no puede ni debe abordar las soluciones” para las mujeres privadas de libertad con hijos o embarazadas, y, por lo tanto, adelantó que están trabajando con distintas organizaciones, como INAU y ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], para crear una “estrategia interinstitucional” para esa población en concreto.
Juanche aprovechó su disertación para hacer “un llamado al Poder Legislativo” de cara al tratamiento de la Ley de Presupuesto y recalcó que se necesita fortalecer el sistema de las medidas alternativas a la prisión. “Al tiempo que revisemos la política criminal y optemos por la preponderancia del uso de las medidas para los casos apropiados –ojalá así sea–, necesitamos fortalecer esta institucionalidad para que la supervisiones y los acompañamientos sean idóneos”.