La jueza en lo penal de 36° turno, Marcela Vargas, accedió a que la defensa del exsenador Gustavo Penadés tenga acceso a las conversaciones entre la denunciante Romina Celeste Papasso y Paula Díaz –condenada por una denuncia falsa contra Yamandú Orsi– y las víctimas de la causa, siempre que se preserve la identidad de los denunciantes y el período relevado se limite a 2023.
El pedido fue realizado por la defensa de Penadés, que llevan adelante los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto, por entender que en los celulares de Papasso y Díaz hay evidencia para sostener la falsedad de algunos de los testimonios de las víctimas, y que la causa –o al menos parte de ella– fue armada por Papasso.
En diálogo con la diaria, Robatto señaló que si bien no se les concedió todo lo que pidieron, salen “conformes” de la audiencia con relación al acceso a las conversaciones debido a que entiende que esa evidencia puede ser “muy importante” para la causa. La abogada dijo que “se va a proteger la identidad” de los denunciantes y agregó que a la defensa sólo le interesa la información de los celulares vinculados a la causa.
Robatto explicó que la existencia de conversaciones con víctimas del caso Penadés surgió de la investigación realizada sobre la denuncia por agresión sexual contra el entonces candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, y que de allí surgieron cinco informes sobre el contenido de esas conversaciones, en las que las víctimas no están identificadas y hablarían del dinero que recibirían si los denunciados eran condenados.
Según señaló la abogada, los informes del caso Orsi fueron declarados reservados hasta julio de este año y, al tomar conocimiento de la existencia de esas conversaciones, la defensa decidió pedir acceso a ellas. Agregó que la fiscal Alicia Ghione, antes de que se levantara la reserva de los informes, dijo que las conversaciones “no existían”.
Durante la audiencia, la fiscal Isabel Ithurralde, que suple a Ghione por licencia médica, pidió a la jueza Vargas la ampliación de la formalización del proceso contra Penadés por un delito de violencia privada relacionado con una denuncia sobre hechos ocurridos en 2014. La defensa del exsenador apeló la decisión de la jueza, que accedió a la imputación, por lo que la decisión será revisada por un tribunal.
En diálogo con la diaria la defensa de algunas de las víctimas, Soledad Suárez, señaló que si bien no estaba de acuerdo con que se diera acceso a los celulares, comprende la actitud de la fiscalía, que aceptó acceder a parte del pedido de la defensa de los imputados, protegiendo a las víctimas mediante la anonimización. De todas formas, cuestionó la legalidad de la investigación que culminó en los informes presentados, ya que investiga a las víctimas, y puso en tela de juicio su eventual valor como prueba en un juicio.
Suárez señaló que “no corresponde” divulgar el contenido de los celulares de las víctimas y que ese tipo de medidas pueden funcionar como un elemento inhibidor a la hora de denunciar.