Familiares del exsenador Gustavo Penadés enviaron una carta al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), Gonzalo Lorenzo, cuestionando la actuación del consultorio jurídico de la Udelar y particularmente de los abogados Soledad Suárez y Juan Raúl Williman por su actuación en representación de parte de las víctimas del caso.
“Entendemos el valor y el rol garante que tiene el consultorio jurídico en nuestra sociedad, pero consideramos que su intervención y accionar en nuestro caso particular no sólo atenta contra derechos fundamentales de nuestra familia, sino que atenta con la neutralidad e imparcialidad que deberían caracterizar a tal institución”, señala la misiva.
Entre los puntos señalados en la carta, los familiares de Penadés plantean que los abogados de la Udelar adoptaron en declaraciones de prensa “un tono sentencioso y prejuzgando públicamente, lo que contribuyó a imponer y fomentar un linchamiento mediático no sólo hacia Gustavo, sino también hacia nuestra familia completa”.
“Teniendo estos profesionales cargos de relevancia, no en términos de estatus o poder, sino en relación con garantías y derechos fundamentales, nos alarma que hayan convertido este caso en un asunto tan mediático y violento”, expresaron.
Además, señalaron que “el límite y lo más alarmante” fue recibir lo que entiende como “una amenaza por parte de la representante de la Udelar”, Soledad Suárez, quien declaró sobre los familiares: “Los estoy esperando de a uno, y de a todos juntos también”. “Consideramos que este no es el accionar profesional ni moral que corresponde a una representante de la Udelar”, agregaron.
“¿Cómo espera que nuestra familia se sienta y se pare ante la sociedad cuando la propia doctora, siendo abogada y con pleno conocimiento de los derechos de las personas, emite amenazas públicas de este tipo?”", cuestionaron, y mencionaron otras declaraciones en las que admitieron desconfiar del relato de uno de las víctimas, en referencia a Romina Celeste Papasso.
También cuestionaron que el pago de la indemnización de una de las personas condenadas en el caso haya sido girado a la cuenta personal de Juan Raúl Williman y no a una de las cuentas del Poder Judicial que se utilizan a esos fines. Sobre este punto, Williman explicó —cuando se conoció el hecho— que al tratarse de víctimas de identidad reservada fue el mecanismo que se encontró para distribuir la indemnización.
En la carta, firmada por cuatro familiares del exsenador, reclaman al decanato evaluar la actuación del consultorio y que “se garantice que la actuación del Consultorio Jurídico se ajuste a los principios de imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales”.