El fiscal de Durazno de primer turno, Diego Chaves, llamó a declarar a los primeros testigos en la causa que investiga al intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, por un presunto delito de conjunción del interés público y el privado, vinculado a la venta de un campo de su propiedad.
Chaves citó a declarar en la Fiscalía a quienes participaron en las sesiones de la Junta Departamental en las que se discutieron presuntas irregularidades en la venta de un campo de Ezquerra a un proyecto de inversión. Se trata de los frenteamplistas Saulo Díaz y Jorge Maneiro, las nacionalistas Ana María Baraybar y Virginia Souza y el cabildante Francisco Barrios. También convocó a declarar a Jhon Duhalde, el dirigente del Partido Nacional en Tacuarembó que presentó el caso ante el Comité de Ética del Partido Nacional.
La denuncia penal fue realizada en agosto de 2024 por el periodista de Radio Kandela Sebastián Ríos, luego de que la intendencia enviara a la Junta Departamental la declaración de interés de un proyecto maderero de capitales brasileños que se instalará en la zona y pidiera la recategorización del campo de 14 hectáreas del intendente Ezquerra para que pase de rural a suburbano industrial. Según los denunciantes, Ezquerra concretó la venta a la empresa Ballintoy SAS, que busca instalar una planta industrial de madera de pino, por 210.000 dólares, cuando el predio había sido comprado por el intendente en 2007 por 32.000 dólares.
En su defensa, Ezquerra sostiene que envió a la Junta Departamental toda la información sobre la declaración de interés del proyecto de inversión, incluyendo el certificado notarial del boleto de compraventa de su predio, donde figuraban su firma y la de la empresa.
El delito de conjunción del interés público y el privado está previsto en el artículo 161 del Código Penal y prevé penas de entre seis meses y tres años de penitenciaría para el funcionario público que, “con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en el que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato”.
Recientemente se ingresó una ampliación de la denuncia del caso para que el fiscal Chaves investigue si Ezquerra, desde la intendencia, incidió en que el proyecto maderero se instalara en la zona donde estaba su campo, dado que en principio los inversores propusieron ubicarse en una zona industrial de Tacuarembó y, según los denunciantes, fueron persuadidos para no hacerlo por un funcionario de la intendencia.
La causa Ezquerra pasa por su sexto fiscal, tras un recorrido por Tacuarembó, Paso de los Toros y Durazno
Pese a que transcurrió un año desde la denuncia contra Ezquerra, la causa recién comienza con las primeras indagatorias, debido a que pasó por varias sedes de fiscalía que apenas tuvieron unos meses el expediente.
La primera fiscal fue Marlene Canosa, a cargo de una de las sedes de Tacuarembó, quien se abstuvo “por razones de decoro”, por lo que el caso fue derivado a la Fiscalía de Paso de los Toros. El caso quedó en manos de la fiscal suplente Fabiana Corbo, que avanzó en el caso realizando varias diligencias para obtener más documentación, pero en octubre fue trasladada a Lavalleja, dado que había llegado la venia del titular de la fiscalía, algo que se había pedido antes del inicio de la causa.
El tercer fiscal, Rodrigo Goncálvez, que había sido fiscal en Tacuarembó, también se abstuvo por razones de “delicadeza y decoro”. Se decidió, entonces, llevar la causa a Durazno y quedó en manos de la fiscal Gabriela Rusiñol, quien tomó el caso en noviembre, unos meses antes de jubilarse. Quedó a cargo de la fiscal suplente Charline Ferreyra hasta que fue nombrado el fiscal titular Diego Chaves, quien finalmente concretó la primera citación de la causa.