El informe contable sobre los balances presentados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y Complejos de tercer turno dan cuenta de un faltante de documentación por diez millones de dólares que salieron de la AUF entre 2021 y 2023, según publicó el periodista de M24 Eduardo Preve. Ante la falta de documentación, los peritos recomendaron al fiscal Gilberto Rodríguez pedir las facturas a la AUF. “No se pudo realizar instancia de cotejo en cada factura en la composición de cada rubro para poder determinar exactamente que dicho gasto correspondiera con el rubro mencionado. Este equipo sugiere que se solicite a la AUF que demuestre fehacientemente con las facturas pagas que los montos reflejados en los balances 2021, 2022 y 2023 tengan el respaldo correspondiente a dichos gastos”, señala el informe al que accedió la diaria.
El monto que la pericia encontró sin justificar corresponde a varios rubros, entre ellos, el de subvenciones supuestamente destinadas a la primera división de fútbol, a la primera amateur, a divisiones inferiores, a la división femenina y a árbitros por 3,4 millones de dólares en 2021. En 2022 esos rubros tuvieron un incremento del 39%, al agregar unos 400.000 dólares al fútbol del interior. En 2023 se registró un aumento del 24% con respecto al año anterior, con un incremento concentrado en el rubro clubes, divisiones inferiores, árbitros y seguridad, agregando egresos por Copa AUF por unos 300.000 dólares, 230.000 dólares en el rubro clubes, árbitros y provisiones, y 680.000 dólares que figuran bajo el rubro clubes de segunda división.
Otro punto planteado en el informe es el doble uso de una garantía bancaria con la que la AUF se hizo de 19 millones de dólares. Según la denuncia efectuada por los directores del Banco República (BROU), Leandro Francolino y Pablo Sitjar, el 16 de junio de 2023 la AUF tramitó un préstamo por nueve millones de dólares ante el BROU, utilizando como garantía un flujo de cuentas a cobrar vinculadas a los derechos de la selección uruguaya de fútbol y torneos organizados por la AUF, que luego (el 4 de julio de 2023) volvió a presentar como garantía para otro crédito, en este caso pedido a la Conmebol por diez millones de dólares. El informe contable señala que existió una adenda del convenio firmado con la Conmebol en la que reconoce la prioridad del BROU para cobrar la garantía. La adenda fue firmada el 22 de noviembre de 2024, 16 meses después de haber firmado el convenio.
“Se observa que durante el 4 de julio de 2023 y el 22 de noviembre de 2024 la cesión de créditos por las partidas anteriormente mencionadas estuvieron afectadas a los dos organismos. Este equipo sugiere solicitar al BROU que se manifieste a razón de conocer si esa línea de crédito fue realmente utilizada por la AUF en el año 2024, ya que si fuera cierto, la partida afectada no fue del 100% como establecía el convenio, sino del 50%, ya que Conmebol debería retener dicho porcentaje de los ingresos generados por la AUF con respecto a las selecciones nacionales”, señala el informe.
Ahora el fiscal Gilberto Rodríguez avanzará en las recomendaciones de los peritos para determinar si pide la formalización del proceso contra las autoridades. Este viernes el Comité Ejecutivo de la AUF emitió un comunicado por el que interpreta el informe como una desestimación de la denuncia realizada en setiembre de 2024 por 12 clubes de fútbol, que denunciaron a la AUF por el presunto desvío de 25 millones de dólares que habrían sido enviados por la Confederación Sudamericana de Fútbol. En cuanto a la duplicación de la garantía entre el BROU y la Conmebol denunciada por los directores del banco estatal, el comunicado plantea que la existencia de la adenda muestra “una gestión proactiva y ordenada que vela por la seguridad jurídica de la asociación”.
En esa línea, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, declaró en Tarde de fútbol de Caras y Caretas que “los 30 millones de dólares que decían que había como faltante es una mentira absoluta, y los que denunciaron que faltaba ese dinero lo tienen en sus propias cuentas”. Alonso dijo que después de “un año de mucha incertidumbre y sufrimiento” de los siete integrantes del Consejo Ejecutivo y sus familias, el informe es “altamente satisfactorio”. “Empieza la cuenta regresiva para que, con la claridad que merece, quede archivado. De a poquito se está conociendo la verdad”, agregó.
A principios de setiembre el fiscal Rodríguez se reunió con los denunciantes y tras el encuentro manifestaron su confianza en una resolución por parte del fiscal que confirmara las denuncias. El abogado Marcelo Domínguez valoró la reunión mantenida con el fiscal y señaló que el avance de la investigación confirmó que los denunciantes “estaban en lo correcto”. Consultado sobre cómo continuará la causa, respondió: “Esperamos una resolución en pocos días”.