La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, formalizó la investigación contra un hombre de 55 años en la causa que investiga el atentado contra la fiscal de Corte adjunta, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del domingo, según informaron desde la Fiscalía.
Tras presentar la investigación penal del caso, la fiscal de Estupefacientes de cuarto turno, Angelita Romano, pidió la imputación del hombre por un delito de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación, lo que fue aceptado por la jueza Olivera. Además, la jueza dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días, para preservar la investigación, y declaró reservadas las actuaciones del caso.
El hombre, que no tiene antecedentes penales, fue detenido en la tarde del domingo cuando circulaba en un Volkswagen Bora negro junto con su pareja, una mujer de 55 años que este martes fue liberada tras constatarse que no había participado en los hechos. El vehículo y el ahora imputado fueron identificados cerca del lugar del ataque brindando apoyo logístico a las personas que ingresaron a la casa de la fiscal Ferrero por el techo de una casa lindera.
Hasta el momento no hay otros detenidos, aunque la Policía continúa trabajando en varias líneas de investigación, además de tener pendientes el análisis de la granada que fue encontrada en la casa de Ferrero por el Servicio de Armamento del Ejército y un análisis de ADN sobre una colilla de cigarrillo que fue encontrada cerca del tablón que los atacantes utilizaron para ingresar a la vivienda.
Si bien desde el primer momento de la investigación la fiscalía planteó la hipótesis de que se trata de un atentado como respuesta a los 2.200 kilos de cocaína incautados en Punta Espinillo, valorados en 60 millones de dólares, aún no hay elementos que lo vinculen con el atentado. Tampoco se ha logrado establecer evidencia sobre la participación de los hermanos Fernández Albín, que actúan en coordinación con la organización de Sebastián Marset. Luis Fernández Albín fue condenado en abril por un ataque ocurrido en diciembre de 2024 contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, con una carta dirigida al entonces director del INR, Luis Mendoza.
Las pericias del Ejército buscarán determinar si el origen del artefacto explosivo coincide con el utilizado en mayo de 2020 en el ataque contra la Brigada Antinarcóticos, por el que fueron imputadas unas 20 personas. Ese ataque fue reivindicado por el Primer Comando Uruguayo mediante un mensaje de texto enviado desde un celular registrado en Perú y reenviado por el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, quien resultó condenado por un delito de violencia privada.
“Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, señalaba el mensaje enviado en 2020 a la fiscal Ferrero.