Representantes del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentaron una denuncia penal para que se investigue la creación y la actuación de la Oficina de Información Táctica, según informó Radio Sarandí y confirmó la diaria. La oficina fue creada el 8 de marzo de 2021 por una resolución del Instituto Nacional de Rehabilitación y fue liderada por el exdirector del Comcar Carlos Tarocco, quien cumple condena por asociación para delinquir, cohecho calificado y revelación de secreto, en la causa por la investigación parapolicial para fortalecer la posición del exsenador Gustavo Penadés.
La denuncia a la que accedió la diaria fue presentada por el abogado Juan Ceretta ante la Fiscalía, luego de iniciar un proceso administrativo contra la resolución del Ministerio del Interior (MI). Según los denunciantes, la creación de la oficina implica una “clara violación a normas que rigen el derecho público en nuestro país, dado que las competencias atribuidas a dicha oficina se superponen a las de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP)”.
Además, señala que fue utilizada para espionaje ilegal tratando de obstaculizar a la Justicia, tal como quedó acreditado en la investigación sobre el caso Penadés. En la resolución por la que fue creada se le otorgó el cometido de “recolectar, registrar y evaluar información a nivel táctico referente al ingreso y comercialización interna de sustancias estupefacientes y otros elementos cuyo ingreso está especialmente prohibido”, y “analizar la información teniendo como objetivo el desarticular y minimizar maniobras delictivas de las unidades penitenciarias”.
Los denunciantes pidieron a la fiscalía que cite a declarar al presidente del Sitrapen, Germán Gutiérrez, e incorporaron una consulta realizada por el estudio Delpiazzo donde los abogados Gabriel Delpiazzo y Agustín Echezarreta concluyen que la Oficina de Información Táctica es una oficina de inteligencia ilegal, debido a que la ley “no atribuyó de forma expresa al INR los cometidos que este órgano confirió a la Oficina de Información Táctica”, y que esos cometidos fueron designados a la UIAP creada por la Ley de Rendición de Cuentas de 2017. Si bien la oficina ya no está en funcionamiento, los denunciantes plantearon la importancia de que se conozca qué trabajo hizo y que su creación sea revocada.
El ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo en declaraciones realizadas a Radio Sarandí que la oficina no era ilegal y tenía el cometido de investigar perfiles criminológicos para prevenir delitos. “Si alguien de esa oficina se desvía a otros fines, entonces se le aplicarán las investigaciones administrativas y penales que corresponda. Fue lo que pasó con su exdirector”, señaló, y recordó que la oficina fue creada dos años antes de que comenzara a ser investigado el exsenador nacionalista Gustavo Penadés. Además, cuestionó que una agencia ilegal de espionaje sea creada por una resolución oficial.
La denuncia realizada por el sindicato también incluye la negativa por parte del Ministerio del Interior de la anterior administración a permitir el acceso de la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres (CHTI) del Ministerio de Salud, que debe “evaluar de oficio o por petición de parte los trabajos que son perjudiciales para la salud”.
“El hecho de que el Ministerio del Interior no facilitara el acceso para inspeccionar cárceles a un órgano del Estado encargado de velar por la salud ocupacional de los trabajadores es un hecho irregular, dicha omisión, no permitir las visitas, ha retrasado a la CHTI el poder dar su dictamen sobre la insalubridad del trabajo en cárceles, lo cual ha traído como consecuencia en un perjuicio a toda la colectividad de trabajadores penitenciarios y una omisión grave a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo cuya responsabilidad debe analizarse administrativa y penalmente”, expresaron en la denuncia.