El 4 de febrero, la causa Conexión Ganadera tendrá su primera audiencia del año en el juzgado de Crimen Organizado de segundo turno. En esa instancia, la jueza Diovanet Olivera deberá resolver sobre la prórroga de las medidas cautelares impuestas a los socios de Conexión Ganadera. Pablo Carrasco está en prisión preventiva en la cárcel de Punta de Rieles, imputado por un delito de estafa y lavado de activos. Ana Iewdiukow cumple prisión preventiva en la cárcel de Florida y enfrenta un proceso por los mismos delitos que su marido. En tanto, Daniela Cabral, la viuda del socio fundador Gustavo Basso —fallecido en un siniestro de tránsito no accidental—, se encuentra en prisión domiciliaria imputada por un delito de estafa, cumpliendo la prisión preventiva en su departamento del edificio Imperiale, en la parada 1 de Playa Brava de Punta del Este.
En la mañana del miércoles, Carrasco, Iewdiukow y Cabral serán conducidos al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, dado que deben estar presentes en la audiencia que comenzará sobre las 10.30.
Si bien está previsto que sólo se discuta la prórroga de las medidas, en torno a esa discusión se abrirán otros debates, como el avance de la investigación del fondo ganadero, la eficacia de las medidas cautelares para preservar el proceso y en qué medida podría cambiar la situación procesal de los imputados antes del vencimiento del plazo que tiene el fiscal para presentar su acusación. Uno de los reclamos que han hecho varios abogados es la ampliación de la formalización contra Daniela Cabral, dado que es la única que permanece en prisión domiciliaria y a la que no se le imputó el delito de lavado de activos.
En un escrito presentado a la Fiscalía por el abogado de varios damnificados, Juan Pablo Decia, planteó la necesidad de avanzar en ese sentido: “Existen en la carpeta investigativa evidencias suficientes para ampliar la formalización de la investigación penal al respecto de la Sra. Cabral bajo la imputación de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia”, señala el escrito al que accedió la diaria. El texto que fue presentado en noviembre a la Fiscalía plantea que Cabral, “desde su cuenta personal y con dinero recibido desde las cuentas de su marido fallecido Gustavo Basso, realizó una transferencia por U$S 205.000 a la cuenta de su hija Candelaria Basso para la compra del inmueble rural sito en los padrones 8.747 y 15.898 de Lavalleja”. Además, señala que en la causa de la Justicia de Concurso de la herencia de Basso se determinó que Cabral cumplía “un rol absolutamente relevante como tomadora de ganado en la operativa de Conexión Ganadera, a través de una inexistente sociedad civil”, en referencia a la estancia Don Coraje, que figuraba como tomadora de Conexión Ganadera.
En su declaración ante la Fiscalía, el 5 de junio, dijo que desconocía el negocio, la situación financiera de Conexión Ganadera y que su tarea en la empresa se limitaba a servir café y realizar tareas operativas de pago. El artículo 224.2 del Código de Proceso Penal obliga al fiscal a pedir la prisión preventiva ante una imputación de lavado, aunque el juez puede aceptar la formalización por lavado y aun así rechazar la prisión preventiva como medida cautelar.
A su vez, el juez de Concurso Leonardo Méndez dispuso el remate del apartamento en el que Cabral cumple prisión domiciliaria, valuado en unos 870.000 dólares, a sugerencia del síndico de la causa, Alfredo Ciavatone, que advirtió sobre los costos de mantenimiento que ascienden a 2.000 dólares mensuales en temporada alta. El remate fue objetado por la familia Basso, sosteniendo que son ellos quienes se hacen cargo de los gastos, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó el remate, por lo que, una vez concretado ese proceso, Cabral debería fijar otro domicilio o acordar su permanencia con los nuevos propietarios.
La situación de Carrasco y Iewdiukow se proyecta como más estable en los poco más de cinco meses que restan de investigación. Carrasco está en prisión preventiva en Punta de Rieles desde el 17 de julio, cuando fue imputado como autor de delitos de estafa y lavado de activos. Iewdiukow cumplió prisión domiciliaria entre el 17 de julio y el 29 de octubre, bajo la imputación de estafa, y luego que su imputación fue ampliada con el delito de lavado de activos, asociada a movimientos bancarios hacia España y la apertura de una cuenta en un banco online mientras cumplía prisión domiciliaria, pasó a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Florida.
Si bien el fiscal puede pedir la prórroga de hasta un año más para seguir investigando a los tres socios fundadores de Conexión Ganadera, las medidas cautelares no pueden extenderse más de ese plazo previsto por la ley, mientras no esté pedida la prórroga, por lo que en ningún caso la extensión de las medidas que se discutirán en audiencia excederá los 180 días.
La imputación de Maximiliano Rodríguez
Uno de los puntos que quedaron pendientes antes del inicio de la feria fue el pedido de formalización del contratista de fútbol Maximiliano Rodríguez, que es investigado por su rol como propietario de la tomadora de ganado Pasfer SA, que participaba del mecanismo montado por Conexión Ganadera. Concretamente, el fiscal Rodríguez pedirá su imputación por un delito de apropiación indebida y falsificación ideológica. Maximiliano Rodríguez, que declaró dos veces ante el fiscal de Lavado de Activos, no pudo explicar por qué faltan 4.950 cabezas de ganado en los campos de Pasfer SA, ubicados en Puntas de Ayala, en Treinta y Tres. La investigación penal busca determinar si existió una falsificación de los registros, y si el dinero para la adquisición de ganado aportado por los inversores fue desviado, o si efectivamente fueron comprados y luego vendidos.
Entre la evidencia que tiene Fiscalía para imputar a Rodríguez está el traspaso de 23 millones de dólares desde Conexión Ganadera a Pasfer SA, algo que Rodríguez atribuyó como un adelanto de Conexión por ventas futuras de Pasfer SA. El responsable de Pasfer dijo en su primera declaración como indagado, en abril, que quien administraba los recursos provenientes de la venta del ganado era el fallecido Gustavo Basso y su entorno.
Si bien Rodríguez y su defensa, que lleva adelante el abogado Carlos Balbi, intentaron avanzar en un acuerdo reparatorio con los 62 inversionistas que firmaron contratos entre Conexión Ganadera y Pasfer, la fiscalía no avanzó demasiado en ese sentido, aunque el acuerdo podría concretarse después de la formalización del proceso. Al inicio de la causa, Rodríguez había intentado declarar como testigo protegido, pero la evidencia que la Fiscalía tenía en su poder determinó que fuera en calidad de indagado. De concretarse su imputación, sería la primera formalización del proceso contra alguien por fuera del núcleo de fundadores de Conexión Ganadera.
La denuncia penal contra Alfredo Rava y las hijas de Daniela Cabral por el delito de lavado de activos
Otro asunto pendiente es la denuncia penal presentada por los abogados de los damnificados Santiago Alonso, Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi contra las hijas de Gustavo Basso, Agustina y Candelaria, y Alfredo Rava, el yerno del fundador de Conexión Ganadera.
La denuncia fue presentada a fines de diciembre, luego de que los abogados obtuvieran documentación que evidencia que la familia Basso continuó cobrando la deuda que el frigorífico Casablanca tenía con Conexión Ganadera luego del fallecimiento de Basso, algo que estaba vedado debido al embargo por 250 millones de dólares contra la familia y el proceso de concurso que tiene el objetivo de concentrar la mayor cantidad de activos posibles a favor de los 4.300 damnificados del fondo ganadero.
Durante el proceso de concurso del frigorífico Casablanca y la causa de concurso de Conexión Ganadera, las sindicaturas detectaron transferencias realizadas directamente a las cuentas de la familia, luego de la muerte de Basso, que estarían vinculadas a los 20.354.000 de dólares que Basso prestó al frigorífico Casablanca. En el proceso de concurso, la familia Basso se presentó como acreedora y ha basado su defensa, incluyendo el reclamo sobre la herencia de Basso, en el entendido de que la consideración de estos créditos a favor de la familia hace que el activo alcance los 36 millones de dólares. Entre los bienes de Basso inventariados en el proceso de concurso de la herencia figuran el apartamento en el centro de Punta del Este, donde Cabral se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria; un apartamento en la Ciudad Vieja de Montevideo; una fracción de campo en el paraje Goñi de Florida; un apartamento en el Centro de Montevideo, en la calle Rondeau; la participación en las empresas Conexión Ganadera SRL, Sildeka SA, Lerosur SA, Sauce Chico SAS, Menafra SAS, Etranil SA y Del Terruño Ltda., y 12 automóviles.
“Si Gustavo Basso a través del escritorio rural vendió al Frigorífico Casablanca adquirido y mantenido gracias al dinero de cada uno de los inversores, entonces los pagos acreditados en la cuenta de Agustina Basso y Alfredo Rava constituirían cuanto menos un delito de asistencia al lavado, si no una participación directa en el delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia”, sostiene la denuncia que hicieron los abogados, que a su vez descartan que pueda aplicarse la exoneración de responsabilidad por encubrimiento porque entienden que tanto las hijas como Rava son beneficiarios directos de la maniobra.
A mediados de febrero declararán ante el fiscal Rodríguez las hijas de Basso y los hijos de Carrasco, Marcela, Guadalupe y Valentín. También fueron citados a declarar Rava y el tomador de ganado Jorge Cunieti. La citación había sido prevista antes de la denuncia presentada por los abogados.
Los mails divulgados, el hackeo, su valor como prueba y la denuncia por extorsión realizada por Maximiliano Rodríguez
Uno de los elementos nuevos de la causa son los mails entre los socios de Conexión Ganadera, que comenzaron a divulgarse en diciembre, que dan cuenta de que todos los socios estaban al tanto de la situación financiera de la empresa y que, al menos desde 2015, tenían problemas para cumplir con los pagos de los acreedores, algo incompatible con la versión dada por los tres imputados en cuanto a que sólo Basso estaba al tanto de los aspectos financieros del fondo ganadero y que todos respondían a él en esa área de la empresa. Además, los mails difundidos hasta el momento muestran el contacto permanente entre los socios para resolver aspectos vinculados a la falta de liquidez que tenía la empresa.
En cuanto al valor como evidencia de esos intercambios, fuentes consultadas por la diaria señalaron que la Fiscalía no tiene en su poder esos mails, que habrían sido producto de un hackeo, pero advirtieron que cuentan con otros elementos más sólidos —en cuanto a su valor probatorio— para defender las imputaciones en el juicio oral. La Fiscalía tampoco cuenta con el celular de Basso, que fue destruido en el accidente, pero apuesta a los informes contables y otras pericias técnicas para demostrar la participación de los fundadores de Conexión Ganadera en los delitos que se les imputan.
Tras conocer la publicación de los mails, los abogados de la familia Basso, Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón, realizaron una denuncia por hackeo ante la Unidad de Ciberdelitos del Ministerio del Interior. La denuncia, que fue presentada el 1º de diciembre, maneja la hipótesis de que el acceso al correo de Basso se dio a partir de que alguien logró obtener el número de Basso, una vez que quedó libre y el número estaba configurado como forma de recuperación de la cuenta de correo. Según supo la diaria, Maximiliano Rodríguez, su abogado y los abogados de Basso se reunieron con el fiscal para ponerlo al tanto de la situación. La denuncia fue derivada por la unidad de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía, a la fiscal de Flagrancia de tercer turno, Silvia Pérez. En la denuncia se menciona la ley de ciberdelitos, aprobada en el período pasado, que crea el artículo 297 quater del código penal para quien “se apodere, utilice o modifique datos confidenciales de terceros, registrados en soportes digitales, o cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, sin autorización de su titular” o quien los difunda aun sin haber participado del hackeo, con penas de hasta cuatro años de penitenciaría.
Por su parte, Maximiliano Rodríguez denunció haber recibido un correo a fines de noviembre en el que le pedían 400.000 dólares en bitcoin a cambio de no difundir información supuestamente contenida en los correos enviados a Gustavo Basso con datos de los negocios con Pasfer SA. Al no recibir el dinero, el hacker, que figuraba como “Argenhacker”, bajó su reclamo y le dio un plazo para transferir 75.000 dólares en bitcoin. Al ser consultados por estas denuncias, varios abogados de damnificados coincidieron en considerarlas una estrategia para distraer la atención de la causa central y tratar de evitar que se continúe conociendo la dinámica interna con la que se perpetró la estafa que se investiga.