Los problemas de violencia y seguridad en los juzgados y sedes judiciales de Uruguay no son episodios aislados ni recientes. Desde hace aproximadamente una década, funcionarios, magistrados y operadores del sistema judicial han alertado sobre la falta de custodia policial, ausencia de protocolos claros y la escasez de recursos para garantizar condiciones mínimas de trabajo y seguridad, tanto para los usuarios del sistema como para los que integran el Poder Judicial.
Desde la Fiscalía, este diagnóstico es similar. Willian Rosa, fiscal con experiencia en causas de alta conflictividad y representante gremial hasta 2025, sostuvo, en diálogo con la diaria, que el nivel de seguridad en juzgados y fiscalías es “sumamente deficitario”, prácticamente desde la implementación del nuevo Código del Proceso Penal.
“Más allá de las medidas estándar, como las guardias en las zonas de circulación del público o la custodia policial de las personas detenidas, la ausencia de episodios más graves responde más a la suerte que a una política real de prevención”, advirtió el fiscal.
Reclamos gremiales y advertencias reiteradas
En julio de 2024, los gremios judiciales volvieron a sacar el tema a la luz. La intergremial del Poder Judicial –integrada por la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la Asociación de Informáticos Judiciales (Asiju), la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju), la Asociación de Defensores Públicos (Adepu) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU)– denunció problemas de seguridad en oficinas judiciales de todo el país.
Pablo Elizalde, secretario de AFJU, dijo a la diaria que “en la mayoría de las sedes judiciales prácticamente no hay seguridad ni control. La presencia policial se limita casi exclusivamente a los juzgados penales y de violencia doméstica, mientras que en el resto los efectivos se han retirado de forma paulatina”. Según comentó, el argumento es la falta de recursos económicos y las dificultades del Ministerio del Interior para asignar policías a nivel nacional. Actualmente no existe ningún protocolo de seguridad ni para jueces ni para funcionarios judiciales, advirtió Elizalde.
Desde el gremio de funcionarios judiciales se insiste en que el incremento de la conflictividad social no se ha acompañado por un refuerzo equivalente de los dispositivos de seguridad en las sedes judiciales, lo que deja expuestos tanto a funcionarios como a usuarios del sistema y obliga a enfrentar situaciones de riesgo sin respaldo suficiente.
Falta de custodia policial y condiciones inseguras
Desde AFJU se advirtió que la falta de custodia policial es un problema que afecta a los funcionarios y también al público en general. La falta de efectivos es habitual en los juzgados y en edificios donde funcionan equipos multidisciplinarios del Poder Judicial; a esto hay que sumarle la situación de los asistentes sociales, psicólogos y oficiales alguaciles, que en varias ocasiones deben realizar diligencias.
Incluso cuando se asignan policías a las sedes judiciales, se suele tratar de funcionarios que están desarmados. Desde la AMU, los jueces han señalado repetitivamente que no se sienten seguros en las sedes judiciales. En setiembre de 2025, María Helena Mainard, presidenta de la AMU, explicó a La Mañana que en muchos juzgados no hay policías suficientes para garantizar el desarrollo normal de las audiencias, e incluso hay momentos en que no hay efectivos disponibles.
Este tema se ha planteado numerosas veces al Ministerio del Interior por parte de las distintas directivas de la AMU, pero las respuestas siempre remiten a la falta de personal, ya que los efectivos están asignados a otras tareas. En ese contexto, situaciones potencialmente peligrosas han sido resueltas por los propios funcionarios o por los jueces, sin respaldo policial.
Patricia Porley, directora general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, dijo, en diálogo con la diaria: “No tenemos una seguridad al 100%, que es lo que nos gustaría”, y comentó que en el artículo 44 de la solicitud presupuestal “pedimos para 2026 unos 48 millones de pesos, para 2027 unos 54, para 2028 unos 60, y desde 2029 unos 66 millones”. También señaló que “la vigilancia en oficinas judiciales y, en particular, en juzgados de violencia doméstica, de género, penales o de ejecución, no es lo que nosotros aspiramos tener”.
Desde la Fiscalía se coincide en que la falta de recursos impacta no sólo en la custodia policial, sino también en la ausencia de sistemas de videovigilancia, controles de acceso y medidas preventivas, especialmente en el interior del país, donde muchas fiscalías no cuentan con ningún tipo de custodia permanente.
La violencia también alcanza a los juzgados de familia
Desde hace varios años el foco ha estado puesto en la violencia en los juzgados penales y de violencia doméstica. Los antecedentes muestran que los problemas de seguridad alcanzan también a los juzgados de familia, tradicionalmente considerados ámbitos menos conflictivos: en 2019, en una audiencia en Montevideo, una mujer alertó a la jueza de que su expareja portaba un arma dentro de la sala. El hombre confirmó tenerla y la magistrada debió solicitar apoyo a uno de los pocos policías presentes en el edificio.
Desde la Suprema Corte de Justicia se advirtió en ese momento que estos episodios dejaron de ser hechos aislados y pasaron a constituir una tendencia. La respuesta estatal no debía limitarse únicamente a aumentar la presencia policial, sino también a implementar cámaras de videovigilancia, controles de identidad y mejores mecanismos de acceso a las audiencias.
“En los juzgados de familia conviven víctimas con victimarios, tanto en Montevideo como en el interior, y eso hace que la seguridad no sea óptima”, aseguró Porley; “no podemos decir que la seguridad sea óptima; tiene mucho para mejorar, y por eso pedimos ese artículo en el presupuesto”, reflexionó.
Sin protocolos claros y con coordinación deficiente
La falta de protocolos específicos para actuar ante amenazas o hechos de violencia es otro de los puntos críticos señalados desde los actores judiciales. “No me consta que existan protocolos claros; es más, me consta lo contrario: no se han logrado implementar”, afirmó Rosa.
El fiscal recordó que, tras un episodio particularmente grave (en el que a una colega le ingresaron a su domicilio y le sustrajeron exclusivamente su laptop institucional), quedó en evidencia la falta de definiciones sobre cómo actuar. “La respuesta fue dubitativa y dejó en claro que no había certeza sobre qué medidas adoptar”, señaló.
Si bien posteriormente se conformó una comisión para elaborar un protocolo y se tomaron como referencia experiencias de otros países de la región, Rosa subrayó que “hasta el día de hoy seguimos sin contar con un protocolo claro y operativo”. En ese sentido, indicó que, aunque el Ministerio del Interior dispone de lineamientos propios, “es imprescindible que se incorpore la visión de la Fiscalía, porque los fiscales somos los destinatarios directos de esas medidas”.
Con la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, los fiscales pasaron a ocupar un rol central y visible, lo que los convirtió en blanco directo de presiones, intimidaciones y amenazas. “Hoy los delincuentes tienen muy claro quién es la persona que los acusa, y eso coloca a los fiscales como blanco directo del encono”, sostuvo Rosa. Según explicó, estos episodios se vuelven especialmente frecuentes en investigaciones vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, las estafas de gran cuantía o la corrupción pública. “Cuando se investigan hurtos y rapiñas comunes, lo más probable es que no enfrentemos mayores problemas. Pero al tratarse de delincuentes con poder y recursos, estas situaciones son mucho más habituales”, advirtió.
Un sistema tensionado
Estos problemas de seguridad se desarrollan en un contexto más amplio de deterioro del sistema de justicia, marcado por la falta de recursos y la sobrecarga laboral. En setiembre de 2025, desde el gremio de defensores públicos se alertó que el sistema judicial se encontraba al borde del colapso. Mónica Ferrero, fiscal de Corte subrogante, reclamó mayor presupuesto ante el Parlamento y advirtió sobre el aumento de licencias por burnout entre fiscales, producto de condiciones de trabajo extremas y de creciente violencia asociada a los casos que deben investigar.
Desde la AMU se sostuvo que la falta de personal técnico y de juzgados especializados en violencia de género incrementa los riesgos, ya que muchas decisiones deben tomarse sin informes adecuados de valoración de riesgo.
El 28 de setiembre, la escalada de violencia tuvo un punto de inflexión con el atentado a la fiscal Ferrero, cuando desconocidos dispararon contra su vivienda y detonaron una granada. El ataque puso en primer plano las falencias del Estado para proteger a los jueces, fiscales y operadores judiciales, incluso a quienes cuentan con una custodia específica.
El atentado reforzó un reclamo que lleva años: la necesidad de protocolos claros, mayor presupuesto y una política integral de seguridad para el sistema judicial. Rosa sostuvo que “es imprescindible que el Estado garantice una protección preventiva adecuada, especialmente para quienes investigan delitos de alta complejidad”, y remarcó que la respuesta ante situaciones de riesgo debe ser “inmediata, adecuada y debidamente protocolizada, y no depender de improvisaciones”.
Mientras tanto, los episodios de violencia en juzgados, las amenazas a magistrados y fiscales y la falta de custodia policial siguen exponiendo una debilidad estructural que afecta no sólo a quienes trabajan en la justicia, sino también al acceso efectivo de la ciudadanía a la justicia.
Desde el Ministerio del Interior, en tanto, se sostiene que no se registra un aumento generalizado de hechos violentos dentro de las sedes judiciales. El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, afirmó, en diálogo con la diaria, que, según los registros oficiales, “no hay un incremento en números de hechos de violencia dentro de sedes judiciales o fiscalías. Han sido hechos puntuales”.
El director explicó que se realiza “un análisis de riesgo permanente” y que se trabaja en la “actualización de los protocolos”. En ese marco, detalló que en Montevideo hay “más de un centenar de policías destinados a este servicio”, a los que se suman los efectivos que cumplen tareas de custodia en el interior del país.
Respecto del caso Ferrero, el jerarca señaló que “se realizaron los análisis de riesgo correspondientes y se tomaron medidas concretas tanto para la fiscal como para otros actores del sistema de justicia”. Las medidas adoptadas “no sólo alcanzaron a actores del sistema judicial”, sino también a “otros actores que surgen de los análisis realizados”. A modo de ejemplo, mencionó que se establecieron “controles más estrictos para ingresar al Parlamento”.
“No queremos que se interprete como que no nos importa; por supuesto que el caso Ferrero pone el foco sobre todas las sedes judiciales y fiscalías, pero no hubo a nivel de sedes un aumento de casos de violencia o amenazas, no hay un incremento de hechos”, concluyó Azambuya.