El colectivo Mar Libre de Petroleras presentó este miércoles un recurso de apelación contra la sentencia del juez en lo Civil de 8° Turno, Federico Tobía, quien la semana pasada declinó la competencia de su juzgado para analizar la demanda de medidas cautelares presentadas por representantes de las organizaciones Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado, que en noviembre de 2025 pidieron una medida de no innovar y la nulidad de los contratos firmados entre Ancap y las empresas CEG Uruguay SA, Chevron México, Finance, BG International Limited, APA Exploration, Miwen SA, Searcher GeoData, PGS Exploration UK Ltd., Spectrum Geo Inc. y CGG Services US.
“Nuevamente la Justicia a favor de las empresas petroleras”, reza el texto que publicó el colectivo en sus redes sociales, junto al comunicado en el que anunciaron la medida. Mar Libre de Petroleras cuestionó que la Justicia haya considerado que “el asunto debería tratarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo [TCA]” porque este tribunal “tiene competencia exclusiva para anular actos administrativos” y la acción de amparo “no se trata de un acto administrativo”.
“Estamos promoviendo la nulidad absoluta de contratos ya firmados entre Ancap y las empresas petroleras por entender que vulneran la Constitución y normas de orden público ambiental”, señalaron.
En esta línea, subrayaron que los contratos “no son actos administrativos unilaterales”, sino que “son acuerdos bilaterales, cuya validez y eventual nulidad puede –y debe– ser controlada por el Poder Judicial”.
Según el colectivo, entender que la Justicia no puede intervenir y que el TCA no puede revisar contratos “conduce a un resultado inadmisible: que los contratos del Estado queden en una zona de inmunidad, incompatible con el principio de juridicidad y con el Estado constitucional de derecho”.
El buque sísmico de CGG Services, una de las empresas petroleras contra la que se presentó el recurso de amparo, ya arribó a Uruguay. “El inicio de la prospección es inminente”, alertaron, y solicitaron al Tribunal de Apelaciones la adopción de “una medida provisional urgente”.
“Si no se suspende ahora la actividad, la decisión judicial puede llegar cuando la campaña sísmica ya esté en marcha o, incluso, finalizada. La Justicia no puede intervenir cuando el daño ya ocurrió”, plantearon.
Por último, insistieron en que no se inicien actividades que puedan generar impactos ambientales graves o irreversibles mientras se resuelve el recurso de apelación.
Movilizaciones
Ante la llegada del primer barco, las organizaciones Amigos del Océano, Red Unión de la Costa y Mar Libre de Petroleras convocaron a una movilización este miércoles en el puerto de Punta del Este, bajo la consigna “el mar no se vende, se defiende”.
En tanto, el jueves se llevará a cabo otra concentración, en este caso, en la plaza Cagancha a las 18.00.
De acuerdo con los colectivos, las actividades de prospección sísmica “impactan negativamente y directamente en la fauna y fondo marino” y comprometen el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad del país.