La Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea un programa piloto de justicia terapéutica como alternativa a la prisión. El programa está dirigido a personas con uso problemático de sustancias que hayan sido imputadas por delitos leves y quieran acceder voluntariamente a un tratamiento. Como parte de su implementación, el proyecto propone la derogación del artículo de la ley de urgente consideración que eliminó la suspensión condicional del proceso como vía procesal para evitar la privación de libertad.
“Creo que es una herramienta que bien vale la pena poner a prueba”, dijo el diputado del Frente Amplio Luis Gallo antes de la votación. Propuso no fijar el número de participantes en la ley para habilitar que pueda ser modificado sin necesidad de modificarla.
El proyecto, que fue presentado por el diputado colorado Rodrigo Martínez, prevé la creación de un programa piloto con un máximo de 40 participantes en los primeros dos años, que después será modificado en las reglamentaciones. En principio, estará destinado a las personas con un bajo riesgo de reincidencia delictiva.
Durante su comparecencia en la comisión, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, señaló que “hay una evidencia internacional realmente muy potente” a favor de la implementación de la justicia terapéutica en casos de reincidentes, por lo que planteó la necesidad de ampliar el plan piloto a esos casos.
“Si es un programa –como está planteado– para crecer, un programa que son 40 casos y luego se va a extender, nos parece prudente empezar por ahí”, señaló.
En diálogo con la diaria, Martínez destacó el nivel de consenso y trabajo propositivo que hubo en la comisión y señaló que respecto del original se hicieron tres modificaciones: la eventual ampliación del programa, la posibilidad de que en el equipo técnico multidisciplinario encargado de llevar adelante el programa participe un psiquiatra, además del psicólogo y un trabajador social del Ministerio de Desarrollo Social, y, como tercera modificación, la participación de todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, dado que el proyecto original estaba pensado solo para la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Martínez comentó que la idea de presentar el proyecto surgió de su experiencia como abogado. “Lo he discutido con otros colegas, también con colegas de la defensa pública, ya que desde hace varios años empezamos a detectar que había personas que no eran delincuentes, pero terminaban cometiendo delitos por el uso de sustancias, delitos muy menores, como hurtos, vinculados a una situación de consumo”, señaló. A partir de eso, se contactaron con la jueza María Jimena Monsalve y la fiscal Sol Purita, impulsoras del programa de justicia terapéutica en Argentina, donde se lograron niveles de reincidencia por debajo del 5%, cuando la media en Uruguay es de entre 60% y 70%.
En esa línea, señaló que la experiencia de este tipo de programas en Estados Unidos determinó una reincidencia del 15%. “Estamos atacando un tema de salud mental y un tema de seguridad pública, porque si evitamos la reincidencia esas personas van a quedar fuera de la comisión de delitos”, expresó.
Consultado sobre la posibilidad de que la aceptación del tratamiento sea moneda de cambio para evitar la privación de libertad, Martínez dijo que el proyecto está dirigido a personas que podrían ser condenadas con libertad a prueba. Además, señaló que lo que se busca con el proyecto de justicia terapéutica “es que a la persona se le ofrezca un tratamiento”. “Es una forma de atender un tema complejo que quienes ejercemos en materia penal vemos todo el tiempo”, agregó, y recordó que la suspensión condicional del proceso incluía el tratamiento en salud como alternativa, algo previsto en el literal E del artículo 386 de la propuesta de modificación del Código del Proceso Penal.
Además, señaló que existen buenas experiencias en la implementación de este tipo de sistemas en Estados Unidos, México, Brasil, Panamá, Costa Rica, Noruega, Reino Unido y Canadá.
Martínez destacó también la fortaleza de las instituciones en Uruguay para poder establecer una coordinación adecuada entre el sistema de salud, el de justicia y el área de desarrollo social, y resaltó que “hay muchos problemas de delincuencia que tienen su origen en un problema de salud mental”, por lo que la coordinación es la forma más efectiva de tratarlos.
Como ejemplo, el diputado señaló que en el país la mitad de las personas privadas de libertad está cumpliendo condenas menores a tres años de penitenciaría, por delitos leves, y, al estar en prisión, quedan expuestas “a una altísima probabilidad de reincidencia”.
