¿Habrá que jubilarse a los 70 años?

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A fines de 2019, la movilización contra la reforma de las jubilaciones reemplazaba a la de los “chalecos amarillos”. ¿Sucederá lo mismo a fines de 2022, tras las huelgas en las refinerías y en ciertos servicios públicos en demanda de aumentos salariales? Los primeros anuncios del gobierno de Emmanuel Macron sugieren medidas que acelerarán el recorte sobre el monto de las pensiones.

“Si queremos preservar el sistema de jubilación por reparto, al cual nuestros conciudadanos están apegados –explicaba la primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, el 22 de mayo (en La Tribune)–, habrá que trabajar, de forma progresiva, un poco más de tiempo”. En muchos aspectos, el proyecto anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su campaña electoral tiene aires de “déjà vu”. Primera ministra, expertos o editorialistas, el mismo coro entona la vieja cantinela: “Trabajemos más para salvar nuestras pensiones”. Como en 2010, podría tratarse de postergar la edad de acceso a los derechos; o de una nueva prolongación de los años de aportes, tal como decidieron los gobiernos de Édouard Balladur en 1993, Jean-Pierre Raffarin en 2003 y Jean-Marc Ayrault en 2014; o incluso de una mezcla de ambos.

A primera vista, la reforma “paramétrica” anunciada para el año 2023 corresponde a lo que los técnicos en cuestiones sociales están acostumbrados a sostener y contrasta con la revisión integral que el establecimiento de un “sistema universal por puntos” hubiera representado, perjudicado por las movilizaciones del invierno de 2019-2020, y luego abandonado cuando estalló la crisis sanitaria.¹

Da la impresión de algo conocido y, por lo tanto... sin duda, más vale no confiarse. Porque, al alcanzar sus fines, el gobierno Borne confirmaría el ingreso en una nueva era de la reforma de las jubilaciones: la etapa de la reducción voluntaria de la duración y del monto promedio de las pensiones.

Sumando otro nivel, el objetivo consiste en reducir de manera inédita su participación en el producto interno bruto (PIB), precisamente cuando la proporción de los jubilados en la población aumenta. Si, a partir de los principales indicadores económicos –nivel de los gastos, tasa de reemplazo (el porcentaje que se conserva en la jubilación del ingreso que se tenía cuando se estaba en actividad), nivel de vida relativo de los jubilados, e incluso tasa de aportes– se distinguen fases en la historia del sistema francés de jubilación, tras el período de expansión que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, y tras el período del “control de los gastos” –cuando, de 1987 a 2010, los efectos de la mejora de las carreras compensaban un neto endurecimiento de las condiciones de la jubilación–, un tercer momento parece comenzar: el de la deconstrucción (parcial) del sistema de jubilación como un objetivo en sí.

La jubilación por reparto instaurada en 1945 no tenía todas las características que le conocemos: la porción de la población cubierta seguía siendo entonces relativamente pequeña (todavía había muchos no asalariados) y la mayor parte de las personas moría antes de la edad de jubilación a remuneración completa (fijada en 65 años) o poco tiempo después. La jubilación presentaba entonces los rasgos de un seguro vitalicio, modesto, que contribuía a proteger de la miseria y de la dependencia.² Durante la segunda mitad del siglo XX, la cobertura creció, debido a la extensión de los asalariados y al aumento de la tasa de empleo de las mujeres. El cálculo de la pensión se tornó más favorable gracias al aumento de la tasa de reemplazo del régimen general o al aumento de las jubilaciones complementarias. Y, en 1972, el establecimiento de una “garantía de recursos” desde los 60 años permitió que el final de la vida activa sea más precoz. A punto tal que, en 1981, cuando la izquierda introdujo “la jubilación a los 60 años” en la ley, las organizaciones de asalariados temieron una degradación de los derechos.³ En cualquier caso, este período vio la universalización de un verdadero reemplazo del salario, que encontró su plena realización alrededor de los años 1980. El monto de las pensiones permitía entonces, en la inmensa mayoría de los casos, mantener un nivel de vida cercano al del período de actividad, por una duración media superior a los 20 años para los hombres y 24 años para las mujeres.⁴

Debido a los prolongados efectos de esas medidas y a la mejora de las carreras, las condiciones de la jubilación siguieron progresando “en promedio” durante cerca de tres décadas. Fue una mejora continua aun cuando, a partir de los años 80, las reformas apuntaron más bien a frenar la progresión de los derechos a la pensión. Por una parte, se trataba de hacer frente a lo que era presentado como una “bomba demográfica” y que combinaba la prolongación de la esperanza de vida, la llegada de generaciones numerosas a la jubilación y la mejora considerable de los derechos propios de las mujeres que llegaban a la edad de liquidación. Por otra parte, en un contexto de “desinflación competitiva”, y por lo tanto de moderación salarial, se trataba además de contener también la progresión del monto global de las pensiones otorgadas.

Degradación de los derechos

Durante esta segunda fase de la historia de las reformas, los gobiernos modificaron, de manera más o menos discreta, el cálculo de las pensiones y, de forma secundaria –y más tarde–, prolongaron la duración de la actividad. Así, el salario de referencia tomaba en cuenta los 25 mejores años, y no ya los diez mejores a partir de 1993. En especial, porque es menos visible pero muy eficaz en términos de economía, se desindexó del crecimiento el cálculo de las pensiones y la revalorización de las pensiones liquidadas, para indexarlos con base en los precios.⁵ Al comienzo muy poco restrictiva (la mayor parte de los asalariados que llegaban a los 65 años en verdad habían aportado durante 37 años y medio), la duración de los aportes juega desde entonces un rol central. Llevada, de modo progresivo, a 40 y luego a 42 años, condujo a las personas aún empleadas a los 62 años a postergar su retiro para alcanzar la remuneración completa que permite una jubilación óptima. Además, el mecanismo de recorte (una reducción en caso de tener la carrera incompleta) golpea a los individuos con pensiones de por sí particularmente bajas. En 2016, de las personas jubiladas, el 20 por ciento más modesto (mujeres en un 87 por ciento, y cuya pensión media, incluyendo la pensión por viudez, era inferior a los 800 euros brutos) eran, en proporción, cuatro veces más que los otros jubilados que sufrían los efectos del recorte, aunque hubieran liquidado su pensión en promedio dos años más tarde que los demás.⁶

Si bien estas reformas degradaron de manera objetiva los derechos individuales, durante todo ese período el nivel efectivo de las pensiones continuó mejorando “en promedio” y la duración de la jubilación siguió extendiéndose. Los nuevos jubilados habían tenido comienzos de carrera marcados por el crecimiento y un desempleo bajo. Las carreras de las mujeres habían sido mejores que las de las generaciones anteriores. Y las pensiones ya liquidadas quedaron relativamente protegidas de los shocks de la coyuntura. Así, el nivel de vida relativo de los jubilados en relación con el resto de la población alcanzó su nivel más alto en 2014. La duración promedio de la jubilación (proyectada) también continuó mejorando a causa de lo ganado en esperanza de vida hasta 2010, al final de la carrera de la generación de 1950. Además, a pesar de que se encadenaron las reformas, y tal vez gracias al fracaso de algunas de ellas, en 1995 o en 2020, la jubilación sigue siendo más protectora y más igualitaria en Francia que en los países comparables.

Desde los años 2010, no obstante, las jubilaciones se reducen y el nivel de vida promedio de los jubilados se degrada. Los gobiernos imponen una desindexación de las pensiones o, en 2018, un alza brutal de la contribución social generalizada (CSG) motivada por el estancamiento del nivel de vida de los activos durante el período 2008-2018. El horizonte se oscurece aún más para los nuevos pensionados. La duración de la jubilación proyectada de una persona que liquida sus derechos en 2022 es inferior en un año respecto de la de alguien que empezó en 2010. Las reformas pasadas –cuyos efectos se acentuarán, en particular con la programada prolongación a los 43 años de aportes–, desde entonces y en adelante, se “tragaron” más de la totalidad de lo ganado en esperanza de vida más allá de los 60 años, cuando lo ganado en esperanza de vida marca el paso desde hace dos décadas. Por lo demás, las generaciones que llegan ahora a la jubilación liquidan pensiones en caída relativa con respecto a los sueldos en actividad. Y eso, en el futuro, no se resolverá para las personas cuyos comienzos de carrera han estado marcados por el desempleo masivo y después por las crisis de 1993 y 2009. La prolongación de la duración de los estudios también retardó el ingreso al mercado del trabajo, cuando el aumento de la tasa de empleo de las mujeres ya produjo la mayor parte de sus efectos.

En ausencia de cualquier nueva reforma, la jubilación se reducirá todavía más (con una edad media de liquidación que alcanzaría los 64 años para la generación de 1976, según el Consejo de Orientación de las Jubilaciones, COR) y podría nuevamente resurgir una época de pérdida de categoría social. Como lo recalcan los informes del COR, en un horizonte de 25 años, el nivel de vida de los futuros jubilados corre el riesgo de desconectarse sensiblemente del resto de la población. Es una tendencia que proviene, en esencia, de la política salarial del Estado, que privilegia los bonos (excluidos del cálculo de las pensiones) al salario, y de la elección de los gestores de las jubilaciones complementarias, que se niegan hasta ahora a programar la recuperación progresiva de la tasa de aportes para mantener las tasas de reemplazo futuras.

En este contexto, el nuevo proyecto de reforma toma un sentido particular. Ya no se trata de contener el aumento de los gastos –ya bajo control, a costa de la degradación de las pensiones–, sino definitivamente de iniciar una nueva fase, la del desmantelamiento.

Efectos en el mercado laboral

El gobierno Borne pretende acelerar la disminución de los derechos para asegurarse, de forma rápida, jubilaciones más breves. Y, a continuación, para aumentar la mano de obra disponible y reducir la socialización de nuestra economía. “Menos retenciones obligatorias, menos gastos públicos”, es el mantra de Bruno Lemaire. Sin que se comprenda bien por qué mecanismo, la estrategia del ministro de Economía debe poner a Francia en un nuevo sendero de crecimiento (de hecho, ya hemos visto recientemente lo que eso produjo en Reino Unido). En esta lógica, la reducción de los gastos de jubilaciones debe garantizar, en particular, la supresión de la contribución sobre el valor agregado de las empresas a partir de 2024, o sea, un costo de 8.000 millones de euros por año para el Tesoro público. El gobierno lo acepta en sus documentos presupuestarios o en el programa de estabilidad transmitido a la Comisión Europea. Lemaire tampoco hace de ello un misterio cuando ordena al empresariado apoyar la reforma “con entusiasmo, con determinación. ¡Son de 8.000 a 9.000 millones de euros de ahorro al final del quinquenio!” (France Inter, 27 de setiembre). Reducir los gastos de jubilaciones podría, en efecto, permitir al Estado realizar tales “ahorros”, ya que, además de financiar las pensiones de sus agentes, equilibra ciertos regímenes y garantiza la solidaridad entre los asegurados.

El aumento de la mano de obra disponible en el mercado de trabajo constituye el otro objetivo de la reforma. Primero, hacer trabajar más para producir más. El paso de la edad de jubilación de 60 a 62 años que se produjo entre 2010 y 2018 lo demostró: tal medida conduce a que las personas aún en actividad, al llegar a la edad de la jubilación, se mantengan empleadas; de mala gana, en el caso de la mayor parte de los asalariados, y sobre todo en detrimento de la salud de los trabajadores expuestos a factores de dificultad física o psíquica.⁷ Luego, hacer trabajar más para intensificar la competencia en el mercado de trabajo. Mientras el desempleo disminuye, el gobierno se preocupa por las dificultades de contratación, reales en ciertos sectores como la hotelería y la gastronomía, y por el riesgo de aumento de los salarios. Su reforma del seguro de desempleo apunta así, en caso de haber “tensiones” en el mercado del trabajo, a disminuir las protecciones para favorecer la aceptación de empleos en condiciones deterioradas de trabajo o de salario. La reforma de las jubilaciones no es extraña a esta lógica. Según los modelos macroeconómicos de la Dirección del Tesoro o del Observatorio Francés de las Coyunturas Económicas, en función de los cuales el gobierno hace sus arbitrajes, un desfasaje de la jubilación se traduciría en un aumento de la población activa en alrededor de 100.000 personas adicionales todos los años durante nueve años, lo que conduciría a un aumento temporario del desempleo (en particular porque una parte de los adultos mayores activos, ya desempleados a los 62 años, se mantendría desempleada) y por lo tanto a una moderación de los salarios.

Desigualdad ante la muerte

En 2020, la mayoría de los asalariados se jubilaba a los 62 años y la mayoría de los directivos a los 63. Por lo tanto, el proyecto de reforma parece alcanzar a todas las categorías profesionales. Sin embargo, sus consecuencias corren el riesgo de ser más duras para algunos. En 2019, a los 61 años, el 35 por ciento de los obreros no tenía ni empleo ni jubilación, y solamente un 28 por ciento un empleo.⁸ Para ellos, un aplazamiento de la edad de retiro prolongará el período que pasan desempleados, con renta de solidaridad activa, en invalidez, enfermedad o inactividad. Además, como sabemos, las clases sociales no son iguales ante la muerte. El 40 por ciento de los hombres de las categorías socioprofesionales más modestas en la franja de los 48-55 años tiene un riesgo superior del orden del 30 por ciento de tener una jubilación de menos de diez años (y un riesgo más elevado, de cerca del 15 por ciento, de ni siquiera llegar a la jubilación).⁹ Para esas personas en particular, el desfasaje de la jubilación en uno, dos o tres años constituye un retroceso enorme.

Frente a tales perspectivas, la configuración social se aclara: en un comunicado del 4 de octubre, las organizaciones representativas de los asalariados y los sindicatos juveniles en conjunto reafirmaron su firme oposición “a todo retroceso de la edad legal de jubilación y a un aumento de los años de aportes”. Tan clara como inédita, la toma de posición se hace eco del rechazo masivo de la reforma en la población –más del 60 por ciento de los encuestados se oponían a la prolongación de los años de aportes o a un aplazamiento de la edad, según una encuesta de IFOP de setiembre de 2022; el 72 por ciento estimaba posible reformar las jubilaciones sin aumentar la edad legal de retiro, de acuerdo con Odoxa (Le Figaro, 22 de setiembre)–. Esta vez, entonces, a pesar de los aires de “déjà vu”, es diferente.

Michael Zemmour, profesor de Economía en la Universidad París 1 (Panteón-Sorbona). Traducción: Micaela Houston.