Istmocracia en crisis

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La erosión de zonas cada vez más sustantivas de la isla democrática costarricense, que afectan desde la ciudadanía a las élites, se produce en medio de un mar centroamericano agitado por un oleaje de corrupción, penetración de los cárteles y populismo de derecha remasterizado. Salvo en Honduras, no se visualizan alternativas progresistas.

Un presidente que apenas deja su cargo es extraditado a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico (Honduras), un parlamento que elige el Día Internacional de la Mujer para impulsar una ley regresiva en términos de derechos de salud reproductiva y formatos de familia (Guatemala), un país con estado de excepción para encaminar la seguridad interna y con las políticas públicas supeditadas al marketing (El Salvador), y una autocracia que viene arrasando con casi todas las formalidades institucionales (Nicaragua). Ante este panorama, decir que la democracia centroamericana está en crisis es casi un lugar común. Sin embargo, las elecciones de marzo y abril en Costa Rica agregaron más preocupaciones. El país más estable del istmo confirma el desgaste de la última década.

Un (relativo) outsider, que arrastraba acusaciones de acoso sexual desde su rol anterior de destacado funcionario del Banco Mundial,¹ obtuvo la presidencia de Costa Rica en segunda vuelta, el 3 de abril. Rodrigo Chaves le ganó con 52,84 por ciento de los votos al expresidente José Figueres, quien, a su vez, estaba cuestionado por presuntos hechos situados en la frontera entre la falta de ética y la corrupción.²

Cuando se cruzan datos de abstencionismo, insatisfacción democrática y desigualdad, se comprueba que las zonas con mayor inequidad social son las que menos llenaron las urnas electorales.³ Si la democracia hace agua, parece no haber botes para todos. Esto se explica por lo que Roberto Fragomeno, catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, llamó “ruptura del pacto social”. Ese acuerdo no escrito de sociedad amortiguadora, casi batllista si la visualizamos en términos rioplatenses, que había permitido “no pasar por las crisis que pasaron los demás países de América Latina”.⁴ Un pacto que había nacido con un José Figueres (dos veces presidente, en los períodos 1953-1958 y 1970-1974) y que se empezó a marchitar con otro José Figueres (hijo del anterior). Fue precisamente en la presidencia del actual candidato perdedor, que se desarrolló entre 1994 y 1998, que “las clases altas se desentendieron de los pobres”; algo que, según Fragomeno, se profundiza con la reciente presidencia de Carlos Alvarado (2018-2022), cuando “esas clases altas se desentienden [también] de las clases medias”.

Sin embargo, aunque el barco haya empezado a escorarse, los pasajeros aún escuchan la orquesta: Costa Rica tiene una alta tasa ciudadana de confianza democrática. En el reporte 2021 de Latinobarómetro, el estudio regional más citado por los analistas, puntuaba con 67 por ciento, sólo superado por un país consciente de sus fortalezas (Uruguay, 74 por ciento) y por otro ávido de recuperarla plenamente (Venezuela, 69 por ciento). Si se la compara consigo misma, el porcentaje de 2021 indica una clara mejoría respecto de aquellas señales de alarma de 2013, cuando la confianza en la democracia de los costarricenses había tocado el piso del 53 por ciento, muy lejos del envidiable 83 por ciento de 1997. Según el análisis de ese momento,⁵ los casos de corrupción habían sido la causa principal de aquel descenso, aunque también pueden encontrarse pistas en la incapacidad de las autoridades de dar respuesta a los problemas reales de las personas. En ese 2013 el gobierno del país tenía sólo 22 por ciento de aprobación ciudadana, el más bajo de América Latina.

Así las cosas, el repunte posterior a 2013 pudo haber estado más cerca de la añoranza venezolana que de la solidez uruguaya, sobre todo si se toman en cuenta los resultados de estas elecciones de marzo y abril. Aquella baja conformidad con la gestión gubernamental de 22 puntos, que sonaba tan disonante nueve años atrás, sería música celestial en el presente, cuando el partido oficialista no alcanzó en votos ni siquiera la décima parte de esa modesta simpatía y quedó fuera del parlamento.

Si a esto le añadimos que sólo el nueve por ciento de los costarricenses piensa que sus autoridades gobiernan para las mayorías (el tercer porcentaje más bajo de América Latina), y que sólo el diez por ciento confía en sus partidos políticos, se da el escenario perfecto para que emerja un candidato que se presente a sí mismo como una figura antisistema.

Más aún, el partido ganador del premio mayor, llamado Partido Progreso Social Democrático (PPSD), fue fundado recién en 2018 “por personas que ni conocía el ahora presidente electo [...] un hombre de discurso agresivo contra ‘los poderosos’ (políticos, prensa, gremios o empresarios), [pero que] tampoco logró encantar mayorías, pues una parte de sus votantes consideraban que su mayor virtud era no ser Figueres”.⁶

En cuanto a la izquierda, el Frente Amplio costarricense (con diez años de vida política) logró pasar de un legislador a seis, multiplicando por ocho sus votos respecto de 2018 y situándose en ocho por ciento en primera vuelta. No llegó, sin embargo, al 17 por ciento de 2014, cuando había obtenido un prometedor tercer lugar que fue, sin embargo, el prematuro canto de cisne antes de la debacle de 2018 (0,8 por ciento). Esa gran caída se atribuyó en su momento a escándalos mediáticos de algunos de sus candidatos, que motivó que buena parte de sus votos fueran al caudal de Alvarado. Esos electores, sin embargo, no regresaron a la izquierda al perderlos Alvarado en su propia debacle de 2022.

La recuperación del Frente Amplio de este año se produjo ganando nuevas voluntades en la Gran Área Metropolitana (GAM) de la capital San José, y no en los municipios costeros, más pobres, donde había estado su anterior fortaleza. “Las costas se han caracterizado en los últimos años por ese tipo de voto protesta, que pasó del Frente Amplio al fundamentalismo religioso en sus distintas denominaciones partidarias. Parece ser que el peso de las iglesias evangélicas está sustituyendo espacios que antes ocupaban los partidos de izquierda o sindicatos”, explicó el politólogo del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, Alejandro Molina.⁷ Para afrontar el desafío de sostenerse y crecer, el Frente Amplio nada contra la corriente combinando técnicas. Por momentos aguanta la respiración (no apoyó a ninguno de los dos candidatos a la segunda vuelta de abril) y por otros se proyecta a dar sus propias brazadas aprovechando su bancada reforzada. Sabe que si quiere llegar a alguna orilla necesita sumar a otros para construir balsas juntos, por lo que busca volver a ser un referente creíble para los movimientos sociales en un proceso de acumulación de fuerzas que lo acerque al escenario de aquel tercer lugar de 2014.

El Salvador en 140 caracteres

Si se deja a Nicaragua entre muchos paréntesis (su erosión democrática más reciente fue la ilegalización de otras 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la comunidad de Solentiname fundada por el sacerdote y poeta sandinista Ernesto Cardenal en 1982),⁸ y si se continúa hacia el norte se llega a El Salvador, país en régimen de excepción. La suspensión salvadoreña de garantías fue una medida tomada el 27 de marzo, por un plazo de 30 días, esgrimiendo como motivo el aumento de los crímenes cometidos por pandillas, desbordados el 26 de marzo con 62 asesinatos. Demasiado incluso para El Salvador, donde lo usual es que existan entre tres y cuatro asesinatos diarios. Los homicidios de ese día, el más violento en el país en lo que va del siglo, ocurrieron en 43 municipios de 12 de los 14 departamentos. No se trató sólo de ajustes de cuentas: apenas 13 de las 62 víctimas pertenecían a pandillas.⁹

Ese día, a las ocho de la noche, el presidente Nayib Bukele escribió un mensaje de Twitter: “Solicito a la @AsambleaSV decretar hoy mismo RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República”. No es inusual que el mandatario inicie el trámite parlamentario de sus iniciativas desde las redes sociales, o que anuncie en esos canales sus medidas ejecutivas. A una semana de asumir Bukele, en junio de 2019, la prensa ya informaba que llevaba 400 despidos de funcionarios realizados por esa vía, y comenzaba a normalizarse el concepto de que el mandatario “gobierna por Twitter”.¹⁰ Es lo que el sociólogo Benjamin Moallic llamó “una teatralización exacerbada del poder presidencial, con la cual intentaba compensar lo máximo posible su impotencia”; léase: falta de bancas en el parlamento.¹¹

Surgido de la izquierda (fue alcalde de la capital San Salvador entre 2015 y 2018 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN), Bukele se sacudió ese pasado rápidamente y con una campaña innovadora, favorecida por sus habilidades publicitarias y sus nexos empresariales, se convirtió en junio de 2019 en el presidente más joven de la historia del país, con 38 años. Desde ese momento no ha dejado de sorprender. Se acercó y alejó alternativamente de Estados Unidos, golpeó a las élites plutocráticas y se benefició de los efectos de esos golpes, usó la comunicación pero amordazó a los medios críticos, hizo gala de un diálogo directo con el dios cristiano de los salvadoreños como llave para abrir los bloqueos parlamentarios y abrazó las criptomonedas.

Esto, que ya debilitaba más una democracia de por sí debilitada por el desencanto con los gobiernos de la derechista Arena y del izquierdista FMLN, tuvo un nuevo capítulo con la llegada de la pandemia de covid-19. Al situarse como un paternal defensor de los salvadoreños mientras demonizaba las resoluciones de las instituciones de contralor que le pusieran algún coto a sus “decretos antipandemia”, la crisis social y sanitaria “le permitió a Bukele no sólo asentar las bases de su poder, sino también encontrar un estilo personal de gobernar que mezcla ‘reflejos vanguardistas’ y ‘tentación autoritaria’”, opinó Moallic. Esto “empeoró” con las elecciones legislativas de marzo de 2021, que le dieron la bancada que no tenía. Ahora cuenta con 56 diputados en 84, una mayoría calificada que le permitiría “rediseñar” el país a su medida. Se encamina así a una “institucionalización del bukelismo” –dice Moallic apoyándose en Alain Touraine–, que “no solamente reemplaza la institucionalidad del país por un organigrama personal a mano del presidente, sino que acentúa en exceso la desarticulación de la sociedad salvadoreña y, con ello, sus contradicciones”.

A aquel estilo autoritario de gobernar en 140 caracteres, usando a su favor los límites de Twitter, se le suma ahora la facilidad de prescindir del debate parlamentario. Y social. Sus posteos en redes sociales sobre los resultados del estado de excepción en curso no sólo destacan que se vivió “la Semana Santa más segura de toda la historia de El Salvador”, sino que asocian a las pandillas con la oposición y la sociedad civil. Desde su cuenta @nayibbukele, en la que en estos momentos se presenta simplemente como “El presidente” (cada vez que cambia la descripción de su biografía en Twitter genera hechos noticiosos), escribió el 17 de abril: “Los temibles pandilleros… El brazo armado de la oposición, las ONGs y la ‘comunidad internacional’. Cayendo como moscas ante nuestra @PNCSV [Policía Nacional Civil de El Salvador] y nuestra @FUERZARMADASV. Dios bendice nuestro país”.

Presentadas como un éxito, muchas de las 9.000 detenciones “se llevaron a cabo de manera ilegal, arbitraria y mediante el uso de violencia, además estuvieron basadas en percepciones subjetivas sobre la pertenencia a grupos criminales por factores como apariencia física, edad o zona en la que habitan”, recoge un comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos, atribuyendo esa información a organizaciones locales de defensa de los derechos humanos.

La punitividad no se quedó en el estado de excepción. El 30 de marzo, por iniciativa del Poder Ejecutivo, los legisladores le aprobaron a Bukele un ajuste que incluye agravantes por crimen organizado. Así, los castigos crecen hasta llegar a 45 años de encierro, incluyendo penas de diez años de prisión para adolescentes mayores de 12 años, y de 20 años de cárcel para quienes tengan más de 16 años de edad. La CIDH recordó, ante estas noticias, que al centrarse en lo punitivo no se resuelven las causas subyacentes a la violencia, para lo que se necesitan políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana “con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, con amplia participación ciudadana”, algo que el actual gobierno salvadoreño no parece tener en carpeta.¹² Ante el señalamiento, Bukele accionó desde Twitter el reflejo habitual del populismo autoritario. Acusó a la defensa de los derechos humanos de proteger delincuentes: “Cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo NI UNA TAN SOLA PALABRA. Pero no tardaron ni un día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles”.

Honduras respira, Guatemala aguanta la respiración

No es algo usual. El jueves 21 de abril, ante las cámaras del periodismo, el reciente presidente de Honduras fue entregado a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en una base aérea para partir en vuelo de extradición. Juan Orlando Hernández está acusado de tres cargos de narcotráfico. Su futuro no es muy halagüeño. El 30 de marzo de 2021 su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua por delitos similares. Con esta información se entiende mejor, entonces, aquella penúltima ubicación de los hondureños en confianza en el presidente según el Informe 2021 del Latinobarómetro, elaborado con base en la medición realizada en 2020. Sólo 13 por ciento seguía confiando en su jefe de gobierno. En las antípodas estaba ese 80 por ciento de salvadoreños con fe en Bukele que encabezaban la tabla de América Latina. El Salvador desplazaba a Uruguay en este ítem, aunque cabría preguntarse, dado el tipo de liderazgo que implica Bukele, qué tan revelador de la calidad democrática es puntuar bien en el presente en este indicador en particular.

Por ambos motivos –la herencia de Hernández y la tentación bukelista– la flamante presidenta hondureña, Xiomara Castro, que asumió su cargo el 27 de enero, tiene un gran desafío por delante. En un país donde el presidente de la República estaba involucrado con el narcotráfico, la depuración de los escalones medios no parece ser tarea sencilla. Para el ministro de Seguridad de Castro, Ramón Sabillón, tiene que alcanzar a la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial e incluso mirar hacia el sector empresarial.¹³

Xiomara Castro deberá intentar no defraudar dos conjuntos de expectativas colocadas en su persona: la de ser una presidenta de izquierda (a su toma de mando fueron dos representantes de dos “ciclos progresistas” diferentes: el chileno Gabriel Boric y el boliviano Evo Morales), y la de ser la primera presidenta mujer del país (la lista de asistentes a su asunción refleja también esta arista: las vicepresidentas de Argentina y Estados Unidos, Cristina Fernández y Kamala Harris).

Ser mujer y progresista son dos características cruciales de Xiomara Castro si se la mira, por ejemplo, en el espejo de su vecino Guatemala, donde el 8 de marzo se había aprobado una ley que establece penas por aborto de hasta 25 años de prisión inconmutables, y prohíbe el matrimonio igualitario y la enseñanza de contenidos “relativos a la diversidad sexual y la ideología de género”. La norma fue archivada una semana después ante el escándalo internacional y el anuncio del veto presidencial. Se mantiene, entonces, la legislación vigente con penas de hasta tres años de prisión para el aborto y la consagración del matrimonio como la unión legal de un hombre y una mujer.

El espejo de Guatemala también ha reflejado otras carencias democráticas en el istmo. El 26 de enero la CIDH dio a conocer una sentencia que condenó al Estado guatemalteco por el despido arbitrario de 65 trabajadores judiciales en castigo por haber hecho una huelga en los años 90. El dictamen internacional les ha dado impulso a quienes cuestionan las medidas antisindicales en Costa Rica (donde desde 2020 está vigente la Ley 9.808, denominada “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, largo título cuyos detractores acortaron a dos palabras: ley antihuelgas).¹⁴

El vecindario no es sencillo para la nueva presidenta de Honduras. Tiene que resistir los reflejos del populismo cool de Bukele que ya están encandilando fuera de fronteras (Guatemala coquetea con un partido similar al Nuevas Ideas de El Salvador) y a la vez situarse ante la gestualidad outsider de un economista de larga trayectoria que se estrena como presidente en Costa Rica fagocitando el voto castigo que en algún momento estuvo en préstamo en la izquierda. Castro debe hacerlo en un país donde el narcotráfico llegó a colonizar las más altas esferas de la política y con un vecino guatemalteco que ve la agenda de género como un manifiesto enemigo. Para complicar más el panorama, Honduras es hoy el país más pobre de América Latina.¹⁵ Ante esta realidad, la presidenta llamó, desde su discurso de investidura, a refundar un Estado “democrático y socialista”. Refundar el Estado ya sería proeza, le acotan en silencio los optimistas informados.