Negar es necesario

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Basta mirar por la ventana para verlo. La negación de la existencia histórica de Ucrania como paso previo a la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin. La negación, tres veces antes de que cante el gallo, de los derechos saharauis sobre el Sahara Occidental por el actual jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Negar es necesario, parece decir la preparación del zarpazo. Así también, en la política de cabotaje, este 6 de abril se registró un nuevo episodio parlamentario de negación de uno de los hilos de la trama difusa de la identidad uruguaya: la pertinencia de lo charrúa como parte de ese tejido.

Es posible postular, en el borde de la obviedad, que el celebérrimo “venía, no se sabe de dónde” del poema “El indio”, de Fernán Silva Valdés, mirada posromántica de aquel 1921, habla menos del charrúa que del habitante contemporáneo de estas orillas. Tanta indefinición fue haciendo posible un mito doble. Por un lado, el mito difuso de un pasado heroico extinguido, y por lo tanto sin ningún filo para herir el presente (con ningún tipo de “molesta” postergación social o reivindicación territorial, como sí ocurre con las poblaciones originarias en otras partes del continente). Libres del “problema del indio” quedaba la “garra charrúa” del deporte y el perfume del indómito como parte de esa otra matriz histórica que convenía mantener en otra ambigua nebulosa: el artiguismo. Y por otra parte el mito, también interesado, de que lo charrúa, lo indígena, se extinguió para siempre y que, como dice el irónico título del documental de Nicolás Soto, somos “el país sin indios”. La excepcionalidad fruto de la negación.

A condición de que ya no fuera, se permitía incluso que el charrúa se situara como víctima en la voz de valedores exógenos. Así, quienes murieron el 11 de abril de 1831 en la encerrona del arroyo Salsipuedes, provocada a traición por el primer presidente uruguayo, Fructuoso Rivera –nuestra micro Conquista del Desierto nace más de la avivada que del fortín–, son el penúltimo eslabón. Parte de otro collar de historias, como aquellos indios del litoral que se contagiaron de viruela por requechear unas sábanas contaminadas. Preparación penúltima, todos ellos, para que los cuatro “ejemplares” que se “exportaron” a Francia como muestra viva de “tipos humanos” pudieran ser, tranquilizadoramente, “los últimos charrúas”. Después de eso quedarían, apenas, anécdotas de álbum familiar para un pasado privado.

Al modo de aquel Tacuabé que logró escapar del cautiverio en París, perdiéndose su rastro, el charrúa histórico debía esfumarse de cualquier futuro posible de nación, ya fuera propia o compartida. Es lo que el antropólogo Daniel Vidart calificó de etnocidio y que, en el caso de los charrúas, “se tradujo en el reparto de las ‘chinas’ y sus ‘crías’ sobrevivientes [de Salsipuedes], separadas para siempre las unas de las otras por expresa determinación del Superior Gobierno, según rezan los documentos de la época”.¹

“No existe y no existió nación charrúa”, dijo este 6 de abril el diputado colorado Conrado Rodríguez: “Los charrúas no eran un pueblo originario de la Banda Oriental o de lo que terminó siendo el territorio nacional, eran un pueblo originario de Santa Fe, Argentina”.² Rodríguez, con su raro mapa construido a posteriori, estaba reaccionando al debate que se produjo en la Cámara de Diputados uruguaya con motivo del inminente Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena. Aniversario de la matanza del arroyo Salsipuedes, fue instaurado por la Ley 18.589, de 2009, que surgió de una comisión parlamentaria en la que participaban los hoy presidente y vicepresidenta de la República, Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, y que tuvo como miembro informante al entonces diputado oficialista Edgardo Ortuño, del Frente Amplio.

Trece años después de aquella ley, otro diputado frenteamplista, Felipe Carballo, calificó Salsipuedes como “uno de los actos de terrorismo de Estado más cruel e impune que se haya llevado a cabo en la historia de nuestro país”, y atribuyó su autoría intelectual al “poder económico” que pretendía “perpetuarse en el uso de las tierras para sí”. Fustigó, al mismo tiempo, la negación. No sólo del episodio, sino de la herencia charrúa en su globalidad. Una negación amparada en una opacidad que permite (por citar un caso mucho más trabajado que la reacción del diputado Rodríguez) que la historiadora Martha Canessa de Sanguinetti, en sus hagiografías del caudillo colorado Fructuoso Rivera,³ califique a Salsipuedes de “combate” y lo sitúe en la incompatibilidad entre “la toldería” y las garantías del Estado y su fomento de la industria nacional.

La exposición de motivos de la ley de 2009 no se basa, sin embargo, en nebulosas. Incorpora, por ejemplo, la mirada de los dos principales antropólogos del siglo XX uruguayo, Daniel Vidart y Renzo Pi Hugarte. El documento parlamentario⁴ parece adelantarse a responder los argumentos limítrofes del diputado Rodríguez de este 6 de abril, ya que, tomando palabras de Vidart, refiere al “complejo cultural charrúa” y lo define como “las distintas tribus de raza pámpida que nomadizaban en la Banda Oriental, la Mesopotamia argentina y el sur del Brasil”. Los autores de la ley toman esa indefinición geográfica y le ponen ancla en el proceso formativo de la nacionalidad, que fue la gesta artiguista, y señalan la integración de centenares de charrúas al ejército de José Artigas. No eluden el problema real de las contradicciones entre charrúas, hacendados y pobladores de la campaña por los derechos sobre las tierras en el país naciente, pero son críticos con la respuesta que las autoridades del momento dan a ese desafío. Respuesta que califican sin medias tintas: un plan de exterminio. Venía, ese sí, se sabe de dónde.

Roberto López Belloso, director de Le Monde diplomatique Uruguay.