La institucionalidad y el estallido

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La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, y de Francia Márquez como vicepresidenta, sacudió el 19 de junio los cimientos del Estado más refractario al arribo de la izquierda a las instituciones. Al mismo tiempo, las protestas sociales en el vecino Ecuador recordaron las correlaciones complejas entre estallido y elecciones. Aún en el laboratorio más aséptico, todo precipitado contiene impurezas.

El mismo día que Gustavo Petro y Francia Márquez ganaban la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, en el vecino Ecuador las fuerzas de seguridad ocupaban la Casa de la Cultura de Quito. Ese lugar, donde tradicionalmente se nuclean los indígenas que llegan a protestar a la capital ecuatoriana, goza de un estatuto especial de autonomía que, hasta el momento, sólo había sido violentado por la dictadura de 1963.

Con la elección de Petro, América Latina tendrá otro presidente surgido de un proceso complejo que incluyó, como uno de sus factores más visibles, manifestaciones callejeras, y, en su aspecto más sustantivo, históricas desigualdades sociales. Algo similar había ocurrido meses antes con el chileno Gabriel Boric. En ese sentido, Chile y Colombia son dos ejemplos de eso que el analista español Jorge Galindo llamó el “multiciclo de protestas”, catalizador tanto de demandas específicas como de “un descontento más difuso y generalizado”. Los repetidos “¿qué es lo que quieren?” o “¿qué más buscan?” con los que suelen reaccionar los poderes establecidos ante la imposibilidad de reducir esos fenómenos a un toma y daca. Ocurre que “una protesta masiva es como un espejo”, dice Galindo. Una suerte de encuesta callejera que, aunque no tenga valor estadístico, puede volverse “el primer paso de una ola de coordinación que desemboque en un nuevo candidato o movimiento tocando la presidencia de un país”.¹

Porque después de protestar, los colombianos votaron. Despejaron aquella duda de los meses anteriores sobre si Petro lograría articular lo que surgió del Paro Nacional colombiano, aquel “pararrayos de rechazos múltiples previamente poco articulados”.² Y lo hizo. El Pacto Histórico llevó a Petro a la presidencia con la votación más alta de la historia de ese país: 11.277.407 sufragios; es decir, el 50,5 por ciento de los votos. La segunda vuelta fue la jornada electoral para elegir presidente con la abstención más baja en los últimos 20 años. Pese a este triunfo, el Pacto Histórico está bastante subrepresentado en el Congreso de la República: sólo tiene el 20,2 por ciento de las bancas del Senado y el 13 por ciento de las de la Cámara de Representantes. En su artículo para la edición colombiana de este mes de Le Monde diplomatique,³ el economista Libardo Sarmiento Anzola recopila estas cifras y las proyecta en el marco del “Gran Acuerdo Nacional que nos oriente hacia los cambios que Colombia necesita para lograr la paz y el progreso”, al que se refirió la fórmula ganadora.

Para eso requiere un “entretejido de voluntades”, como le llama Sarmiento Anzola. El desafío comienza por el Congreso, cuyas sesiones ordinarias inician el 20 de este mes. La Ley 1.909, de 2018, establece que las colectividades electas deberán declararse como gobierno, independientes o de oposición. En el Senado, por ejemplo, la prensa ha venido informando que Petro cuenta, por el momento, con 20 senadores propios, 14 del Partido Liberal que lidera el expresidente César Gaviria, 13 de la Alianza Verde, cinco del partido Comunes (excombatientes y simpatizantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), y dos de los movimientos indígenas. Un total de 54 en 108.⁴ Pero los apoyos a Petro siguen creciendo: el adelanto de que Álvaro Leyva, uno de los líderes del Partido Conservador, será el nuevo canciller parece acercarle más aliados en el Parlamento. El presidente electo ha llegado a recibir la voluntad de diálogo del mismísimo Álvaro Uribe, considerado su rival político número uno; y el partido uribista por excelencia, Partido de la Unión por la Gente, conocido como Partido de la U, ya anunció que sus diez senadores no se registrarán como oposición legislativa.⁵

Así que lo más probable es que aquella mitad exacta que representan sus 54 “seguros” crezca y le otorgue una mayoría cómoda entre los 108. Esto, explica Sarmiento Anzola, le puede dar una solvente gobernabilidad para impulsar los tres ejes fundamentales de su programa de gobierno: consolidación de la paz total e integral; cierre de las brechas sociales y garantía universal de los derechos humanos; y lucha contra el cambio climático y reorientación del modelo de desarrollo. “O no”, podría acotarse desde el escepticismo que surge del tradicional rechazo de las élites colombianas a la izquierda.

Las “niñas”

América Latina es el continente más desigual del mundo. Y eso se nota hasta en la transición de gobierno. Las imágenes circularon con profusión viral en las redes sociales. El 24 de junio, como parte del proceso que los colombianos llaman “empalme”, la vicepresidenta saliente Marta Lucía Ramírez mantuvo una reunión con su par entrante, Francia Márquez. A la salida, mientras Ramírez pasaba sin detenerse frente a las tres auxiliares de servicio que estaban formadas con sus delantales blancos sobre uniforme azul, Francia Márquez les estrechó la mano y saludó a cada una. Ante las críticas por actitudes tan opuestas, Ramírez respondió en Twitter: “Sembrar odio es el deporte preferido de algunos. El mío es trabajar con amor por Colombia y por los que trabajan conmigo. Ya tendrá la nueva vicepresidenta la oportunidad de conocer mejor a cada una de las niñas que nos acompañan en la oficina y abrazarlas como lo hice yo antes”. La enmienda resultó peor que el soneto. Desde hace algún tiempo, organizaciones de la sociedad civil vienen rechazando que a las trabajadoras domésticas se les llame “niñas”, por considerar que, más allá del peso simbólico que entraña, es una costumbre que dificulta su formalización laboral.⁶ La prensa no dejó de hacer referencia a “las nadie”, en alusión al concepto universalizado por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y que ha sido tomado por los seguidores de Pacto Histórico como bandera de identidad política.⁷

El valor alegórico del episodio aumenta cuando se analizan las actoras. Ramírez, una de las figuras más visibles del uribismo, es una figura polémica⁸ a la que no le han faltado los escándalos desde que se supo que su hermano fue condenado en Estados Unidos, en 1990, por haber formado parte de una red que introducía heroína desde Aruba.⁹ Era difícil que tras tanto desgaste pudiera salir bien parada al medirse con Francia Márquez, quizá quien mejor representa el aire nuevo del triunfo de Petro. Líder social que ha colocado un especial énfasis en los derechos de la población afrocolombiana, de las mujeres y de los sectores socialmente más desfavorecidos, Francia Márquez fue señalada en 2019 como una de las 100 mujeres más destacadas del mundo por la cadena británica BBC. Esta abogada ganadora del Premio Goldman a la defensa del medioambiente tiene como lema en su comunicación política la frase “soy porque somos”. El peso de Francia Márquez, sin embargo, parece haber ido más allá de lo simbólico. En primera vuelta, en los municipios de población mayoritariamente afrodescendiente, el aumento de los votos de Petro, con respecto a la elección de 2018, duplicó el crecimiento que tuvo en los municipios donde la población afrodescendiente es menos del uno por ciento.¹⁰ Todo esto confluye para que, además de la vicepresidencia, Francia Márquez asuma un rol relevante en el nuevo Poder Ejecutivo, muy probablemente a través del futuro Ministerio de Igualdad y Mujer.

Dinero para la deuda social

La inestabilidad y los desequilibrios macroeconómicos que deja el presidente Iván Duque al terminar su mandato (en 2013 el déficit fiscal era de 2,3 puntos del producto interno bruto, PIB, y en 2021 creció a 7,1) les extendió su elevada factura a los colombianos de clase media y baja, empobreciéndolos aún más a través del incremento acelerado y sostenido del índice de precios al consumidor: de 2018 a 2022 el precio de los alimentos se multiplicó por diez.

El artículo de Sarmiento Anzola agrega que la tasa de desempleo pasó del 8,9 por ciento en 2015 al 11,2 actual. La pobreza por ingresos aumentó de 34,7 por ciento en 2018 a 42,5 en 2020, y hoy se ubica alrededor del 40 por ciento.

No es casual, por lo tanto, reflexiona el especialista, que la mayoría social anhele un nuevo rumbo, y así lo interpretó Petro en su discurso al ganar la elección presidencial, adelantando que el país tendrá “un cambio de verdad”, en el cual “mi deseo es disminuir la pobreza, construir una Colombia más igualitaria, cerrar las brechas económicas entre las mujeres y los hombres, priorizar la transición energética responsable de cara al futuro”.

Esos anhelos implican números: entre tres y cinco puntos del PIB. Por lo que se debería considerar un 15,7 por ciento adicional al Presupuesto General de la Nación (PGN) respecto del de 2022. Por eso, uno de los primeros retos de gobernabilidad que le esperan al nuevo presidente es el PGN 2023, iniciativa que, como indica Sarmiento Anzola, debe ser radicada por la actual administración, pero debe ser aprobada hacia setiembre a manos del gobierno entrante. Agrega que la estructura del PGN no será muy diferente al hoy vigente, diseñado y gestionado por la presidencia de Iván Duque, donde el 59,7 por ciento se destina a costear el funcionamiento del Estado, el 21,4 al pago de la deuda pública y el 18,9 a inversión. Para crecer alrededor del cinco por ciento anual y reducir el desempleo a un dígito, el economista estima que por lo menos el 26 por ciento del PIB colombiano debe ir a inversión, el principal motor del crecimiento.

Colombia, aunque no es potencia petrolera, vive principalmente de la renta de los hidrocarburos, que pagan uno de cada diez pesos que gasta el gobierno central y representan el 40 por ciento del valor exportado por Colombia. Por eso, y pese a lo anunciado en campaña por el Pacto Histórico, Sarmiento Anzola estima que al nuevo gobierno no le será fácil la transición energética y sustituir estos recursos en el mediano plazo. En 2022 –ejemplifica– se espera una meta de producción diaria de 825.000 barriles de crudo y está activa una amplia campaña de perforación, con más de 70 pozos exploratorios.

¿Qué Colombia quiere Petro?

Podría decirse que Petro propone desarrollar el capitalismo en Colombia –sostiene Sarmiento Anzola–, que la suya es una vocación de crecimiento económico para distribuir la riqueza. Para que el salario mínimo aumente de manera justa en proporción al aporte real de los trabajadores, por ejemplo. O para poder reconocer el trabajo comunitario de un millón de jóvenes con un salario básico que dependa de su incorporación al sistema formativo. Eso, acompañado de su programa de empleo garantizado, en el que el Estado actúe como empleador de última instancia.

Su propuesta incluye considerar la salud como un derecho fundamental para toda la población; educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes; e implementar eso mismo, de modo progresivo, a nivel tecnológico y universitario. Además, si se toma en cuenta lo prometido, buscará un estatuto laboral para el arte y la cultura, llevar adelante un modelo de reforma agraria enfocada en la seguridad alimentaria, desarrollar un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas, y garantizar el suministro de agua potable en todo el territorio nacional.

En pensiones –continúa apuntando el economista desde Le Monde diplomatique Colombia–, Petro desea transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario pero no competitivo. Para ello, establecería un sistema público universal basado en tres pilares: el solidario básico, garante de un bono pensional no contributivo de medio salario mínimo a los adultos mayores que no tienen pensión; el contributivo, en el que todas las personas que ganen entre uno y cuatro salarios mínimos tendrían que cotizar en la entidad estatal Colpensiones, y sólo los trabajadores cuyos ingresos sean superiores podrían decidir dónde cotizar el excedente; y el ahorro voluntario, complementario para los que lo deseen.

Luego de la cuestionada actuación policial en el Paro Nacional de 2021,¹¹ el nuevo gobierno buscará reubicarla en el Ministerio del Interior o de Justicia y desmontar el Esmad (escuadrón antimotines). En seguridad quiere transformar el enfoque actual, basado en la construcción y eliminación del enemigo interno, para pasar a lo que llama una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza. Esto incluye que el servicio militar deje de ser obligatorio y avanzar en la desmilitarización de la vida social, con unas Fuerzas Armadas para la paz. En paralelo, intentará una reforma de la Justicia con pilares como independencia judicial, meritocracia y autonomía administrativa y presupuestal, y la elección de un fiscal general independiente.

Como puede deducirse –acota Sarmiento Anzola luego de realizar la anterior enumeración– se trata de un programa para 20 o más años.

Ecuador: pobreza con rostro indígena

También Ecuador tiene una deuda social. La pobreza total en el país es del 28,85 por ciento, lo que implica más de cinco millones de ecuatorianos que tienen que vivir con menos de tres dólares diarios. Este porcentaje trepa al 29,46 cuando se refiere sólo a las mujeres. No es tanto más, podría decirse con frialdad estadística. Pero cuando esas mujeres son mujeres indígenas, esa pobreza por ingresos es del 52,63. Y si son niños indígenas, la pobreza es de 65,07 por ciento, casi el doble que entre los niños blancos o mestizos.¹²

Por eso, si no extraña el voto a Petro en Colombia, tampoco deberían extrañar las manifestaciones que comenzaron en Ecuador en junio, como reflejo de un descontento que viene de mucho más atrás. Fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) con una plataforma amplia que va desde reclamos puntuales, como revertir el aumento de los combustibles, hasta otras de carácter más estructural, como el freno al modelo extractivista en la Amazonia. Enfrente está el gobierno neoliberal de Enrique Lasso, que en el presente sufre un 80 por ciento de desaprobación.¹³

Sin embargo, no es sencillo que las fuerzas opositoras logren capitalizar políticamente estas movilizaciones para un proyecto progresista. Para hacerlo, primero tendrán que ponerse de acuerdo. Por un lado, está el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que dispone de 47 de los 137 congresistas, conformando la “minoría mayor” del Poder Legislativo. Por otro, el partido Pachakutik, que en cierta forma se puede considerar la representación partidaria de la Conaie, y que no tuvo una vinculación fácil con el gobierno de Correa. Pero, así como el “multiciclo de protestas” al que se refería Galindo puede desembocar en liderazgos políticos, tal vez el Paro Nacional ecuatoriano pueda reparar heridas y fortalecer alianzas. Para Franklin Ramírez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), “la movilización puede provocar nuevos sentidos que trasciendan los conflictos entre el correísmo y el sector indígena, la reconstrucción de ese tejido, de unos nexos de respeto entre estas fuerzas para que el bloque popular cobre músculo contra esta derecha radicalizada que se apoya en los poderes económicos y mediáticos”.¹⁴

Quizá estos “multiciclos de protestas” se hayan combinado en la vecina Colombia con la reacción contra las élites. Nada asegura por completo que en Ecuador vaya a pasar algo similar, pero “reconstruir ese tejido” progresista, al que refiere Ramírez, puede ser una manera de responder a aquella “paradoja latinoamericana” caracterizada por “la convergencia tenaz entre democracia y desigualdad”.¹⁵ Una tenacidad de lo sólido que, como pasó en Chile, comenzó a estallar en la calle para cristalizar luego en las urnas. Mientras tanto, Ecuador se mantiene como un precipitado inestable. Y como la precipitación, en química, es un proceso para obtener algo sólido a partir de otro algo que se disuelve, no será raro, entonces, que el resultado pueda englobar impurezas.

Rafael Trejo, periodista, Le Monde diplomatique, edición Uruguay.