Seis mil kilómetros al norte de Santiago de Chile (y dos días después de que Gabriel Boric asuma la presidencia chilena), el 13 de marzo se producirán las elecciones legislativas y primarias en Colombia. Además de elegir a los 108 senadores y 172 representantes del Parlamento bicameral, los colombianos definirán a los candidatos que competirán por la presidencia de la República. Las encuestas más recientes1 pronostican que el izquierdista Gustavo Petro (que debería ganar cómodamente las internas de su coalición) se proyecta con buenas probabilidades en la carrera presidencial que tendrá su primera etapa el 29 de mayo, y tendría las mejores chances ante cualquiera de sus rivales en un eventual balotaje.

A la “agenda de la seguridad” de la derecha, Petro opone en los debates públicos la deuda con la equidad que tiene su país. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una familia pobre colombiana necesita 11 generaciones para llegar al nivel de ingresos de una familia de capas medias: el doble que una chilena y dos generaciones más que una brasileña o una argentina2.

Esa desigualdad como combustible para la intranquilidad social es uno de sus puntos de contacto con Chile. En octubre de 2019 comenzó una “evasión masiva” en la que centenares de chilenos y chilenas, en especial estudiantes, se saltaron el torniquete de ingreso a varias estaciones de metro rebelándose contra un aumento del precio del boleto. “No son 30 pesos, son 30 años” fue una de las consignas principales del momento, en alusión a la deuda social del “milagro económico chileno”. No fue solo letra pintada en las paredes. También documentos del Banco Mundial señalaban que las protestas “expusieron la vulnerabilidad del sistema socioeconómico” dando pie “a preguntas sobre la sostenibilidad de la trayectoria de crecimiento del país”.

Este fue también, probablemente, el marco estructural que dio empuje a las manifestaciones masivas del “Paro Nacional” colombiano de abril y mayo de 2021. País signado por la violencia política3, este clima también se extendió a la represión contra esas movilizaciones. Naciones Unidas responsabilizó a la Policía colombiana de al menos 28 muertes y 16 agresiones sexuales: “La respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”4. Para los analistas, el estallido social colombiano fue “el pararrayos de rechazos múltiples previamente poco articulados5. Petro, que fue uno de los convocantes de esas marchas inicialmente nacidas en el rechazo a una reforma tributaria, tendrá que demostrar si es capaz de articularlos en las urnas este 2022, como lo hizo Boric en Chile. Si tiene éxito habrá que darle la razón a James Robinson6, quien cuando todos decían que la agitación en las calles sería capitalizada por la derecha, aseguraba que “las protestas son cruciales para impulsar a América Latina”. Es que Robinson no hablaba solo de la superficie, sino de su trasfondo.

Punto uy

El tercer vértice del triángulo de este mes crucial es Uruguay. No sólo está en el lado opuesto de los Andes, también está lejos de Colombia en términos de indicadores sociales: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la uruguaya es la sociedad menos desigual de América Latina. Pero también aquí la seguridad ciudadana es el principal argumento de la coalición oficialista de centroderecha cuando defiende los 135 artículos de la ley más importante del gobierno, la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se someterán a referéndum el día 27 de marzo. Ese, y desmentir los anuncios de retroceso social que implicaría mantener la norma. Ocurre que sindicatos, organizaciones sociales y el Frente Amplio, de centroizquierda, aseguran que anular esa parte de la LUC permitirá mantener la equidad que hizo de Uruguay una sociedad modelo en términos sociales (protegiendo a los más vulnerables en el mercado de alquileres, evitando una reducción de la participación docente en la educación, y previniendo lo que consideran un debilitamiento de las empresas públicas dedicadas a las telecomunicaciones y a la refinación de combustibles). Ese fue el motor para que centenares de militantes opositores recorrieran el país durante seis meses para recolectar 800.000 firmas –el equivalente a reunir unas 13 millones en Argentina o Colombia– y habilitar la consulta ciudadana tal como lo prevé la Constitución de la República.

La uruguaya fue una “revuelta constitucional” que se pudo desarrollar en un marco seguro sin represión estatal violenta. Tuvo además, desde un primer momento, una clara organicidad política (no necesariamente partidaria) y una votación como horizonte inmediato. En cuanto al horizonte de mediano plazo, la pregunta que dejará planteada el último domingo de marzo es si el Frente Amplio logrará proyectar la movilización social del referéndum contra la LUC, independientemente de su resultado, hacia las presidenciales de 2024.

  1. Encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada en la revista Semana el 10 de febrero de 2022. ↩

  2. OCDE: “¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social”. Junio de 2018. ↩

  3. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, desde los acuerdos de 2016 entre el gobierno y la guerrilla fueron asesinados 904 líderes sociales. ↩

  4. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas: Lecciones aprendidas y observaciones del Paro Nacional 2021. Diciembre de 2021. ↩

  5. Gabriel Puricelli: “Por qué estalló Colombia”. Le Monde diplomatique edición argentina, mayo de 2021. ↩

  6. James A Robinson: “Las protestas son cruciales para impulsar a América Latina”. El País de Madrid, 16 de octubre de 2021. ↩