La izquierda española y la cuestión identitaria

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Las negociaciones políticas que se entablaron tras las elecciones generales españolas del 23 de julio (que no otorgaron a ningún partido la mayoría necesaria para formar gobierno) parecen haber dividido al país en dos bloques. Por un lado, los conservadores y la extrema derecha, respectivamente liderados por el Partido Popular (PP) y Vox¹, ambos caracterizados por la defensa de una concepción centralizadora del poder y una forma de nacionalismo “unitario”: la idea de que España estaría constituida por una nación única e indivisible. Por el otro, un bloque nacido de una alianza entre los partidos que representan a la izquierda en sentido amplio y otra forma de nacionalismo: un nacionalismo “periférico”, proveniente de algunas de las comunidades autónomas del país (Cataluña, el País Vasco, Navarra, etcétera), y según el cual España estaría compuesta de diferentes naciones, distintas a nivel lingüístico y cultural. Así, con la esperanza de formar gobierno, los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la coalición Sumar² se acercaron a formaciones que reivindican la plurinacionalidad española e incluso la secesión. El 19 de agosto, Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos, proclamaba en X (antes Twitter): “Es un error pensar que la agenda social y la agenda plurinacional compiten. Por historia, por compartir el mismo adversario, por acumulación de fuerzas y por razones democráticas, sólo caminan juntas. Y en eso estamos”. ¿Pero el horizonte progresista y el de los nacionalismos de verdad se superponen?

Para algunos, no hay dudas al respecto. En España, tal vez en mayor medida que en otros lugares, la idea de unidad nacional tiene mala prensa en la izquierda. Esto se explica en gran parte por el lastre de la dictadura franquista (1936-1975) que promovía la idea de una “esencia” española católica, conservadora y milenaria: “Queremos un Estado donde la pura tradición y sustancia de aquel pasado ideal español se encuadre en las formas nuevas, vigorosas y heroicas”, proclamaba el dictador Francisco Franco en un discurso pronunciado el 1º de junio de 1936. Así, el rechazo a la idea de unidad nacional equivaldría a oponerse al franquismo y a sus herederos del bloque conservador. Por el contrario, defender la plurinacionalidad y los particularismos locales sería una demostración de fidelidad a la tradición progresista.

¿Pero es realmente necesario resignarse a que el punto de vista franquista de la nación española asimile toda defensa de la unidad territorial a un registro reaccionario? ¿Acaso el razonamiento que conduce a asimilar la idea de España a Franco no equivaldría a aquel que invitaría a asociar la idea de República al dictador chileno Augusto Pinochet, quien se revistió del título “presidente de la República” de 1974 a 1990? De manera simétrica, si bien no hay duda de que la comunidad puede representar una forma de protección contra un gobierno opresor, ¿estamos seguros de que todo proyecto de consolidación identitaria regional sea un vector de progreso social? En 2007 fue la oligarquía boliviana de la región oriental, llamada la Media Luna, la que buscaba hacer secesión de un país del que no aceptaba que estuviera gobernado por un hombre de izquierda y encima indígena: Evo Morales³.

La rosa y la reseda

Según sus partidarios, los puentes recientemente tendidos entre la izquierda y las agrupaciones que reivindican la defensa de identidades nacionales también se justificarían por la urgencia electoral: “Cuando sobre el trigo hiela, tonto quien se queja es”, escribía Louis Aragon en 1943⁴. Sin unión con fuerzas que estén más allá del arco de la izquierda, no existe ninguna posibilidad de ver a los progresistas formar gobierno en España, ya que el PSOE y Sumar sólo disponen de 121 y 31 escaños en el Parlamento, respectivamente, lejos de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría. A priori no se puede vencer la aritmética. Pero sería bueno que el precio a pagar para que una coalición semejante sea viable no sea, precisamente, el de enterrar, en nombre de la identidad, algunas de las políticas por las que la izquierda dice luchar. Comenzando por la igualdad y la justicia social...

Tras el escrutinio de julio de 2023, los socios “en ciernes” del PSOE y de Sumar desplegaron el inventario de las condiciones que ponían para apoyar un eventual gobierno de izquierda. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, indicó, por ejemplo, que aceptaría apoyar la formación de un nuevo gobierno de Pedro Sánchez (en el poder desde 2018) “con la condición” de que el socialista acepte “terminar con el déficit fiscal” catalán⁵: la diferencia entre los impuestos recabados en Cataluña y lo que Madrid le otorga a la región. El Partido Socialista catalán lo está pensando... Ahora bien, ¿qué implicaría para la izquierda aceptar el concepto mismo de “déficit fiscal”? Las retenciones obligatorias, entre cuyas virtudes está la de operar una forma de redistribución, no las pagan los territorios sino los individuos. ¿Acaso la izquierda debería, por razones electorales, unirse al coro de quienes se indignan porque un territorio que concentra un mayor número de contribuyentes adinerados y de empresas contribuye más que otros?

Un poco más al norte, al constatar que las prestaciones sociales no son suficientes, el Partido Nacional Vasco (PNV) no pide la refundación de la Caja de Seguridad Social sino... su traspaso a las autoridades locales. Si el gobierno vasco gestiona la institución, justifica el presidente del PNV Andoni Ortuzar, entonces “los pensionistas de Euskadi van a tener más garantías, mejores pensiones y van a poder vivir mejor”⁶. Y no importa lo que suceda con los demás españoles...

“Permítanme decir con firmeza lo que no debería ser preciso repetir –escribió el historiador británico Eric Hobsbawm en 1996–. El proyecto político de la izquierda es universalista: se dirige a todos los seres humanos. Como quiera que interpretemos las palabras, no se trata de libertad para los accionistas o para los negros, sino para todo el mundo. No se trata de igualdad para los miembros del Club Garrick [un club privado de Londres] o para los discapacitados, sino para cualquiera. No se trata de fraternidad únicamente para los exalumnos del Eton College [la escuela privada de la aristocracia británica] o para los homosexuales, sino para todos los seres humanos. Y, básicamente, la política de la identidad no se dirige a todo el mundo sino sólo a los miembros de un grupo específico”⁷.

Así, la línea divisoria entre los dos bloques mencionados más arriba –de un lado, un “nacionalismo centralista” conservador; del otro, un progresismo plurinacional– se disuelve en una compatibilidad común con las lógicas neoliberales. Ya que si el neoliberalismo requiere estados lo suficientemente fuertes como para poner en marcha su hoja de ruta⁸, se desarrolla a plenitud en su descomposición normativa, territorial y fiscal, incluso cuando esa disgregación conduce a un proceso de fragmentación territorial. Como en el caso boliviano antes mencionado o en el del proceso general de “regionalización” de los territorios europeos que apunta a que las poblaciones compitan entre sí, llevándolas a aceptar reducciones de salarios, retrocesos en la protección social o un sistema fiscal más ventajoso para el sector privado⁹.

Es, de hecho, la lógica que defiende el filósofo de la escuela austríaca Hans-Herman Hoppe: “La mayor esperanza de la libertad se produce justamente en los países pequeños: Mónaco, Andorra, Liechtenstein, e incluso Suiza, Hong Kong, Singapur, Bermuda, etcétera. Quien valora la libertad debería animar y hacer todo por la aparición de decenas de miles de estas pequeñas entidades independientes. ¿Por qué no una Estambul libre e independiente que mantenga relaciones cordiales con el gobierno central de Turquía pero que no tenga que pagar impuestos ni recibir transferencias, y que no reconozca las leyes impuestas por el gobierno central, ya que tiene sus propias?”.

Individualistas y confederados

En un posteo del blog titulado “El síndrome catalán”, publicado el 14 de noviembre de 2017¹⁰, el economista francés Thomas Piketty subrayó que la descentralización fiscal, que se lleva adelante desde 2010, bajo el impulso de las reivindicaciones del “nacionalismo periférico”, ya ha convertido “a España en uno de los países más descentralizados del mundo en el plano fiscal y presupuestario, incluso cuando se la compara con estados federales de mucho mayor tamaño”. Un dispositivo en el que las regiones controlan la capacidad de regulación de los principales impuestos progresivos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, “daña la idea misma de solidaridad en el interior del país y equivale a enfrentar a las regiones entre sí, lo que es particularmente problemático tratándose de una herramienta como el impuesto sobre la renta, que debería permitir reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, más allá de las identidades regionales o profesionales”, continua el economista. Según él, el nacionalismo catalán responde, al menos en parte, a una lógica “que conduce cada vez más a una creciente valoración del ‘sálvese quien pueda’”.

En este punto, la derecha española no se equivoca. Pese a sus declaraciones en defensa de “la unidad” y de la homogeneidad española, se apropia de las posibilidades que ofrece la fragmentación territorial del país para defender los intereses de su base social. En junio de 2021, la gran musa del PP Isabel Díaz Ayuso, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció que se apoyaría en la Constitución española para proponerle a la cámara madrileña una ley de defensa de la autonomía fiscal. La unidad indivisible de España quedó en el olvido. Se trataba de “proteger la independencia de la Comunidad de Madrid en la gestión de los tributos que tiene cedidos”¹¹ en tanto la medida “protegía” asimismo a los contribuyentes locales más afortunados contra un proyecto de gobierno central que buscaba aumentar los impuestos sobre las sucesiones y el patrimonio con el objetivo de amortiguar la crisis vinculada al aumento de los precios de la energía.

Mientras que en mayo de 2023 el jefe de gobierno Pedro Sánchez vio al PNV rechazar una ley sobre la vivienda que buscaba reforzar el derecho de todos a una vivienda digna con el pretexto de que “indudablemente invade competencias exclusivas” de la región vasca¹², helo aquí que ahora propone una “España multinivel”¹³ para satisfacer a sus potenciales socios vascos y catalanes. Un paso más hacia el modelo confederado por el que algunos abogan, comenzando con el lehendakari (jefe del gobierno de la comunidad autónoma vasca) Íñigo Urkullu.

Al contrario de lo que sugiere Errejón, el plurinacionalismo sigue entonces sin ser sinónimo de progreso social. En particular cuando está al servicio de un movimiento centrífugo de debilitamiento del Estado y de puesta en competencia de los territorios. De manera que tal vez exista un peligro, para la izquierda, en conceder que se use el derecho a la diferencia de cada individuo para justificar diferencias en los derechos de que gozan los ciudadanos de un mismo país.

Guillermo del Valle, abogado y director del sitio El Jacobino. Traducción: Micaela Houston.