Aborto en Polonia: de la calle a las urnas

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“Lo esencial de nuestro programa es devolver a las mujeres polacas su dignidad y garantizarles seguridad”, declaraba Donald Tusk en un mitin de campaña en Gliwice (Silesia) el pasado mes de setiembre, en momentos en que el aborto está prácticamente prohibido en el país. Primer ministro desde el 11 de diciembre, Tusk promete introducir el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la duodécima semana y eliminar la cláusula de conciencia para los médicos que trabajan en establecimientos públicos. También primer ministro entre 2007 y 2014, se definía sin embargo en 2013, en el Congreso de Mujeres celebrado en Varsovia, como “un opositor a la liberalización del ‘compromiso’”. El término hace referencia a una de las legislaciones más restrictivas de Europa, adoptada en 1993 para satisfacer a la todopoderosa iglesia católica, y endurecida aún más por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que tomó el control del país a partir de 2015. Mientras tanto, intensas movilizaciones feministas sacudieron el país. ¿Acaso las mujeres ganaron en las urnas lo que no pudieron obtener de inmediato en las calles?

La designación de Donald Tusk ya no ofrecía dudas desde las elecciones legislativas del 15 de octubre. Con un 35 por ciento de los votos, el partido ultraconservador Ley y Justicia quedó a la cabeza en el escrutinio sin lograr cerrarle el paso a una coalición de tres partidos de la oposición: los liberales de la Coalición Cívica (centroderecha), los agrarios y democristianos aliados en torno a la Tercera Vía, y los socialdemócratas de La Izquierda obtuvieron la mayoría de los escaños (248 de 460). Con una participación del 74 por ciento (frente al 61 por ciento de 2019), los colegios electorales atrajeron a un número récord de votantes. El voto femenino pesó de modo especial en el resultado: el 56 por ciento de las electoras depositó en la urna el nombre de uno de los tres partidos de la coalición gubernamental, mientras que sólo el 36 por ciento votó al PiS.

La movilización de las mujeres quebró el “compromiso”, ese cerrojo que había ubicado a Polonia a contracorriente del movimiento de liberalización del derecho al aborto en la mayor parte de los países europeos y que hunde sus raíces profundamente en el pasado. Al igual que en Grecia e Irlanda del Norte, la religión estuvo asociada de forma íntima en Polonia a la preservación de la conciencia nacional durante los períodos en que estas entidades políticas fueron absorbidas por el Imperio otomano dominado por el islam, el Reino Unido anglicano y la Rusia ortodoxa, respectivamente.

Herencia anticomunista

Cuando, en la década de 1980, un movimiento social aspiraba a reformar el sistema de partido único bajo la influencia de Moscú, la fe y las instituciones católicas desempeñaron, como es de esperar, un papel fundamental en su derrocamiento. “Sin Juan Pablo II, el comunismo habría durado mucho tiempo más y su final habría sido sangriento”, afirma Lech Walesa, que firmó con un bolígrafo con la efigie del papa el Acuerdo de Gdansk de 1980, que autorizaba los sindicatos libres, empezando por Solidarność (Solidaridad), dirigido en ese entonces por él mismo. Diez años después de esta primera etapa de liberalización política, los sacerdotes se involucraron en la organización de comités regionales de la oposición, distribuyeron folletos y ayudaron a conseguir financiación y firmas para los candidatos a las primeras elecciones libres de 1989. Algunas prédicas impulsaban de manera abierta el voto al comité cívico Solidarność, surgido del sindicato homónimo, y las jerarquías católicas daban su apoyo al campo de la oposición. Pero este refuerzo decisivo tenía un precio: la iglesia pretendía volver al centro de la vida pública e inscribir su moral en el derecho del nuevo Estado en construcción.

A la cabeza de las prioridades, el cuestionamiento de la IVE. En 1956, el régimen comunista legalizaba el aborto por cuatro motivos: violación, malformación del feto, peligro para la vida de la mujer y “por las condiciones de vida difíciles de la mujer embarazada”. Esta última cláusula, nunca verificada, permitía de facto que todas las mujeres se beneficiaran con una IVE. Durante los dos primeros mandatos parlamentarios poscomunistas (1989-1993), se debatieron en la Dieta (cámara baja) varios proyectos de ley más o menos draconianos, entre ellos uno de expertos del episcopado. Muchos miembros de la oposición anticomunista se involucraron en esta campaña apoyada por el papa. “Era una relación de toma y daca. La iglesia se involucró en la lucha por la democracia para conseguir sus objetivos políticos, y la franja conservadora de Solidarność la ayudó con ganas”, recuerda Wanda Nowicka, diputada del partido La Izquierda y activista feminista.

El 7 de enero de 1993, el Parlamento aprobó una ley que autorizaba la IVE sólo en caso de violación, incesto, peligro para la salud o la vida de la mujer y malformación del feto. Los médicos que practican abortos por fuera de estas tres situaciones y cualquiera que ayude a una mujer a interrumpir su embarazo son castigados con tres años de prisión firme. Pero este “compromiso” no satisfizo ni a los partidarios de la IVE ni a los sectores más conservadores del campo político. El presidente Lech Walesa promulgó la ley en el acto. En 1994 vetaría otra que liberalizaba el derecho al aborto y que había sido aprobada por el Parlamento.

La ley de 1993 fundó la nueva orientación política y religiosa del país, la del “gran compromiso”, un equilibrio general de poderes entre la iglesia y el Estado que va más allá de la mera cuestión del aborto. Este acuerdo se cristaliza de nuevo a principios de la década de 2000, cuando el país cierra sus negociaciones para ingresar a la Unión Europea (UE) y los polacos se preparan para votar en el marco de un referéndum. Aunque el gobierno de centroizquierda elegido en 2001 había hecho campaña a favor del derecho a la IVE, baja las armas ante el peso de la iglesia. “Los obispos amenazaron con movilizar a la población para que votara en contra de la adhesión a la UE si el Ejecutivo seguía liberalizando el acceso al aborto. Para apaciguar al episcopado, el partido mayoritario, el SLD [Alianza de la Izquierda Democrática], abandonó el proyecto”, escribe la antropóloga Joanna Mishtal¹. En 2002, la militante de derechos humanos y ensayista Agnieszka Graff y el colectivo feminista del que forma parte decidieron pasar a la acción y escribieron una carta abierta al Parlamento Europeo, firmada por 100 mujeres, entre ellas las premio nobel Olga Tokarczuk y Wislawa Szymborska, denunciando las relaciones iglesia-Estado. El llamamiento queda en letra muerta.

Estas movilizaciones de intelectuales se enfrentan a un doble aislamiento: sin base social, tampoco tienen relevo político desde que los partidos gobernantes polacos se alinearon con el compromiso de 1993.

Punto de inflexión

Esta configuración tuvo un giro en el otoño boreal de 2016. En octubre de ese año se debatió en la Dieta un proyecto de ley de iniciativa ciudadana procedente de círculos católicos fundamentalistas. Denominado “stop al aborto”, pretendía castigar con cinco años de cárcel a las mujeres que lo practicaran. En respuesta, el bando proelección se movilizó en masa. Las “marchas negras” inundaron las calles: se reunieron 100.000 manifestantes en 143 ciudades de todo el país. Sorprendido por la magnitud de la protesta, el poder dio marcha atrás.

Fue el primer round de una confrontación que opone al gobierno conservador, aliado con la iglesia, con un movimiento feminista de masas. El segundo momento llegó en otoño de 2020, cuando el gobierno encontró en la pandemia la oportunidad de recuperar la ventaja. El 22 de octubre, el Tribunal Constitucional –sometido al PiS desde la reforma de 2015– dictaminó que la IVE en caso de malformación fetal era inconstitucional. El momento no era casual: en ese entonces, las concentraciones estaban prohibidas. A pesar de las restricciones, estalló el mayor movimiento de protesta desde la caída del comunismo². Las mujeres invadieron calles e iglesias para reivindicar su derecho a disponer de su cuerpo, utilizando eslóganes contrarios a Ley y Justicia y anticlericales. “El ambiente durante las manifestaciones era indescriptible. Lo que más me impresionó fue ver cómo mujeres jóvenes entraban en las iglesias y se enfrentaban con los representantes del clero. Para mi generación fue una rebelión necesaria contra un poder fosilizado”, recuerda Aleksandra Wantuch, de 29 años, que participó en la revuelta de 2020.

A pesar de la movilización de más de 430.000 personas, el gobierno mantuvo su posición: la sentencia del Tribunal Constitucional entró en vigor en enero de 2021. “Los manifestantes tenían la sensación de que, a pesar de la amplitud del movimiento, nada había cambiado. Pero, en realidad, sus esfuerzos dieron sus frutos: gracias a su revuelta, un grupo político tan institucionalizado como la Coalición Cívica retoma ahora el tema y propone la liberalización total del acceso al aborto, algo impensable en la Polonia anterior a 2020”, nos explica Katarzyna Wezyk, periodista de Gazeta Wyborcza y autora del libro Aborcja jest (El aborto existe, Ágora, Varsovia, 2021).

La rosca, el cambio y la duda

La decisión del Tribunal Constitucional refleja los estrechos vínculos entre la iglesia y Ley y Justicia, reforzados por las elecciones legislativas de 2015 y 2019. “Los medios de comunicación católicos de Tadeusz Rydzyk apoyaron ampliamente a Ley y Justicia durante estas dos campañas electorales”, recuerda Renata Mienkowska-Norkiene, politóloga de la Universidad de Varsovia. Este sacerdote nacionalista, ferviente detractor del aborto, dispone de serios medios de presión, en particular la Radio Maryja, que él mismo fundó en 1991 y que es muy popular entre los jubilados católicos, el grupo que constituye la mayor parte del electorado de Ley y Justicia. En 2019, justo antes de las elecciones legislativas, se dirigió así a sus oyentes: “En las listas encontrarán diferentes candidatos del PiS. ¡Voten por ellos!”³. Tras la victoria en las elecciones legislativas de 2015, Jaroslaw Kaczynski, jefe del partido, que seguirá ejerciendo su influencia en el gobierno sin presidirlo, afirmaba: “Sin usted, ‘Padre Director’, este triunfo no hubiera sido posible”⁴.

Paradójicamente, la vuelta de tuercas de 2020 amplió el campo de los defensores de una liberalización de la IVE: según un sondeo del Instituto IBSP de julio de 2023, el 56,7 por ciento de las personas encuestadas desea el libre acceso a la IVE hasta la duodécima semana del embarazo⁵, frente a un 23 por ciento en 2016⁶. Semejante resultado también se explica por la pérdida de influencia de la iglesia católica: su aura por su contribución a la caída del comunismo se hace cada vez más pálida con el paso del tiempo, mientras que los escándalos de pedocriminalidad y las revelaciones sobre la pasividad cómplice del arzobispo Karol Wojtyla, el futuro Juan Pablo II, en al menos tres casos, han empañado su reputación.

Estas dinámicas pesaron en la última campaña electoral. El PiS evitó abordar el tema, a riesgo de erosionar su base social. En diciembre de 2020, el 72 por ciento de los votantes de Derecha Unida (una coalición de Ley y Justicia, Solidaridad Polaca y Alianza) se expresaban en favor de un nuevo endurecimiento del “compromiso”. Pero a medida que el baricentro de la sociedad polaca se desplaza, el partido se declara ahora “satisfecho” con la legislación actual.

Tercera en el escrutinio (con casi un 13,5 por ciento), la Tercera Vía es la formación más conservadora de la futura mayoría. Sin precisar los detalles del proceso legislativo, el programa de la alianza pretendía una vuelta inmediata al “compromiso” y luego la organización de un referéndum sobre el acceso al aborto (cuya pregunta no se hizo pública). Por último, la Izquierda persiste en su posición histórica de “proelección”. “El aborto es un acto médico que debería ser accesible a todas las mujeres hasta la duodécima semana de embarazo”, no se cansa de repetir Joanna Scheuring-Wielgus, diputada del partido. A la vanguardia en la lucha contra la discriminación de las personas LGBT y en cuestiones ecológicas, el partido ha perdido casi la mitad de sus escaños y padece ciertamente una dilución de su especificidad respecto de la cuestión del aborto.

Después de haber nombrado a la militante feminista Barbara Nowacka en el Ministerio de Educación, se espera que Tusk intente legislar con rapidez sobre este asunto. Sin embargo, queda la espinosa cuestión del presidente Andrzej Duda (Ley y Justicia), de quien depende la promulgación de todas las leyes polacas (salvo la del presupuesto). Su mandato termina en 2025. ¿Opondrá su veto a las leyes sobre la IVE a riesgo de crear una crisis política?

Malgo Nieziolek, periodista. Traducción: Merlina Massip.