Un país que quizá ya no exista

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Cuando el 15 de abril de 2023 estallan en Jartum intensos combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las de la Fuerza de Apoyo Rápido (FAR), una milicia auxiliar paramilitar, los medios de comunicación sólo ofrecen una explicación: las ambiciones rivales de dos “señores de la guerra”, el general Abdel Fatah al-Burhan y Mohamed Hamdan Daglo, conocido como Hemetti (“mi protector”, en árabe sudanés), respectivamente presidente y vicepresidente del Consejo de Soberanía de Transición, la junta que dirigía el país por entonces.

En realidad, lejos de basarse en las características personales de los líderes, este conflicto hunde sus raíces en la larga historia de la subregión y en la interminable crisis económica y social que asola Sudán. Es la razón por la cual los combates se multiplicaron por diez en número y violencia, alimentados por la importación masiva de armas, sobre todo de Emiratos Árabes Unidos para las FAR y de Egipto para las FAS. Hoy se cuentan seis millones de personas desplazadas a nivel interno o refugiadas en Egipto y Chad; el “gobierno”, exiliado en Puerto Sudán, perdió el control de la mitad del territorio.

Los intentos de conciliación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana fracasaron. Bajo el impulso de Estados Unidos y Arabia Saudita, las conversaciones de Jeddah, iniciadas en mayo de 2023, sólo condujeron a un alto el fuego que fue violado de inmediato, y se concentran ahora en encaminar la ayuda humanitaria, abandonando el terreno político y el militar. Tras la caída de las capitales regionales de Nyala, El Gueneïna y Zalingeï, continúan combates intensos en El-Facher. Que el ejército mantenga el control o que las FAR ocupen de modo eventual la ciudad (donde viven cerca de un millón de habitantes y al menos 300.000 refugiados) marcaría un punto de inflexión en la guerra. Las masacres de Masalit en El Gueneïna se reanudaron tras la evacuación de las FAS a mediados de noviembre de 2023 (alrededor de 1.300 muertos) y los supervivientes huyeron a Chad.

Orígenes

Esta crisis sangrienta viene de lejos. Una aplastante mayoría de los estados africanos son productos artificiales de la división colonial¹, con excepción de Etiopía, que nunca fue colonizada a pesar de una breve ocupación italiana de 1936 a 1941, y de Sudán, que nació de la conquista en 1821 de un sector de Beled As-Sudan, en árabe el “país de los negros”, por parte del Egipto khedivial, segmento semiautónomo del Imperio otomano. La expedición del pachá Mehemet Ali apuntaba entonces a obtener oro y soldados esclavos negros. El territorio así conquistado se dividió, de forma burda, entre una especie de colonia “a la turca”² —es decir, mal organizada y depredadora— y zonas periféricas concebidas como espacios de saqueo institucional semicontrolados, como muchos que había en la región. Darfur, un sultanato independiente, recién fue ocupado por los ingleses en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. En el resto del continente, la colonización reunió espacios dispares obligados a funcionar juntos a pesar de los numerosos fenómenos irredentistas en las fronteras. Sudán siguió siendo un collage y el Sur se escindió en 2011 después de una sangrienta guerra civil que habría causado entre 500.000 y un millón de muertos entre 1955 y 2002. Darfur, abandonada por completo por Jartum, siguió siendo una colonia dentro de otra colonia.

Esta es la causa fundamental de los enfrentamientos que desgarran a Sudán. En 2013, la secesión impuesta del sur del país y el auge de los movimientos guerrilleros en el seno mismo de las poblaciones musulmanas del norte minan la autoridad del presidente, Omar al-Bashir, en el poder desde el golpe de Estado del 30 de junio de 1989. Debilitado por la corrupción y cada vez más impopular, el régimen islamista no pende sino de un hilo gracias al distante apoyo de Irán y al vago respaldo saudita. Acorralado, perseguido por la justicia internacional desde 2010 por las masacres de Darfur³, Al-Bashir procede entonces a una especie de racionalización organizativa de un fenómeno de guerra civil extraoficial. Como medida de emergencia, toma una decisión de graves consecuencias: institucionalizar la milicia janjawid, reclutada entre los “árabes” rizzayqat. En Sudán, el término “árabe” tiene un significado más cultural que étnico. Así, si una familia no tiene “rottana” (dialecto tribal) y habla árabe en casa, es “árabe”. Los rizzayqat habían constituido una fuerza militar al servicio del poder “árabe fundamentalista”, aunque no eran ni lo uno ni lo otro. De hecho, se trataba de una tropa colonial (interna) al servicio de la hegemonía territorial de Jartum sobre todo el país. Después, el régimen envió a los janjawid a luchar en Yemen a cuenta de los saudíes —que pagaban a los combatientes jugosos salarios— y luego los lanzó a la represión de las guerrillas del norte del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (MLPS-Norte), primero en Darfur y luego en todo Sudán.

Complejas alianzas

Al-Bashir fue derrocado el 11 de abril de 2019 por un golpe de Estado organizado, en conjunto, por las FAS y las FAR con el apoyo masivo de una población ansiosa de libertad. Antes, esta población había protagonizado una serie de manifestaciones pacíficas que enfrentaron una brutal represión, causante de la muerte de varios centenares de personas. Pero los golpistas sólo eran aliados circunstanciales. Las FAS constituyen una fuerza esencialmente “árabe” procedente de la población del valle del Nilo (Awlad El-Bahar), mientras que las FAR son “árabes rizzayqat”, unos en la órbita de los dominantes, otros en la de los dominados. El jefe de las FAR, Hemetti, es visto como un “árabe” en Darfur, pero como un “súbdito colonial” en Jartum. Esta situación es común a todos los imperios: los antiguos “bárbaros” colonizados se rebelan contra el poder. Desde el día siguiente al golpe de Estado, eran perceptibles las tensiones entre los dos componentes que intentaban recuperar el movimiento democrático, pretendiendo cada uno encarnar una legitimidad popular antidictatorial, pero sin conseguirlo.

Las FAS y las FAR coexisten hasta ejecutar, unidas, un nuevo golpe de Estado el 25 de octubre de 2021, destinado a reforzar su control político y poner fin a las protestas callejeras. Copresidiendo un gobierno denominado Consejo Soberano, eliminan entonces las autoridades civiles de transición y llevan a cabo detenciones masivas de actores importantes del movimiento democrático que había contribuido al derrocamiento de Al-Bashir. Todas las investigaciones iniciadas sobre los crímenes de la dictadura militar-islamista fueron enterradas y los funcionarios del régimen depuesto quedaron en libertad. Los cogolpistas prometen elecciones para julio de 2023. Pero se disuelven los sindicatos y las asociaciones profesionales, y se destituye a seis embajadores sudaneses en el extranjero. El primer ministro de transición, Abdallah Hamdok, se ve obligado a exiliarse. En enero de 2022, Washington había enviado, de forma simbólica, a Molly Phee, subsecretaria de Estado de Relaciones Exteriores, a intercambiar palabras superficiales con los golpistas, avalando así el golpe. Sin embargo, 64 manifestantes desarmados habían sido asesinados desde el 21 de octubre y un sexagesimoquinto fue ultimado durante la visita de la delegación estadounidense. Otros tres manifestantes perdieron la vida al día siguiente. El 24 de febrero de 2022, Hemetti, preocupado por las posibles consecuencias de la invasión de Ucrania sobre las ventas de oro sudanés a Rusia, viaja a Moscú, de donde, al parecer, regresa tranquilizado. En realidad, las entregas son organizadas, de facto, por una oficina del servicio secreto del ejército (GRU), que las dirige de manera directa al presidente ruso Vladimir Putin para su uso discrecional.

En Darfur, los enfrentamientos entre los milicianos de las FAR y el ejército se multiplican, mientras que los primeros —los árabes rizzeyqat— se entregan a masacres de tipo genocida contra las poblaciones africanas, en particular, los masalit de la región de El Gueneïna⁴. El 3 de marzo de 2022, Sudán se abstiene en la votación de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba la invasión de Ucrania.

Los vínculos del régimen con Moscú no impiden que Estados Unidos reanude su ayuda económica a Sudán el 9 de mayo de 2022, “para ayudarlo a volver al camino de la democracia”. Washington cree que la crisis podría superarse, siempre que se disponga de los recursos necesarios. Ese mismo día, el Partido Ummah, única fuerza de oposición duradera junto con el Partido Comunista, que había sido marginado por Al-Bashir, intenta volver al juego político y afirma que “el régimen político actual es totalmente responsable del bloqueo del proceso democrático”. El 21 de octubre de 2022, el Consejo de Seguridad de la ONU “recomienda moderación” a todas las partes. Poco después, los islamistas del antiguo Partido del Congreso, prohibido desde el derrocamiento de Al-Bashir pero cuyos miembros siguen activos, organizan una manifestación pidiendo la expulsión de los representantes de Naciones Unidas, sin éxito.

Los intentos de diálogo interno fracasan uno tras otro. En junio de 2020, el Consejo de Seguridad de la ONU había creado la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (Unamis) para acompañar la transición del régimen de Al-Bashir hacia la democracia. Esta misión se mantuvo a pesar del golpe de Estado del 25 de octubre de 2021. Pero su credibilidad quedó definitivamente debilitada. El 3 de junio de 2022, tras la Unión Africana, la Coordinación de Fuerzas Democráticas (FFC), un movimiento civil de oposición, decide no participar más en las discusiones apadrinadas también por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), calificándolas de “deshonestas”. Eso no impide que el máximo órgano de la ONU prorrogara la Unamis, que las FFC consideraban “falsa”. En junio de 2022 las masacres de gimr negros a manos de árabes rizzeyqat en Darfur dejaron unos 200 muertos.

En diciembre de 2022, por primera vez, aparece de forma pública un desacuerdo entre los dos grupos golpistas cuando Hemetti declara que el golpe del 25 de octubre de 2021 “había sido un error”, mientras que el general Bourhane mantiene lo contrario. El 12 de diciembre de 2022 Moscú se declara “equidistante de todas las tendencias políticas de Sudán”, mientras que la oposición beja, un grupo étnico del este que no es ni “árabe” ni “africano”, se queja de manera abierta de la extracción ilegal de oro por parte de las FAR en esa zona del país. Incapaces de obtener reacción alguna de un “gobierno” cuya realidad se volvía cada vez más hipotética, los beja cortan entonces la ruta de Puerto Sudán, vital para el tráfico marítimo (febrero de 2023). En el otro extremo del país se inicia una carrera de enrolamiento entre las poblaciones rizzeyqat de Darfur, en la que las FAS reclutaban entre los clanes opuestos al clan Hemetti, como un intento de oponerse a su rival. El 16 de noviembre de 2023, el propio representante de Sudán ante la ONU anunció el fin de la Unamis, rechazando la propuesta del secretario general António Guterres de llevar a cabo una evaluación estratégica de la situación.

Oro y etnopolítica

Durante años, las FAS y las FAR colaboraron con rispideces para repartirse la torta cada vez más reducida de una economía sudanesa convertida en una monoproducción de oro. Este mineral, antes limitado y secundario, se convirtió en el principal recurso y valor de exportación del país en la década de 2010, con una producción de 18.627 kilos en 2022. Esta cifra, que convierte a Sudán en el tercer productor africano, probablemente esté subestimada. Varias de las principales minas están controladas por las FAR, que exportan de forma clandestina, sobre todo a Rusia; por otra parte, el estado ruinoso del sistema estadístico local y el nivel de corrupción hacen que las cifras sean sumamente arbitrarias. Pero la importancia relativa de este sector parece real, y esta monoexportación de oro tiene consecuencias socioeconómicas catastróficas.

El despilfarro y la concentración de las ganancias, que comenzaron durante el breve boom del petróleo (1999-2011), se agravaron en 2013 cuando Sudán del Sur, donde se encuentran los principales pozos, se independizó. A diferencia del petróleo, el oro permite una explotación semiartesanal y el comercio clandestino. En un contexto de seguridad incierta, lo esencial de la riqueza escapa cada vez más del Estado para pasar a manos de los militares.

Poco a poco, cada fuerza etnopolítica tuvo que elegir bando: las FAS o las FAR. En enero de 2021 tuvo lugar la primera batalla abierta entre ambas en la región de El-Gueneïna, en Darfur Occidental, poblada en lo principal por masalit, una población negra históricamente hostil a los árabes (como a los británicos durante la época colonial). Hubo que lamentar más de 200 personas muertas y otras tantas heridas. La situación llegó al clímax de su complejidad cuando el general Al-Burhan, aunque él mismo no era fundamentalista, comenzó a consentir a los funcionarios islamistas que habían permanecido en puestos importantes desde la presidencia de Al-Bashir, e incluso a hacer que liberaran a algunos de ellos. Parece que sus orígenes personales burgueses lo inclinan a preferir a los extremistas surgidos de buenas familias antes que a los manifestantes, representantes de la gharraba (“escoria occidental”, en lenguaje popular).

En el bando de Hemetti es al revés, se forja hostilidad hacia los kozan, término despectivo para designar a los enemigos islamistas. No cabe duda de que el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021 puso fin a la revolución democrática, pero sobre bases diferentes para cada uno de los golpistas. Para el ejército regular y su jefe, el general Al-Burhan, se trata de una cuestión social tanto como política: gran parte de la masa popular y de las clases medias ve en la Revolución de Abril de 2019 y la eliminación de los islamistas un medio de hacer avanzar a Sudán hacia una mayor justicia social y económica, una “social-democratización” del país.

Para Hemetti y sus famélicos esbirros occidentales, marginados por los jerarcas del valle del Nilo, es necesario organizarse para romper el monopolio del poder ejercido por cierta aristocracia árabe desde tiempos de la conquista otomana, perpetuado después por los británicos y encarnado por una burguesía militarizada desde la independencia. Para Hemetti, los islamistas son el principal enemigo porque estos burgueses árabes colonizan el poder desde el golpe de Estado que llevó a Al-Bashir a la cabeza del país en 1989. Él los sirvió tanto en Darfur como en Yemen, convirtiéndose en su secuaz a sueldo, no en su igual. Burlado por su acento, se encontró atrapado en una posición difícil y ambigua. Despreciado como un gharraba provinciano en Jartum, era, por el contrario, el “árabe” en Darfur, la mano de hierro de los jartumíes para someter violentamente a las tribus no árabes. Enérgico, inteligente y sin escrúpulos, consiguió escapar a esta esquizofrenia social convirtiéndose en “el rey del oro”, un oro explotado al margen de la ley o incluso a veces en una violación total del derecho. El mercenario ha conquistado su autonomía, temido por unos por su violencia, admirado por otros por su falta de respeto a las jerarquías. Desde principios del invierno boreal de 2023-2024, intenta legitimarse multiplicando los encuentros con los principales jefes de Estado de África Oriental, en particular Yoweri Museveni (Uganda) y Abiy Ahmed (Etiopía). Así es como se construyó el enfrentamiento entre dos mundos que no tienen nada en común, salvo el Kalashnikov AK-47. La mayoría de las masas populares, que vio el aumento de la tensión, no tiene armas propias. Está arrojada a la lucha de los jefes casi sin medios para defenderse.

Más difícil todavía

Durante el turbulento período que sigue al golpe de Estado del 25 de octubre de 2021 se impone una dicotomía entre las FAS “oficiales” y las FAR “no oficiales”. Es cierto que su objetivo era el mismo: conservar lo que quedaba del “poder” en un Estado cuya desintegración se había hecho palpable, incluso para las clases urbanas y acomodadas. El colapso de la economía tradicional —productos agrícolas de Gezira, goma arábiga de Kordofán y Darfur, exportación de ganado mayor y menor a Arabia Saudita— hunde al país en una crisis social profunda. La inflación alcanza niveles récord, superando la marca histórica de la inflación alemana de 1920: 81,6 por ciento en marzo de 2020; 143,78 por ciento en junio de 2020; 204,33 por ciento en enero de 2021 y 422,78 por ciento en junio de 2022. La deuda externa, superior a 60.000 millones de euros, fue condonada de modo parcial por el Banco Mundial y la Unión Europea entre 2020 y 2022, sin que esto detuviera en lo más mínimo el colapso económico.

A estas luchas de poder se agrega el papel de Emiratos Árabes Unidos, que paradójicamente se convirtieron en un vector local de la influencia rusa y su enfrentamiento con Egipto, que representa los intereses estadounidenses. En el “mundo de ayer”, donde las relaciones eran relativamente estables, Emiratos era considerado una herramienta de Washington en Medio Oriente. Su giro hacia una posición más independiente comenzó a principios de la década de 2000, y su brazo armado (en términos financieros) fue la empresa DP World, creada en 1999 en Dubái. Obtuvo primero contratos de obras y gestión portuaria en Berbera (Somalilandia) y Bossasso (Puntlandia), seguidos de avanzadas hacia el litoral atlántico con puertos en Senegal, Angola y la República Democrática del Congo. Durante esta progresión tentacular en el mundo del transporte marítimo de mercancías, se libraba una vasta batalla legal en torno a la gestión de la rada de Yibuti por parte de DP World. El 26 de octubre de 2023, un acuerdo de 250 millones de dólares hizo que el puerto de Dar-es-Salaam pasara a manos de Emiratos.

Estas negociaciones afectan a Sudán a través de la ampliación gradual de los contactos militares entre Abu Dabi y el Kremlin. Los planes de Moscú de establecer una base militar en Puerto Sudán se remontan al periodo de Al-Bashir.

Entre febrero y abril de 2021, aprovechando la creciente anarquía en Jartum, barcos rusos empezaron a descargar material militar en Flamingo, la teórica base de la inexistente marina sudanesa. Avistados por marinos estadounidenses, fueron denunciados y el 29 de abril de 2021 Al-Burhan ordenó a los rusos que desalojaran las instalaciones. Esto no escapó a la atención de Emiratos, que también codiciaba la gestión de Puerto Sudán. Cuando la guerra civil se generalizó en abril de 2023, Abu Dabi decidió implicarse más colaborando con el Grupo Wagner [mercenarios rusos]. A través de sus filiales en la República Centroafricana, la milicia entregó armas (pagadas por Abu Dabi) a las FAR, dentro de una cierta confusión en el marco de las divisiones entre los clanes rizzeyqat. Algunos convoyes fueron atacados entre Bangui y Darfur y su contenido vendido al mejor postor, a veces difícil de identificar por los agentes emiratíes. Desde entonces, las cosas se complicaron aún más con la muerte de Yevgeny Prigozhin [líder de Wagner que desafió al Kremlin en junio de 2023 y murió en un polémico accidente aéreo dos meses después]. Como Putin inició la reorganización de sus milicias en África, dos grupos rusos compiten ahora por abastecer a las FAR; la creación del África Corps, anunciada por el Kremlin en diciembre de 2023, podría unificar su acción. Emiratos resuelve estas incertidumbres financieras y logísticas recurriendo a la ayuda del mariscal libio Jalifa Haftar. Negociando de forma directa con Moscú, Haftar puso a disposición de los rusos (y de sus prestamistas emiratíes) un sistema de transporte aéreo desde Bengasi hasta el noroeste de Darfur, donde se construyeron aeropuertos provisorios. También organiza lanzamientos de paracaidistas. En cuanto a las FAS, con base en Puerto Sudán (la devastada Jartum fue evacuada), son abastecidas desde el mar por los egipcios, cuyas fuerzas aéreas apoyan a las FAS, como ilustra el bombardeo del puente de Shambat en la propia Jartum. La “comunidad internacional” no parece preocupada por las enormes cantidades de municiones utilizadas por los beligerantes. No se decretó ningún embargo.

Sudán parece hundirse en el caos de manera inexorable. Las ayudas económicas, en particular los 1.400 millones de dólares desembolsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio de 2021, no tuvieron ningún efecto económico ni social. El casi genocidio de las poblaciones africanas de Darfur (miles de muertos sin contabilizar) ya no encaja en ninguna lógica política. En Omdurman, la mayor ciudad del país después de Jartum, a orillas del Nilo, el 21 de julio de 2021 murieron sudaneses del sur por haberse opuesto a los robos y violaciones cometidos por el ejército regular; en setiembre de 2022, una masacre de emigrantes hausa, perpetrada por hombres armados no identificados, dejó 24 muertos y 44 heridos. Antes de que cerraran casi todas las farmacias, el precio de los medicamentos especializados había subido un 600 por ciento.

Se impone una pregunta: ¿sigue existiendo Sudán como Estado? Por supuesto; en Jeddah (Arabia Saudita), donde se celebran conversaciones fantasmales desde mayo de 2023, la gente sigue fingiendo creer que sí porque, en el actual desorden internacional, la muerte diplomática de Sudán anunciaría un caos regional peor que el desatado por el colapso de Somalia en la década de 1990. Al seguir reconociendo como “gobierno” somalí a una “estructura” en Mogadiscio cuya autoridad apenas se extiende más allá de Benadir, la ONU demuestra una negación que no augura nada bueno en caso de un colapso de Jartum. El Cuerno de África, una región en la que la colonización nunca fue profunda, está sumido en el caos, con la frágil Etiopía, desgarrada por tensiones internas⁵ y en problemas con sus vecinos —Egipto, que desaprueba la represa del Renacimiento, y Somalia, que impugna el acuerdo alcanzado con Somalilandia para un acceso al mar el 1° de enero de 2024—, como el más sólido de los países de la región.

Gérard Prunier, consultor independiente. Traductora: Merlina Massip.