Aislar la solidaridad con Palestina

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Desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Gaza, en octubre del año pasado, se abrió un abismo entre la clase política y la opinión pública británicas. El gobierno conservador de Rishi Sunak y la oposición laborista de Keir Starmer apoyaron sin reservas la guerra que lleva adelante Benjamin Netanyahu en nombre del derecho de Israel a defenderse.

Sin embargo, la población británica rechaza la idea de que Israel debería bombardear el lugar hasta eliminar a Hamas. En noviembre de 2023, el 59 por ciento de las personas encuestadas por YouGov quería que Israel pusiera fin a su campaña militar, mientras que sólo el 19 por ciento se declaraba a favor de continuarla. En febrero, el 66 por ciento de los encuestados apoyaba un alto el fuego y sólo el 13 por ciento la guerra contra los palestinos. Hoy la opinión pública pide que se detenga la venta de armas a los israelíes en una mayoría de 56 por ciento, contra un 17 que quiere que continúe¹.

A finales de marzo, la presidenta conservadora de la Comisión de Relaciones Exteriores de Westminster reveló la existencia de un memorándum del departamento jurídico del gobierno británico que afirmaba que Israel violaba el derecho internacional humanitario. Como esa conclusión exigía que Londres dejara de vender armas a Tel Aviv, el Ejecutivo se negó a hacer público el documento. Pero el 2 de abril, los impactos de los misiles israelíes mataron a tres empleados británicos de la organización benéfica World Central Kitchen, junto con otros cuatro colegas, cuando desarrollaban tareas de ayuda humanitaria en Gaza. Al día siguiente, más de 600 juristas y académicos –entre ellos tres jueces jubilados de la Corte Suprema británica– denunciaron la ilegalidad de las ventas al ejército israelí².

Camino al autoritarismo

Hace ya seis meses que la solidaridad con el pueblo palestino da lugar a manifestaciones que se cuentan entre las más masivas de la historia moderna. Semana tras semana y mes tras mes, las calles de Londres y de otras ciudades británicas se llenan de manifestantes que piden el cese del fuego. La más importante hasta el día de la fecha reunió a casi un millón de personas. En respuesta, el gobierno de Sunak condenó a los manifestantes y buscó la manera de criminalizarlos.

En noviembre de 2023, la ministra del Interior, Suella Braverman, pidió a la Policía Metropolitana de Londres que prohibiera la gran manifestación que se preparaba. Como los agentes de policía de la MET respondieron que no había fundamento legal alguno para tomar semejante decisión, Braverman alegó que los manifestantes pretendían profanar un memorial de la Gran Guerra. Su objetivo era incitar a los activistas de extrema derecha a que atacaran la marcha principal, lo que le daría un pretexto para prohibir futuras concentraciones. Pero en vez de eso, los hombres que respondieron a la llamada de la ministra agredieron a las fuerzas del orden e hirieron a varios policías, en algunos casos de gravedad.

Tras semejante fiasco, Sunak tuvo que exigir la renuncia de Braverman, pero su gobierno y la prensa de derecha continuaron sus ataques contra las manifestaciones en favor del cese del fuego, calificadas como “marchas del odio”. Siempre desde su punto de vista, el eslogan “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre” es antisemita, pese a todas las voces que señalan que no expresa la más mínima hostilidad hacia los judíos.

Cuando todavía era ministra del Interior, Braverman había recomendado a la Policía que interpretara esta consigna como “la expresión de un deseo violento de ver a Israel borrado del mapa”, y que castigara su uso en nombre del respeto del orden público³. En un caso, al menos, la Policía siguió las instrucciones de la ministra: en Manchester una joven de origen palestino fue arrestada por injurias de carácter racista por haberla utilizado⁴.

Así, los partidarios de Israel reivindican el derecho de discernir el verdadero sentido del eslogan “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”: entienden en él, con total seguridad, un llamado a masacrar o a expulsar a la población judía de Israel desde el momento en que no expresa qué sucederá con ella una vez que Palestina sea liberada. A los palestinos y sus aliados, que insisten con que se trata de un llamado a la igualdad y no a la limpieza étnica, se les niega de forma constante el acceso a los medios británicos. En lo restante, los defensores de Israel invocan sin descanso “el derecho de Israel a defenderse” y su “derecho a existir”. Ahora bien, la primera formulación no precisa qué métodos puede usar de manera legítima el Estado en nombre de la autodefensa; el segundo ignora la cuestión de la existencia de un Estado palestino ubicado al lado de Israel. Los palestinos perciben estas expresiones, por cierto, como amenazas y agresiones, al menos tal como las usan como regla general los principales defensores de la guerra de Israel contra Gaza.

En un discurso pronunciado en el 10 de Downing Street [sede del Ejecutivo británico] a principios de marzo, Sunak logró que la campaña gubernamental contra el movimiento de solidaridad con Palestina franqueara un umbral más. Afirmó que las protestas en favor de un cese del fuego habían provocado “un aumento escandaloso de los disturbios y los actos criminales extremistas”, lo cual se traducía, en especial, en “intimidaciones, amenazas y la preparación de acciones violentas”. La realidad es que la protesta, que fue especialmente pacífica y disciplinada, se saldó con menos arrestos que un festival de música o un evento deportivo de la misma magnitud⁵. El discurso del primer ministro se basaba, en esencia, en las afirmaciones tan incendiarias como irresponsables de algunos periodistas que sostenían, sin prueba alguna, que Londres tendería a convertirse a la larga en una zona prohibida para los judíos⁶.

Dos académicos británicos fueron condenados por difamación por la secretaria de Estado de Ciencia, Investigación e Innovación, Michelle Donelan, que los calificó como apoyos de Hamas⁷. A los arzobispos de Canterbury y York les pareció correcto expresar su preocupación por un enfoque que “apuntaría de modo desproporcionado a los musulmanes”, después de que el gobierno confiara al secretario de Estado de Comunidades, Michael Gove, la tarea de elaborar una nueva definición de extremismo: mascarón de proa de la derecha neoconservadora, Gove afirma, en efecto, y desde hace largo tiempo, que los musulmanes británicos representan una amenaza para la democracia liberal. Por iniciativa suya, las autoridades considerarán de ahora en más extremista cualquier pretensión de socavar las instituciones o los valores británicos⁸.

Los ataques contra el movimiento de solidaridad con Palestina se alimentan también de las declaraciones de personalidades gubernamentales investidas con títulos orwellianos como John Woodcock: el “asesor independiente en materia de violencia política y disturbios” propuso recientemente que los principales partidos aceptaran una “‘tolerancia cero’ respecto de los grupos que amenacen la democracia”, por ejemplo, Palestine Solidarity Campaign (PSC)⁹. “Si las opiniones ‘extremistas’ son ilegales”, manifestaba con preocupación la diputada tory Miriam Cates en la red X el 4 de marzo, “entonces quien defina qué es ‘extremismo’ tendrá el poder de restringir la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Es el camino hacia el autoritarismo”.

El laborismo contra sus votantes

Woodcock es un antiguo diputado laborista que se unió al Partido Conservador en 2019. Pero muchos diputados de su antiguo bando comparten su hostilidad hacia las manifestaciones contra la guerra en Gaza, empezando por el líder del partido, Keir Starmer. En el inicio de la ofensiva israelí, Starmer dijo estar convencido de que Israel tenía derecho a cortar el agua y la electricidad a los civiles de Gaza, una acción que constituye un crimen de guerra. Ante la indignación, Starmer tuvo que retirar sus declaraciones, alegando contra todas las evidencias que había entendido mal la pregunta¹⁰.

También suspendió a dos parlamentarios. A Andy McDonald, por declarar en una manifestación en Londres: “No pararemos hasta que se haga justicia. Hasta que el conjunto de la población tanto israelí como palestina, desde el río hasta el mar, pueda vivir en paz y libertad”. Y a Kate Osamor por calificar la guerra en Gaza de genocidio, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia ya hubiera dictaminado que la denuncia de Sudáfrica contra Israel era admisible. McDonald se reincorporó a su grupo parlamentario tras la derrota sufrida por el Partido Laborista a finales de febrero, en ocasión de unas elecciones parciales clave en Rochdale, en el Gran Manchester. El ganador, George Galloway, exdiputado laborista convertido en un “electrón libre”, hizo de ese escrutinio un referéndum contra el apoyo de Keir Starmer a Israel.

La victoria de Galloway se produjo tras una violenta controversia. Unos días antes de su elección, el Partido Nacional Escocés (SNP) había presentado una moción en la Cámara de los Comunes a favor de un cese del fuego. Los laboristas querían suprimir las referencias al “castigo colectivo del pueblo palestino” y a la “masacre de civiles inocentes”. También querían sustituir el claro llamamiento al cese del fuego por ambigüedades que hubieran dado a Benjamin Netanyahu un margen de maniobra suficiente para proseguir su guerra. Según la formulación que proponían los laboristas, “los israelíes tienen derecho a tener la garantía de que no se repetirán los horrores del 7 de octubre de 2023”. Pero no se consideraba para nada el derecho de los palestinos a obtener la garantía de que los horrores padecidos después de ese 7 de octubre (y desde bastante antes también) no se repetirían.

Como Starmer no quería que sus diputados votaran en contra de la moción del SNP, pero tampoco que se abstuvieran, impuso al presidente de la cámara, Lindsay Hoyle, hacer la votación de las enmiendas laboristas antes de votar la moción. Esta flagrante violación de las reglas procedimentales parlamentarias le permitió impedir que el tercer partido en dimensiones de la cámara defendiera una posición que reflejaba la opinión mayoritaria del país. Al parecer, algunas eminencias del partido amenazaron a Hoyle con destituirlo de sus funciones en las próximas elecciones generales, previstas para finales de año, si se negaba a acceder a sus demandas¹¹.

La negativa de los laboristas a pedir con claridad un cese del fuego es totalmente contraria a las opiniones de sus propios partidarios. En febrero, según YouGov, el 83 por ciento de los votantes de los laboristas en las anteriores elecciones generales querían, en efecto, que Israel pusiera fin a su campaña militar. Sólo el tres por ciento estaba a favor de que continuaran las operaciones. El obstinado apoyo de Starmer a la guerra de Benjamin Netanyahu se debe a su negativa a distinguir la lucha contra el antisemitismo del apoyo a Tel Aviv, porque la asociación entre la defensa de los derechos palestinos y la hostilidad hacia los judíos le sirve para marginar a la izquierda de su partido desde que asumió su conducción en 2020. Pero esta arma de lucha interna se está convirtiendo en un problema político nodal con la perspectiva de las elecciones generales.

Aunque desde hace seis meses se abate una violencia ininterrumpida, salpicada de atroces crímenes de guerra, sobre los civiles palestinos, los dos principales partidos británicos siguen inquebrantables en su defensa de Israel. Y aunque figuras políticas tan importantes como el conservador Nicholas Soames, miembro de la Cámara de los Lores, y el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, pidan ahora el cese de la venta de armas, Sunak y Starmer siguen afirmando todavía hoy que Reino Unido debe continuar apoyando el esfuerzo bélico israelí. Incluso si esta posición cambia en las semanas venideras, ambos habrán causado daños irreparables a su reputación y a la credibilidad diplomática de su país.

Daniel Finn, periodista. Traducción: Merlina Massip.