La justicia internacional en el caldero de Gaza

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La exposición de la doble moral de las potencias occidentales, en crisis como la de Gaza, pauta la importancia de las recientes actuaciones de la Corte Penal Internacional (CPI). Pese a sus cuidados jurídicos y a los antecedentes del fiscal actuante, que no había perseguido los crímenes de Estados Unidos en Afganistán, el organismo fijó con claridad la acusación contra Israel de posible genocidio y dictó órdenes contra sus responsables, al igual que contra los líderes de Hamas. Los alineamientos de países del Sur global también sugieren un cambio en el tablero.

“‘Este tribunal está hecho para África y para matones como [el presidente ruso Vladimir] Putin’, vino a decirme de manera violenta un funcionario estadounidense”, afirmó el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) (CNN, 20 de mayo de 2024). Karim Khan acababa de pedir que se dictaran órdenes de detención contra tres líderes de Hamas –Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (conocido como Deif) e Ismail Haniyeh–, así como contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Sin precedentes contra funcionarios de un país democrático, la petición ha sido calificada como “indignante” por el presidente estadounidense Joseph Biden, mientras que varios legisladores republicanos de ese mismo país han amenazado al fiscal con represalias. Netanyahu, por su parte, la rechazó de plano, reafirmando que nada detendría a Israel en sus operaciones de “legítima defensa”.

Inspirada en el Tribunal de Núremberg –y en su homólogo de Tokio–, ambos sobre crímenes de la Segunda Guerra Mundial, la CPI procesa a individuos, de forma independiente de su estatus diplomático o político, mientras que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) juzga a los Estados. La guerra desatada en Gaza tras las masacres del 7 de octubre de 2023 es objeto de dos procedimientos concomitantes pero distintos ante los dos tribunales con sede en La Haya. El caso ya ha sido remitido a la CIJ por Sudáfrica sobre la base de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948¹, y la CIJ ya ha dictado tres órdenes de medidas cautelares contra Israel. El peso de la historia, la calidad de los acusados (un Estado –o sus dirigentes–, producto a su vez de un genocidio), el número de víctimas civiles y la magnitud de la destrucción infligida a Gaza están provocando fuertes tensiones internacionales, amplios movimientos populares de protesta y acaloradas disputas políticas en muchos países. De estos hechos sin precedentes pueden extraerse tres importantes lecciones.

En el centro de la geopolítica

En primer lugar, aunque la justicia internacional ya ha estado en candelero, es la primera vez que se coloca en el centro de la arena geopolítica. Sin precedentes, el 26 de enero, la lectura del primer auto de la CIJ se transmitió en directo por televisión y se retransmitió en pantallas gigantes instaladas frente a la sede de la Corte. Confirmando la atención mediática y el interés público, la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, que acaba de jubilarse, concedió una larga entrevista a la British Broadcasting Corporation (BBC) el 27 de abril para aclarar ciertos aspectos de la sentencia. El fiscal Khan habló con la CNN el 20 de mayo para explicar las razones de su iniciativa y denunciar las amenazas que recibe.

Esta situación inaudita se debe a la negligencia de los diplomáticos y los organismos políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en primer lugar el Consejo de Seguridad, incapaces de detener los combates y encontrar una salida al conflicto. En cambio, todas las agencias técnicas de la ONU están activas sobre el terreno, prestando toda la ayuda y atención que pueden a la población: la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras. El secretario general Antonio Guterres, que suele ser más reservado, está aumentando su número de alertas y viajes. “Tratar de gestionar múltiples conflictos a través de la ayuda humanitaria, en lugar de mediante la búsqueda de soluciones políticas, no durará mucho tiempo”, advirtió el 7 de junio en la red X el director de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths.

Espectacular y ultrajante, invocar las cláusulas de la Convención de 1948 sigue siendo a veces el único medio para arrastrar a los Estados ante la justicia internacional. Algunos, como Israel, no reconocen a la CIJ, pero forman parte de los 153 países que han ratificado la Convención, cuyo artículo noveno prevé el sometimiento a la Corte de cualquier litigio relacionado con ella: mientras que Ucrania ha utilizado este artilugio jurídico para sentar a Rusia en la banca de los acusados en 2022, China, que no ha firmado la Convención, escapa a cualquier persecución por su trato a los uigures. De los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, solo el Reino Unido acepta sin reservas la jurisdicción de la CIJ; y de los cinco, únicamente Londres y París se han adherido a la CPI.

Este tribunal penal, creado en 1998, permite sortear el obstáculo de la inmunidad diplomática para llevar ante él a dirigentes en ejercicio o mandos militares, en particular cuando no es posible ninguna sanción internacional debido a un veto en el Consejo de Seguridad. La emisión de una orden de detención puede obstaculizar los movimientos de su destinatario, ya que los 124 estados parte de la CPI deben, si tienen la posibilidad, remitir a la persona a la Corte. Acusado de crímenes de guerra en Ucrania, Vladimir Putin no pudo asistir a la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en Johannesburgo a fines de agosto de 2023. Los 15 Estados miembro de la Unión Europea que reconocen a la Corte –entre ellos Francia y Alemania– se encontrarían, por tanto, en un gran aprieto si se dictaran órdenes de detención contra los líderes israelíes. Los organismos y militantes de derechos humanos no dejarían de recordarles sus obligaciones internacionales.

“Plausible” genocidio

En segundo lugar, en cuanto al fondo, las tres medidas cautelares dictadas por la CIJ el 26 de enero, el 28 de marzo y el 24 de mayo, así como la solicitud del fiscal de la CPI, definen el alcance de los hechos internacionalmente aceptados y, por tanto, difíciles de impugnar. “En un mundo de relatos contradictorios, la Corte ha reconocido la gravedad del sufrimiento humano y, como medida cautelar, ha designado a los responsables”², afirma el jurista James A Goldston.

La decisión final sobre si hubo o no genocidio en Gaza no se dictará hasta dentro de varios años, dados los draconianos criterios jurídicos que deben cumplirse para tipificar este delito específico, creado a fines de la Segunda Guerra Mundial.

Para evitar la inacción e impotencia a la espera del veredicto final, la Convención de 1948 prevé mecanismos de alerta rápida que permiten adoptar medidas cautelares ante las primeras señales de alarma para proteger a las poblaciones “por si acaso”. Esto no prejuzga en absoluto la existencia o no de genocidio en última instancia. En el caso de Gaza, Israel pidió a la CIJ que se declarara incompetente alegando que las acusaciones de Sudáfrica eran total y claramente infundadas. Tel Aviv alegó, en particular, que estaba tomando todas las precauciones exigidas por el derecho internacional humanitario para proteger a los civiles. Basándose en hechos probados (destrucciones, muertes, etcétera) y en las declaraciones “deshumanizadoras” de varios líderes israelíes, la CIJ estimó, por una aplastante mayoría de 15 votos sobre 17, “plausible” que estuvieran en juego los derechos de los palestinos en virtud de la Convención, “a saber, a ser protegidos contra los actos de genocidio”. En la ordenanza del 26 de enero, la CIJ consideró que existía un “riesgo real e inminente de daño irreparable” a estos derechos que exigía la adopción de medidas de urgencia³. Este reconocimiento es un acontecimiento en sí mismo, porque una acusación tan grave, en especial contra un Estado democrático, “nunca debería ser plausible”, como señala Janina Dill, codirectora del Instituto de Ética, Ley y Conflicto Armado de la Universidad de Oxford⁴.

Una de las medidas provisionales, aprobada también por el juez israelí, exige explícitamente a Israel que detenga y castigue la “incitación al genocidio”. Tel Aviv también debe impedir que su ejército cometa cualquier acto punible en virtud de la Convención de 1948 y debe preservar las pruebas de posibles crímenes. La Corte también ordenó a Israel que “permita la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan con total urgencia para aliviar las difíciles condiciones de vida a las que se encuentran sometidos los palestinos de la Franja de Gaza”.

Las dos ordenanzas siguientes (28 de marzo y 24 de mayo) confirmaron las medidas decididas el 26 de enero y señalaron que la situación –“de excepcional gravedad”– se estaba deteriorando, con especial riesgo de propagación de enfermedades con tendencia epidémica y desnutrición. Por ello, la CIJ añadió obligaciones para Israel, y llegó a ordenar el cese de toda acción en Rafah “que pudiera someter al grupo palestino de Gaza a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial”. También hace referencia al riesgo de inanición que, si se provoca de modo deliberado, podría constituir genocidio.

Según el derecho penal (jurisdicción de la CPI), matar de hambre a una población de forma expresa puede constituir un crimen de guerra (primer cargo contra Netanyahu y Galant) y un crimen contra la humanidad (quinto cargo contra ellos). Basándose en el informe de seis expertos independientes y en las primeras observaciones sobre el terreno, Khan también sospecha de los líderes israelíes por “persecución” y “actos inhumanos” (crímenes de lesa humanidad), así como por atacar deliberadamente a civiles, “causándoles intencionadamente grandes sufrimientos o graves daños contra la integridad física o la salud” e infligiéndoles “tratos crueles” (crímenes de guerra). Los líderes de Hamas, por su parte, están acusados de “tortura”, “violación y violencia sexual” (crímenes de lesa humanidad), así como de “toma de rehenes” y “ultrajes a la dignidad de las personas en un contexto de cautiverio” (crímenes de guerra). El único cargo común a los cinco acusados es “el exterminio y asesinato como crímenes de lesa humanidad”.

Contra la doble moral

En tercer lugar, la conmoción causada en todo el mundo por los procedimientos judiciales se debe a que actúan como un espejo de aumento de las fracturas del orden internacional y de la doble moral reinante. “Hoy, más que nunca, debemos demostrar colectivamente que el derecho internacional humanitario, que dicta las normas que deben respetarse en tiempos de guerra, se aplica de manera imparcial a todas las partes en un conflicto armado en todas las situaciones sometidas a mi oficina y a la Corte. Así podremos demostrar en la práctica que todas las vidas humanas valen”, explica el fiscal Khan⁵. Es entonces entre las víctimas, y no entre los acusados, que se establece una equivalencia. Dada la relación de fuerzas internacionales, y en concreto, el apoyo que presta a Israel la primera potencia económica y militar del mundo (Estados Unidos), esta ambición puede parecer ingenua. Sin embargo, en un crisol geopolítico, no carece de importancia. El hecho de que Tel Aviv lleve años desplegando considerables medios de espionaje y presión contra la CPI –como reveló una reciente investigación de The Guardian⁶–, así como las amenazas proferidas contra el fiscal, confirman la existencia de un interés real. El apoyo prestado a Sudáfrica por un número creciente de países del Sur, cuatro de los cuales se han sumado en términos oficiales a la acción judicial (Colombia, México, Nicaragua y Libia), mientras que otros han anunciado que lo harán (en especial Brasil), revela dos campos y dos concepciones del Estado de Derecho en términos geopolíticos. “Lamentablemente, este caso se sitúa en la falla de San Andrés de la política internacional y los intereses estratégicos”, admite Khan, antes de dirigirse a quienes lo amenazan: “Hagan lo que quieran. Digan lo que quieran. No nos dejaremos desviar de nuestra misión de justicia”. La determinación del fiscal resulta sorprendente teniendo en cuenta que se lo veía más complaciente con los intereses estadounidenses cuando, en setiembre de 2021, abandonó por falta de medios la persecución del ejército de Estados Unidos en Afganistán, cuyos crímenes reveló Julian Assange⁷.

Al atacar a Israel, el protegido de Estados Unidos, Sudáfrica inaugura acaso una “estrategia de Pretoria”, según la expresión de Goldston, destinada tanto a hacer prevalecer la justicia como a desafiar a las grandes potencias, en particular las occidentales, que abusan del orden internacional que ellas mismas han creado.

Anne-Cécile Robert, de la redacción de Le Monde diplomatique (París). Traducción: Emilia Fernández Tasende.