Retroceso de las libertades, fracaso político

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La evolución del derecho, la de las instituciones y la moral pública, las relaciones policía-justicia nos permiten caracterizar cada época. Desde este punto de vista, ¿acaso no presenta el período actual todas las características de una era de regresión?

“Estamos cansados de las órdenes reservadas. Estamos cansados de que nos metan en prisión por razones secretas. Estamos cansados del escándalo cotidiano que se nos revela cada día al despertarnos y que, por la noche, habrá sido olvidado. ¡Estamos cansados de ministros mediocres que pretenden dirigirnos, cuando ni siquiera saben comportarse bien!”. Este apóstrofe de Pierre-Augustin de Beaumarchais -en la película El insolente, de Édouard Molinaro (1996)- a un tribunal a las órdenes de la monarquía recuerda que la de 1789 fue también una revolución jurídica. Contra la arbitrariedad y por la justicia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, afirma la igualdad ante la ley y confía a los representantes elegidos de la nación la misión de definir, en público y previo debate, los crímenes y delitos. Establece las garantías concedidas a los ciudadanos, como la separación de poderes o la presunción de inocencia, la sumisión del poder ejecutivo y de la policía al interés general o la de las penas de prisión a su estricta necesidad.

Desde hace varios siglos, la realización de estos principios ha sido objeto de una batalla constante. En Inglaterra, la Carta Magna (o Gran Carta) introdujo la noción de igualdad ante la ley en 1215 y, en 1679, el Parlamento arrancó al rey Carlos II el principio del hábeas corpus, garante de la libertad individual a partir de entonces, que prohíbe la detención arbitraria al exigir que el preso sea presentado ante un juez. Así, la vieja lucha por las “garantías de los derechos humanos” alterna entre avances y retrocesos, según el equilibrio del poder político y la intensidad de las movilizaciones populares.

El doble movimiento de ideas y de pueblos propició avances significativos en los siglos XIX y XX. En Europa, el auge del pensamiento socialista y las huelgas obreras permitieron a los trabajadores obtener derechos de expresión y representación sindical. En Francia, la llegada de un régimen republicano, inspirado en la Revolución francesa, dio lugar a intensos debates políticos, y al reconocimiento de la libertad de asociación en 1881 y del derecho de los acusados a la asistencia de un abogado (ley Constans, del 8 de diciembre de 1897). A lo largo del siglo XX, las luchas lideradas por la activista británica Emmeline Pankhurst y la filósofa francesa Simone de Beauvoir, seguidas de grandes manifestaciones feministas a partir de la década de 1970, posibilitaron la emancipación política y jurídica de las mujeres.

Las guerras pueden actuar como catalizadores o aceleradores. Después de 1945, los crímenes atroces perpetrados por los nazis y el régimen japonés llevaron a la adopción de tratados que garantizaron los derechos fundamentales a todos, “sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en la que se apoyarán los pueblos colonizados para que sus legítimas aspiraciones a la libertad y a la independencia sean reconocidas internacionalmente. Seguirán otros textos, como los dos pactos de 1966, uno relativo a los derechos civiles y políticos, el otro a los derechos económicos, sociales y culturales, completados por numerosos documentos “regionales” como la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1951) y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).

Las fases de regresión se producen a menudo tras cambios de régimen, como el establecimiento del Segundo Imperio en 1852 o la llegada del gobierno de Vichy en 1940 después de golpes de Estado, pero también tras acontecimientos brutales que afectan la seguridad de las personas y los bienes. Así, los atentados [contra Estados Unidos] del 11 de setiembre de 2001 y el estallido de la “guerra contra el terrorismo” provocaron una generalización de medidas de excepción y de restricción de las libertades en nombre de la seguridad. Desde el resurgimiento de los ataques islamistas hasta la reorganización de los movimientos violentos de extrema derecha, desde los grandes movimientos sociales altermundialistas hasta los movimientos ecologistas que hoy denuncian la “inacción climática”… todo será usado para justificar la ampliación sistemática de los poderes de la policía –el aumento de la duración de las detenciones, la sistematización de los controles de identidad, la ampliación de la vigilancia de las poblaciones– y la erosión de las garantías judiciales (la reducción de los plazos para recurrir fallos y los obstáculos a los derechos de la defensa, y la creación de delitos con contornos vagos como “empresa terrorista individual” o “apología del terrorismo”)¹. El régimen de excepción ha tendido a convertirse en norma de la democracia liberal. En Francia se ha recurrido habitualmente al estado de emergencia –incluso para contener los disturbios urbanos en 2005–, mientras que los planes de Vigipirate se han banalizado; en Estados Unidos se instauró la Patriot Act. Desde la serie de atentados que ensangrentaron los grandes almacenes parisinos y la Rue de Rennes en 1986 y que dieron lugar a las primeras leyes llamadas Pasqua [N. del T.: por el nombre del ministro del Interior de la época, Charles Pasqua], el Parlamento francés ya ha adoptado 32 leyes relativas a la “seguridad”. En 2025, el actual ministro del Interior, Bruno Retailleau, reclamó la adopción de una nueva². La pandemia de la covid-19 ha permitido, mediante la invención de un régimen especial llamado “estado de emergencia sanitaria”, el sometimiento de las poblaciones occidentales a medidas de vigilancia y control, más comunes en países autoritarios como China que en sociedades presentadas como “abiertas”, con un recurso masivo a las nuevas tecnologías (drones, elaboración de perfiles, registros corporales, “videovigilancia”, etcétera). Un factor agravante es que una especie de efecto trinquete permite, una vez terminado el período excepcional, el mantenimiento de estos ataques a las libertades en el ordenamiento jurídico³.

Pero el potencial liberticida de las políticas de seguridad tiende a hacerse más evidente a medida que el pensamiento se derrumba y se van creando las condiciones para su aceptación. Así, en Estados Unidos, desde los años 1980, la teoría de la “ventana rota” defiende, en nombre de la anticipación de crímenes futuros, la necesidad de castigar con la mayor severidad desde la comisión de la primera infracción, incluso si se trata de un delito menor⁴. Bajo el manto del sentido común, este discurso expresa una visión congelada del orden social: el delincuente, a menudo procedente de barrios pobres, nunca podrá mejorar y deberá ser condenado de inmediato, aun siendo todavía adolescente, a las penas más duras, aunque pongan en peligro su futura reinserción. El expresidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) adoptó las teorías deterministas más caricaturales al sugerir la posibilidad de detectar a los futuros delincuentes desde la guardería. Desde hace décadas, los fondos destinados a la protección judicial de los jóvenes, a la justicia y a la educación han ido disminuyendo tanto por razones presupuestarias como por opciones filosóficas e ideológicas.

Las amenazas de ataques a la seguridad –bien reales– reavivan el viejo trasfondo reaccionario de una parte de las élites europeas que a menudo han sufrido el avance de las ideas liberales y sociales. Los reflejos aristocráticos se combinan con la arrogancia de clase, como lo ilustra la brutal represión del movimiento de los chalecos amarillos en Francia en 2018-2019. Una doctrina agresiva y unas prácticas de mantenimiento del orden –implementadas desde hace mucho tiempo en los barrios populares– están cada vez más a la orden del día, sometidas al control, demasiado a menudo condescendientes, de magistrados que se han convertido en celosos auxiliares de los poderes autoritarios⁵. En materia social, el desmantelamiento periódico del código laboral y el resurgimiento de prácticas intimidatorias como la detención policial de sindicalistas (y periodistas) son parte de este gran retroceso.

El pensamiento igualitario y humanista de la Ilustración, que dominó durante mucho tiempo el continente europeo, está ahora dando paso a la legitimación de grupos de interés y a la restauración de privilegios para nuevos portadores de “sangre azul”. Líderes empresariales y los llamados self-made men –que nada deberían a los poderes públicos– son beneficiados por exenciones del derecho común (social o fiscal) en nombre de las necesidades de innovación, como lo ilustran los “entornos de pruebas regulatorios” imaginados por la Unión Europea. De manera simétrica, las clases populares podrían ser las primeras víctimas de una justicia algorítmica que daría prioridad a sentencias automáticas que reproducen las desigualdades sociales⁶. La invocación de la urgencia, la inseguridad y la impecuniosidad enmascara convenientemente opciones ideológicas hostiles a las libertades fundamentales.

Anne-Cécile Robert, directora adjunta de Le Monde diplomatique (París). Traducción: Le Monde diplomatique, edición Uruguay.