El narcotráfico, un mito conveniente

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“El crimen no sólo es normal, sino que es fácil demostrar que tiene muchas utilidades”. En un momento en el que el “narcotráfico” parece convertirse en uno de los principales flagelos de la sociedad francesa, esta sentencia de Karl Marx, de un breve texto escrito a principios de la década de 1860, merece que nos detengamos en ella.¹ En contraposición con la criminología de la época, que tendía a percibir la delincuencia como una patología (social o mental), Marx sugiere que es consustancial a la vida colectiva. Una pista que Émile Durkheim exploró más sistemáticamente: el sociólogo demostrará unos años más tarde que la agrupación de ciertos actos o comportamientos bajo la categoría de “delito” sirve para fijar las fronteras morales de una sociedad, separando a una mayoría “de hombres honestos” de una minoría de “delincuentes”.² Pero Marx tiene una intuición adicional cuando se pregunta por los “beneficios secundarios” de esta criminalidad, es decir, por el conjunto de actividades (el derecho, la literatura, la prensa, la ciencia, la técnica) y profesiones (policías, abogados, aseguradores, cerrajeros, etcétera) que prosperan gracias a su existencia. La lista que elabora no es exhaustiva y hoy podría incluirse a la mayoría de las élites políticas, ya que han convertido la seguridad en uno de sus temas predilectos.

Iniciado en Estados Unidos a principios de los años 1970 bajo la etiqueta law and order (“ley y orden”), este movimiento se extiende 30 años más tarde desde Europa hasta América Latina. Desencadenó una escalada de leyes y proclamas que condenaban el “angelismo” o el “laxismo” y pedían un endurecimiento de la represión, incluso en los partidos tradicionalmente más favorables a la prevención y la defensa de las libertades. Al separar la seguridad de la cuestión social en la que antes estaba integrada, esta dinámica reconfiguró de manera profunda los marcos de análisis y las lógicas de funcionamiento de la justicia y la policía, pero también la escuela o los servicios sociales.³ En consecuencia, las cárceles se ven colmadas más allá de su capacidad –85.000 personas detenidas en Francia al 1° de julio de 2025, para 62.509 plazas–,⁴ sin que se observe ningún efecto en la disminución de la delincuencia, ni que este fracaso produzca un cambio en el discurso público.

Quizás ese no sea el problema. El giro punitivo es también una dramaturgia en la que las palabras cuentan más que los hechos y el anuncio de leyes o reformas más que sus consecuencias reales. Con la complicidad interesada de los medios de comunicación, alaba las posturas marciales y agudiza la competencia entre los profesionales de la política que buscan parecer más “duros” que sus pares. También obliga –como es propio de las dramaturgias– a renovar de forma periódica las “amenazas” al orden social o nacional. Después de las “bandas”, la “violencia de los menores”, la “radicalización”, parece que ahora le toca al “narcotráfico”.

“La de una inundación es la imagen que se impone para describir el fenómeno al que se enfrenta Francia”, se preocupa un reciente informe de investigación del Senado. “Ya no hay ningún territorio ni ninguna categoría social que queden eximidos. El tráfico se infiltra en todas partes, con el consiguiente aumento de la violencia. Las escenas de guerra que viven algunos habitantes contribuyen a lo que se podría llamar ‘narcoterrorismo’, ya que instauran un clima de miedo e inseguridad constante para el conjunto de la sociedad”.⁵ Bruno Retailleau, ministro del Interior, añade: “Hay un tsunami blanco que se abate sobre Francia” (Le Monde, 22-8-2025), y se indigna: “Los narcos están por todas partes. Hay que combatirlos con una determinación implacable. [...] La elección que tenemos hoy es entre una movilización general o la mexicanización del país” (Le Parisien, 1-11-2024). Para no quedarse atrás, Gérald Darmanin, ministro de Justicia, anunció que los “cien narcotraficantes más importantes” deben ser aislados en “una prisión de alta seguridad” (LCI, 12-1-2025).

La respuesta punitiva

“El peligro está a nuestras puertas”, escriben los senadores, un juicio difundido por una multiplicidad de titulares, reportajes y dossiers especiales en los medios de comunicación generalistas. Es urgente reaccionar, y ese es el objeto de la ley, “destinada a sacar a Francia de la trampa del narcotráfico”, promulgada el 13 de junio de 2025. En particular, crea una Fiscalía Nacional contra la Delincuencia Organizada (PNACO) [siglas en francés], siguiendo el modelo de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) y los barrios de lucha contra la delincuencia organizada en dos centros penitenciarios (el de Vendin-le-Vieil, inaugurado en julio de 2025, y el de Condé-sur-Sarthe). Refuerza el estatuto de “arrepentido”, las medidas de embargo preventivo y confiscación de bienes delictivos, así como las posibilidades de represión penal y administrativa. También amplía las técnicas especiales de investigación de los servicios policiales, hasta tal punto que el Consejo Constitucional tuvo que censurar las relativas a la vigilancia digital y algorítmica, consideradas demasiado lesivas para la privacidad. Paralelamente, las funciones y el personal de la Oficina Antidroga (OFAST), creada en 2019 para coordinar la lucha contra el tráfico, han sido reforzados, y el informe del Senado propone incluso convertirla en una “DEA [Drug Enforcement Agency] a la francesa”, siguiendo el modelo estadounidense.

La magnitud de esta campaña político-mediática no deja de sorprender al observador de lo que hasta ahora se denominaba “lucha contra el tráfico de estupefacientes”. Porque este corrimiento semántico no es neutro. La expresión “narcotráfico” evoca un imaginario ligado a la situación latinoamericana, popularizada por exitosas series de televisión como Narcos (2018-2021) y El Chapo (2017-2018) y películas como Traffic, de Steven Soderbergh (2000). En esta última, cárteles fuertemente organizados, jerarquizados y armados le disputan al Estado porciones completas de su territorio y luchan por el monopolio de la producción y comercialización de la droga, utilizando de forma simultánea la violencia y la corrupción.

La comparación es caricaturesca. La tasa de homicidios es 20 veces menor en Francia que en México o Colombia (1,3 por cada 100.000 habitantes en 2023, frente a 24,9 en ambos países) y está en constante descenso, ya que se ha reducido a la mitad desde 1990.⁶ Los “ajustes de cuentas entre delincuentes” solamente representan el nueve por ciento de las 900 víctimas registradas al año.⁷

La retórica alarmista de las autoridades públicas es acaso una manera torpe de llamar la atención sobre el lugar que ocupan ahora las drogas en nuestra sociedad. De acuerdo con el Observatorio de Drogas y Toxicomanías de Francia (OFDT), el número de personas de entre 18 y 75 años que han probado el cannabis en su vida aumentó del 12,7 por ciento en 1992 al 50,4 por ciento en 2023.⁸ En cuanto a la cocaína, se pasó del 5,6 por ciento en 2017 al 9,4 por ciento en 2023. El consumo de heroína permanece relativamente estable (dos por ciento en 2023) y las drogas sintéticas están en aumento: en 2023, MDMA, 8,2 por ciento; anfetaminas, 4,3 por ciento, y poppers, 14,9 por ciento. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno masivo que afecta a todos los ámbitos, desde trabajadores temporales y estudiantes hasta diputados y directivos de empresas.

Sin embargo, las medidas adoptadas por los ministros y parlamentarios, al igual que sus análisis, se basan en dos presupuestos erróneos: la asimilación de los mercados de la droga al “crimen organizado” y la atención prestada a los vendedores, en detrimento de los consumidores.

El tráfico de estupefacientes, como muchas otras actividades delictivas, requiere indiscutiblemente alguna organización. Pero el nivel y el alcance de esta organización aún están por determinarse. Las fuentes siguen siendo escasas y las comisiones de investigación parlamentarias, al igual que la prensa, se limitan a reproducir de modo acrítico la información transmitida por los servicios de la policía. Sin embargo, los policías tienden sistemáticamente a exagerar la amenaza contra la que luchan. “Hay que exagerar los rasgos si se quiere que las cosas se acepten y se escuchen”, reconocía en una entrevista un comisario. Se perciben los beneficios inmediatos que pueden obtener en términos de legitimidad, prestigio o refuerzo de los medios humanos, técnicos y legales. Esto es especialmente cierto en el caso de las instituciones más recientes y menos consolidadas desde el punto de vista administrativo. El caso de la nota de la OFAST titulada “Estado de la amenaza ligada al tráfico de estupefacientes”, publicada en julio de 2025, es instructivo. En ella se presentó “la organización del mercado francés”, con menos de 100 “grandes importadores”, 5.000 “semimayoristas” y 200.000 personas implicadas en “redes locales y puntos de venta”. A continuación, detallaba los ingresos diarios: “mensajero y camarero”, de 20 a 30 euros, “suministrador, cortador, centinela, captador”, de 50 a 100, y “vendedor y banquero”, de 50 a 250. Aunque estaba clasificado como “difusión restringida”, se filtró en Valeurs actuelles, y Le Monde consideró oportuno dedicarle su primera plana del 5 de agosto de 2025 (“Droga: redes cada vez más amenazantes”), así como una doble página, con infografías de apoyo. Una filtración bien oportuna. Unos días antes, la sede de la OFAST había sido registrada por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), tras el fiasco de una operación de “entrega controlada”–400 kilos de cocaína desaparecieron sin dejar rastro– que había llevado a la imputación de varios funcionarios de la delegación de Marsella. Pero da igual: el monopolio policial de la producción de datos, unido al poder mágico que les confiere el secreto que los rodea, parece dispensarlos de cualquier cuestionamiento serio sobre las condiciones de producción y circulación.

Para acercarse a las organizaciones y los mercados criminales, otra opción consiste en utilizar el material recopilado por las investigaciones policiales, pero reinterpretándolo desde la perspectiva de las ciencias sociales. Así, el economista estadounidense Peter Reuter se basó en las pruebas incautadas durante los registros, las transcripciones de las escuchas telefónicas, los interrogatorios a los sospechosos y las entrevistas con fiscales, investigadores e informantes para comprender el funcionamiento de la mafia en los años 1960 y 1970. En aquella época, la mafia era considerada la piedra angular del crimen organizado. En su informe de 1967, la Comisión Presidencial sobre el Cumplimiento de la Ley y la Administración de Justicia, de Estados Unidos, la decribe como “una sociedad que involucra a miles de delincuentes que trabajan con estructuras tan complejas como las de cualquier gran empresa, sujetas a leyes más estrictas que las de los gobiernos legítimos”.⁹ En las apuestas hípicas y deportivas, las loterías ilegales y los préstamos usurarios, la mafia habría conquistado una posición preeminente eliminando a sus competidores con violencia y practicando la corrupción (de policías, políticos y funcionarios locales). El Padrino, la obra de Mario Puzo publicada en 1969, y sobre todo la película de Francis Ford Coppola basada en ella en 1972, resumen bien estas representaciones. Pero el trabajo de Reuter muestra otra realidad, la de un universo fragmentado en el que los intentos de monopolización están condenados al fracaso. De hecho, las organizaciones criminales no son precisamente empresas convencionales. Por un lado, se basan sobre todo en poderosos vínculos interpersonales, forjados en experiencias comunes (la infancia en un barrio, la migración, la cárcel, etcétera). Pero esta fuerza se convierte en una debilidad a medida que aumenta el tamaño. La redistribución de honores, puestos y beneficios, al no estar codificada ni contractualizada, puede parecer rápidamente injusta y arbitraria. La lealtad al grupo también se debilita a medida que uno se aleja del núcleo central. Estos dos factores se combinan para producir una tendencia permanente al “faccionalismo”, es decir, a la fragmentación en entidades rivales, que a veces va acompañada de brotes de violencia autodestructiva. Por otra parte, el crecimiento de un grupo delictivo atrae de manera inevitable la atención de la policía y la justicia. Las investigaciones y los posibles arrestos lo desestabilizan. Exacerban las competencias y las disputas internas por los puestos de poder, fenómeno que, a su vez, empuja a la división en facciones.

Un enemigo monolítico

El análisis de Reuter encuentra eco en los trabajos sobre los “cárteles globales” de la droga, en particular los mexicanos y colombianos. El investigador Oswaldo Zavala ha demostrado cómo, en un contexto de redefinición de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el “narco-relato” se ha impuesto de forma progresiva como una racionalidad gubernamental que unifica realidades heterogéneas. Así se explica el desfile de “jefes de jefes” (El Chapo, El Mayo, El Mencho, etcétera) y la renovación permanente de la “organización principal” (el “cártel de Sinaloa”, luego “Jalisco Nueva Generación” o “Santa Rosa de Lima”). Como explica Gilberto Rodríguez Orejuela, un narcotraficante colombiano: “El ‘cártel de Cali’ simplemente no existe. Es una invención de la DEA [...]. Hay varios grupos, no un único cártel. La policía lo sabe. La DEA también. Pero prefieren inventarse un enemigo monolítico”. Un representante del “cártel de Medellín” coincide con esta opinión: “Los cárteles no existen. Lo que existe es un conjunto de traficantes de drogas. A veces trabajan en conjunto; otras veces no. Los fiscales estadounidenses los llaman ‘cárteles’ para facilitar su trabajo”.¹⁰ Estos fiscales obtienen así una mayor notoriedad, pero también pueden acreditar la creencia de que se ha asestado un “golpe definitivo” al mercado de estupefacientes, cuando en realidad se trata más bien de un “pozo sin fondo” o un “barril de las Danaides”, por utilizar expresiones que suelen emplear los policías.

Si la “mafia” ítaloestadounidense o los “cárteles” latinoamericanos son artefactos, ¿qué se puede decir de la situación en Europa? También en este caso existen alternativas a los análisis policiales. Tras entrevistar a cerca de 400 delincuentes de la ciudad de Génova, los sociólogos italianos Alessandro Dal Lago y Emilio Quadrelli describen un mundo ilegal inestable y fragmentado de pequeños empresarios de distintos orígenes, que operan en función de los públicos a los que tienen acceso (comunidades migrantes, estudiantes, ejecutivos, etcétera), los productos que venden y la reputación que han podido forjarse.¹¹ Lo mismo ocurre en Francia, donde las redes de importación y distribución se asocian a entornos, categorías o grupos de individuos que constituyen “más pandillas o grupos que un entorno homogéneo”.¹² Así lo confirma un policía en una entrevista: “Son pymes [pequeñas y medianas empresas] de la droga. Si se desmantela una, al día siguiente aparece otra”.

Esta observación es compartida implícitamente por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, según la cual “por ‘grupo delictivo organizado’ se entiende un grupo estructurado de tres o más personas que existe desde hace un cierto tiempo y actúa de manera concertada con el fin de cometer uno o varios delitos graves [...] para obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otra ventaja material”. Es difícil adoptar una definición más amplia y respaldar aún más la precisión de la expresión “crimen desorganizado” (disorganized crime) acuñada por Reuter.

Frente a esta situación, ¿qué se puede pensar de las medidas “excepcionales” anunciadas con bombos y platillos por los ministros del Interior y de Justicia de Francia? Las unidades especializadas y las estructuras ad hoc dan la impresión de ser una respuesta pública enérgica. Pero siempre se crean en detrimento de las instituciones de Derecho vigentes. ¿Son necesarias las prisiones de “alta seguridad” en un momento en el que los directores de la administración penitenciaria multiplican las cartas abiertas para describir un sistema “al borde del colapso” debido al exceso de encarcelamientos? ¿Es necesaria una fiscalía especializada cuando las demás se ven desbordadas por los casos que los sucesivos endurecimientos penales las obligan a perseguir? ¿Es necesario reforzar la OFAST cuando la reforma de la Policía Judicial debilita su capacidad de investigación y provoca una crisis de vocaciones en el sector de la investigación?

Estas medidas, al igual que el “narcorrelato” que las acompaña, dejan curiosamente de lado el consumo de estupefacientes. Sin embargo, su magnitud implica reconocer que, para muchos consumidores, la droga es algo agradable, recreativo y que ofrece un complemento a su existencia. Señalar esto no implica aprobar el consumo de estupefacientes, pero negarlo o ignorarlo es profundamente hipócrita. El alcohol y el tabaco siguen la misma lógica, y las políticas represivas no han logrado reducir su presencia en la vida cotidiana. Basta pensar en el fracaso total de la “prohibición” (la “Ley Seca”) impuesta en Estados Unidos entre 1920 y 1933. Por el contrario, las medidas de salud pública, que combinan campañas de prevención y sensibilización, ayuda social y médica para las personas en situación de adicción y una regulación más estricta (sobre la publicidad, los espacios públicos, etcétera) han permitido frenar el consumo o hacerlo más razonable. En Francia, la proporción de los consumidores de alcohol semanales pasó del 62,6 por ciento en 2000 al 39 por ciento en 2021, y la de adultos que consumen alcohol todos los días pasó de 23,9 por ciento en 1992 al ocho por ciento.¹³ En cuanto al tabaco, los fumadores diarios pasaron en el mismo período del 30 por ciento al 25,3 por ciento.¹⁴ No parece que se haya aprendido nada de ello en el debate actual. En las 629 páginas del informe del Senado mencionado anteriormente, la palabra médico sólo aparece una vez, y apenas una recomendación vaga aboga por “emprender un verdadero esfuerzo de comunicación pública contra el narcotráfico y mejorar la atención a los consumidores”. Sin embargo, existen numerosos ejemplos de acción pública en este ámbito. Países como Alemania, Canadá, España, Uruguay y algunos estados de Estados Unidos (Colorado, Washington y Oregon) han legalizado el consumo recreativo de cannabis, han intentado regular su producción y han puesto en marcha medidas de acompañamiento eficaces.

El hecho de centrarse en la oferta también tiene como consecuencia una representación distorsionada de los traficantes a partir de los que están más expuestos a la vigilancia policial, es decir, los jóvenes varones de sectores populares, a menudo racializados. Por supuesto, la renuncia a cualquier ambición nacional de transformar los barrios desfavorecidos, el agotamiento de los subsidios públicos y el debilitamiento del tejido social y de los servicios sociales y educativos aumentan el peso de la economía ilegal. Sin dudas, los lazos familiares que algunos mantienen con Marruecos y la región del Rif, gran productora de cannabis, facilitan la creación de redes de suministro y distribución. Pero estos elementos están lejos de agotar la cuestión de los mercados de la droga. Dal Lago y Quadrelli muestran que la cocaína sigue circuitos diferentes en función del público al que se dirige. En su investigación en Génova, son más bien los nigerianos quienes venden en la calle y los albaneses en los bares swingers del puerto. Pero ¿quién abastece a los que ellos llaman “gente de bien”, más exigentes con la calidad del producto y menos preocupados por el precio? Individuos integrados en estos círculos y que se mueven allí con soltura. Lo mismo ocurre con las drogas sintéticas, como el éxtasis, fáciles de fabricar y distribuidas por “habitués de las discotecas, capaces de interpretar la noche”. Y el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación ha multiplicado las posibilidades de relaciones directas entre vendedores y consumidores, diversificando su perfil.

Los clubes nocturnos, las fiestas estudiantiles o sociales y los intercambios digitales siguen estando mucho menos expuestos a la represión que la reventa callejera que, por lo tanto, proporciona la mayor parte de los delincuentes identificados por la policía y la justicia. Así se forjan estereotipos aparentemente incuestionables sobre la figura de los dealers. Figuras que algunos actores políticos, periodistas y expertos se esfuerzan por radicalizar, transformando dinámicas contingentes (como la formación de grupos afines en un barrio o en la experiencia migratoria) en propiedades “culturales”, que atribuyen sin distinción a comunidades supuestamente inintegrables.

En muchos aspectos, las representaciones dominantes del “narcotráfico” (o, más prosaicamente, del tráfico de drogas) constituyen aquello que el sociólogo Pierre Bourdieu denomina una “ilusión bien fundada”.¹⁵ Es decir, una ficción, engañosa pero sólida, ya que es producida y reproducida por el Estado y goza de medios constantes para existir y subsistir. Los “beneficios secundarios” que proporciona son evidentes, pero parecen muy limitados, egoístas e ineficaces frente al desafío que representan las drogas en nuestra sociedad.

Laurent Bonelli, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad París Nanterre. Traducción: Emilia Fernández Tasende.