Las razones del levantamiento francés

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Desde Nantes hasta Marsella, pasando por Lille, Toulouse o Vaulx-en-Velin, cientos de maestros y directores habían alertado en vano a las rectorías y a los sindicatos. Sus dificultades se volvían poco a poco insuperables; sus alumnos, a menudo, estaban al borde de la implosión. Equipos docentes con falta de personal y ausencias sin suplir, colegas desbordados o agotados, clases con exceso de alumnos y presupuestos insuficientes, aulas deterioradas y actividades extracurriculares suprimidas, padres desorientados y sus hijos angustiados. Quienes no vieron venir nada de esto prefirieron mirar hacia otro lado, demasiado ocupados en lidiar con la escasez o en proteger su carrera. Para muchos, la juventud solo interesa cuando es brillante o delincuente.

Al intentar imponer su voluntad a la fuerza, el gobierno no ha hecho más que engrosar las filas de una protesta que a veces se compara con el Mayo del 68. En el ocaso de un gobierno liberal-autoritario que lleva nueve largos años en el poder, esta revuelta marca menos la irrupción repentina de una “generación sacrificada” que el regreso de un problema social imposible de ignorar. No es casualidad que la revuelta haya surgido en medio del debate sobre un presupuesto del Estado que prevé recortes drásticos para los recursos de las escuelas primarias, secundarias en sus dos niveles (collège y lycée) y universidades públicas, pero ninguna reforma fiscal dirigida a los ultrarricos o a las grandes empresas. Tampoco es casual que el estallido de la revuelta haya ocurrido justo después del inicio del año escolar europeo, un momento clave en la vida de las instituciones educativas, en el que las ausencias de personal y los problemas materiales saltan a la vista de todos, tanto de los alumnos como de los directores o maestros.

Reformas “a la baja”

Los medios de comunicación han destacado el carácter a la vez predecible y sorprendente del movimiento. Algunos expertos lo han visto como el resultado de una ceguera política ante los “fracasos de la masificación escolar”; otros, como el efecto de un “estrés” estructural entre los jóvenes cuyas perspectivas de futuro se revelan cada vez más sombrías. Obligada, desde que termina la secundaria, a proyectarse en un futuro angustiante, a participar en una competencia generalizada donde los conocimientos y los títulos cuentan menos que los puestos y las clasificaciones, esta juventud tenía muchas razones para rebelarse: los confinamientos debidos a la pandemia de covid, pero también el hecho de haber cursado toda su educación secundaria en un panorama rediseñado por la reforma conocida como “Blanquer”.

En 2018, cuando era ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer eliminó las ramas tradicionales del bachillerato S, L y ES [S (Scientifique), ciencias exactas y naturales; ES (Économique et Sociale), ciencias económicas, sociales e historia, y L (Littéraire), humanidades y letras] para dar paso a un bachillerato a la carta que prioriza los itinerarios individuales y la evaluación continua, en detrimento de exámenes nacionales que fueran siquiera un poco equitativos. Al poner fin a las clases grupales y multiplicar las opciones, su reforma debilitó no solo a los equipos docentes, sino también la solidaridad entre compañeros que contribuía a dar sentido y a forjar vínculos en la vida de los estudiantes de secundaria. Lo poco que quedaba de la institución escolar como marco integrador quedó así desmantelado o socavado.

Presentada como una medida progresista y respetuosa con las “elecciones” de los alumnos, la reforma del bachillerato introdujo, al igual que la creación simultánea del sistema de selección a cargo de la plataforma de acceso universitario Parcoursup, un modelo individualista y “seleccionista” que antes se limitaba únicamente a las carreras de élite. Al imponerla sin debate público y sin recursos presupuestarios, sus artífices han creado una verdadera bomba de tiempo. Muchos padres, docentes y personal directivo consideran que ya no se dan las condiciones mínimas para un aprendizaje sereno y virtuoso. La carga mental, tanto en los jóvenes como en los adultos, relacionada con las exigencias ministeriales de “construir su trayectoria” manteniéndose “conectados” en cada etapa a las aplicaciones y plataformas, impide devolverle sentido a la condición de estudiante, así como a la profesión docente.

La complejidad de los nuevos procedimientos de selección y el debilitamiento simultáneo de todo aquello que hace materialmente posible el descubrimiento de conocimientos, autores y conceptos que solo la escuela puede enseñar han hecho añicos las apariencias de una meritocracia ilusoria. Porque, lejos de limitarse a restricciones cuantitativas, las sucesivas reformas educativas han tomado la forma de una “subasta a la baja” cualitativa: disminución de la calidad de la formación de los alumnos y los docentes, calidad a veces dudosa de la información que se ofrece a las familias sobre la orientación, pero también deterioro de la calidad del ambiente general y del “diálogo” en muchos centros escolares. Estas transformaciones han agravado un antiguo sentimiento de degradación entre muchos profesores y han acentuado los malentendidos que ya existían entre ellos y las familias, a quienes desde hace tiempo se les ha incitado a actuar como estrategas, incluso recurriendo a la educación privada si la pública ya no satisface sus aspiraciones. Al insistir tanto en el futuro profesional y la orientación escolar de sus hijos, los padres han dejado de ser aliados de los maestros, quienes a su vez se ven atrapados en relaciones de competencia en torno al número de horas asignadas a cada materia de especialidad u optativa. El malestar, el agotamiento o el abandono que sienten un gran número de “maestros que lo hacen todo” marcan la experiencia cotidiana de cada aula de clases o sala de profesores. Los suicidios de colegas con agotamiento que han sido noticia, y las formas más discretas de muerte social, ya sea por depresión o renuncia, dan cuenta de esta pérdida de puntos de referencia, al igual que los niveles récord de intención de voto entre el cuerpo docente a favor de Agrupación Nacional.

¡Viva la meritocracia!

La educación pública sufre de lleno las consecuencias de un desinterés duradero por parte del Estado, cuyos responsables tienen fácil disimular los efectos señalando la “renuncia” de los padres (que dejarían demasiado solos a sus hijos frente a las pantallas) o el problema de la deuda pública (que resulta en gran medida de una disminución de los ingresos y de una obstinada negativa a una reforma fiscal de gran envergadura), pero que no puede ocultar dos décadas de negligencia presupuestaria. Al mantener las subvenciones a las escuelas privadas y, al mismo tiempo, reducir de modo sensible el financiamiento de la educación pública desde el nivel primario hasta el superior (el gasto educativo por estudiante en relación con el producto interno bruto disminuyó en 15,3 puntos entre 2008 y 2024, según la estimación del economista Michaël Lainé),¹ los sucesivos gobiernos han puesto en peligro equilibrios tan valiosos como frágiles.

La obsesión por la deuda pública y el tabú de la redistribución fiscal equivalen a respaldar la hegemonía, tanto económica como cultural, de una minúscula minoría social cuyo credo se resume en una frase: “no pagar más por los demás”, es decir, por los servicios públicos y en favor del interés general. Pero, al igual que los “chalecos amarillos”, las revueltas actuales van mucho más allá de sus motivos iniciales. Expresan una demanda de igualdad cuando, en Francia, el origen social tiene una fuerte incidencia en el éxito escolar. Esta constatación es aún más preocupante en un período marcado, por otra parte, por la profunda crisis de las “vocaciones” docentes. Hoy hay menos maestros en las escuelas secundarias que en 2008, mientras que el número de alumnos ha aumentado en 250.000 durante el mismo período.²

En la educación superior, el panorama es similar, pero a menudo más sombrío, ya que la austeridad y la precariedad la afectan aún más. Desde 2012, el presupuesto público por estudiante ha disminuido en un 23 por ciento, iniciando su caída durante la presidencia de François Hollande, antes de sufrir una disminución vertiginosa durante los dos mandatos de Emmanuel Macron.³ Y si bien el proyecto de ley de finanzas que está analizando el Parlamento para 2027 consiste –en palabras del ministro de Asuntos Urbanos y Vivienda, Vincent Jeanbrun, en France Info, el 19 de setiembre– en pedir “un pequeño esfuerzo de parte de todos” para lograr un ahorro de 54.000 millones de euros, una gran parte de estos recortes sí afecta a los estudiantes, como la congelación de las ayudas personales para la vivienda o los recortes impuestos a las universidades, a las que se les exige reducir aún más unos presupuestos ya ampliamente deficitarios, al no contar con compensaciones del Estado –en una especie de círculo vicioso que luego justifica los juicios negativos y el desprecio de las élites conservadoras hacia las universidades, a las que se tilda de “fábricas de desempleados”–. Los jóvenes manifestantes, en este sentido, no han hecho más que recordar una evidencia: sin una redistribución de la riqueza a favor de las clases medias y populares, y sin un reequilibrio de las prioridades en beneficio de la educación pública, los “esfuerzos” que se exigen a “todos” no son más que un engaño.

Dado que, para las élites en el poder, la educación ya no constituye un bien común sino una simple “oferta de formación” cada vez más censitaria, al poder no le quedan otros medios –aparte de la fuerza bruta y la propaganda– para neutralizar la crítica y volver a legitimar el sistema que reforzar la creencia meritocrática mediante nuevos anuncios o diversas formas de negación.

Entre otros ejemplos recientes, cabe mencionar el de Édouard Geffray, ministro de Educación Nacional, quien fue blanco de las revueltas de los estudiantes de secundaria este otoño boreal. Unos meses antes de que estallaran los disturbios, había anunciado la creación de un examen de ingreso general para las escuelas secundarias (siguiendo el modelo de las de nivel superior), justificándolo con la necesidad de restaurar el sentido del esfuerzo y con la convicción personal de que “la excelencia no es una cuestión de lugar, ni de geografía, ni de sociología, sino de trabajo y talento”.⁴ Dado que un ministro de Educación no puede ignorar la existencia de décadas de investigación en ciencias sociales, sin duda hay que interpretar esta frase como parte de un discurso performativo, que utiliza el presente del indicativo para influir en el mundo. La repetición de tales consignas convierte el elitismo de buena fe en sentido común de las élites reformistas. El “mérito” se convierte (de nuevo) en un arma de protección masiva en tiempos de crisis para contrarrestar las críticas y generar consenso.

En enero de 2024, una polémica lo puso de manifiesto. La efímera ministra de Educación Nacional, Amélie Oudéa-Castéra –excompañera de promoción de Macron en la Escuela Nacional de Administración, tras cursar estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales (ESSEC)–, fue criticada por matricular a sus hijos en el colegio privado católico Stanislas, en París. Y, sobre todo, por haberlo justificado con “el paquete de horas no reemplazadas” en la escuela pública donde inicialmente estaba inscrito su hijo mayor. Oudéa-Castéra se había quejado, posteriormente, de ser percibida como el “símbolo de una casta privilegiada a la que hay que combatir, a la que hay que derribar”, y agregó: “Lo único que heredé de mi familia es el amor por el trabajo bien hecho, el gusto por el esfuerzo, la pasión por el mérito”. Olvidó precisar que esa “pasión” se había forjado en el seno de una familia que contaba con varios periodistas reconocidos (Alain, Patrice y Benjamin Duhamel, o Nathalie Saint-Cricq) y luego en un colegio de los barrios elegantes de París, pero también que su “gusto por el esfuerzo” se lo había transmitido su papá, exdirector de Publicis [multinacional de publicidad y relaciones públicas], antes de compartirlo también con su esposo, exdirector general de Société Générale [grupo financiero] y actual presidente del Consejo de Administración del grupo Sanofi [biofarmacéutica].

¿Qué significa “merecer”, en estas condiciones? ¿Se trata de una lucha activa contra los privilegios, el nepotismo y la arbitrariedad, en la línea de Condorcet, de la tradición igualitaria surgida de la Revolución francesa? ¿O de una creencia conservadora, útil para que los herederos mantengan su rango y refuercen el orden simbólico que hace que la herencia sea socialmente aceptable?

Los perfiles de los ministros de Educación Nacional suelen diferir de los de los becarios a quienes les gusta mencionar en sus discursos. Jean-Michel Blanquer, quien ocupó el cargo de 2017 a 2022, cursó sus estudios en Stanislas, desde cuarto de primaria hasta el último año de secundaria, antes de estudiar en la Universidad París-II (“Assas”) y en Sciences Po. Hijo de un abogado y una maestra, creció en el distrito 8 de París. Procedente de una familia muy acomodada –su padre era productor de cine y su madre descendía de la nobleza rusa–, Gabriel Attal (ministro de julio de 2023 a enero de 2024) estudió, por su parte, en la École alsacienne, bastión de la reproducción social en el distrito 6 de la capital.

Elitización de la educación

La reforma Parcoursup –aprobada en el marco de la “Ley relativa a la orientación y el éxito de los estudiantes” del 8 de marzo de 2018, conocida como ORE– sirvió de pretexto y de acelerador para una privatización, pero también para una “elitización” de la oferta educativa. Entre 2010 y 2024, la tasa de inscripción en la universidad (excluidos los institutos universitarios de tecnología [IUT]) pasó del 60,4 por ciento al 57,4 por ciento de los nuevos graduados del “bachillerato general” [diploma obtenido al finalizar el lycée, el último tramo del secundario], mientras que, al mismo tiempo, aumentó en 4,4 puntos en las escuelas de negocios, de ingeniería y otros centros privados.⁵ Para los graduados de bachillerato tecnológico, las inscripciones en la educación privada de posbachillerato se han duplicado; para los de “bachillerato profesional” [“bac pro”, prepara a los estudiantes para un oficio mediante una formación práctica y técnica], que ya eran pocos en la universidad, las licenciaturas universitarias y los IUT se han vuelto prácticamente inaccesibles, en beneficio de las secciones de técnicos superiores (STS) y de pequeñas escuelas privadas, muchas de las cuales no existían antes de la creación de Parcoursup. La plataforma, que ha supuesto un efecto de ganancia inesperada para muchas empresas del sector de la educación posbachillerato, también favoreció el auge de un negocio de orientación escolar muy rentable, del que las familias con recursos pueden prescindir, pero que tiende progresivamente a sustituir una misión histórica de la escuela pública.

Aunque se haya olvidado que, en 2018, hubo un movimiento contra Parcoursup duramente reprimido (quizás recordemos a esos estudiantes de secundaria puestos de rodillas por policías felices de ver una “clase que se porta bien”, en Mantes-la-Jolie) y eclipsado por los “chalecos amarillos”, la rapidez con la que se impusieron los algoritmos de selección dice mucho de las victorias ideológicas que, de manera progresiva, han reducido una cuestión muy discutida y conflictiva a una “solución” puramente técnica y consensuada. Mientras que en otras épocas los defensores de una educación elitista debían asumir la selección como tal, los debates en torno a Parcoursup han relegado a un segundo plano cuestiones que antes eran centrales, para enfocarse únicamente en la ansiedad que genera la herramienta o en las dificultades para orientarse en un laberinto así.

Si bien es cierto que, gracias a la cuota mínima de becarios en las carreras selectivas prevista por la ley ORE [que reserva, entre otras cosas, un porcentaje mínimo de plazas para estudiantes beneficiarios de becas nacionales en todas las formaciones de educación superior], un puñado de recién graduados de bachillerato (17.000 en 2025 de un total de aproximadamente 650.000) ahora pueden obtener un cupo en una carrera a la que su expediente académico no les habría permitido acceder durante la fase principal, la proporción de hijos de trabajadores en la universidad ha bajado del 11,4 por ciento al 8,7 por ciento entre 2009 y 2024, en especial desde 2020. A nivel de la educación superior, la proporción de estudiantes de clases populares tiende a estancarse. Si bien entre los jóvenes de 25 a 29 años continuar con estudios de educación superior es desde hace mucho tiempo la norma en las familias acomodadas (68 por ciento), esto aún no es así en las familias desfavorecidas (36 por ciento). Las brechas persisten, ya que estas proporciones ascienden al 63 por ciento y al 33 por ciento en la generación escolar anterior, es decir, las personas que hoy tienen entre 45 y 49 años. Entre las personas de 25 a 29 años procedentes de las clases altas, el 10,9 por ciento se graduó de una “grande école” [institución de educación superior muy prestigiosa] en 2024, frente al 10,2 por ciento en 2012; en el caso de quienes provienen de las clases populares, el porcentaje fue del 2,7 por ciento en 2024, frente al 2,3 por ciento en 2012.⁶

Parcoursup también puede presentar la ventaja de aumentar la selectividad académica de las carreras de élite y, por lo tanto, su prestigio relativo, siempre y cuando se atenúen sus efectos en materia de segregación social. Así, en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Burdeos, la creación de un algoritmo local que favorece las solicitudes de becarios con excelente rendimiento académico permitió una (ligera) apertura de la admisión social, al tiempo que aumentó el nivel académico promedio de los admitidos, lo que redujo la brecha con la competencia que representan los demás IEP, en particular Sciences Po.⁷ Esta buena voluntad meritocrática también pone de manifiesto lo arbitrario de la selección mediante algoritmos que, según las carreras, los años y las políticas de cada institución, varía de manera considerable. Limitados a discusiones entre iniciados y a competencias técnicas, estos usos heterodoxos de Parcoursup revelan, por contraste, las decisiones mucho más ortodoxas tomadas por otras carreras de élite en un nivel académico ya de por sí muy elevado, pero también y sobre todo la imposibilidad, para este tipo de experimentación, de ir demasiado lejos en el juego con las reglas, a riesgo de ahuyentar a candidatos con un alto rendimiento académico que podrían interpretar estos cambios como una pérdida de selectividad y prestigio.

Al permitir que cada comisión de evaluación de solicitudes seleccione mediante un algoritmo local, en lugar de utilizar el algoritmo nacional disponible en la plataforma, la reforma de Parcoursup no se limita, sin embargo, a imponer modalidades de selección y asignación de estudiantes. La posibilidad de que estas comisiones conozcan la escuela secundaria de origen de los candidatos –un giro importante que, objetivamente, constituye una ruptura de la igualdad– es una oportunidad de oro para muchos docentes apegados al elitismo que impregnó su propia educación, deseosos de elegir ellos mismos a quienes “merecen” su enseñanza. Pero para otros, más críticos o reflexivos, el margen de maniobra es escaso y ambiguo, ya que el Estado les impone una selección social que sus más altos representantes se niegan a asumir. Por lo tanto, apenas queda otra opción que minimizar el daño, dedicando horas enteras –que normalmente se asignan a la enseñanza y a la investigación– a leer y clasificar expedientes. La mejora del estatus, que se basa en este poder de elección delegado a las comisiones, no hace más que dar a los académicos la ilusión de que han ganado un “derecho” a seleccionar, cuando, en realidad, se ven obligados a clasificar y, por lo tanto, a decidir por sí mismos entre desempeñar su profesión correctamente y gestionar los flujos con los recursos disponibles.

En los programas de élite, los márgenes de maniobra son estrechos, pero existen; siempre y cuando, sin embargo, se atiendan los intereses de las carreras en cuestión. Desde 2020, algunas escuelas de negocios o de ingeniería –la École des Hautes Études Commerciales de París, la École des Ponts et Chaussées en Champs-sur-Marne, etcétera– han optado por introducir puntos de bonificación para los becarios que se presentan al examen de ingreso por segunda vez. Otras, como la ESSEC, han implementado un sistema de selección diferenciada que permite a los becarios (unos 40 al año) que no aprueben las pruebas escritas de admisión presentarse a las pruebas orales, al tiempo que se mantiene el mismo nivel de admisión para todos los candidatos. A pesar de estos cambios, la proporción de becarios disminuyó entre 2012 y 2024 de tres a cuatro puntos en las escuelas de negocios e ingeniería, donde representan hoy, respectivamente, el 10 por ciento y el 21 por ciento del alumnado, mientras que se mantuvo estable en las universidades (alrededor del 39 por ciento), a pesar de que la categoría de becarios (de educación superior) se ha aburguesado durante ese período.⁸

No es de extrañar que Sciences Po, 25 años después de la creación de los Convenios de Educación Prioritaria (un programa que busca facilitar el acceso de jóvenes de zonas desfavorecidas), haya vuelto a asumir el liderazgo al llevar a cabo una (enésima) reforma de sus criterios y modalidades de selección. La última reforma, en 2021, puso fin a las pruebas escritas de admisión, unificó las vías de selección e introdujo puntos de bonificación para los becarios de secundaria provenientes de las escuelas secundarias asociadas, cuyo número se incrementó de 106 a 215. Sin embargo, la dirección del IEP, en su comunicado, se ha mantenido discreta sobre la tasa global de estos becarios de secundaria (que asciende al 12 por ciento, frente al dos por ciento de promedio en Francia en el sector público), y ha hecho hincapié en la proporción de becarios de educación superior (mucho más favorecidos que los de secundaria) entre los admitidos (27 por ciento), muy por debajo del promedio de las universidades a nivel nacional (39 por ciento).⁹

Escenarios posibles

Vincent Carpentier y Emmanuelle Picard, historiadores especialistas en sistemas educativos contemporáneos, plantean dos escenarios:¹⁰ o bien una alternativa posneoliberal, que asuma una política progresista, tanto económica –mediante una reactivación financiada por un impuesto más equitativo– como educativa, gracias a un aumento significativo del gasto público en educación pública, pero también a reformas estructurales, como la fusión de todos los ciclos posteriores a la secundaria, incluidos los cursos preparatorios, los STS [clases preparatorias para la universidad durante los últimos años de la secundaria] y los IUT [ofrecen una formación técnica de nivel universitario], en un primer ciclo propedéutico unificado, que ocupe una posición intermedia entre la secundaria y la universidad; o bien un statu quo general que favorezca una aceleración del régimen gerencial actualmente dominante, con la expansión de las estrategias mercantiles, la continuación de la retirada del Estado de la financiación de los estudios superiores y el reemplazo de los recursos fiscales por una combinación de préstamos estudiantiles y cuotas de matrícula elevadas, acompañadas de algunas becas, siguiendo el modelo estadounidense.

Tales proyecciones no tienen nada de quimérico. Basta, para convencerse de ello, con leer el informe de la Comisión de Investigación del Senado dirigida por la senadora de Los Republicanos, Laurence Garnier, cuyas recomendaciones ofrecen un panorama de la política que la derecha podría impulsar en materia de selección en caso de victorias electorales:¹¹ supresión del derecho de acceso a la educación superior para quienes obtengan el título del bachillerato (bac), al dejar de ser este el primer grado de la enseñanza superior; fin del derecho de acceso a la maestría para quienes posean una licenciatura universitaria; fortalecimiento de las carreras selectivas dentro de las universidades (dobles licenciaturas, programas combinados de escuela-universidad, ciclos preparatorios para estudios superiores) y de los programas cortos, en detrimento de la capacidad de admisión en las licenciaturas que ofrecen pocas salidas profesionales (en psicología, idiomas, letras y ciencias humanas); el fin de la facultad de los rectores de imponer a las universidades a estudiantes sin asignación al término del proceso Parcoursup; la instauración de cuotas de matrícula en las universidades, de 900 euros en la licenciatura y 1.300 euros en la maestría.

Sin embargo, al exigir un aumento de la financiación pública de la educación y rechazar las lógicas selectivas que tienden a generalizarse en todos los niveles del sistema educativo, el movimiento de estudiantes de secundaria y universitarios de 2026 abrió el camino a una reflexión crítica sobre el modelo censitario que se está imponiendo. La unión de alumnos de escuelas secundarias privilegiadas y de estudiantes de las grandes escuelas pone de manifiesto la fragilidad del orden simbólico en la cima de la pirámide social, un poco como en Mayo del 68. Bien podría ser que estas solidaridades improbables, al trazar otras posibilidades, den lugar a un futuro menos terrible. Siempre y cuando otros rebeldes se sumen a la lucha, jóvenes o no tan jóvenes, para resistir la contrarrevolución que se avecina.

Paul Pasquali, sociólogo, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica, autor de Héritocratie. Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1870-2020), La Découverte, París, 2021. Traducción: redacción de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.