Más que una revuelta liceal

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Lucie y Robin no tienen mucho de qué quejarse sobre sus condiciones de estudio en Aveyron, Francia. Su instituto ha sido renovado recientemente y las clases no están saturadas. Sin embargo, el 17 de octubre fueron a manifestarse, en apoyo a sus compañeros menos acomodados. “Aunque en Rodez estemos bien, no es igual en todas partes, en especial en los suburbios”, explicaron a un periodista que vino a cubrir el evento (Centre Presse Aveyron, 17-10-2026). Esta solidaridad entre estudiantes de secundaria de territorios que parecen tener poco en común se ha forjado en redes sociales donde, de un colegio a otro, circulan testimonios y videos, mensajes de ánimo. Es una de las particularidades del movimiento que ha estado encendiendo Francia desde el inicio del curso 2026. Otra singularidad de esta movilización no nació de la oposición a una reforma, como suele ocurrir, sino que surgió de repente, en medio de un año electoral, para protestar contra el deterioro generalizado del servicio de educación pública. Las mismas preocupaciones surgen en todas partes, desde Créteil hasta Lamballe, desde Vaulx-en-Velin hasta Villefranche-sur-Rouergue, pasando por París, Marsella, Mayotte o la Guayana Francesa: los locales degradados y mal aislados, los profesores sin suplentes, los horarios con largos baches entre clase y clase, la plataforma virtual Parcoursup y su algoritmo incomprensible... Sin mencionar un horizonte cada vez más oscuro, que incluye la inteligencia artificial que amenaza empleos, el cambio climático que amenaza el planeta y el espectro de la guerra que amenaza Europa. La convergencia de estudiantes de secundaria de los suburbios y zonas rurales puede sorprender tras 15 años de lucha por la “división territorial”, que ha solidificado la idea de una oposición entre la “Francia de las metrópolis” y la “Francia de la periferia”, entre los “jóvenes de las ciudades” y los “jóvenes del campo”.

Según esta interpretación, tan difundida en los medios de comunicación como cuestionada por los investigadores,¹ habría dos grupos de jóvenes que, pese a pertenecer a los sectores populares, no compartirían los mismos problemas, los mismos valores ni las mismas perspectivas. Los jóvenes de los suburbios se enfrentarían al racismo, a la discriminación y a la segregación urbana, pero su cercanía geográfica a centros dinámicos o la atención especial que el Estado les brinda a través de la política urbana les ofrecerían cierta apertura al mundo, la posibilidad de tejer redes y una perspectiva de ascenso social. Por el contrario, los jóvenes del campo, considerados más conservadores y apegados a sus tradiciones, estarían atrapados en su territorio. Alejados de los centros de toma de decisiones, de los espacios de formación de alta reputación y de las zonas de empleo, olvidados por el gobierno, tendrían menos oportunidades de salir adelante. “La juventud de los suburbios ha sido favorecida en comparación con la del campo. Es una juventud a la que se le ha dado todo. Es mejor tener 20 años en Saint-Denis y Nanterre que en la Creuse”, cree saber Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional [sector liderado por Marine Le Pen] (RTL, 2-7-2023). Por lo tanto, resulta difícil imaginar un movimiento social que agrupe a estas dos juventudes.

Sin embargo, cuando dejamos de oponer los espacios para centrarnos en las condiciones sociales, las experiencias resultan mucho más cercanas de lo que parecían. Tanto en el campo como en los suburbios, los jóvenes sufren de lleno las consecuencias de la desindustrialización. Sufren la falta de empleos estables, la falta de inversión en servicios públicos y la estigmatización de unos como “delincuentes” y de otros como “campechanos”. También comparten formas de sociabilidad centradas en “solidaridades de pequeño alcance”,² poco mixtas, así como, entre los chicos, un gusto común por el fútbol y el motocross. En resumen, tienen muchas razones para hablar con una sola voz, y el movimiento de estudiantes de secundaria lo ha recordado con fuerza, determinación y entusiasmo.

Para responder a esta movilización inédita, el gobierno recurrió a un método que ha dado buenos resultados desde que el presidente Emmanuel Macron llegó al poder. Primero la ignoró (el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, esperó dos semanas antes de recibir a los representantes de los estudiantes de secundaria). Luego la reprimió, antes de intentar desacreditarla (los bloqueos no serían más que una “maniobra de La Francia Insumisa y sus aliados de la extrema izquierda”, según Matignon [sede del primer ministro]) y, por último, dividirla, distinguiendo entre los manifestantes buenos y los malos, calificados de vándalos, quienes, según el primer ministro Sébastien Lecornu, habrían transformado la protesta de los estudiantes de secundaria en “un movimiento de violencia urbana”.

Y, por supuesto, creó una plataforma en línea para que los estudiantes expresaran sus quejas, siguiendo un procedimiento ya utilizado en 2019 con los “chalecos amarillos”: ofrecer una válvula de escape digital a la ira, para ignorarlos mejor.

El gobierno creía haber dado en el blanco. Apostaba por el fracaso de la movilización del 17 de octubre, convocada por los estudiantes de secundaria, las organizaciones estudiantiles, los chalecos amarillos y los sindicatos, y preveía solo entre 150.000 y 200.000 participantes. Acudieron cuatro veces más personas. Al margen de las marchas masivas y pacíficas anteriores –objeto de gases lacrimógenos y cargas policiales indiscriminadas–, unos 3.000 comercios sufrieron daños o fueron saqueados, y se incendiaron edificios públicos.

La criminalización

Entonces, la aplanadora identitaria volvió a ponerse en marcha, machacando las reivindicaciones de los manifestantes. Mientras se hablaba de servicios públicos, salarios, inflación y precios del combustible, el debate volvió a girar en torno a la inmigración, la delincuencia y los suburbios… ¿Acaso no se ven, en los videos que circulan por internet, jóvenes con capuchas? “Estos saqueadores son, en su abrumadora mayoría, hijos de inmigrantes que, sin duda de manera inconsciente, simplemente reproducen las razzias³ de sus antepasados”, concluye la periodista Élisabeth Lévy (Sud Radio, 19-10-2026). Bardella critica igualmente a las “hordas de salvajes desarraigados que se encuentran al otro lado de la circunvalación y que vienen a las grandes ciudades para saquear y expresar un sentimiento de venganza contra Francia “ (CNews, 19-10-2026), mientras que Bruno Retailleau, candidato de Los Republicanos [derecha tradicional] a la presidencia, arremete contra los “ciudadanos con doble nacionalidad que saquean, que son violentos, que agreden a gendarmes y a las fuerzas antidisturbios (CRS)”, y propone despojarlos de la nacionalidad francesa –una idea que también defiende el presidente de Reconquista, Éric Zemmour–. Al término de esta semana de oleada racista, un hombre tomó una ametralladora para, según sus propias palabras, “vengar a los comerciantes” vandalizados, disparando a primera vista contra “negros y árabes” en la comuna de Trappes.

Sin embargo, nadie conoce el perfil de las personas involucradas en estos disturbios. Y aunque resultara que entre ellos hubiera un gran número de jóvenes de los suburbios, eso no bastaría para convertirlo en un fenómeno étnico. Los sucesos ocurridos en Reino Unido en el verano de 2011, tras la muerte de Mark Duggan, un joven negro asesinado por la policía en Londres, demuestran de hecho cuán sesgada puede ser esta interpretación. En cinco días, más de 2.000 comercios fueron destrozados o saqueados. “Estos disturbios tenían un carácter racial. ¿Por qué negar este hecho?”, había señalado desde el principio una columnista del Telegraph (7-8-2011).

“Sin la cultura de las pandillas del Londres negro, ninguno de estos disturbios habría ocurrido”, coincidió un colega del Daily Mirror (13-8-2011). Un año después, un informe del Ministerio de Justicia reveló un panorama muy diferente. De las 3.103 personas juzgadas por disturbios al orden público, el 41 por ciento eran blancas y el 39 por ciento eran negras. En realidad, todo dependía de la ciudad en cuestión. En Birmingham, donde la juventud de las clases populares es mayoritariamente negra, las personas detenidas también lo eran. En Liverpool o Manchester, donde los barrios populares cuentan con más jóvenes blancos, la tendencia se invertía. En otras palabras, el perfil de los participantes reflejaba ante todo la composición de la juventud de los barrios populares locales.⁴ En cuanto a sus motivaciones, otro informe puso de manifiesto un fuerte efecto de oportunidad e imitación, en un contexto en el que la policía ya no parecía tener nada bajo control, lo que generaba una sensación de impunidad: “El observador curioso puede convertirse en un buscador de emociones fuertes, o el buscador de emociones fuertes en un oportunista”.⁵

El estallido

Durante siglos, el disturbio –el levantamiento violento, espontáneo y repentino– constituyó el principal medio de presión sobre los poderes establecidos, lo que el historiador Eric Hobsbawm denominó la “negociación colectiva mediante disturbios”.⁶ Con el advenimiento de la sociedad industrial y el auge de las grandes organizaciones colectivas (partidos, sindicatos, asociaciones...), la huelga se impuso de forma progresiva como la principal palanca de acción del movimiento obrero. Sin embargo, desde la década de 1980, el debilitamiento de estas organizaciones, la fragmentación de los colectivos laborales y los repetidos fracasos de las formas tradicionales de acción han contribuido al regreso de este fenómeno, en el que se combinan, de manera paralela o intrínseca, los reclamos y la destrucción.⁷ Y esta dinámica se ha acelerado desde la crisis financiera de 2008. Revuelta contra la austeridad en Grecia (2010-2012), levantamientos contra el costo de vida en Brasil (2013), en Bulgaria (2013), en Chile (2019), los chalecos amarillos (2018) o los disturbios urbanos en Francia (2023). Aunque los contextos sean distintos, se repiten las mismas escenas: ataques a edificios públicos, destrozos en comercios, barricadas y enfrentamientos con la policía que trascienden las formas tradicionales de movilización política. Este otoño boreal confirma esta tendencia. También estallaron disturbios juveniles en Italia, Bélgica y Albania, mientras que movilizaciones masivas sacudieron a España, Portugal y Grecia.

Más allá de los siglos y las fronteras, la historia de las revueltas nos recuerda un principio elemental: la violencia social (pobreza, racismo, explotación...) puede generar, a su vez, violencia en quienes la sufren. Esta idea, por cierto, es ampliamente aceptada cuando las poblaciones se sublevan en Sri Lanka o en Madagascar. O cuando los agricultores atacan la prefectura de Lot-et-Garonne [zona con electorado de derecha y extrema derecha, hostil hacia las regulaciones ambientales del gobierno central y de la Unión Europea], destruyen un edificio de la Dirección Regional de Medio Ambiente en Carcasona y vandalizan sucursales de Leclerc o McDonald’s –como ocurrió en enero de 2024–. El entonces ministro de Interior, Gérald Darmanin, se refirió en ese momento a los “arrebatos legítimos de quienes no ganan mucho dinero y trabajan muy duro”, al explicar que “no se combate el sufrimiento enviando a la policía” (TF1, 25-1-2024).

Los estudiantes de secundaria, los jóvenes de los suburbios o los chalecos amarillos no tienen derecho a ese tipo de consideración. Hace 20 años, un político de derecha como François Bayrou podía afirmar sin reparos, al referirse a los disturbios urbanos de noviembre y diciembre de 2005: “Si buscamos el origen de lo que pasó, lo encontraremos en la forma en que se permitió que Francia se urbanizara, encerrando a los pobres con los pobres, aceptando que se formaran guetos que son guetos por origen, guetos del desempleo con más del 40 por ciento en algunos barrios, guetos donde la escuela se encuentra en una situación difícil, donde a los problemas sociales se suman los problemas culturales [...]. Las consecuencias tienen causas. Son las causas las que hay que abordar”.⁸ En julio de 2023, el presidente Emmanuel Macron, menos dispuesto a la autocrítica, solo había visto en los disturbios que siguieron a la muerte de Nahel Merzouk “violencia pura e injustificable que carece de toda legitimidad”.

¿Qué lleva a una sociedad a estallar? ¿Por qué algunos llegan a asaltar edificios públicos, comercios o a atacar a la policía? Plantear estas preguntas expone a una caza de brujas. “O estás del lado de la República, y por lo tanto de las fuerzas del orden [...], o estás del lado de los vándalos”, insistió el primer ministro Sébastien Lecornu la noche del 17 de octubre. Al día siguiente, François-Xavier Bellamy, vicepresidente de Los Republicanos, sugirió encarcelar a Philippe Poutou, exvocero del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), porque se había declarado “del lado de los manifestantes, los alborotadores, la juventud rebelde, los oprimidos y el desorden”. Por su parte, La Francia Insumisa es acusada también por Lecornu de ofrecer excusas ante quienes cometen actos de violencia; por Marine Le Pen, de “legitimar la violencia al considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho”, y por el presidente del Senado, Gérard Larcher, de difundir “un discurso de odio” (Larcher llegó incluso a plantearse la disolución del partido izquierdista).

La respuesta

Durante una semana, los líderes políticos se turnaron en los programas de televisión para detallar sus propuestas. Algunos, como Gabriel Attal [ex primer ministro, macronista], quieren bloquear el acceso a las redes sociales durante las manifestaciones y generalizar la vigilancia facial y algorítmica; otros proponen construir miles de plazas penitenciarias siguiendo el modelo de El Salvador de Nayib Bukele, retirar los beneficios sociales a las familias de los alborotadores o incluso endurecer la justicia juvenil. Las autoridades siguen dócilmente esta escalada represiva. Para los jóvenes detenidos, se implementa una justicia expeditiva, con base en comparecencias inmediatas que no les dan tiempo a los acusados para preparar su defensa. Incluso circula un marcado clima de acusación desde que la Prefectura de Policía de París puso en marcha una plataforma en la que los testigos de los disturbios pueden enviar sus videos a la policía. Y cuando Darmanin, ministro de Justicia, declara su deseo de autorizar a las fiscalías a notificar a los empleadores de las personas condenadas.

También se han establecido toques de queda en varias ciudades, bajo la mirada vigilante de drones y helicópteros; se prohibieron las concentraciones y, en algunos barrios, incluso se prohibió pasear con una mochila o con la cabeza cubierta. El 24 de octubre, día de movilización nacional, la restricción de las libertades públicas alcanza un nuevo umbral. Con el pretexto de prevenir desórdenes, se prohibieron las manifestaciones en Lyon, Niza, Montpellier, Ruán, Le Havre, Toulon... La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses canceló trenes para impedir que algunos manifestantes se dirigieran a las concentraciones, y se realizan controles preventivos en las estaciones y rutas. En París, se movilizó al ejército para controlar a los manifestantes, así como a la brigada regional de intervención, el RAID (unidad de élite de la Policía Nacional de Francia) y al grupo de intervención de Gendarmería Nacional (GIGN).

El poder al pueblo

El poder, asustado, busca sofocar la protesta ignorando lo que la alimenta. Pero eso ya no funciona. La multitud del 24 de octubre fue tan numerosa como la semana anterior, a pesar de las restricciones, los gases lacrimógenos, el mal tiempo y las vacaciones escolares. Tras diez años de presidencia de Macron, los motivos de la ira no desaparecerán bajo los golpes de porra. Francia cuenta ahora con cerca de diez millones de pobres; siete millones de adultos declaran no comer lo suficiente. Desde 2024, debido a la inflación, un hogar de dos adultos y dos niños ha visto reducido su presupuesto anual en 1.200 euros. Al sistema judicial le faltan jueces, secretarios judiciales y fiscales; a las escuelas, maestros, enfermeras y supervisores. En los hospitales, los servicios de emergencia están saturados y se han eliminado 32.000 camas en diez años, mientras que las zonas sin atención médica siguen extendiéndose, incluso en los centros urbanos. Bomberos en huelga, escasez de vivienda social, líneas ferroviarias eliminadas, residencias para personas mayores con falta de personal, cárceles superpobladas... La lista de problemas es interminable.

Ante esto, Macron y su gobierno solo hablan de austeridad. Con la mirada fija en la deuda y sometidos al veredicto de los mercados, repiten que las arcas están vacías, excepto para aumentar el gasto militar, construir prisiones y otorgar beneficios fiscales a las empresas y a los hogares acomodados. Sin embargo, como señala el economista Thomas Piketty, si bien es cierto que la deuda pública pasó del 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1970 al 120 por ciento en la actualidad, los patrimonios privados se han disparado del 300 por ciento al 600 por ciento del PIB, con una concentración extrema en la cima de la pirámide.⁹

En 2025, los dividendos pagados a los accionistas alcanzaron el nivel récord de 107.000 millones de euros, frente a los 46.000 millones de 2017 (10). Sin embargo, cuanto más aumenta el ahorro, más se infla la deuda, ya que, si los individuos no invierten, el Estado debe hacerse cargo. Pero para Macron es impensable atacar a los más ricos, de quienes tal vez espera que pronto lo contraten. Al no atreverse a hacerlo, el poder se encierra en una ecuación peligrosa, en la que se acumulan los motivos para rebelarse mientras se reduce el espacio para la protesta.

La distracción identitaria, por un lado, y la represión y la intimidación, por otro, no han logrado sofocar la voluntad de señalar y acabar con las injusticias. Al llegar al poder en 2017, entre los aplausos de las clases dominantes occidentales, Macron se había erigido en baluarte contra la “tentación iliberal” que, según él, ganaba terreno en varios países. Diez años después, Agrupación Nacional se encuentra a las puertas del poder. Desautorizado tres veces por el sufragio universal desde 2024, el presidente francés ya no duda en cuestionar el derecho constitucional a manifestarse, rivalizando, en materia de represión de la protesta, con la líder de extrema derecha del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Al reunir a dos juventudes que todo parecía oponer –la urbana y la rural–, la revuelta actual nos recuerda que nada está decidido de antemano. De hecho, su ímpetu se extiende a otros sectores que, cada uno por separado, habían protestado en vano durante las últimas décadas: funcionarios, chalecos amarillos, trabajadores del sector privado, jubilados. Como ironía de los efectos homogeneizadores del neoliberalismo, la ira se propaga más allá de las fronteras, donde las mismas causas producen los mismos efectos. Cada vez más marginada en un electorado que envejece, la juventud abre así el camino al movimiento social europeo con el que soñaba el sociólogo Pierre Bourdieu a finales de la década de 1990; una demostración de que la fatalidad retrocede cuando las luchas convergen.

Benoît Bréville, director de Le Monde diplomatique (París). Traducción: redacción de Le Monde diplomatique, Cono Sur.