Pretoria, sumida en la afrofobia

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En diciembre de 2025, varios colectivos antinmigrantes exigieron a todos los extranjeros en situación irregular que abandonaran Sudáfrica antes de la “fecha límite” del 30 de junio de 2026. Este ultimátum, sin ningún carácter oficial, se produjo tras varios meses de manifestaciones violentas que habían causado graves daños materiales, obligado a cientos de miles de personas a huir y dejado al menos cuatro muertos. El 30 de junio transcurrió sin incidentes graves, en parte gracias a los 600 millones de rands, unos 32 millones de euros, que el Ministerio del Interior destinó a financiar operaciones de control en las nueve provincias del país. El movimiento March and March, líder de la movilización, postergó el plazo hasta el 30 de setiembre, exigiendo a las empresas que dejaran de contratar a personas indocumentadas para esa fecha.¹

Según las autoridades sudafricanas, más de 80.000 extranjeros han sido objeto de procedimientos de repatriación o expulsión entre el 14 de junio y el 20 de agosto. Otros han emprendido el camino de regreso por sus propios medios. Cerca de 115.000 zimbabuenses, 56.000 malauíes y miles de nigerianos, ghaneses, lesotenses, mozambiqueños habrían regresado así a sus países de origen.

Afirmando que solo se oponen a los flujos migratorios “ilegales”, el movimiento nativista² niega cualquier tipo de xenofobia y reclama una política que priorice a los sudafricanos. Sin embargo, incontables testimonios dan cuenta de milicias que van de puerta en puerta agrediendo a extranjeros, saqueando sus pertenencias y atacando comercios regentados por inmigrantes.³ Ciertos grupos se dirigen incluso contra conciudadanos considerados “demasiado negros” o mujeres sudafricanas que llevan el hiyab. Estas intimidaciones y abusos constituyen un caso de afrofobia, dado que apuntan principalmente contra extranjeros africanos y, de forma marginal, contra ciudadanos de países del sur de Asia, en particular vendedores ambulantes y pequeños comerciantes de las zonas desfavorecidas. Los cientos de miles de inmigrantes europeos, que en su mayoría residen en barrios acomodados, no se ven afectados.

Los organizadores del movimiento acusan al gobierno de permitir la llegada descontrolada de inmigrantes procedentes de países vecinos, a quienes reprochan que vengan a “robar” los puestos de trabajo a los sudafricanos, que disparen la tasa de delincuencia, que no paguen impuestos y que saturen los hospitales y el sistema educativo. Sin embargo, estamos lejos de cualquier situación de desbordamiento migratorio: en el último censo, en 2022, el país tenía 2,4 millones de inmigrantes, de todas las categorías, lo que supone el 3,9 por ciento de la población total. Su número alcanzó un máximo de 3,2 millones en 2015, pero, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, no ha dejado de disminuir desde entonces. De acuerdo con estos mismos datos, cerca del 90 por ciento de los migrantes que viven en Sudáfrica provienen de cuatro países vecinos: Zimbabue (48,5 por ciento), Mozambique (20 por ciento), Lesoto (10.9 por ciento) y Malaui (9,5 por ciento). Además, numerosos estudios demuestran que la inmigración beneficia a la economía sudafricana: genera el nueve por ciento del producto interno bruto (PIB), y cada trabajador inmigrante crea una media de dos puestos de trabajo.⁴ Por otra parte, las personas indocumentadas solamente representan el 2,3 por ciento de la población carcelaria. Por último, según el Ministerio de Educación Básica, los alumnos extranjeros solo constituyen el 1,8 por ciento del alumnado de la enseñanza pública.

Dificultar el acceso al asilo

Los spaza shops de las townships, a menudo atendidos por extranjeros, ocupan un lugar fundamental en la economía. Estos pequeños almacenes informales, que brotan en cada esquina de los barrios que durante mucho tiempo han sido ignorados por las grandes cadenas, dan sustento a las comunidades locales, generan cerca de tres millones de puestos de trabajo y representan más del cinco por ciento del PIB.⁵ Los colectivos antinmigrantes argumentan que estas cifras solo toman en cuenta la inmigración regular y pasan por alto la realidad cotidiana de la mayoría de los sudafricanos, que, según ellos, debería tener el mismo peso que las estadísticas.

No hay indicios de que los sudafricanos se identifiquen con un movimiento cuyos métodos son, por otra parte, violentos. Sin embargo, desde hace algunos años, la percepción de la inmigración se ha deteriorado profundamente. Las encuestas anuales del Human Sciences Research Council (HSRC) señalan una creciente hostilidad hacia las personas inmigrantes.⁶ En 2025, solo el 15 por ciento de la población adulta se mostraba a favor de recibir a todos los extranjeros, mientras que el 42 por ciento estaba firmemente en contra. Por otra parte, el 85 por ciento de las personas encuestadas deseaba restringir el recibimiento de refugiados en el territorio, o incluso ponerle fin. Este endurecimiento es marcado, en particular, entre las clases populares y los colectivos más vulnerables, más expuestos al desempleo, a las desigualdades sociales y a las carencias de los servicios públicos, pero también más propensos a convivir con migrantes africanos en la vida diaria.

La tasa oficial de desempleo asciende al 33,6 por ciento y alcanza el 47,4 por ciento entre los jóvenes. El PIB per cápita lleva 15 años estancado.⁷ A estas dificultades económicas se suman profundas fracturas sociales: Sudáfrica es uno de los países con mayor desigualdad y presenta uno de los índices de criminalidad más elevados del mundo.⁸ Además, la corrupción es endémica en todos los niveles del poder. De acuerdo con un informe reciente de la Oficina de Auditoría General de Sudáfrica (AGSA), los gastos irregulares acumulados durante cinco años por el Estado, las provincias y los ayuntamientos ascienden a 1,4 billones de rands, es decir, unos 75.000 millones de euros.⁹ Se ha señalado a la administración por haber convertido el sistema migratorio en un auténtico “mercado” y por haber obstaculizado deliberadamente el acceso al asilo.

Varios responsables políticos han logrado desviar la atención de sus propios fracasos convirtiendo a los migrantes en chivos expiatorios de las dificultades económicas y sociales del país. Este fenómeno no es nuevo.¹⁰ En 2008, 62 personas perdieron la vida en disturbios antinmigrantes dirigidos principalmente contra los propietarios de los spaza shops, a quienes se envidiaba por su supuesto éxito. Se produjeron otros episodios de violencia en 2015, 2016, 2019 y 2021, en la mayoría de los casos con el consentimiento tácito de los partidos en el poder, que se han negado a reconocer el carácter xenófobo y afrofóbico de estos actos, viéndolos como una oportuna distracción que relegaba sus propias deficiencias a un segundo plano.

Sin embargo, este nuevo brote tiene un carácter un poco distinto. Mientras que los episodios anteriores tenían orígenes locales bien identificados, la magnitud y el grado de organización de la movilización actual plantean varias preguntas sobre su financiación y apoyos. Según los observadores, el movimiento antinmigrante acumuló 3,6 millones de menciones entre enero y junio de 2026, con un alcance potencial de varios miles de millones. Varios influencers han amplificado los contenidos ligados a las manifestaciones, las repatriaciones y la violencia de las milicias, mientras que hashtags como #Mabahambe (“déjenlos ir” en zulú), #June30 (#30dejunio), #PutSouthAfricansFirst (#LosSudafricanosPrimero) e #InmigrationFraud (#FraudeMigratorio) circularon con insistencia a medida que se acercaba el 30 de junio para aumentar la presión.¹¹ Al mismo tiempo, cuentas pagadas se hicieron eco de forma sistemática de las publicaciones de los organizadores de March and March como parte de una acción concertada. Otra particularidad de esta nueva ola es su repercusión internacional.

Sudáfrica está gobernada por un Gobierno de Unión Nacional (GNU) constituido tras las elecciones de 2024, cuando el Congreso Nacional Africano (ANC) perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional por primera vez desde el fin del apartheid. Obligado a formar una coalición, el ANC se alió con su principal adversario político, la Alianza Democrática (DA), así como con los nacionalistas zulúes del Partido Inkatha de la Libertad (IFP). El ANC y la DA han condenado las manifestaciones, han hecho un llamamiento a la calma y han advertido contra el accionar de las milicias. La IFP, en cambio, participó en las concentraciones.

El colectivo March and March afirma no estar afiliado a ningún partido político. Sin embargo, su tesorero se presentó como candidato bajo las siglas de Umkhonto we Sizwe (MK), una formación surgida de una escisión del ANC y ahora dirigida por el expresidente Jacob Zuma, procesado, entre otros cargos, por corrupción, fraude, extorsión y lavado de dinero. Por su parte, Operation Dudula, que en su época fue la punta de lanza del movimiento antinmigrantes, había sido un colectivo de ciudadanos antes de constituirse como partido en 2023 y presentarse a las elecciones provinciales y nacionales de 2024. Otros responsables de pequeñas formaciones de la oposición han contribuido, por otra parte, a legitimar los discursos contra la inmigración y han intentado sacar provecho de ello acercándose a este movimiento. Es el caso de los dirigentes de MK, de la Alianza Patriótica (PA) y de ActionSA. En agosto, March and March anunció la creación de un grupo de trabajo conjunto con AfriForum, una organización que afirma defender los derechos civiles, pero que es percibida en gran medida como un movimiento identitario afrikáner que promueve la tesis del “genocidio blanco”.

Si bien es fácil establecer los vínculos entre algunos partidos sudafricanos y la retórica antinmigratoria, el alcance de la campaña actual supera con creces sus capacidades y sus recursos económicos. Abundan las especulaciones sobre posibles influencias extranjeras que buscarían empañar la imagen de Sudáfrica en el escenario internacional. Con frecuencia se habla de Rusia y Elon Musk, al igual que de Israel, debido a la denuncia por genocidio presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sudáfrica también se encuentra en el punto de mira del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha hecho suya la acusación de “genocidio blanco”, del que serían víctimas los granjeros afrikáners, a quienes reserva 10.000 plazas como “refugiados”. Las tensiones con Israel se han traducido en la expulsión mutua de diplomáticos de alto rango.

Para Sudáfrica, en cualquier caso, la factura es elevada. El Estado ha gastado 341.2 millones de rands (18 millones de euros) para organizar la repatriación “voluntaria” de los inmigrantes en autobuses hacia sus países de origen, construir centros de evacuación y pagar las horas extras de los funcionarios públicos encargados de los trámites. Las autoridades también fletaron aviones con destino a la República Democrática del Congo, Etiopía y Nigeria. Esta cifra no incluye los 600 millones de rands (32 millones de euros) asignados al dispositivo policial del 30 de junio, ni los costos legales o económicos.

La Unión Africana y varios países del continente han condenado las manifestaciones, desaconsejado los desplazamientos no esenciales a Sudáfrica y organizado operaciones de repatriación. Al parecer, Pretoria habría exigido a Malaui, Etiopía y Nigeria el reembolso de los gastos incurridos por el alojamiento y el transporte de sus ciudadanos, lo que ha avivado las tensiones diplomáticas. Abuya estaría considerando reclamar una compensación y ha suspendido las visitas oficiales. Ghana, por su parte, ha recurrido a la organización panafricana, abogando por un debate dedicado a la violencia contra los ciudadanos africanos en Sudáfrica. Además, organizaciones de la sociedad civil han pedido a las autoridades ghanesas que revoquen las licencias de las empresas sudafricanas.

En 2024, Sudáfrica exportó 568.000 millones de rands (30.000 millones de euros) en mercancías a otros países africanos, lo que representa casi el 30 por ciento de sus exportaciones totales, una proporción que alcanzaría el 35 por ciento si se tomara en cuenta el comercio informal. Las empresas sudafricanas tienen una fuerte presencia en todo el continente, en especial en los sectores de la minería, el comercio minorista y las telecomunicaciones. Los inversionistas extranjeros en Sudáfrica, entre los que se encuentran muchos africanos, también están preocupados por la incertidumbre que generan los disturbios.

Los comerciantes transfronterizos del sector informal, originarios de los seis países limítrofes con Sudáfrica, gastan unos 600 millones de dólares (523 millones de euros) al año para abastecerse de mercancías en ese país, que luego revenden en sus países. Muchos ya no se atreven a cruzar la frontera, y su actividad se ha desplomado.

Mirada desde el Ejecutivo

El 7 de junio, el presidente Cyril Ramaphosa se dirigió a los sudafricanos. Aunque se mostró consciente de las preocupaciones relacionadas con la inmigración ilegal, recordó que no se puede culpar a las personas indocumentadas de todas las dificultades sociales y económicas del país. Presentó un plan de acción articulado en torno a cinco prioridades: reforzar la lucha contra las infracciones a las leyes de inmigración y trabajo; prevenir las entradas irregulares mediante un mayor control en las fronteras; erradicar la corrupción en el sistema migratorio; consolidar el marco legislativo y las políticas migratorias, y mejorar la coordinación con otros países africanos en materia de inmigración. Ante la asamblea de la Unión Africana, el 28 de julio, Ramaphosa también hizo un llamado a la coordinación continental frente al “desafío de la inmigración”.

Estas promesas no han logrado desarticular la movilización contra los inmigrantes. En un país donde los discursos xenófobos ocupan un lugar central en las campañas electorales desde hace casi 20 años, la perspectiva de las elecciones municipales del 4 de noviembre¹² hace temer un recrudecimiento de la violencia y las intimidaciones. Estas promesas tampoco han permitido reorientar el debate nacional hacia los verdaderos problemas de la sociedad sudafricana. Destinar sumas considerables de dinero público a la seguridad fronteriza o aumentar la presión policial sobre las personas más vulnerables, en lugar de dedicar esos recursos a la lucha contra la delincuencia, no mejorará las condiciones de vida de los sudafricanos.

Aimee-Noel Mbiyozo, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad en Pretoria, Sudáfrica. Traducción: Emilia Fernández Tasende.