Una juventud que ya no se comporta

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“¿Condena usted la violencia?”. Esta pregunta pesa sobre todo estudiante de secundaria, universitario, líder sindical o político invitado a los medios de comunicación para comentar las movilizaciones actuales. El gobierno francés tampoco se queda atrás. Desde los primeros días, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, se refirió a “un giro” de los bloqueos en las escuelas secundarias hacia la “violencia urbana” (Le Monde, 2-10-2026), mientras que su homólogo de Interior, Laurent Nuñez, anunció que no había dado “ninguna instrucción de moderación” (TF1, 2-10-2026). Una represión policial sin precedentes se desplegó contra los manifestantes: miles de personas, en su mayoría menores de edad, fueron detenidas y quedaron bajo custodia policial. Varios manifestantes sufrieron mutilaciones por el impacto de granadas lacrimógenas o aturdidoras, y como por disparos de lanzadores de balas de defensa (LBD). Los sindicatos policiales intentan justificar esta violencia alegando que cientos de policías y gendarmes habrían resultado heridos desde el inicio del movimiento. Varios presidentes de los consejos regionales alzan la voz para denunciar el costo de los destrozos, y el gobierno ha iniciado el procedimiento acelerado para aprobar un proyecto de ley, conocido como “el que rompe paga”, que busca establecer la responsabilidad civil de un participante en una manifestación “siempre que tenga conocimiento de que se ha ordenado la dispersión debido a la violencia o los destrozos en curso”.

Esta centralidad del uso de la violencia no es compartida por todos. Nathalie Arthaud, portavoz de Lutte ouvrière [Lucha Obrera], señaló con humor en el set de BFM TV: “Sé que las llamas quedan muy lindas de fondo. Al parecer, son muy estéticas, porque han mantenido ese fondo casi todo el día, lo que nos hace creer que estamos en una guerra civil. Pero eso no es lo que está pasando” (3-10-2026). En las marchas, pancartas con consignas como “Quemar tachos de basura solo molesta a la basura” o “Cuando los jóvenes muestran su futuro, los imbéciles miran el tacho de basura que arde” también contradicen el relato dominante.

Basta con participar en las movilizaciones u observarlas para advertir que tienen otro ímpetu. Son decididas, festivas e ingeniosas. Disfraces de dinosaurios, tiburones, superhéroes, personajes de manga, videojuegos o pokemones salpican las manifestaciones. Las batallas de aura, los bailes y los cantos marcan el ritmo de los bloqueos. Miles de pancartas de cartón compiten en creatividad, humor e irreverencia (“Macron, a ti no te faltaba un maestro de Francés”, “Reciclen sus residuos, no los conviertan en ministros”). Por todas partes, rostros sonrientes, una alegría contagiosa.

El significado de un evento es inseparable de las controversias que buscan imponer una interpretación legítima. Insistir en la violencia es una forma de desviar la atención de las razones de la ira. El procedimiento es antiguo. En 1986, Louis Pauwels, entonces director de Figaro Magazine, acusaba a la juventud que se había levantado contra el proyecto de ley Devaquet de padecer un “sida mental” (Figaro Magazine, 6-12-1986), y Robert Pandraud, entonces ministro delegado encargado de la Seguridad, declaraba sobre Malik Oussekine, quien murió tras ser golpeado por una unidad policial motorizada: “Si tuviera un hijo en diálisis, le impediría ir a hacer tonterías en las manifestaciones”. La tesis de la manipulación también perdura. Charles Pasqua, entonces ministro del Interior, veía en las manifestaciones de los años 1980 la mano de “profesionales de la desestabilización, izquierdistas y anarquistas de todo tipo y de todas las nacionalidades” (Le Monde, 9-12-1986), así como el gabinete del actual primer ministro, Sébastien Lecornu, considera las actuales una “maniobra organizada por LFI [La Francia Insumisa] y sus representantes de la extrema izquierda” (France Info, 1-10-2026).

Una represión que escala

Sin embargo, la magnitud de la represión sí ha cambiado. La comparación con las protestas de 2006 contra el Contrato de Primera Contratación (CPE) permite apreciar su alcance: entre el 7 de marzo y el 18 de abril de ese año se detuvo a 4.544 personas, lo que supone un promedio de 106 detenciones diarias.¹ En 2026, las 6.547 detenciones registradas entre el 28 de setiembre y el 6 de octubre representan un promedio de 727 por día, casi siete veces más. “El objetivo de la maniobra era asustar a los estudiantes y a sus padres para detener la revuelta lo más rápido posible”, reconoce un comisario de policía citado por Le Canard enchaîné (14-10-2026).

La diferencia es todavía mayor en el caso de las detenciones preventivas. Su número se multiplicó por nueve, pasando de 46 al día en 2006 a 418 en 2026 (cifras al 13 de octubre). Solo el fin de semana del 17 y 18 de octubre se registraron cerca de 2.700 detenciones preventivas, más que durante los dos meses que duró el movimiento contra el CPE. Las remisiones ante la Justicia registran un aumento similar. De este modo, la detención preventiva se desvía en gran medida de su función judicial para intimidar, disuadir u obstaculizar a los manifestantes, y las fiscalías hacen uso de sus propias prerrogativas (advertencias penales probatorias, reparaciones penales, prohibiciones de comparecencia, etcétera) para sancionar hechos que les resultaría muy difícil que un juez condenara.

En 2006, en medio de la tormenta del CPE, Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, les decía a los responsables de las fuerzas del orden: “Sé que es extremadamente difícil distinguir, en medio de una multitud, entre quienes se manifiestan pacíficamente y quienes quieren crear desorden. Pero no podemos aceptar que algunos busquen instaurar el reinado del terror. Ante la evolución de la situación, les pido que pongan en marcha medidas especialmente adaptadas para detener a los alborotadores”.² El “terror” invocado se refiere, en realidad, a las vidrieras de los comercios, los tachos de basura y el mobiliario urbano, cuyos daños no se salían de costumbre para las fuerzas de seguridad tradicionales, en el marco de una doctrina del “desorden aceptable” que buscaba, ante todo, evitar heridos.³ Pero las imágenes de incendios y destrucción difundidas con avidez por los medios de comunicación contradicen las posturas de firmeza en materia de seguridad que Sarkozy y sus sucesores buscan proyectar ante sus electores.

Las fuerzas especializadas, como los Escuadrones de la Gendarmería Móvil y las Compañías Republicanas de Seguridad, pierden así su posición dominante, en beneficio de unidades provenientes de las policías urbanas –compañías de intervención, Brigadas Anti-criminalidad, BRAV-M en París–, cuya lógica de acción es diferente. Ya no se trata de contener a una multitud, sino de “ir al choque”, de impactar para detener al más mínimo alborotador en medio de las manifestaciones. Esto eleva considerablemente el nivel de violencia y desencadena ciclos de escalada. Las cargas son brutales y provocan desconcierto e ira que fácilmente se vuelve contra los agentes policiales. Al actuar en pequeños grupos, estos a veces son atacados y recurren con facilidad a granadas de dispersión y a las LBD para abrirse paso, a costa de causar lesiones, a veces graves, entre los manifestantes. “Un tacho quemado = un estudiante de secundaria mutilado”, resumen las pancartas.

Esta estrategia resulta aún más funesta porque estos policías están acostumbrados a combatir la delincuencia menor, el tráfico ilícito o los desórdenes urbanos. Por lo tanto, no ven en los estudiantes de secundaria y universitarios a ciudadanos que ejercen un derecho democrático legítimo, sino a delincuentes potenciales a quienes se puede humillar, acosar y maltratar. Las doctrinas de mantenimiento del orden y de lucha contra la “violencia urbana” han llegado a confundirse en la práctica, y no es casualidad que los ministros de Educación Nacional, del Interior o de Justicia utilicen ahora esta expresión al referirse a las movilizaciones actuales.

Como consecuencia, la policía ocupa un lugar más central que en el pasado en el imaginario de la protesta. “Tengo pesadillas con Macron y la policía”, proclaman los manifestantes. En las marchas se canta a todo pulmón consignas como “Todos odian a la policía” o “ACAB” –por “All cops are bastards” [Todos los policías son unos cabrones]–, mientras proliferan pancartas como “La policía nos protege, es evidente”, “Libertad, igualdad, LBD” o “Sistema ACABlante”.

Sin embargo, la sobreexposición de este antagonismo tiende a ocultar la violencia estructural que desencadenó las movilizaciones. A diferencia de otras experiencias, los estudiantes de secundaria y universitarios no protestan por la retirada de una reforma en particular, sino que expresan una crítica social más general. Denuncian las situaciones, a veces indignas, en las que transcurre el proceso educativo, pero también las reformas que desvían la atención de esos problemas. “38 °C/38 alumnos, pero el problema es el celular”, ironizan las pancartas. En un nivel más profundo, el movimiento también revela una contradicción entre la ampliación social del acceso a los estudios y las posibilidades reales de continuarlos. En 1986, apenas un tercio de los jóvenes de una generación obtenía el bachillerato; hoy lo consigue cerca del 80 por ciento. Durante décadas, el presupuesto de la educación superior acompañó esa expansión: la cantidad de estudiantes casi se triplicó, pasando de alrededor de 1,1 millones a mediados de la década de 1980 a más de tres millones en la actualidad, y a partir de mediados de la década de 2010 se produjo un cambio de tendencia. Los fondos recurrentes para las universidades públicas se estancan, lo que limita la capacidad de admisión. Implementado en 2018, Parcoursup –la plataforma nacional de preinscripción y asignación de vacantes en la educación superior– encarna el mecanismo que filtra el acceso a las carreras y perjudica a quienes provienen de familias menos preparadas para esta nueva forma de competencia. “Una juventud formidable, un futuro muy miserable”, advierten los manifestantes. Las movilizaciones ya obligaron al gobierno a anunciar medidas sobre el reemplazo de docentes, el estado de los edificios, la organización del horario escolar y Parcoursup. Promesas que, ante la falta de financiamiento suficiente, no comprometen a gran cosa.

Sean cuales sean los resultados de las manifestaciones, está claro que representa un momento clave de politización para una Generación Z a la que se describía como lobotomizada por las redes sociales. “Yo les hablo de toma de conciencia, ellos me hablan de crisis de adolescencia”, se podía leer en las marchas. Estos dicen “No al R-Odio” y cantan “Siamo tutti antifascisti” [Todos somos antifascistas]. Los activistas de LFI, del colectivo revolucionario Le Poing Levé [El puño en alto] y de la Juventud Comunista reparten volantes, periódicos y calcomanías.

Pero la movilización también adopta formas menos estructuradas que parecen reconocer la indiferencia –o el desprecio– de las élites políticas hacia las protestas sociales y las reivindicaciones ecologistas expresadas en la calle. La cantidad de manifestantes ya no basta para torcer las decisiones. Los canales institucionalizados de negociación (como los sindicatos) son ignorados, o relegados en favor de la comunicación o de mecanismos de “consulta” que no son más que una fachada. Como reacción, los estudiantes de secundaria y universitarios reinventan formas contemporáneas de carnaval.

El carnaval de la protesta

Antropólogos como James C Scott han destacado la importancia de este ritual de resistencia en contextos donde las relaciones de dominación parecen difíciles de alterar. La energía, la alegría y el anonimato de la multitud reunida en el espacio público trastocan por un tiempo el orden social. Es una expresión colectiva del “resentimiento acumulado contra los ricos y los poderosos” que pone “en tela de juicio la injusticia social”.⁴

Los disfraces y las máscaras se burlan de los líderes o exaltan a los defensores de los débiles, como Spiderman. Las figuras de autoridad son degradadas. Se queman sus efigies, se burlan de su seriedad y de su importancia reduciéndolos a su condición meramente corporal.⁵ Se habla de ellos de manera cruda, obscena y escatológica. Carteles como “Nuñez, enorme tanque de orina”, para despojar a sus destinatarios de toda dignidad oficial.

Festivo y mordaz, el carnaval no deja de ser agresivo. Lemas como “La Bastilla es como andar en bicicleta: no se olvida” y “Macron, guillotinamos al rey por menos que esto” evocan la memoria sanguinaria de la Revolución francesa. Los llamados a tomar los “lugares de poder”, como el Elíseo o Matignon, lo actualizan, a riesgo de enfrentamientos severos con las fuerzas del orden y de daños graves, como se pudo ver durante la manifestación del 17 de octubre.

Pero la irreverencia y los disturbios no son tan opuestos como quisieran hacer creer quienes separan a los “manifestantes buenos” de los “sembradores de caos”. Ambos constituyen dos caras de la contestación a un orden institucional que tiende a funcionar cada día de manera más evidente al servicio de los dominantes. Como lo ha demostrado el historiador Edward P Thompson, la violencia popular surge con mayor frecuencia del sentimiento de que los gobernantes han traicionado las obligaciones en las que se basaba su legitimidad.⁶

La lucha que libra la juventud movilizada va mucho más allá de sus condiciones de estudio. Se centra en la definición misma del interés general, del que se supone que el Estado es el garante. El desmantelamiento continuo de sus funciones de protección y el fortalecimiento paralelo de sus funciones coercitivas alimentan la desconfianza hacia él.⁷ La renuncia a los ideales de justicia social en los que se basaba su autoridad desata así la ira contra las élites políticas y administrativas que impulsan estas transformaciones y se jactan de ellas. La pancarta “Los verdaderos alborotadores van de traje y con porra”, enarbolada por una manifestante, demuestra que ya no hay ambigüedad sobre el origen de los destrozos.

Laurent Bonelli, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de París Nanterre. Traducción: redacción de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.