Colombia: conquistas y reveses

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El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro, juró el cargo el 7 de agosto de 2022. Su orden resonó con énfasis: “¡Tráiganme la espada de Bolívar!”. Cuando, minutos después, la preciada reliquia del héroe de las luchas de independencia latinoamericanas fue colocada ante él, el nuevo jefe de Estado clamó a la multitud: “Esta es la espada del pueblo, y por eso la queríamos aquí, en este momento y en este lugar”.

El evento estuvo acompañado de encendidos comentarios. Tras décadas de conflicto armado interno (450.000 muertos), tras años de uribismo –las políticas de extrema derecha del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y luego de Iván Duque (2018-2022)– y tras la fabulosa convulsión social de 2021, el injusto modelo político y económico iba finalmente a caer en desgracia.¹ Como el político experimentado que era –había sido diputado, senador y alcalde de Bogotá–, Petro moderó de inmediato lo que consideraba un entusiasmo excesivo: “Vamos a desarrollar el capitalismo. No porque nos guste el sistema, sino porque debemos superar el feudalismo y entrar en la era moderna”.

Cómo y con quién gobernar era la pregunta. Petro había ganado con solo el 50,4 por ciento de los votos, y su coalición, el Pacto Histórico, obtuvo apenas el 17,35 por ciento en las elecciones legislativas. Si bien la presencia de 24 representantes (sobre 182) en la Cámara de Diputados y 26 (sobre 108) en el Senado constituía un resultado sin precedentes para la izquierda, esta seguía siendo demasiado débil para imponer sus ideas. Por suerte para él, existía en Colombia una tradición bien arraigada: a menudo con cierto cinismo, muchos de los derrotados se sientan a la mesa del vencedor una vez consumada la derrota. Así, tras la rápida conversión de parte de la derecha –el Partido Liberal, el Partido Social de la Unidad Nacional (o Partido de la U) y el Partido Conservador– y de los centristas de la Alianza Verde, Petro se encontró con mayoría. Todo ello sin perder de vista que la lógica que motivaba a sus nuevos “amigos” se resumía en estos términos: “Participaremos en el gobierno [...] para debilitar sus reformas y moderarlas”. Petro pensó, de todas maneras, que otra fuerza podía surgir: “Son los hombres y mujeres jóvenes quienes han decidido exigir más reformas y reformas más profundas”. En consecuencia, “el gobierno se verá atrapado entre estas dos fuerzas. Y quizás todo termine en un punto intermedio”.²

Tras un “Gran Acuerdo Nacional”, desembarcaron en el gobierno figuras de la derecha moderada como Alejandro Gaviria (Educación) y José Antonio Ocampo (Finanzas). A finales de 2022, y a pesar de cierta reticencia, el Congreso –compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado– aprobó una ambiciosa reforma tributaria que preveía gravar al patrimonio y a los altos ingresos. Presentados en rápida sucesión, tres proyectos de ley sobre derecho laboral, pensiones y sanidad reavivaron el fervor beligerante de los defensores del orden previamente dominante. Algunos recordaron entonces que solo estaban en el campo presidencial para obstaculizar y, de ser posible, aniquilar sus veleidades.

El futuro del sistema sanitario fue lo que desencadenó el conflicto. El gobierno pretendía reducir el papel de las entidades de protección sanitaria (EPS), intermediarios del sector privado entre el Estado, los hospitales y los pacientes. Surgió entonces que los grupos Keralty (propietario de la EPS Sanitas) y Bolívar (director de la EPS Salud Bolívar) contribuyeron a la financiación de las campañas de partidos de derecha durante las elecciones legislativas de 2022. La primera manifestación tuvo lugar en febrero de 2023, bajo el lema “¡Fuera, Petro!”. Los partidarios del presidente respondieron a su llamado cuando este, a su vez, decidió jugar la carta de las manifestaciones callejeras. Cuando, en diciembre, la Cámara de Diputados aprueba la reforma, varios ministros dimiten, empezando por Gaviria. Los medios de comunicación inundan las ondas con información de dudosa veracidad, la coalición parlamentaria se desmorona y, en abril de 2024, tras un veto del Senado, el proyecto de ley es archivado por el Congreso, al igual que la reforma laboral.

Esta primera batalla perdida marca un punto de inflexión. El jefe de Estado endurece su postura. Pero sus detractores –fuerzas de derecha y de centro, organizaciones profesionales y ciudadanos independientes– tienen una larga experiencia en hostigamiento. Petro plantea la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente si sus reformas siguen siendo bloqueadas. En el diario español El País (28 de mayo de 2024), el experto constitucional Rodrigo Uprimny expresa su alarma: “Este llamado a la constituyente es inoportuno porque incrementa la polarización corrosiva que vivimos. Sectores de la derecha lo ven como el asalto petrista a la democracia y sectores de la izquierda como el inicio de la revolución”.

Colombia se convierte en ese momento en el escenario de una batalla incierta en la que ni la victoria ni la derrota son definitivas.

Otro hecho insólito

El 15 de mayo de 2024, el presidente declaró que denunciaría al Estado colombiano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acusándolo de no respetar los acuerdos de paz firmados en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, este acuerdo fue “hecho pedazos”, en sus propias palabras, por el uribista Duque. Esta traición complica aún más el proyecto estrella de Petro: la “paz total”. 11 negociaciones habían sido iniciadas con los grupos armados presentes en el país, ya sean guerrillas –el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia (grupos disidentes de las FARC)– o grupos narcoparamilitares como el Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Entre treguas y violaciones del alto el fuego, ninguno de estos grupos se ha desmovilizado hasta el momento. Paradójicamente, en un contexto de hiperfragmentación de actores y pérdida de rumbo ideológico, es en relación con el histórico ELN, la más “política” de todas estas facciones, que Petro se ha mostrado más intransigente.

Como todo presidente, Petro inspira simpatías o antipatías, desata pasiones. Con un ego que muchos consideran “molesto”, puede alternar entre lo mejor, lo peor y lo sumamente ambiguo. Aparece luminoso al levantar la bandera de la defensa del ambiente o denunciar el “genocidio” orquestado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Gaza. Provoca entusiasmo o burla cuando, ante la Asamblea General de la ONU, como un profeta narcisista, habla de su intención de “expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”. Inunda X y demás redes sociales con mensajes de todo tipo. Más allá de lo necesario, se rodea de figuras que nada tienen que ver con la izquierda o incluso francamente dudosas, como el ministro del Interior, Armando Benedetti (exintegrante de las administraciones de Uribe y Santos). Provocador o suicida, ordena la televisación en directo de una reunión de gabinete durante la cual reprende a sus ministros, cuyos enfrentamientos quedan expuestos públicamente. Critica con dureza a la “extractiva” Venezuela, pero anuncia que la “virtuosa” Colombia comprará gas a su vecino, destructor del planeta y del clima. Y eso mientras sigue siendo uno de los principales exportadores de carbón del mundo. Si bien fustiga las maniobras del imperialismo, refuerza la postura de Washington al calificar a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de “dictador”.

Sin embargo, y más allá de las tensiones que provoca tanto en la derecha como en la izquierda, según el caso, el mandato de Petro ha marcado una ruptura con el pasado. Aumento sustancial del salario mínimo, fortalecimiento del marco jurídico relativo a los derechos laborales, adquisición de más de 600.000 hectáreas para el Fondo de Tierras de la Nación y redistribución de 258.251 hectáreas a 73.000 familias campesinas y comunitarias,³ aumento de las inversiones sociales, reducción de la pobreza (del 36,6 por ciento en 2022 al 31,8 en 2024):⁴ en las elecciones legislativas de marzo de 2026 el Pacto Histórico mejoró sus resultados y Petro mantiene desde entonces un nivel de popularidad muy respetable. Esto bastó para alarmar al sector conservador ante las elecciones presidenciales del 31 de mayo y, sobre todo, ante la segunda vuelta del 21 de junio y las posibilidades del petrista Iván Cepeda.

A Petro le llueven ataques desde diversos frentes. En junio de 2023, los diputados del Pacto Histórico debieron solicitar medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un contexto de persecución política, la Fiscalía General de la República, un organismo puramente administrativo encabezado por Margarita Cabello, abrió investigaciones que podrían derivar en la suspensión de algunos de esos diputados (seis corren ese riesgo). Según los legisladores involucrados, Cabello, ministra de Justicia durante el gobierno de Duque, operó “como miembro de la oposición más que como titular de la Fiscalía General” (La Radio del Sur, 1° de junio de 2023). Al mismo tiempo, y tras una campaña de la prensa conservadora, el Consejo Nacional Electoral (CNE), otro organismo administrativo, abrió una investigación sobre el financiamiento “ilegal” de la campaña de Petro en 2022 sin estar habilitado para hacerlo. El CNE se interesó en las donaciones realizadas por un sindicato de maestros, no con fines de campaña, sino para sufragar los gastos de los observadores del Pacto Histórico presentes en los colegios electorales el día de las elecciones. Petro llegó incluso a denunciar un intento de golpe de Estado light por parte del fiscal general uribista, Francisco Barbosa.

Un marcado interés en los BRICS (Colombia es miembro de su Nuevo Banco de Desarrollo)⁵ y en la Iniciativa de la Franja y de la Ruta de China; ruptura de relaciones con Israel; condena de los asesinatos de presuntos narcotraficantes en el Caribe por la fuerza naval estadounidense desde 2025; denuncia del trato dado por Estados Unidos a los migrantes. Ninguna de estas posturas del gobierno de Petro fue bien recibida por Washington. Y sus represalias no se hicieron esperar. Las amenazas estadounidenses de imponer aranceles del 25 por ciento, y luego del 50, a los productos colombianos que ingresaran al país provocaron en Colombia una fuerte reacción de la oposición y de los líderes empresariales contra el “culpable”: Petro. Tras “descertificar” a Colombia en setiembre de 2025, acusándola de ineficacia en la lucha contra el narcotráfico, Washington revocó la visa del presidente, a quien su par estadounidense Donald Trump había calificado previamente de “narcotraficante” e incluido en la “lista Clinton” del Departamento del Tesoro.⁶

Como suele ocurrir con el actual inquilino de la Casa Blanca, a estos episodios de alta tensión les siguieron repentinos períodos de calma. Unas cuantas llamadas telefónicas y una visita a Washington del presidente colombiano, el 3 de febrero, parecieron apaciguar las tensiones. Pero, después de que Petro acusara a Estados Unidos de atacar a Venezuela “sin fundamento legal”, Trump le advirtió que tuviera “cuidado”. Según The New York Times del 20 de marzo, la Administración para el Control de Drogas lo designó como “objetivo prioritario”, mientras fiscales federales estadounidenses le abrían dos investigaciones penales separadas. En Colombia, en vísperas de unas elecciones cruciales, la derecha y sus medios de comunicación celebraron la noticia.

A esta ofensiva del boss se suma la de sus aliados. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de extrema derecha y seguidor de Trump, lanzó una guerra comercial contra Colombia. En enero le impuso aranceles del 30 por ciento, los subió al poco tiempo al 50 y el 9 de abril al 100. Según Noboa, es Quito quien soporta la carga financiera del control fronterizo entre ambos países porque Bogotá no coopera con eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Tras denunciar una reunión previa entre el jefe de Estado ecuatoriano y el controvertido expresidente colombiano Uribe, Petro respondió con un aumento equivalente de los aranceles aduaneros a Quito y la suspensión del suministro eléctrico. La crisis económica derivada de este enfrentamiento afecta principalmente al sur de Colombia, una región clave para el apoyo a Petro y Cepeda en la que, coincidentemente, se ha registrado una treintena de atentados. El más importante, el 23 de abril, fue provocado por una bomba y causó 19 muertos y 48 heridos. El ministro de Defensa acusó de ellos a la EMC, la mayor de las facciones disidentes de las FARC, que rompió negociaciones con el gobierno hace varios meses. “Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan crear un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral”, reaccionó Cepeda en X. En respuesta, y tras declarar que “la seguridad se restablecerá poniendo fin a la ‘paz total’ de Iván Cepeda”, Paloma Valencia anunció que, de ser elegida, nombraría como ministro de Defensa... a Uribe.

Maurice Lemoine, periodista. Traducción: Le Monde diplomatique, edición Uruguay.