Hay una característica de Perú que genera curiosidad y envidia entre los latinoamericanos. Aquí –se dice–, los presidentes y altas autoridades tienen chances reales de terminar en prisión por sus crímenes. Como ese, hay otros espejismos. El más extendido, quizá, sea el de la salud económica pese a las turbulencias políticas. Luego, hay algo concreto: la votación del balotaje del 7 de junio para elegir el décimo presidente de los últimos diez años, tras una primera vuelta con 35 listas.
De un lado, quedó la candidata de derecha Keiko Fujimori –hija y heredera política del fallecido Alberto Fujimori, autor del autogolpe de 1992–; había conseguido en el primer turno el 17,19 por ciento de los votos. Del otro, el postulante de izquierda Roberto Sánchez (12,03 por ciento en primera vuelta), bendecido por Pedro Castillo, el expresidente encarcelado por intentar un golpe de Estado en 2022.
Entre esos dos legados están las fracturas de una democracia en crisis: acusaciones de fraude sin pruebas, racismo, corrupción, avance de la inseguridad y del crimen organizado, concentración de poder por parte del Congreso, pobreza, informalidad, medidas que afectan la recaudación fiscal, polarización, instituciones capturadas, impunidad frente a 49 asesinatos en las protestas de 2022 y 2023 y otra decena de problemas.
Ante estos múltiples frentes, la campaña de Keiko Fujimori –quien postuló por cuarta vez al Ejecutivo– se centró en dos ejes: el factor económico y la inseguridad ciudadana. En el primero, apostó por la preservación del modelo económico neoliberal y, en el segundo, por la idea de “orden”. Las referencias a la figura paterna fueron claras. Juan Carlos Ubilluz, doctor en Literatura Comparada y docente de la Universidad Mayor de San Marcos, abordó este aspecto en Sin odiar al enemigo: el ascenso de la ultraderecha latinoamericana. “El apellido Fujimori –explica en el ensayo– funciona como una garantía de que no le temblará la mano a la hora de tomar decisiones difíciles y hasta antidemocráticas a fin de poner a los criminales tras las rejas”.
Roberto Sánchez, en tanto, llegó al balotaje con una reivindicación del Perú rural y popular, una economía mixta con fuerte intervención y participación estatal, la búsqueda de reducir la desigualdad y de un “nuevo pacto social”, que siente las bases para una nueva Constitución. Este último punto y el factor económico son los que generan aversión en las élites peruanas e, incluso, en buena parte de las clases medias urbanas. De ahí, su performance en primera vuelta: el apoyo para el actual congresista y candidato a la presidencia por Juntos por el Perú se centró, sobre todo, en la sierra sur y norte del país.
A la lideresa de Fuerza Popular, mientras tanto, la estrategia de mano dura y defensa del modelo económico le dejó los primeros puestos en el oriente y en buena parte de la costa, con excepción de Lima y las regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua.
Verdadera gobernante
La vida de Keiko Fujimori siempre ha girado en torno a la política –en Perú bromean con que nunca se le ha conocido un trabajo más allá de esa esfera– y la relación, por momentos tensa, con la figura de su padre autócrata. Aunque es una administradora de empresas formada en Estados Unidos, su nombre está asociado a su rol como primera dama, congresista y lideresa de Fuerza Popular, el partido que ha moldeado al fujimorismo de este siglo.
La agrupación, aunque ha hecho amagues, nunca se ha desligado de la figura del patriarca. De hecho, en esta campaña, con un antifujimorismo en apariencia debilitado, Keiko Fujimori ha asumido esa herencia. Una que, para parte de la población, resume dos hitos: la captura de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, y la estabilización de la economía tras el primer gobierno del fallecido Alan García.
El autogolpe de 1992, la corrupción y las múltiples violaciones a los derechos humanos, incluso contra la población civil –temas, los dos últimos, por los que fue condenado Alberto Fujimori– son presentados en su discurso político como algo necesario para pacificar al Perú de fines de los años 1990 o una simple exageración. Pese al intento discursivo, hasta ahora, estos han sido escollos insuperables en su intento por llegar al Palacio de Gobierno.
A estos anticuerpos se suman los propios de una mala perdedora: la puesta en duda de los resultados electorales de 2016 –cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia– inauguró la crisis política e institucional que hoy atraviesa Perú. En 2021, cuando el victorioso fue Castillo, la agrupación de Fujimori intentó anular cientos de miles de votos de regiones pobres, alegando un supuesto fraude del que nunca presentó pruebas. Para esta segunda vuelta, su partido político impulsó el despliegue de un “ejército” de personeros (simpatizantes que actúan como observadores en el escrutinio). Algunos analistas lo han interpretado como un antecedente para revivir los fantasmas del fraude ante una eventual derrota. A los 51 años, Keiko Fujimori carga con un pasivo más: el ejercicio de poder que han demostrado ella misma y su agrupación. Primero, acorralaron desde el Congreso a Kuczynski y a Castillo –impregnados, ambos, por presuntos actos de corrupción–. Luego, conformaron una coalición con aliados inescrupulosos, que logró resquebrajar el equilibrio de poderes en beneficio del Legislativo, imponer figuras en instituciones como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, legislar en favor de intereses particulares, reconfigurar las reglas electorales y restituir la bicameralidad con una distribución de escaños que favorece al poder centralista.
Por eso, no pocos peruanos consideran a Fujimori como la verdadera política que ha gobernado al Perú de los últimos años.
El candidato de Pedro Castillo
Para Roberto Sánchez, en cambio, la llegada a este balotaje representa un punto de quiebre en su trayectoria política. Si bien tiene experiencia en el Estado –trabajó en tres municipios de Lima, fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante la gestión de Castillo y, actualmente, se desempeña como congresista–, su perfil era más bien discreto.
Su adversaria lo ha definido como un imitador poco genuino de Castillo, y con escaso talante democrático. En el debate presidencial de la primera vuelta, le dijo abiertamente que era “un peligro para el país”. E insinuó, además, que sus propuestas son improvisadas y podrían significar un descalabro económico. Esta última fue una preocupación extendida en los estratos medios y altos. El plan de gobierno anunciado por Sánchez –psicólogo de 57 años, con una maestría en políticas sociales– contempla fortalecer la capacidad del Estado para crear empresas públicas, renegociar contratos sobre recursos naturales estratégicos y tratados de libre comercio “que afecten la soberanía nacional o atenten contra los intereses” del país.
También plantea la prohibición gradual de la exportación de minerales sin procesar –el principal motor de la economía peruana–, aumentar la capacidad de regulación del Estado y crear un sistema tributario progresivo, que incluya la eliminación de exoneraciones y privilegios tributarios. ¿El principal temor? El desincentivo para la inversión privada y el impacto que eso generaría; aunque, por otra parte, los sectores rurales y populares se sienten excluidos de las bonanzas del “milagro económico” de inicios de este siglo.
Sánchez respondió a los ataques de Fujimori y de Rafael López Aliaga –ultraderechista al que dejó afuera de la segunda vuelta por 21.209 votos– desde esa grieta: “Los candidatos de los ricos, los que defienden los monopolios, los oligopolios [...] nos han atacado y nos seguirán atacando porque lo que queremos es democratizar la riqueza de nuestra patria”.
La plataforma detrás de Roberto Sánchez
En una campaña cargada de símbolos como el sombrero de ala ancha, la recreación de la “Ruta Castillista” y el apoyo explícito del exmandatario durante una audiencia judicial, Roberto Sánchez fue bautizado por los medios de comunicación como “el heredero de Pedro Castillo”. Para el politólogo e investigador Paulo Vilca, la etiqueta es errada: la gente no lo ve como el heredero, sino como el candidato del profesor. Ahí hay una diferencia que la gente entiende muy bien”.
Además de carecer de origen andino –nació en la ciudad costera de Huaral y vive en Lima–, Sánchez tiene el respaldo de una agrupación política propia. A eso se añade su experiencia previa en el Legislativo y como ministro, algo de lo que Castillo carecía al llegar al poder. “Eso le da otras destrezas: ha aprendido a moverse en escenarios turbulentos. Es un político pragmático, que negocia, probablemente, sobre la base de intereses muy cortoplacistas. Pero que, básicamente, busca la sobrevivencia”, explica.
Eduardo Dargent, autor de Caviar: del pituco de izquierda al multiverso progre, tiene una impresión similar: “Es un político más cuajado que Castillo. Con menos carisma y capital simbólico, pero con mayores recursos”, reflexiona el abogado, con un máster en filosofía política y un doctorado en ciencia política.
Su candidatura reunió, bajo el paraguas de Juntos por el Perú, a una plataforma más amplia. Esta, además de la estructura del partido, incluyó a actores del castillismo, familiares del exmandatario, dirigentes gremiales de regiones y representantes de organizaciones sociales de corte local. En su narrativa política, el fallido golpe de Estado del profesor fue una acción desesperada y sin mayores consecuencias ante la beligerancia del Congreso.
La coalición de Sánchez también logró aliados como Antauro Humala, ultranacionalista peruano –hermano del expresidente Ollanta Humala–, que purgó condena por liderar el Andahuaylazo, un levantamiento militar donde fueron asesinados cuatro policías. Aunque, de cara a la segunda vuelta, Sánchez ha intentado tomar distancia de él, esta fue una de las críticas más frecuentes de sus opositores. Otra: la promesa de indulto para Castillo.
En un artículo reciente, publicado en el diario peruano La República, Vilca analizó este tejido político como una transformación estructural dentro del poder, que tuvo como antecedente las elecciones de 2021. “La representación electoral de la izquierda peruana se ha desplazado de forma irreversible fuera de Lima, favoreciendo a cuadros que, antes, eran sistemáticamente ignorados o considerados periféricos por las élites”, planteó. En su opinión, esa búsqueda de proyectos políticos propios responde a los incentivos que generó el triunfo de Castillo para actores de raigambre regional, una mejora en sus capacidades de participación electoral y, también, al desprestigio de la izquierda limeña.
Gloria Ziegler, periodista argentina residente en Perú desde hace 13 años.
