Estados Unidos tiene un plan

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Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es fácil confundir los gestos payasescos con el meollo de la trama. Los primeros –insultos, caprichos aduaneros, tráfico de criptomonedas, melodramas ministeriales, crueldades calibradas para las cámaras– atraen la atención hacia lo que podría ser una pista de circo. Los segundos gestos se expresan en dólares. Se trata del mayor presupuesto de Defensa de la historia de Estados Unidos en valor nominal (aunque en términos reales apenas se acerca al máximo registrado durante la Segunda Guerra Mundial): 1,5 billones de dólares. Para reunir una suma semejante se necesita toda la elegancia aritmética de un hombre que no duda en trasladarles la factura a sus propios hijos, es decir, en recortar los servicios públicos que los alimentan, los educan y los atienden. Se supone que este presupuesto financia la transformación estructural del Estado estadounidense, de su economía y de su lugar en el orden mundial. Ahora Washington selecciona los sectores de actividad a plena luz del día, fija precios, adquiere participaciones en empresas privadas y condiciona su ayuda internacional a la lealtad política de los beneficiarios. La república deja caer la máscara del libre mercado, aunque ya se sepa que desde hace mucho tiempo existe el “Estado desarrollista oculto”, como lo denominó el economista Fred Block,¹ formado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (Darpa; todas las siglas están en inglés), el In-Q-Tel (fondo de inversión de la Agencia Central de Inteligencia, CIA), los laboratorios nacionales y otros instrumentos.

El vocabulario de la Guerra Fría y el posterior a la caída del Muro ya no son convenientes. El “keynesianismo militar” significaba impulsar la demanda agregada aumentando el gasto en defensa; el “neoliberalismo militar” apuntaba a lo mismo mediante prestatarios privados y cadenas logísticas desreguladas. Lo que vemos hoy no depende de un asunto de presupuesto, sino de asignaciones; se trata de decidir qué empresas pueden mantenerse, operando con qué precios, con qué insumos, en qué sectores. La guerra que se prepara será menos física que económica; tendrá como campo de batalla las cadenas de suministro, los cuellos de botella y los balances contables.

Detrás de todo esto se esconden, por supuesto, el miedo a China y la tecnología que tomó la delantera respecto de las demás prioridades: la inteligencia artificial (IA). Ninguno de los problemas subyacentes es nuevo. Los planificadores del Pentágono y los analistas de la Rand Corporation hablan desde hace décadas de minerales, de chips, de cables, de estrechos y de reactores. Hasta ese momento, las administraciones asentían cortésmente con la cabeza y desviaban la conversación. La IA tiene la particularidad de fundir todos estos temas en un único relato según el cual dejar que otros tomen la delantera equivale a rendirse.

Legado bipartidario

La historia comienza en 2016-2017, cuando un pequeño grupo de “halcones” obsesionados con China –entre los que se destaca Peter Thiel, el único actor de Silicon Valley que apoyó a Donald Trump en aquella época– decretó que Estados Unidos tenía que obstaculizar a toda costa el avance de Pekín en tecnologías móviles (como 5G) y chips. La prohibición de Huawei en 2019 sirvió como campo de pruebas. La alternancia política no cambió nada. Al contrario, el entonces presidente Joe Biden (2021-2024) perfeccionó el proceso creando sofisticadas capas administrativas que determinaban qué país podía adquirir qué tecnología estadounidense. Su administración extendió las restricciones a la exportación más allá de los propios chips para incluir a las máquinas que permiten grabarlos, a los programas de automatización del diseño electrónico (EDA), a las memorias avanzadas, a las biotecnologías y a las infraestructuras de informática cuántica y muchas cosas más. Convertida en una especie de producto básico del que ningún país cree poder prescindir, la IA exacerba los desafíos. Y Estados Unidos tiene el dedo sobre el interruptor.

El segundo mandato de Trump, desde enero de 2025, consolidó este legado bipartidario al centralizar las operaciones. Sentado sobre una montaña de dinero que gasta más o menos a su capricho, el Pentágono está ahora al frente de la planificación. Con semejante presupuesto, el problema central no es el dinero, sino el personal: encontrar individuos capaces de tomar decisiones de nueve cifras y que se sientan más cómodos con el “despliegue” de capital que con el de tropas. La tarea no recae hoy en día sobre un departamento de Recursos Humanos relegado a algún subsuelo, sino sobre “cazatalentos” que facturan por hora y saben mostrarse persuasivos. A juzgar por una convocatoria laboral efectuada por uno de ellos (y divulgada en la prensa),² el Pentágono busca formar un equipo de 30 personas encargado de invertir hasta 200.000 millones de dólares de dinero público en tres años. La remuneración ofrecida va desde los 300.000 dólares para los empleados internos hasta los 600.000 dólares para los contratados por intermedio de organizaciones subordinadas. También se tienta a los candidatos con un “acceso sin igual” a altos cargos en la administración y a redes de recaudación de fondos que incluyen fortunas reales, garantía de jugosas “oportunidades de salida”. Esto es más cercano al mundo encantado del capital de riesgo con tendencias patrioteras que al de la función pública.

Esta prosa seductora fue redactada a cuenta de la Unidad Económica de Defensa (EDU),³ una agencia creada en abril en el seno del Pentágono por el multimillonario Stephen Feinberg, secretario adjunto de Defensa y uno de los principales donantes de Trump. Feinberg también cofundó la sociedad de inversión Cerberus Capital Management, que gestiona 65.000 millones de dólares de activos y que construyó su imperio sobre las ruinas de empresas industriales estadounidenses emblemáticas, como el gigante automovilístico Chrysler o el fabricante de armas Remington, uno de los más antiguos del país.

La EDU trabajará en tándem con la Oficina de Capital Estratégico (OSC), un organismo de crédito creado durante la era Biden que, en manos de Feinberg, se convirtió en una oficina de inversión que coloca los denarios públicos en los minerales, los cables submarinos, los drones o incluso los satélites. El primer contrato importante firmado por esta entidad permite comprender mejor cómo circula el dinero. El fondo 1789 Capital, que cuenta con el hijo mayor del presidente entre sus asociados, entró en el capital de Vulcan Elements tres meses antes de que la empresa se beneficiara con un préstamo de 620 millones de dólares de la OSC –el más elevado de toda la historia de la agencia–. La ejecución del acuerdo se pudo acelerar gracias a que fue eximido del estudio técnico-económico, en conformidad con un decreto presidencial de marzo de 2025 que alivianaba las condiciones de aprobación para los proyectos relativos a minerales críticos. La inversión no podría ser más estratégica, ya que Vulcan fabrica los imanes de tierras raras que el Pentágono necesita desesperadamente para fabricar sus aviones F-35, refrigerar sus data centers de IA y prácticamente todo lo demás –y de los que China tiene el cuasi-monopolio–.

Lejos de ser una anomalía, el deal con Vulcan es más bien un prototipo, y las personas que preparan sus réplicas ya no intentan fingir lo contrario. Ahí es donde entra en escena el director de la EDU, George Kollitides II, antiguo miembro de Cerberus que también presidió los destinos de Remington durante las turbulencias que siguieron a su adquisición. Convertido en asesor principal del Pentágono en competencia económica, expuso su posición en el asunto durante la conferencia anual del Milken Institute a principios de mayo.⁴ Después de 30 años de “dominio chino en la guerra económica”, explicó, la reacción tenía que organizarse según una doctrina de dos vertientes: “reparar”, es decir, relocalizar los minerales críticos, su transformación intermedia y su tratamiento metalúrgico; y “romper”, es decir, atacar la base industrial de los adversarios para impedirles desarrollar las capacidades que Estados Unidos se esfuerza, con retraso, por recuperar. Ya se trate de “reparar” o de romper”, el equipo de la EDU sabe cómo hacerlo, dado que todos sus miembros provienen “del capital de riesgo o de adquisiciones que tienen un efecto de apalancamiento”.

Con este diagnóstico respecto de la economía estadounidense posterior a 1991, Kollitides resulta momentáneamente interesante, casi sin quererlo. ¿La fuga de capitales en busca de regulaciones más flexibles y una mano de obra más barata, los sinsabores de los “dividendos de la paz” prometidos por el presidente George Bush padre, las fuerzas industriales exprimidas hasta la última gota para financiar el boom del consumo? Todo eso, según él, sería fruto de “errores de razonamiento”. Cabría esperar esta denuncia más bien de un Steve Bannon o de un keynesiano de izquierda dentro de un debate organizado por Jacobin [revista progresista de pensamiento político], pero proviene de un financista de pura cepa hablando en el salón de recepciones de un hotel de Beverly Hills.

El actual consejo de guerra económica del Pentágono está formado por inversores de capital de riesgo como él, que pasaron 30 años capitalizándose sobre la base de la erosión de las capacidades industriales del país antes de presentarse como salvadores. Son ellos quienes constituyen la especificidad de la secuencia que estamos viviendo. El Estados Unidos de la pos Guerra Fría sabía recurrir a la planificación cuando era necesario, con la salvedad de que los planificadores procedían de las universidades, los sindicatos o los ministerios de la industria. Hoy en día se reclutan entre los antiguos empleados de Cerberus, Apollo y Cantor Fitzgerald, bomberos pirómanos que, habiendo aprendido a distribuir el dinero ajeno en consultoras privadas, ahora asignan el dinero público siguiendo los mismos instintos y, en general, las mismas estructuras tarifarias.

Estos hombres actúan sobre tres palancas: los capitales, los precios y la energía.

Los capitales

Bajo la dirección de Feinberg, la OSC superó la lógica del mero préstamo para pasar a la propiedad propiamente dicha. Una evolución que, en opinión de los expertos, excede sus atribuciones, y sobre la cual el Congreso, de mayoría republicana, se negó a pronunciarse. El Pentágono adquirió participaciones en MP Materials y Trilogy Metals, así como warrants (bonos de suscripción) en Vulcan Elements y ReElement Technologies, lo que se suma a las participaciones del gobierno en Intel y Lithium Americas, claramente más comentadas. La Gran y Hermosa Ley Presupuestal (OBBBA) [como llamó Trump a la ley ómnibus del 4 de julio de 2025 que unificó sus prioridades] asignó discretamente a la OSC un presupuesto de 1.500 millones que le permite asumir unos 200.000 millones de dólares en préstamos a lo largo de cuatro años, una de cuyas mitades se destina a minerales críticos y la otra a 31 sectores tecnológicos considerados “esenciales”. En el antiguo catecismo estadounidense, se suponía que el Estado no tenía que elegir a los ganadores. La nueva regla es elegirlos antes de que Pekín tenga tiempo de hacerlo –y asegurarse de que sabrán a quién dar las gracias–.

Los precios

En diciembre de 2024, China prohibió la venta a Estados Unidos de ciertas tierras raras refinadas, entre ellas el galio, del que controla el 98 por ciento del mercado. Aunque el embargo se suspendió un año más tarde, Washington respondió anunciando en febrero de 2026 el Proyecto Vault: un fondo de 12.000 millones de dólares que combina financiamiento público y capitales privados con el fin de constituir una reserva estratégica de los 60 minerales clasificados como “esenciales” por el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos, mientras que los futuros compradores se comprometen por contrato a comprarlos a un precio predeterminado. Complementariamente, el gobierno estadounidense puso en marcha el Foro de Compromisos en Recursos Geoestratégicos (Forge), una alianza comercial cuyos socios prevén ponerse de acuerdo sobre los precios mínimos, las subvenciones y los acuerdos de compra a largo plazo. O cuando el libre mercado, tras unos cuantos tragos patrióticos, descubra el control de precios.

La energía

La IA no funciona con aire puro, incluso si Silicon Valley la presenta como un ascenso hacia las esferas etéreas de la abstracción (modelos, clouds, destellos de genialidad...). En el plano material, se trata sobre todo de un shock en la demanda –de electricidad, de agua, de turbinas, de uranio, de chips, etcétera–. El data center es la fábrica, pero con ingenieros en lugar de obreros. El Departamento de Energía –donde Thiel habría aprobado personalmente al menos a un candidato para un puesto crucial en el sector nuclear, mientras que las start-up incubadas por su Founders Fund se quedaron desde entonces con los contratos más importantes–⁵ tiene como misión devolver al átomo la importancia que tenía al comienzo de la Guerra Fría.⁶ La misión Génesis del Departamento de Energía, anunciada en noviembre de 2025 con un léxico digno del proyecto Manhattan, agrupa a 17 laboratorios nacionales –Los Álamos, Oak Ridge, Sandia y Argonne, que suman en total 40.000 científicos– dentro de una plataforma única consagrada a la IA-al-servicio-de-la-ciencia, cuyas prioridades declaradas van desde la fisión nuclear hasta los semiconductores, pasando por los materiales críticos.

En estos diversos ámbitos, la oferta está varios años por detrás de la demanda. Pero, en lugar de confiar en que los precios equilibren el mercado, la administración responde acelerando los procesos mediante decretos y tratando los estudios medioambientales como órganos regresivos. Si no fuera por el pánico a la IA, estos financistas estarían todavía en sus oficinas de Park Avenue despachando artículos de opinión sobre el declive de Estados Unidos. Instalados en el Pentágono, cambian sus diatribas por órdenes de compra.

El castigo estadounidense

Visto desde el extranjero, el sistema no se presenta como una política industrial, sino como una coacción grotesca. Pero Estados Unidos no pide a sus aliados que queden pasmados ante su ética, solamente que se ajusten a su estrategia antichina a todos los niveles (cadenas de suministro, exportaciones de chips, compras de minerales, normativas sobre datos, infraestructuras energéticas). La zanahoria: beneficiarse con su crédito barato, con su cloud y sus procesadores gráficos. El castigo: perder el acceso a las licencias de uso estadounidenses. Hasta el momento, el proyecto no encontró prácticamente ninguna resistencia.

Punta de lanza de esta política, la coalición Pax Silica, anunciada por la Casa Blanca el 12 de diciembre de 2025, apunta a garantizar la seguridad de la cadena de suministro de la IA a fin de “reducir las dependencias coercitivas”.⁷ A los ocho socios iniciales –Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido y Singapur– se sumaron desde entonces Emiratos Árabes Unidos (EAU), Finlandia, Grecia, India, Noruega, Filipinas, Qatar y Suecia. Cada nuevo signatario subraya sus puntos fuertes. India promete que sus oligarcas pondrán a disposición 210.000 millones de dólares para construir infraestructuras nacionales de IA con plataformas estadounidenses (que exista una contradicción con su pertenencia al grupo de los BRICS, impulsado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no llama la atención de nadie). EAU llega con su gigante G42, reconvertido en Microsoft tras deshacerse de sus molestas asociaciones chinas bajo presión de la administración Biden. El caso de Malasia, que no es miembro de la coalición, sirve de advertencia: en mayo de 2025, la viceministra de Comunicaciones había anunciado una estrategia nacional de IA articulada alrededor de equipos de Huawei; 24 horas y un tuit posterior del zar estadounidense de la IA hicieron dar marcha atrás. La Comisión Europea inició conversaciones para unirse a la alianza... (Bloomberg, 12 de mayo).

Presentes en la cumbre inaugural, Países Bajos, cuya empresa emblema, ASML, suministra máquinas de litografía a todos los fabricantes de microprocesadores avanzados del mundo, se negó educadamente a firmar. Sin embargo, Estados Unidos cree haber encontrado la forma de hacerlos ceder. El proyecto de ley Alineamiento Multilateral y Control de Hardware (MACH), presentado a principios de abril en la Cámara de Representantes y respaldado por ambos partidos, daría 150 días a los países aliados activos dentro de la industria de los chips para alinear sus controles de exportación con los de Washington, bajo amenaza de medidas de represalia unilaterales. La neerlandesa ASML, cuyo presidente y director general (CEO) denuncia desde hace mucho tiempo que estas restricciones tienen motivaciones más económicas que de seguridad, está, por supuesto, en el punto de mira. El gobierno de Países Bajos ya protestó.

Frente a los países del Sur, los estadounidenses tienen menos precauciones. Desde el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en los primeros meses de 2025, la ayuda exterior pasa por la Corporación Financiera para el Desarrollo (DFC) y el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Eximbank), concebidos de manera abierta como armas de guerra económica. A fines de 2025, la DFC vio cómo se elevaba su límite máximo de inversión a 205.000 millones de dólares –más del triple del nivel anterior– y se reforzaban sus capacidades en materia de participaciones en el capital. En un foro del Consejo de Relaciones Exteriores celebrado en abril, su director, Benjamin Black, que proviene del sector del capital de riesgo y que no tiene ninguna experiencia en el sector del desarrollo, describió la misión de la agencia con la lírica de un agente de bolsa: “Construir ecosistemas económicos holísticos vinculados con nuestros mercados financieros, protegidos del control enemigo y estructurados de tal manera que generen altos rendimientos para el contribuyente estadounidense”.

Bajo la administración Trump II, los préstamos otorgan derechos sobre los resultados. Un ejemplo: en diciembre de 2025, la DFC firmó un crédito de 553 millones de dólares con el operador del corredor ferroviario de Lobito, en Angola. ¿El objetivo? Modernizar el tramo angoleño de esta línea estratégica que permite transportar el cobre y el cobalto congoleños (y, a largo plazo, el cobre zambiano) hacia el Atlántico y las cadenas de suministro estadounidenses para hacer baterías y chips, alejándolos así del control chino sobre las exportaciones de minerales en la región.

Cuando los préstamos condicionales no bastan, Estados Unidos amenaza con cerrar el botiquín. Lanzada en setiembre de 2025, la Estrategia Global de Salud Estados Unidos Primero obliga a decenas de países, en su mayoría africanos, a transferir a las agencias y laboratorios farmacéuticos estadounidenses sus datos nacionales de salud –además, en el proyecto de acuerdo con Zambia, se exigen 25 años de secuenciación genómica de agentes patógenos–, bajo amenaza de que se corte el flujo del financiamiento para los tratamientos contra el sida y la tuberculosis. Un memorando del Departamento de Estado obtenido por The New York Times revela el tipo de chantaje que se convirtió en norma: a Zambia se le ofrecen 1.000 millones de dólares en ayuda sanitaria durante cinco años (apenas la mitad de lo que recibía hasta 2025) a condición de que firme un convenio aparte que abra a Estados Unidos el acceso a su cobre, cobalto y litio.⁸ En Kenia, el acuerdo firmado fue suspendido a la espera de que el Tribunal Superior se pronuncie sobre su constitucionalidad. Y, cuando Zimbabue decidió retirarse de un acuerdo por valor de 367 millones de dólares, Washington anunció inmediatamente la supresión progresiva de su ayuda humanitaria a ese país.

La trampa soberana

Sin embargo, la trampa más temible para el Sur sigue siendo la falsa promesa de la “IA soberana” que se le ofrece a modo de consuelo.⁹ Invertir en tecnologías estadounidenses significa importar al propio territorio los data centers, los chips, los modelos y los programas, para después pretender que representan una capacidad nacional. Lo cual, evidentemente, no es el caso. Los chips pueden desactivarse; los modelos son cajas negras que la protección del secreto comercial prohíbe abrir; y, al no estar integrados en una visión industrial más global, los data centers se convierten en apéndices extractivos que producen sobre todo medios de influencia suplementarios para Washington. El escenario desarrollista clásico de los años 70 y 80, que preveía que un país comenzara fabricando autopartes antes de pasar a la fabricación de automóviles completos y, posteriormente, de vehículos eléctricos, no tiene un equivalente evidente en el ámbito de la IA. Sin embargo, sin una estrategia de este tipo, la “IA soberana” es una trampa, no una solución. El país que mejor lo entendió hasta la fecha es China, donde los data centers de Mongolia interior se orientan primero hacia la economía nacional y solo después hacia la exportación. Desde hace algunos meses, la agencia china de administración de datos registra la actividad económica en tokens –la unidad que mide la producción de los modelos de IA–, es decir, según un criterio estrechamente vinculado con el uso de la energía, lo que abre nuevas perspectivas en materia de planificación y asignación de capacidades. El consumo cotidiano del país supera ya los 140 billones de tokens, lo que supone una multiplicación por más de 1.000 desde 2024.

Durante la pequeña recepción del Milken Institute, el estratega económico ahora jefe del Pentágono ofreció la descripción más cándida hasta la fecha del cambio de era que se produce en Washington. La fuente de inspiración, declaró Kollitides, no es otra que el Imperio británico con sus “organizaciones público-privadas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, dirigidas por el Estado y cuya flota constituía una palanca de dominación económica en todo el mundo”. Que se pueda proponer una analogía semejante en 2026 sin pestañear y sin que nadie del público se levante para mencionar la batalla de Plassey (el acto fundador de la colonización británica de India en 1757) o la manera en la que, durante siglos, tales “organizaciones público-privadas” hambrearon un subcontinente para alimentar a Londres, es una confesión en sí misma. El modelo elegido no es el New Deal, ni siquiera el Estado-arsenal de la Guerra Fría. Es un monopolio franquiciado cuyo nombre sigue siendo sinónimo de saqueo legal para buena parte del planeta.

Kollitides parece no haberse dado cuenta de que esta estructura ya existe. El Pentágono redacta los estatutos, los gigantes del cloud gestionan los almacenes y una pequeña constelación de fondos de inversión aporta el capital circulante. Palantir analiza la situación. Nvidia proporciona la infraestructura. El Tesoro, en algún lugar al final del recorrido, se encarga del papeleo. Al igual que el comercio de las especias en el pasado, el desarrollo de la IA garantiza la cohesión del conjunto. Su fusión con el lucro y el arte de gobernar es tan ajustada que cualquiera que intente distinguir dónde termina uno y dónde empieza el otro será tratado como un vestigio obsoleto de la era de las reglas y los procedimientos.

La Compañía Británica de las Indias Orientales cobraba sus dividendos en forma de algodón, opio y té. Su equivalente contemporáneo los cobra principalmente en forma de actividad digital –los tokens generados por la IA, los prompts procesados, los modelos entrenados con los datos de otros–. Pero el libro de cuentas de otros tiempos no desapareció: detrás de los tokens están el cobre de Katanga, el cobalto del Congo, las secuencias genómicas entregadas por las clínicas zambianas a cambio de tratamientos antituberculosos que quizá nunca lleguen, los acuíferos vaciados para refrigerar los data centers. Desde el Beverly Hilton, nada de todo esto es visible. Desde la East India House, en Londres, tampoco se veía la hambruna de 1770 en Bengala. Un defecto de arquitectura, sin duda.

Evgeny Morozov, director de The Syllabus, una plataforma de selección y puesta en valor de los conocimientos. Su último libro publicado en español es Los Santiago Boys. El socialismo digital de Salvador Allende (Verso Libro, Barcelona, 2025), basado en el podcast epónimo. Traducción: Merlina Massip.