De una manera más bien inopinada, sin que la acumulación de tensión y malestar hubiera podido medirse previamente con precisión, el 1° de mayo la capital política de Bolivia, La Paz, apareció rodeada, una vez más, por bloqueos aymaras.
La levantisca Federación de Campesinos Tupac Katari y otras organizaciones ordenaron cortar las rutas que comunican la ciudad con el resto del país. Poco después, se sumó al movimiento la colindante urbe de El Alto, que concentra a 800.000 inmigrantes internos aymaras y alberga al aeropuerto y a la planta de combustibles que sirven a La Paz.
Se repitió entonces el paradigma, tan importante en el imaginario colectivo de los habitantes de esta parte de Bolivia, del cerco indio que ha sido parte de muchas luchas sociales bolivianas desde que el sitio original fuera realizado por, justamente, Tupac Katari y sus seguidores indígenas en 1781, que se considera un antecedente directo de la lucha boliviana por la Independencia.
En este siglo, el cerco de La Paz ha sido recreado en octubre de 2003 y junio de 2005, dentro de movimientos que causaron la caída de dos presidentes neoliberales [Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, respectivamente], y también en noviembre de 2019 para oponerse al derrocamiento del único mandatario indígena que ha tenido Bolivia en su historia, Evo Morales. En todas estas ocasiones, igual que ahora, ha servido como medio de intervención directa de los aymaras en la política nacional. Y ha generado siempre, en los barrios acomodados de La Paz, miedo y odio a esos otros que en Bolivia siguen siendo los indígenas, a pesar de los procesos de modernización vividos.
En esta ocasión, al menos hasta el cierre de esta edición, la violencia ha sido menor que en las anteriores oportunidades, a las que no fue exagerado describir como pequeñas “guerras civiles” con duros enfrentamientos entre bloqueadores y bloqueados, y con decenas de muertos indígenas por las acciones represivas de las Fuerzas Armadas. Aunque el bloqueo actual es duro, parece carecer de un horizonte político claro. Bolivia vive un nuevo ciclo político y la élite tradicional, que en las últimas elecciones reocupó los espacios de poder, está dispuesta a hacerse fuerte en ellos sin dar lugar a un “retorno del pasado”, es decir, a la vuelta del autogobierno de los “plebeyos” que marcó las anteriores dos décadas. De ahí la dificultad del movimiento bloqueador para trascender los límites del mundo rural e indígena, su incapacidad de expansión urbana y nacional y, por tanto, su falta de real gravitación sobre el poder, que los manifestantes quieren compensar con estoicismo y obstinación en su objetivo.
El desvelamiento del racismo
El racismo, que normalmente está presente pero invisibilizado, se hace explícito en los momentos de crisis del ordenamiento político nacional. Así se revela en los levantamientos aymaras, por ejemplo, en los medios de comunicación y en los espacios físicos de encuentro entre “las dos Bolivia”, tales como mercados y transportes públicos. Una importante cantidad de personas no ahorra descalificativos contra los bloqueadores como “salvajes”, “llamas”, “indios de mierda” o el “principal problema de Bolivia que explica su subdesarrollo”. Se reactualiza la fractura entre “civilización y barbarie” que, como se sabe, ha sido uno de los ejes de articulación histórica de las repúblicas latinoamericanas.
El 19 de mayo, algunos “ciudadanos” –como los llaman unos medios de prensa que en cambio cicatean esta calificación para los bloqueadores– echaron basura sobre las cabezas de una marcha pacífica de campesinos que desfilaban por las calles de La Paz. Fue la respuesta racista a un incidente previo, en el que, en una protesta, se lanzó un contenedor de basura desde un puente. En otro episodio, los manifestantes antibloqueos, que se han hecho más numerosos conforme ha ido avanzando el tiempo, quemaron una wiphala o bandera indígena. También reemergieron las “resistencias juveniles” de 2019 en varias ciudades. Estos grupos están compuestos de hombres de ciudad armados con bates y garrotes, que portan escudos metálicos y en algunos casos se trasladan en motocicletas, y cuya misión manifiesta es enfrentarse a las columnas campesinas.
En el pasado el racismo se había mezclado, y a la vez camuflado, con la oposición ideológica y política a Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS). En 2019 la crítica al reeleccionismo de Morales era el aspecto constitutivo de las movilizaciones en su contra. Hoy la identificación entre el indígena y el “evista” funciona bastante menos, pues el expresidente se halla políticamente débil, electoralmente vetado, ha sido acusado en un juicio por estupro y se encuentra escondido sin salida en su bastión del Chapare, a cientos de kilómetros del epicentro de los acontecimientos. Sin embargo, la conexión con Evo no ha dejado de estar presente en los temores de los gobernantes y la retórica de todos aquellos que han jurado que “el MAS, nunca más”.
En general, el racismo tiende a despojarse de sus capas de ornamentos y mostrar su raíz. Decir “masistas de mierda” a los trabajadores y campesinos ya no es suficientemente ofensivo, así que se retorna al tradicional “cholos de mierda”.
Esta dinámica es efecto del sufrimiento económico real que causan los bloqueos en los habitantes de La Paz: hay carestía de alimentos, faltan medios de transporte y las actividades comerciales se suspenden de forma intermitente. También es el efecto de unas estructuras socialdiscursivas excluyentes y polarizadoras que la era del MAS transgredió, pero no logró eliminar. Además, si el racismo puede aflorar con impunidad es porque buena parte de los intelectuales, que en su mayoría son blancos, despliegan diferentes estrategias culturales para negarlo y relativizarlo.
¿Qué quieren los indios?
Dentro del clivaje repetitivo entre civilización y barbarie, los indígenas, desistiendo de librar una lucha por el sentido común social –que de todas formas perderían–, se aferran a sus afectos, que para los racistas constituyen el polo de la “sinrazón”. No solo tratan de vencer por medio de un gran autosacrificio, ya que los bloqueadores pierden lo poco que ingresan cotidianamente. Además, lo que demandan es “incomprensible”: la renuncia de un presidente electo con el 55 por ciento de los votos y que apenas tiene seis meses en su oficina, Rodrigo Paz. Y que, para más inri, fue votado por los mismos sectores que ahora lo quieren defenestrar.
Se trata, entonces, de un movimiento “ilógico”, que el sistema político regular no puede procesar. Los métodos habituales de negociación y entrega de compensaciones económicas (que además Paz no tiene mucho margen para dar) no han funcionado. Tampoco el razonamiento pedagógico que han intentado algunos periodistas y la comunicación del gobierno. Las explicaciones racistas (que son la traducción intelectual del lanzar basura a los movilizados) son las únicas que se vuelven virales.
Para comprender lo que ocurre, se requiere el llamado “giro afectivo” de las ciencias sociales. En todos los levantamientos indígenas operan el cuerpo y la emoción, pero estos móviles no tienen por qué ser inferiores a los del intelecto. Son estratégicos cuando la asimetría entre los capitales educativos y el acceso a los medios de comunicación resulta abismal.
El “indio janiwa” (negador) ha pasmado y desesperado a sus opresores a lo largo de toda la historia. Igual que el Bartleby de la literatura europea, se planta en su janiwa –que es su “preferiría no hacerlo”– y nunca concede las explicaciones que le demandan.
No cabe duda de que, desde la perspectiva de las intenciones racionales, proponerse la caída de Paz responde a un mal cálculo. La izquierda boliviana casi desapareció en las últimas elecciones, en parte debido a la lucha entre sus dos dirigentes, Morales y el expresidente Luis Arce (hoy preso en la cárcel de La Paz). Para sus enemigos de derecha, ahora es muy fácil mantener la inhabilitación de Morales surgida en esta disputa. No existen otros dirigentes populares con suficiente experiencia y reconocimiento como para plantearse llegar al poder. Por tanto, la caída de Paz incluso podría allanar el camino a otras opciones más duras para los indígenas.
La desaparición del MAS y el eclipse de Evo Morales han hecho extinguirse la red de mediaciones estatales entre el movimiento campesino y el Estado. Así que no hay quienes modulen la demanda maximalista de los movilizados. Esto nos pone ante un auténtico “estallido”, pautado por la reacción incontenible del cuerpo indígena frente a las novedades de la historia.
¿Qué es lo que los hombres y mujeres más humildes del país han sentido en los seis meses de gobierno del nuevo presidente boliviano? Que no avanzan por “el lado bueno de la historia” y que más bien dan vueltas en círculos. Aprovechando la rabia popular contra el MAS, contra la corrupción y la división sectaria de este partido, Paz perfiló en las elecciones una candidatura “chola”, amiga del pueblo, junto con el expolicía Edmand Lara, que atrajo al antiguo votante del MAS. Una vez en el sillón presidencial, se deshizo rápidamente de Lara (algo a lo que él mismo contribuyó por su comportamiento errático) y borró las vestimentas y las fisonomías indígenas de la foto del poder.
O sea que con él las cosas han vuelto a la normalidad de la política boliviana: el gobierno de la élite blanca. Con Paz han retornado las clases que, con sus mayores capitales económicos y culturales, han dominado Bolivia de forma tradicional. El tiempo de la excepción masista (20 años en una historia bicentenaria) ha terminado.
Algunas características del gobierno boliviano
En seis meses de gestión, Paz se descubrió como buen amigo de la élite agroindustrial de Santa Cruz, a la que alentó con medidas como la libre exportación agroindustrial. El nuevo gobierno no pareció considerar los efectos de esta medida en los precios internos, ni condicionarla a la colocación del resultado de las exportaciones en el mercado interno. Un mercado que está sediento de dólares porque los exportadores solo vuelcan en Bolivia una parte de sus ingresos (no hay retenciones obligatorias). También eliminó los aranceles a la importación de soja, para favorecer a las grandes empresas procesadoras de la oleaginosa. Luego tuvo que retractarse porque se opusieron los cultivadores de soja de Santa Cruz.
No fue en lo único que reculó por la presión desde abajo. También rasgó en varios pedazos el decreto 5503, que, entre otras cosas, establecía un canal fácil y rápido para las inversiones privadas en recursos naturales. Y anuló la ley 1720, que permitía eludir (voluntariamente) una disposición constitucional que protegía a la pequeña parcela campesina de embargos judiciales.
Su medida más importante fue retirar la subvención de los combustibles, lo que era muy necesario por la sangría de las reservas internacionales. Sangría que se aumentaba por el contrabando hacia los países vecinos, motivado por la diferencia de precios. Sin embargo, este ordenamiento de las finanzas públicas implicó un alza del 87 por ciento de la gasolina y del 162 por ciento del diésel, aumentos que inicialmente fueron aceptados porque había conciencia de su inevitabilidad, pero que terminaron complicando la vida de la gente. En especial por su vinculación con una tasa de inflación de alrededor del 20 por ciento anual.
Otro factor que dañó la reputación del gobierno de Paz fue el combustible que se vendió adulterado y averió unos 60.000 vehículos. Aunque el gobierno se comprometió a pagar las reparaciones, el trámite para lograr que lo haga es pesado y, según algunas denuncias, la gasolina sigue siendo inadecuada y peligrosa hasta este momento. En cuanto a la prometida contratación meritocrática de los funcionarios públicos, con la que justificaba el llamativo cambio en el semblante humano del Estado, quedó seriamente cuestionado: no resultó demasiado meritocrática la designación por parte de Paz de colaboradores muy cercanos a él, no solo muy alejados del pueblo llano, sino también inexpertos en el arte de la política y en las áreas de las que se hacen cargo.
A juzgar por la propaganda del gobierno orientada hacia los bloqueadores, lo que más preocupa a la población es el “paquete” de leyes que Paz estaba por presentar a consideración del Parlamento, que incluye nuevas normas en hidrocarburos, minería e inversiones. Para desmovilizar, el gobierno ha jurado que no privatizará las empresas estratégicas, es decir, vinculadas con los recursos naturales, y que no habrá alzas en las tarifas de luz y agua, como en los tiempos neoliberales. También ha asegurado que armará una nueva versión del gabinete, más inclusiva respecto de los indígenas.
Estas promesas no han sido suficientes para suspender los bloqueos. Lo que se espera es que estos vayan perdiendo impulso por el agotamiento de su energía interna. La derecha del expresidente Jorge Quiroga demanda un estado de excepción que, si se activa, podría devolver al país al escenario de pesadilla de las masacres indígenas.
Aun así, este nuevo cerco indio ha mostrado que cualquiera que gobierne Bolivia deberá tomar en cuenta el peso que tiene, entre los habitantes del campo y los cinturones periféricos de las ciudades, la ideología nacional-popular, que ha sufrido una derrota electoral por el fracaso del modelo económico extractivista del MAS, pero que no ha desaparecido de la escena.
Los indígenas, los trabajadores y su pensamiento nacionalista ya no gobiernan, y es difícil que lo vuelvan a hacer en mucho tiempo, pero probablemente seguirán siendo baremos de hasta dónde puede llegar el giro a la derecha boliviano.
Fernando Molina, periodista y escritor boliviano. Autor de Racismo y poder en Bolivia (Oxfam/FES, 2021).
