Tibios halcones demócratas

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Tras meses de idas y vueltas, el tradicional informe de “autopsia” que encargó el Comité Nacional Demócrata (CND) para identificar el porqué de la derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales finalmente salió a la luz. El documento desató la bronca de una parte de la cúpula del partido, que le sigue recriminando haber esquivado los temas más sensibles, entre ellos, el impacto electoral del respaldo de la administración Biden-Harris a la acción militar israelí contra Gaza.

Esta omisión llamó particularmente la atención dado que los trabajos preparatorios del CND ya habían puesto en evidencia el costo político del apoyo de Joseph Biden al gobierno de Benjamin Netanyahu. Sin embargo, en la versión final del documento –de casi 200 páginas– no se menciona ni a Gaza ni a Israel, ni a los palestinos. No obstante, la propia Kamala Harris había admitido a fines de febrero que la administración de la cual había sido vicepresidenta debería haber tomado distancia de Netanyahu. De hecho, un sondeo realizado en varios estados clave antes de los comicios advirtió que, por cada votante propenso a castigar un embargo de armas a Israel, otros cinco estaban a favor. En la actualidad, casi dos tercios de los simpatizantes demócratas dicen inclinarse más por los palestinos que por los israelíes, es decir, el triple que en 2013.¹

Pese a ello, en una reciente reunión, el CND rechazó varias resoluciones que proponían supeditar la ayuda militar estadounidense al cumplimiento del derecho internacional. La línea oficial sigue siendo, más o menos, la de la era Biden: críticas –por momentos tajantes– hacia el gobierno de Netanyahu, pero una férrea negativa a poner en duda los pilares de la alianza estratégica entre Washington y Tel Aviv.

Esta constancia encuentra una doble explicación. Por un lado, está en juego el peso de la costumbre en una clase política moldeada por décadas de relaciones bilaterales privilegiadas con Israel. Por el otro, el hecho de que, a partir del 7 de octubre de 2023, la principal organización del lobby proisraelí, el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-israelí (Aipac) [todas las siglas están en inglés], empezó a incrementar de manera considerable sus gastos electorales e invirtió sumas récord con el objetivo de derrotar a los candidatos demócratas más críticos de Netanyahu.

No obstante, las primarias organizadas con vistas a las elecciones legislativas de mitad de mandato –que se celebrarán en noviembre– demostraron que el lobby tomó nota del giro en la opinión pública. Su influencia recurrió entonces a vías más indirectas. Los fondos que despliega suelen camuflar la verdadera causa a la que sirven y se canalizan a través de estructuras con nombres inofensivos, por ejemplo, en Illinois, “Elegir a las mujeres de Chicago” o “Un Chicago accesible para todos”. Si bien varios candidatos respaldados por estas redes fueron derrotados en ese estado, la favorita del lobby se quedó con la primaria para el cargo de senadora.

Terreno de alto riesgo

En este contexto, la joven guardia del partido debe lidiar de forma simultánea con la presión de las bases, el peso de los donantes y la inercia del aparato. Una de sus máximas referentes es Alexandria Ocasio-Cortez –diputada de Nueva York, cercana a Bernie Sanders–, quien mantiene un discurso sobre Gaza que contrasta con la cautela del establishment: acusa a Israel de haber cometido un genocidio y denuncia la responsabilidad de Washington en la continuidad de la guerra. Sin embargo, sus ambiciones de llegar al Senado –tal vez para disputarle la banca a Charles Chuck Schumer, el jefe demócrata en la cámara alta y ferviente defensor de Israel– le imponen una inevitable cuota de pragmatismo que la llevó a votar regularmente a favor del financiamiento del “Domo de Hierro” israelí.

Como la política exterior se ha convertido en un terreno de alto riesgo para los demócratas, tras su derrota en 2024, el partido se esforzó por reconducir el debate hacia dos ejes considerados menos divisorios: el costo de vida y la vivienda, y los abusos cometidos por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Además, cuando los dirigentes demócratas tuvieron que reaccionar ante las operaciones militares en Venezuela e Irán, sus cuestionamientos fueron moderados: criticaron las formas, pero mantuvieron silencio sobre la cuestión de fondo.

Durante el episodio del raid en Caracas, Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, se limitó a emitir un comunicado lacónico. En él, al mismo tiempo que celebró el secuestro del “criminal y dictador autoritario” Nicolás Maduro, señaló que la Casa Blanca no había “informado debidamente al Congreso con antelación” y recordó que el presidente tenía “la responsabilidad constitucional de respetar la ley y de proteger las normas democráticas”.²

La guerra israelí-estadounidense contra Irán, que representa el regreso a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y un adversario capaz de hacerle frente, puso al partido en una posición todavía más delicada. Resulta difícil limitarse a una crítica de pura forma cuando nueve de cada diez votantes demócratas se declaran en contra del conflicto en curso. Más aún si se tiene en cuenta que la intervención demandó unos 35.000 millones de dólares solo en los dos primeros meses³ y sigue generando costos significativos; todo esto mientras la actual administración de Donald Trump continúa aplicando recortes drásticos en los presupuestos de educación, salud y asistencia alimentaria.

Ante esta situación, los representantes demócratas elevaron un poco el tono. Christopher Coons, copresidente del Comité de Ética del Senado, denunció una intervención basada en los “caprichos” del presidente en lugar de en “los análisis y los consejos de los expertos” (The New York Times, 4 de marzo). Una vez más, tal como sucedió con el caso de Venezuela, el foco estuvo puesto en el procedimiento –las arbitrariedades del Ejecutivo y la postergación del Congreso– y no en la dimensión moral de la intervención, su legitimidad de cara al derecho internacional o la validez de sus objetivos.

Lo cierto es que, si van más allá, los demócratas se verán en la obligación de reconocer su propia cuota de responsabilidad en la escalada. En una columna de opinión publicada en The New York Times, Robert Malley –jefe de negociadores para Medio Oriente durante la gestión de Barack Obama– y el historiador Stephen Wertheim –referente de la corriente “realista” en las relaciones internacionales– cuestionan las administraciones de Obama y Biden. Según estos autores, ambos presidentes demócratas contribuyeron a condenar a Estados Unidos a una lógica de confrontación con Irán, donde la opción militar tiende a imponerse como la única salida posible por defecto.⁴

Podría pensarse que el acuerdo nuclear de 2015 contradice este análisis. Cabe recordar que, a raíz de las tensiones que ocasionó ese pacto, Netanyahu se atrevió a desafiar a Obama ante el propio Congreso estadounidense. No obstante, este acuerdo –que logró sellarse a pesar de la fuerte oposición de un sector de Washington, incluidos varios demócratas– no modificó el marco general de las relaciones con Teherán. De hecho, Obama lo había presentado como un instrumento de alcance limitado: evitar la bomba iraní sin poner en tela de juicio las demás herramientas de coerción estadounidenses. Sin embargo, al carecer de un anclaje parlamentario, el acuerdo no sobrevivió a la llegada de Trump al poder y quedó sin vigencia en 2018.

Las reacciones más enérgicas provinieron de figuras vinculadas al movimiento trumpista MAGA [Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo], como el columnista Tucker Carlson, la exdiputada Marjorie Taylor Greene o el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo Joe Kent. No obstante, la disciplina partidaria prevaleció en el Congreso: a principios de junio, únicamente cuatro representantes republicanos de la cámara apoyaron una resolución que buscaba obligar a Trump a solicitar el aval de los parlamentarios. Por su parte, el Senado no acompañó la iniciativa. De todas formas, incluso en ese escenario, el presidente tendría el poder de vetar la resolución.

¿Hacia una coalición transpartidaria?

El giro belicista de Trump reavivó la idea de un acercamiento entre la izquierda antiimperialista y la derecha libertaria, ambas hostiles a las intervenciones armadas. No sería la primera vez que sucede algo así: durante la guerra de Vietnam, el demócrata George McGovern y el republicano Mark Hatfield intentaron imponer al presidente Richard Nixon un control parlamentario sobre los despliegues militares en el extranjero. Aunque su iniciativa fracasó, abrió el camino para la aprobación, en 1973, de la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Act), que obliga al presidente a solicitar la autorización del Congreso si la acción de las tropas se extiende por más de 60 días. Con todo, la mayoría de las administraciones han cuestionado la constitucionalidad de esta norma y han decidido no respetarla recurriendo a diversas artimañas, entre ellas, la de dar por terminada una guerra que en realidad seguía en curso.

El legado bipartidista de los años 1970 encuentra su correlato actual en la acción del congresista republicano saliente Thomas Massie y de su homólogo demócrata Ro Khanna. Este último, exasesor del presidente Obama, es el principal opositor de izquierda al intervencionismo de la administración Trump. Las resoluciones presentadas por estos dos representantes sobre Venezuela e Irán abrieron el debate en torno al despliegue de las fuerzas estadounidenses y avivaron la esperanza de una coalición transpartidaria contra las guerras sin fin. Sin embargo, el antiintervencionismo de algunas figuras mediáticas ya prácticamente no encuentra eco en las esferas de poder de Washington. Más aún cuando los representantes republicanos que se apartan de la línea mayoritaria quedan expuestos a una sanción inmediata. Massie lo vivió en carne propia: fue derrotado en la interna de su partido por un candidato que contó con el respaldo simultáneo de tres multimillonarios proisraelíes –Miriam Adelson, John Paulson y Paul Singer– y de una feroz campaña montada por el propio Trump.

Internacionalismo liberal

A pesar de Gaza, Irán y las tensiones internas, el Partido Demócrata parece ser incapaz de impulsar una reformulación profunda de su doctrina en materia de política exterior. Ninguno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial para 2028 –entre quienes se encuentran Kamala Harris y el actual gobernador de California, Gavin Newsom– propone reducir de manera significativa los despliegues militares estadounidenses en el extranjero ni oponerse al presupuesto que los financia.

En febrero, varios dirigentes del partido asistieron a la Conferencia de Seguridad de Múnich, una cumbre clave para las élites diplomáticas occidentales que es financiada por los industriales estadounidenses del armamento. Frente al secretario de Estado Marco Rubio, figura principal de la delegación estadounidense, los demócratas asumieron el papel del “policía bueno”: tranquilizaron a los aliados europeos, se presentaron como interlocutores confiables y prometieron el retorno a la “normalidad”. Newsom definió al trumpismo como un simple paréntesis: “[A Trump] lo vamos a medir en años, no en décadas”.⁵

Esta normalidad anhelada tiene un nombre: internacionalismo liberal. Es aquel que, sobre todo desde los años de Bill Clinton (1993-2001), presenta a Estados Unidos como el garante de un orden mundial basado en las alianzas, el derecho y las instituciones, pero respaldado –cada vez que las circunstancias lo exigen– por las armas estadounidenses y los presupuestos militares de los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El resurgimiento de un discurso antibelicista en la izquierda no ha quebrado el consenso demócrata sobre Ucrania: Khanna votó conjuntamente con su partido a favor de los planes de ayuda a Kiev. Por su parte, Alexandria Ocasio-Cortez, que también participó en la cumbre en Múnich, denunció la falta de firmeza de la administración Trump frente a Rusia y la acusó de propiciar una era en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría “alardear de su poderío en Europa” (The Guardian, 13 de febrero).

La presencia de Ocasio-Cortez tenía además un valor simbólico: pretendía demostrar que su visión geopolítica iba más allá de la denuncia del genocidio en Palestina. Sin embargo, su fórmula de una política exterior “para los trabajadores” no resistió el contraste con la realidad y, al ser consultada sobre la posibilidad de un despliegue estadounidense para defender a Taiwán, optó por esquivar el tema dando una respuesta confusa.

Instinto de conservación

En tanto Gaza constituye la línea de fractura moral del partido, la rivalidad con China traza un horizonte estratégico. De hecho, en este punto, es más bien Newsom quien rompe con la ortodoxia. Como gobernador de California desde 2019, y tras haber secundado durante ocho años a su predecesor, cuenta con experiencia directa en las relaciones con Pekín. Los centros industriales chinos siguen siendo esenciales tanto para las cadenas de valor de Silicon Valley como para la transición energética, un ámbito en el que a California le gusta presentarse como modelo a seguir.

En Múnich, Newsom abogó por una colaboración razonada con los chinos, recordando que son ellos quienes controlan una parte decisiva de las tierras raras necesarias para el desarrollo de las tecnologías verdes. “Sabemos hacia dónde van los mercados: hacia las energías limpias –resumió–. China lo entendió [...]. Para ellos es una cuestión de poder, de control de las cadenas de valor. No se toman esto en broma, y lo digo con admiración” (X, 13 de febrero).

Esta admiración deja a Newsom en una posición incómoda. Si bien el aparato demócrata coincide en el objetivo de la descarbonización, aborda la transición venidera como un terreno de confrontación geopolítica, en consonancia con la retórica de la “competencia entre grandes potencias” que prevalece en Washington desde fines de la década de 2010.

A pesar de eso, no se descarta la búsqueda de un modus vivendi entre las dos superpotencias. La administración Biden, que contribuyó a acrecentar las tensiones comerciales con Pekín, se vio obligada a flexibilizar sus restricciones a la exportación mediante numerosas excepciones debido a la presión ejercida por los gigantes tecnológicos como Nvidia e Intel. El propio Trump había multiplicado las declaraciones agresivas contra China antes de que su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada a fines de 2025, presentara a Pekín como un competidor económico más que como un enemigo. De hecho, su visita a China en mayo se desarrolló en un clima relativamente calmo, y se espera que reciba al presidente Xi Jinping en Washington durante el otoño boreal.

Este apaciguamiento, lejos de tranquilizar a los demócratas, los impulsó a endurecer el tono. Pocas semanas antes del encuentro entre ambos jefes de Estado, los líderes del partido en el Senado publicaron un informe –“China 2.0”– en el que acusan a la Casa Blanca de tibieza frente al Partido Comunista Chino. El documento denuncia, en particular, la venta de microprocesadores avanzados de fabricación estadounidense –aunque omitieron recordar que los propios demócratas la habían avalado cuando estaban en el poder–.

Un porcentaje considerable de los votantes demócratas ya no confía en el partido debido a la ambigüedad de sus posturas. Movilizado por un instinto de conservación, su aparato logra contener las disidencias, pero se muestra incapaz de renovar su doctrina más allá de la oposición sistemática a Trump.

Martin Barnay, sociólogo. Traducción: Paulina Lapalma.