Nuestra nota de tapa es un acercamiento a la situación de los pobladores indígenas de Bolivia, especialmente a los del norte del país, y da cuenta de algunos factores históricos, tanto remotos como recientes, que han contribuido a la postergación de sus derechos económicos y sociales. Por eso, conviene también hacer una puesta a punto de los cambios favorables que esas comunidades atravesaron en la última década larga.
El hito es, sin duda, la llegada al poder en 2006 del Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales. Durante su presidencia, la pobreza se redujo de 59,9% a 36,4% en 2017, al tiempo que el crecimiento de la economía boliviana promedió un 4,5% anual, lo que duplica la tasa del resto de la región; el país ha dejado de ser el más pobre del continente. Esto, tras haber nacionalizado la explotación de gas natural y otros recursos naturales, le permitió al gobierno de Morales aplicar fuertes políticas redistributivas.
En 2009, además, el país adoptó, tras un referéndum, una nueva constitución, que fue elaborada por una asamblea constituyente en la que el Movimiento al Socialismo era mayoritario. La novel carta magna estableció una nueva organización política para el país, que dejó de ser una república para convertirse en un estado plurinacional comunitario. El reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas atraviesa la Constitución y establece su libre autodeterminación, entre otras normas tendientes a garantizar la preservación, existencia autónoma y participación política de los pueblos originarios.
Hay que precisar, además, que en Bolivia conviven una cuarentena de etnias. En 1992, por primera vez un censo de población incluyó una pregunta sobre qué idioma hablaban los entrevistados, y resultó que cerca de la mitad de la población boliviana habla un idioma autóctono; ello dio impulso al movimiento indigenista, y la Constitución de 1994 ya mencionaba la “multiculturalidad” del Estado boliviano. En 1997 se estableció que el país poseería dos nuevos idiomas oficiales, el quechua y el aymara, además del español. La Constitución de 2009 reconoce 37: aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasuawe, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uruchipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. De acuerdo a la norma, el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales; uno de ellos debe ser el español y el otro se decide tomando en cuenta las necesidades y preferencias de la población del territorio en cuestión.
La educación bilingüe en español y lenguas nativas, que comenzó a practicarse en 1982, cuando finalizaron casi dos décadas de dictaduras militares, se intensificó en los años 90 como “educación intercultural bilingüe” y, como recuerda nuestra nota de tapa, avanzó hacia un nuevo estadio en 2013, cuando se le confirió mayor autonomía al respecto a las comunidades locales.
Es en ese marco de avances que se producen los reclamos de acelerar la reparación de injusticias sociales y de adopción de políticas medioambientales más respetuosas de las tradiciones ancestrales de esa tierra cuyo nombre homenajea a un libertador criollo, y que en quechua se denomina Buliwya, en aymara Wuliwya y en guaraní, Volívia.