Delitos de cuello blanco, testaferros y lavado de activos refuerzan el poderío económico de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en Brasil. Así lo muestra una investigación de la Policía Federal brasileña a la que tuvo acceso Agência Pública.
Al seguir la pista del dinero de la cocaína en Brasil, la Policía Federal sacó de las sombras una economía clandestina basada en el narcotráfico y descubrió una amenaza real para las instituciones. “Si no se destruye financieramente a estos tipos, esto se va a convertir en México”, dice el comisario Elvis Secco, jefe de la coordinación de la Policía Federal para la represión de drogas, armas y grupos criminales en Brasilia. Se refiere al poder financiero de los traficantes brasileños y la potencial amenaza que representan. En México, así como en Colombia durante la era de Pablo Escobar, los cárteles corrompieron la política y dejaron un terrible saldo de violencia.
Brasil no está lejos de ese problema. Estadísticas de incautaciones de cocaína e informes que apoyan operaciones iniciadas por la Policía Federal en 2020 apuntan que hay indicios de que organizaciones criminales conocidas por el uso de la violencia, como el Primer Comando Capital (PCC), se han especializado en el lavado de dinero de las drogas, interfieren en la economía formal y, poco a poco, se van infiltrando en el sistema político del país.
El mayor narcotraficante de Brasil y uno de los más grandes del planeta, Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeça Branca, era responsable, hasta que fue detenido en 2017 en el municipio de Sorriso, en Mato Grosso, de enviar al exterior entre 80 y 100 toneladas al año y de lavar parte de sus ganancias con el cambista Alberto Youssef, uno de los principales delatores del caso Lava Jato.
Las relaciones del traficante con el esquema de lavado, que distribuía el dinero desviado de Petrobras a los políticos, salieron a la luz en un segundo testimonio prestado en 2018 por otro cambista, Carlos Alexandre de Souza Rocha, alias Ceará, que trabajaba para Youssef.
En 2014, Ceará ya había admitido que había entregado sobornos de la empresa estatal a senadores y diputados. Gracias a Cabeça Branca, la Policía Federal ya confiscó unos 185 millones de dólares y ayudó a la Justicia de Paraguay a bloquear una cantidad similar que tenía el narcotraficante en ese país.
Según la Policía Federal, en Paraguay el traficante supuestamente sobornó a políticos y autoridades de seguridad para evitar ser atrapado. La Policía sospecha que en Brasil, donde vivió los últimos diez años con dos identidades falsas y el rostro modificado por tres cirugías plásticas, Cabeça Branca también había sobornado a las autoridades.
El involucramiento de políticos en el narcotráfico no es una novedad. En 1991, el entonces diputado federal Jabes Rabelo, cuya familia construyó un imperio financiero de origen sospechoso en Cacoal, en Rondônia, vio revocado su mandato por un tribunal después de que su hermano, Abdiel Rabelo, fuera detenido en San Pablo con 554 kilos de cocaína cuando llevaba una falsa identificación de asesor parlamentario firmada por Jabes.
La Policía Federal sospecha que desde la región norte del país —base territorial de los grandes narcotraficantes para el almacenamiento de droga— hasta centros como San Pablo y Río de Janeiro el tráfico distribuye sobornos a cambio de apoyo político.
“Ya hay indicios de que el PCC financia la política. Lo sabemos. No dan nombres. Dicen: ‘Vamos a financiar la campaña política de aquellos concejales’. Son estrategias delictivas para fortalecer la organización”, dice Secco.
La Policía Federal todavía no tiene pruebas contra políticos de peso, pero está analizando conversaciones telefónicas y documentos incautados en más de una decena de operaciones lanzadas en 2019 y 2020 para cruzar datos de donaciones electorales y licitaciones de servicios públicos. A medida que los grupos que actualmente controlan el gran comercio internacional de cocaína se han vuelto más sofisticados en el lavado, mediante la transferencia de ganancias a terceros y la creación de empresas que sirven como fachada, la Policía Federal cruza informaciones para respaldar una operación específicamente dirigida a identificar el núcleo político vinculado con el tráfico.
Las sospechas se fundamentan también en la envergadura de la estructura del tráfico en Brasil. Nunca antes se había incautado tanta cocaína en el país. De acuerdo a las estadísticas de la Policía Federal, fueron 41 toneladas en 2016, 48 en 2017, 79 en 2018 y 105 en 2019, una cantidad que, si en lugar de ser destruida hubiera sido vendida en Europa a un precio medio de 30.000 dólares el kilo —que es lo que se paga al por mayor—, equivaldría a unos 17.300 millones de reales, es decir, más de 3.200 millones de dólares.
Brasil se ha convertido en el mayor almacén mundial de cocaína, por donde pasa 60% de lo que se produce en Colombia, Bolivia y Perú. El récord histórico de incautaciones representa sólo 8,75% de las 1.200 toneladas que, según la Policía Federal, pasaron por el país en 2019, una montaña de polvo equivalente a 200.000 millones de reales (unos 37.000 millones de dólares).
Un traficante era dueño de 16 establecimientos rurales
De acuerdo con informes policiales, los comerciantes de cocaína se dividen en familias que tienen un pie en el agronegocio y otro en organizaciones que antes se dedicaban a delitos contra el patrimonio, que heredaron el modus operandi de legendarios contrabandistas de la frontera entre Brasil y Paraguay. No más de diez grupos dominan este mercado clandestino. El más fuerte es el PCC, que nació en las cárceles y hoy casi tiene el monopolio de la cocaína. En sólo dos operativos, en setiembre y octubre de este año, llamados Rei do Crime y Caixa Forte, fueron bloqueados 173 millones de dólares de personas vinculadas a esa organización.
Las ganancias de la cocaína también hicieron las fortunas de otros clanes desmantelados por la Policía Federal. Es el caso de las familias Morínigo, Pavão y Soares da Rocha, encabezadas, respectivamente, por los traficantes Emídio Morínigo Ximenes, Jarvis Pavão y João Soares da Rocha, detenidos en diferentes operativos y a nombre de los cuales, según la Policía Federal, fue encontrada una cantidad significativa de propiedades, todas pasibles de ser confiscadas para su venta.
Los bienes incautados, listos para ser subastados, según la Policía, podrían superar la cifra de mil millones de reales, unos 185 millones de dólares. Sólo en manos de testaferros de Pavão fueron hallados 337 inmuebles. Especialista en transporte y exportación vía puertos, como Santos y Paranaguá, Cabeça Branca negoció con todos los grupos. “Era un hombre de logística del tráfico y actuaba con diplomacia, sin involucrarse en la violencia”, dice Secco. Cuando fue detenido en Sorriso, una localidad de Mato Grosso que es la meca del agronegocio, usó el nombre falso de Vitor Luiz de Moraes, un próspero productor agropecuario con relaciones políticas en el norte de Mato Grosso y el sur de Pará.
Según la Policía Federal, uno de sus socios fue el ex alcalde de Brasnorte Eudes Tarciso de Aguiar, del partido Demócratas, que, al finalizar su mandato (2012-2016), fue elegido mejor alcalde del estado de Mato Grosso y uno de los 50 mejor valorados del país. En vísperas de su arresto, el 22 de noviembre de 2018, durante una nueva etapa de la Operación Spectrum que fue llamada Sin Salida, Eudes fue calificado por la prensa local como “el mayor líder de Brasnorte”, por haber ayudado a elegir al gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes, al senador Jaime Campos, todos de Demócratas, y por el apoyo “apasionado” al entonces candidato a presidente Jair Bolsonaro. “El presidente Bolsonaro va a incrementar las transferencias a los municipios, y con eso todos salen ganando”, dijo De Aguiar al sitio web regional A Folha do Vale seis días antes de ser esposado por la Policía Federal.
Al intentar contactarlo para este informe, De Aguiar, ya en libertad, negó su involucramiento con el narcotráfico y atribuyó la denuncia por la que fue procesado a que es hermano de uno de los hombres fuertes de Cabeça Branca en la región, Alessandro Rogério de Aguiar, que se ocupaba de los negocios de la familia mientras él administraba el municipio. Dijo que abandonó la política después de hacer campaña a favor de Bolsonaro en 2018.
De hecho, el vínculo más fuerte con el narcotraficante es Alessandro, acusado por la Policía Federal de enviar toneladas de cocaína al exterior por el puerto de Paranaguá. El problema es que las dos principales empresas de la familia, la maderera Emperatriz y la agropecuaria Estrella del Oeste, habrían lavado unos 32.500 dólares para el traficante. En un documento legal, un poder que encontró la Policía, los dos aparecen como apoderados del traficante. En las imágenes incautadas, Alessandro también aparece en un ascensor del shopping Iguatemi, en San Pablo, junto a Cabeça Branca. En varios audios captados por la Policía, el hermano del alcalde aparece negociando envíos de cocaína.
Según la Policía Federal, el traficante era dueño de 16 fincas en áreas prácticamente continuas entre Mato Grosso y Pará, con una extensión total estimada en unas 40.000 hectáreas, valoradas en aproximadamente 37 millones de dólares. Una de las fincas, de 920 hectáreas, en Tapurah, tenía toda la documentación preparada para recibir la escritura definitiva, solicitada a través del programa de regularización de la tenencia de tierras del gobierno federal. En marzo del año pasado, al denegar una solicitud de habeas corpus en la que el ex alcalde pedía la libertad, el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), destacó en su pronunciamiento la probable relación entre Alessandro Rogério de Aguiar y la quema, la deforestación y la remoción ilegales de madera en la región. Mendes estimó que las relaciones con su hermano y las contradicciones verificadas en el interrogatorio apuntan a que Eudes de Aguiar tenía un “papel activo” en la organización criminal que encabeza Cabeça Branca: “Parece que practica de manera habitual otros delitos: crímenes ambientales, corrupción y probables delitos de lavado de dinero para ocultar patrimonio personal y de la familia”.
El juez del STF se refería a una acción en que la Policía Federal captó un diálogo entre Eudes y su hermano para evadir los controles del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) en uno de sus establecimientos rurales. El ex alcalde sugirió que Alessandro usara un testaferro para ocultar la propiedad rural, pero terminó por admitir el presunto delito: “Yo también prendí fuego”, dice, y agrega que hizo el “servicio completo”. Después dijo a Agência Pública que se refería a la quema de pastos. “No pertenezco a la organización criminal. Nací dentro de un aserradero y aserré madera durante 40 años. Le explicaré el origen del dinero a la Justicia. Lo que pesa en mi contra es la denuncia de lavado. Nunca vi a ese hombre”, dijo Eudes en referencia a Cabeça Branca.
Cabeça Branca invirtió sus ganancias en la compra de inmuebles, en la producción de granos y ganado, en maquinaria agrícola, en vehículos para el transporte de productos y en depósitos que garantizaban, en un primer momento, el almacenamiento de la cocaína enviada a Europa y Estados Unidos, y después invirtió en la agroindustria, en establecimientos rurales productivos y autosuficientes. Su red unió las áreas de producción agrícola en los municipios del norte de Mato Grosso y el sur de Pará hasta Osasco, en la zona metropolitana de San Pablo, donde construyó modernos galpones para almacenar granos y cocaína que saldrían al exterior por el puerto de Santos.
Ilustración: Federico Murro
Narcotráfico y ganadería
Detenido en febrero de 2019 en Tucumã, Pará, durante la Operación Flak, el empresario João Soares da Rocha es señalado por la Policía Federal como una mezcla de traficante de cocaína, empresario de agronegocios, buscador de oro y comerciante ilegal de madera en la Amazonia. Según la Policía, es socio de Cabeça Branca en el narcotráfico y, aunque tienen el mismo apellido, no son familiares.
Actuaba junto con su hermano Evandro Geraldo Rocha Reis y un sobrino, el piloto Cristiano Felipe Rocha Reis, ambos muertos en la caída de un monomotor Cessna en las proximidades de la pista del aeropuerto de São Félix do Xingu, en Pará, en el curso de las investigaciones sobre las actividades del grupo, en agosto de 2018.
João Soares y su hermano eran propietarios de una mina de oro en Ourilândia do Norte. El empresario también es dueño de estaciones de servicio y de la Agropecuária Abelha Comercio e Servicios, un establecimiento dedicado a la producción de ganado vacuno y cereales. Está acusado de tala ilegal en tierras indígenas, y en 2013 ingresó a la lista negra del trabajo esclavo.
El informe de la Policía Federal muestra que las ganancias de la cocaína fueron lavadas en ese establecimiento. “Las investigaciones indican que algunos de los investigados, especialmente João Soares da Rocha y Raimundo Prado da Silva (también detenido en el mismo operativo), invierten el dinero que obtuvieron del narcotráfico en actividades ganaderas”, dice el informe de la Operación Flak. El empresario se especializó en el transporte de drogas entre países productores, Brasil y el Caribe, y cobraba 150.000 dólares por cada viaje. Entre 2017 y 2018, período que abarca la Operación Flak, realizó al menos 23 fletes, y facturó 3.450 millones de dólares.
La Policía Federal enumeró un total de 51 aviones incautados al grupo encabezado por el empresario. De estos, nueve estaban a nombre de João Soares da Rocha o de familiares suyos y otros tres fueron destruidos, dos en accidentes y un tercero, con un valor estimado en 184.000 dólares, fue incendiado luego de que se completó el transporte de cocaína —pérdidas que, según la Policía, no llegaron a afectar las ganancias—. El empresario ordenó que se instalaran tanques de combustible de reserva dentro de aviones pequeños para ampliar la autonomía de vuelo y escapar de los radares.
Era un exitoso empresario del agronegocio, en el que involucró a su esposa, hijos, hermanos y sobrinos. La agropecuaria Abelha, por ejemplo, está a nombre de tres hijos suyos y tiene como actividades la cría de ganado vacuno y la producción de soja.
João Soares da Rocha también trabajó en la compra y la reventa de cereales y animales vivos, el cultivo de maíz y cacao, y la prestación de servicios en obras de ingeniería a través de otras dos empresas de las cuales es socio, Rolomat Terraplanagem y Geo Comércio de Areia. En otra actividad paralela, alquilaba máquinas y equipamientos agrícolas modernos, que funcionan sin necesidad de un operador.
La Policía Federal apunta a los activos del empresario, estimados en más de 60 millones de dólares. “Alcanzando el dinero se alcanza el poder. Es importante conocer la estructura de las organizaciones, pero no basta con aprehender la droga y decir que el tráfico ha sufrido una gran pérdida económica. Las pérdidas son parte del riesgo. Hay que seguir el dinero, que se blanquea en empresas sólidas, legalmente constituidas y normalmente fuera de sospecha”, dice Secco. Considera que la magnitud de la estructura del narcotráfico exige de los organismos públicos un tratamiento sistémico, basado en operaciones continuas enfocadas en los testaferros y el lavado de activos. La represión, según Secco, seguirá el modelo del caso Lava Jato, con operativos en serie.
Con el agotamiento de la Operación Lava Jato, el poder del narcotráfico llevó a los órganos de control del gobierno a concentrarse más en los barones de la cocaína.
El viernes 23 de octubre la Justicia de San Pablo ordenó la detención de 18 acusados de pertenecer al PCC. Según el Ministerio Público de ese estado, son miembros de la estructura de narcotráfico y lavado de activos los que comandan las acciones de la organización criminal en las calles. “Creo que esta será la primera fase del Lava Jato del PCC”, dijo a Estadão el fiscal Lincoln Gakiya, uno de los seis que firmaron la denuncia contra el grupo.
El PCC, según datos que constan en los documentos incautados en la Operación Sharks, que investigó el lavado de dinero de esa organización entre junio de 2018 y setiembre de 2020, manejó unos 221.000 millones de dólares del narcotráfico internacional por año.
“Una mafia”: la estrategia del PCC
Liderado por Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, que controla la organización criminal desde el interior de la prisión federal de máxima seguridad en Brasilia, el PCC ha erigido un imperio financiero. En la Operación Rey del Crimen, lanzada en setiembre, la Policía Federal incautó unos 135 millones de dólares del PCC y estimó, con base en un informe del Consejo de Control de la Actividad Financiera, que en los últimos cuatro años el sector del lavado de dinero movió unos 6.000 millones de dólares mediante una red de 78 empresas vinculadas al grupo Boxter, que controla más de 100 estaciones de servicio y tiendas “24 horas” en todo el país. “Tomó años consolidarlo en el mercado económico y financiero a través de una marca sólida”, estimó el jefe federal de la Policía Rodrigo de Campos Costa al abordar la estrategia del PCC.
El PCC de los negocios de la cocaína se destaca por la discreción y las estrategias complejas en el lavado de ganancias. En el caso de la Operación Rey del Crimen, si la Policía hubiera tardado dos años más en actuar, no hubiera tenido cómo rastrear el dinero. Es una táctica de la mafia, calificación que, de hecho, la Policía Federal empezó a darle a la facción. “¿Qué faltaba para que el PCC fuera considerado una mafia? Saber lavar dinero, que es lo que estamos demostrando. Tiene tentáculos en todo el mundo. No es narcotráfico. Es tráfico de cocaína. El PCC es una mafia”, dice el jefe Secco. “El PCC es un monstruo que estamos matando”.
La Operación Rey del Crimen atrapó a José Carlos Gonçalves, conocido como el Alemán, principal detenido vinculado al PCC. Con él fueron aprehendidos 32 autos de lujo, un yate, joyas, efectivo, dos helicópteros y activos estimados en más de dos millones de dólares. Llevaba la vida de un hombre de negocios respetable, pero su historial y las investigaciones muestran que tenía relaciones turbias. Según la Policía, era suyo el helicóptero utilizado para asesinar a dos traficantes que no siguieron las estrictas reglas del PCC y comenzaron a robarle a la organización, Rogério Jeremias de Simone, alias Gegê do Mangue, y Fabiano Alves de Souza, Paca. Los dos fueron asesinados en febrero de 2018 en Aquiraz, cerca de Fortaleza, Ceará. Otro a quien le tenían jurada la muerte, pero que logró convencer a la organización de que no ejecutara la “sentencia”, es el ahora famoso André de Oliveira Macedo, conocido como André do Rap, narcotraficante pesado que el 10 de octubre salió por la puerta principal de la prisión de Presidente Venceslau, en San Pablo, favorecido por una decisión del ministro Marco Aurélio Mello, del STF. Jefe del PCC en Baixada Santista, condenado a 15 años y seis meses por enviar cuatro toneladas de cocaína por el puerto de Santos, el narcotraficante se convirtió en el centro de una crisis entre Mello y el presidente del STF, Luiz Fux, quien anuló la medida cautelar de su colega y mandó investigar las circunstancias de la decisión que puso el foco sobre el poderío de la organización.
En la cúspide del PCC está Marcola, sentenciado a 150 años de prisión, más de 30 de ellos ya cumplidos, condenado a pasar el resto de sus días en la cárcel. Marcola es un prisionero distinguido: durante el largo encarcelamiento se politizó, sumó métodos capitalistas al crimen y ha controlado la organización sin tener que dar la cara. El informe de la Policía Federal al que tuvo acceso Agência Pública describe el grupo como una gran corporación empresarial basada en principios de conglomerados capitalistas, según los cuales la jerarquía, la disciplina y la obediencia a las reglas del negocio son indispensables. El parecido con la mafia italiana, según el documento, proviene de la violencia y la intimidación hacia los funcionarios de seguridad y, en particular, contra los miembros que violan las reglas o denuncian. Marcola, según lo escrito en el informe, incluso en prisión, ejerce “con mano de hierro el mando de la cadena alimentaria del PCC, lo que significa decir que todas las órdenes de la facción deben [someterse] a su consentimiento, bajo pena de severo castigo, incluso por los conocidos tribunales criminales”.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) del Ministerio de Justicia incautó en lo que va del año más de 18 millones y medio de dólares, de los cuales 20% ya han sido reconocidos por la Justicia como provenientes de la cocaína, un récord en la historia del decomiso de bienes confiscados del narcotráfico. El objetivo de la Senad es cerrar 2020 con la incautación de 37 millones de dólares. En el sitio web del ministerio hay una lista de casi 3.800 propiedades a subastar, de las cuales 33 o más eran fincas de narcotraficantes, algo así como 100.000 hectáreas de extensión. La secretaría quiere acelerar los acuerdos con los estados para vender pronto las propiedades. “No somos una empresa de bienes raíces”, dijo el director de gestión de activos del organismo, Giovane Magliane.
Alice Maciel colaboró con este informe. Este artículo fue publicado originalmente en portugués por Agência Pública.