Los meses de agosto y setiembre fueron de reencuentros y charlas para los indígenas del pueblo ava guaraní que viven en el oeste del Paraná, cerca del lago creado por la construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú. Después de que se relajaran las principales restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, caciques y otros líderes llamaron a la población de las aldeas para discutir y tratar de entender el síntoma más impactante de la crisis que aflige a la comunidad: el suicidio de jóvenes.
El problema, que comenzó en 2020, se agravó este año. En los primeros seis meses de 2021 hubo 11 muertes y 18 intentos de suicidio entre los ava guaraníes. La mayoría de los casos involucran a indígenas de hasta 20 años.
Sólo en las aldeas de la región del Municipio de Santa Helena, a orillas del río Paraná y en la frontera entre Brasil y Paraguay, hubo ocho muertes y al menos 11 intentos de suicidio de enero a setiembre. Esto en una población de 1.821 indígenas, según la base de datos de la Secretaría Especial de Salud Indígena, vinculada al Ministerio de Salud, recopilada por el Ministerio Público Federal.
La situación asustó a los ava guaraníes. Más que eso: los dejó desnorteados ante una faceta hasta ahora desconocida de la realidad contemporánea de la juventud de la etnia.
“Nuestros ancestros vivían caminando por el bosque, en medio de la naturaleza. Era una vida completamente diferente”, dice João Miri Alves, de 54 años, jefe de la aldea de Tekohá Añetete, ubicada en Diamante d’Oeste, una ciudad cercana a Santa Helena. “Hoy no hay más bosques. Los indígenas perdieron su territorio, perdieron su forma de vida y surgieron nuevos problemas”, agrega.
El territorio mencionado por Alves dejó de pertenecer a los pueblos indígenas para integrar el territorio que ahora controla la planta de Itaipú. Construida durante la dictadura militar, la represa de la hidroeléctrica provocó en 1982 la inundación de 1.350 kilómetros cuadrados —el equivalente a más de 150.000 canchas de fútbol— entre Brasil y Paraguay. Buena parte de la zona estaba habitada por los ava guaraníes, que perdieron su territorio.
Hoy estos indígenas enfrentan básicamente dos situaciones: o se “aprietan” en tres tierras reservadas para ellos después de la construcción de la planta o resisten en siete campamentos a orillas del lago que abastece de agua a las turbinas de la central hidroeléctrica para exigir presionando e intentar recuperar sus tierras.
Campamento ava guaraní de Santa Helena. Foto: Regional Sur del Consejo Indigenista Misionero
Es precisamente en esos campamentos donde la situación de los ava guaraníes es más crítica y los suicidios se concentran más. Cada asentamiento improvisado tiene alrededor de 20 familias. El más grande, Aty Mirim, en Itaipulândia, tenía 48 familias a fines del año pasado.
En Aty Mirim y en los demás campamentos los indígenas viven en casas precarias o chozas cubiertas con lona, comparten el poco espacio que tienen con patos y gallinas, no tienen área para sembrar y cuentan con poca o ninguna asistencia del Estado para suplir sus carencias.
La procuradora de la República brasileña, Indira Bolsoni Pinheiro, que sigue la situación de los guaraníes, dice que “el suicidio es un síntoma complejo, que debe ser investigado y analizado desde diversas perspectivas”. En cuanto a las condiciones de vida, dice que los indígenas “sufren carencias de todo”. “Falta lo básico: agua, alimentos, lugares para plantar, saneamiento, atención médica, transporte e ingresos”.
Tampoco hay escuelas indígenas para los niños que viven en los campamentos, cualquiera que quiera estudiar debe ir a la ciudad o al distrito rural más cercano. Esto obliga a los niños y los jóvenes a mantener un contacto casi diario con la población no indígena circundante. Peor: los obliga a lidiar a diario con los conflictos y el sentimiento de discriminación que trae este contacto.
“Los indígenas del campamento no siempre tienen trabajo, dinero para una mochila, uniforme, zapatillas nuevas para sus hijos”, dice Celso Jopoty Alves, de 32 años, líder de los ava guaraníes y excacique. “Ese joven es discriminado, sufre persecución, y todo esto acaba contribuyendo al deterioro de la salud mental de la comunidad”.
Para los ava guaraníes, por cierto, el tema de la salud mental y el suicidio se relaciona con algo más allá del individuo. Su religión tradicional ve la depresión extenderse como un virus suspendido en el aire, impulsado por la falta de rituales, imposibilitados por la pandemia de coronavirus. Sin un funeral adecuado, dice Celso, el espíritu del muerto suicida “contamina” a un joven sano. Un suicidio, dice, estaría vinculado con otro.
“Lo que dicen los jóvenes es que, de repente, les vienen ganas de morir. Así fue con mi hija”, confiesa el cacique João, en referencia a su heredera, de 23 años. “En su caso logramos hablar, hicimos un remedio natural y ahora está bien. El problema es que no todos los jóvenes quieren hablar con el chamán o el cacique en estos días”.
Campamento ava guaraní. Foto: Osmarina Oliveira, Regional Sur del Consejo Indigenista Misionero
Y, además de las dificultades diarias de vivir en un sitio precario, existe una constante angustia y duda sobre una eventual extinción de los campamentos. Esto se debe a que los ava guaraníes ocupan y reivindican áreas controladas por Itaipú. La administración de la planta, a su vez, comenzó a reclamar ante los tribunales la recuperación de los territorios. En cada proceso, los indígenas temen perder lo poco que han construido.
“Esta presión afecta la salud mental de las comunidades”, dice Osmarina de Oliveira, misionera de la región sur del Consejo Indígena Misionero. “El que acampa no sabe cómo será su día mañana”.
“Hay una solicitud de recuperación de las tierras, una decisión que les ordena irse, un recurso que les permite quedarse. Todo es muy incierto en el campamento”, agrega Silvano Tupã Verá Centurião, de 37 años, jefe de la aldea de Ocoy, en São Miguel do Iguaçu.
La aldea está ubicada en una tierra indígena demarcada oficialmente como tal en 1976, durante la construcción de Itaipú. Tiene 2,5 kilómetros cuadrados, cerca de 300 canchas de fútbol, distribuidos en una franja continua de tierra a orillas del lago de la central hidroeléctrica. En esa área hoy viven cerca de 210 familias, aproximadamente 900 personas.
El pueblo tiene su propia escuela, centro de salud y un galpón para eventos, pero se volvió pequeño para tanta gente. Además, se ha visto exprimido año tras año por la falta de límites claros y el avance de los cultivos a su alrededor.
Los ava guaraníes se dieron cuenta entonces de que en Ocoy la perspectiva de la vida era pobre. Miraron sus antiguos territorios expropiados y decidieron volver a ocuparlos.
Este movimiento comenzó alrededor de 2010. Según un alto funcionario de Itaipú que habló bajo la condición de que no se publicara su nombre, la central nunca estuvo de acuerdo con las ocupaciones, pero trató de negociar una solución al problema cuando comenzaron. Sin embargo, a partir de 2018 eso ha cambiado. La hidroeléctrica decidió judicializar el problema y puso el destino de los indígenas en manos de la Justicia.
De marzo a julio de ese año, Itaipú presentó cinco procesos solicitando la recuperación de las áreas de los campamentos ava guaraníes. Además de estas cinco acciones, Itaipú tiene un reclamo de recuperación en la Corte Federal desde 2004 y una acción presentada este año en la que solicitó la protección de su territorio.
“Cambió la política del gobierno federal sobre los indígenas, cambió la postura de la planta”, dijo el funcionario sobre el comportamiento de la empresa estatal ya durante el gobierno de Michel Temer.
Al ser contactada, Itaipú dijo que comenzó a discutir en la Justicia la recuperación de áreas ocupadas por pueblos indígenas porque “el movimiento de ocupaciones irregulares […] se ha intensificado en los últimos años, especialmente entre 2017 y 2018”.
La empresa resaltó que “esas acciones judiciales sólo fueron manejadas por Itaipú después de intensas tratativas de solución extrajudicial de la situación, con varias reuniones mediadas por el Ministerio Público, además de la participación de entidades como la Fundación Nacional del Indio [Funai] y el Consejo Indigenista Misionario”.
“Las ocupaciones irregulares en áreas binacionales categorizadas como de preservación ambiental permanente no son el camino para la búsqueda de soluciones a las demandas de los indígenas, y se exponen ellos mismos a condiciones de vulnerabilidad social”, agregó la planta.
Los indígenas, en cambio, argumentan que no quieren nada más que vivir en el territorio que históricamente es suyo y sobre el cual la Constitución les garantiza derechos.
Indígenas de varias etnias durante una manifestación frente al Supremo Tribunal Federal, donde se trata el denominado Marco Temporal Indígena, el 5 de agosto de 2021.
Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom, Abr
La administración de Itaipú registra en su sitio web que la construcción de la planta inundó territorios tradicionalmente ocupados por los ava guaraníes. Sin embargo, dice que las comunidades indígenas afectadas fueron reasentadas, en la época, legalmente y bajo la dirección de la Funai.
Estudios más recientes, sin embargo, describen que los derechos indígenas fueron violados durante la construcción de la planta. Señalan, por tanto, que ellos tienen, sí, asegurada la propiedad de las áreas que actualmente se encuentran bajo la custodia de Itaipú.
El informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, publicado en 2014, dice que la construcción de la represa desató una ola de “despilfarro territorial” en áreas pertenecientes a los ava guaraníes durante la dictadura militar. “El caso de Itaipú es emblemático”, dice el texto. “Luego de identificar a los guaraníes del oeste del estado de Paraná como un ‘obstáculo’ para el proyecto de construcción de la hidroeléctrica binacional, […] el Estado se esfuerza por sacarlos y expulsarlos de sus tierras, utilizando una serie de artificios, incluso la negación de su identidad étnica por medio de la emisión de ‘informes de aculturación’”.
El libro Ava guaraní: la construcción de Itaipú y los derechos territoriales, publicado en 2019, también enumera las violaciones a los derechos de los indígenas provocadas por la hidroeléctrica. La obra fue escrita por empleados del Ministerio Público Federal designados para formar parte de un grupo de trabajo que investigó durante cuatro años la situación de los ava guaraníes.
“La construcción de Itaipú (1975-1982), realizada durante las dictaduras de Brasil y Paraguay, es un capítulo más en la historia de la violencia contra el pueblo ava guaraní”, dice la presentación del libro. “La inundación de las zonas y la certificación por parte del Estado de que no hay presencia indígena en el área —con el visto bueno de la Funai, por medio de diagnósticos precarios— provocaron un daño que aún hoy sienten estas personas. Aldeas enteras se inundaron, las casas fueron destruidas y las redes de parentesco se vieron afectadas”.
Con base en información del libro, la fiscal Indira Bolsoni Pinheiro solicitó a fines de 2019 que la Justicia determinase que organismos públicos como la Funai, el gobierno de Paraná y las alcaldías del oeste del estado actuaran para garantizar condiciones “mínimas de existencia” para los indígenas de los siete campamentos que hay en territorios controlados por Itaipú.
En mayo, el juez federal Rony Ferreira, del Segundo Juzgado Federal de Itaipú, denegó la solicitud. En la sentencia, argumentó que “las ocupaciones que abarca esta acción no pueden ser consideradas aldeas, visto que se encuentran ubicadas en terrenos de propiedad de la empresa Binacional de Itaipú y del estado de Paraná, por lo tanto, son ilegales”.
En junio, Bolsoni Pinheiro abrió un procedimiento para dar seguimiento a casos de suicidios entre la juventud ava guaraní. Líderes indígenas y representantes de la Funai y de órganos de salud del estado y municipales fueron invitados a discutir el asunto en busca de una solución. La invitación se extendió a Itaipú, que optó por no participar.
En una carta enviada al Ministerio Público Federal, Bruno Genovezzi Motizuki, asistente de la dirección de la planta, informó que el asunto era de “gran relevancia social”, pero que debería ser discutido por representantes de organismos con competencia institucional para hacerlo. “En ese sentido, no se vislumbra la participación de esta entidad [Itaipú] en el encuentro virtual propuesto”, escribió.
Consultada sobre si monitorea la cuestión de los suicidios, la empresa informó que “la planificación, la coordinación, la supervisión, el seguimiento y la evaluación de las acciones y los servicios de atención de salud de los pueblos indígenas son competencia legal de la Funai y la Secretaría Especial de Salud Indígena”.
Indígenas de varias etnias durante una manifestación frente al Supremo Tribunal Federal, donde se trata el denominado Marco Temporal Indígena, el 5 de agosto de 2021.
Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom, Abr
La empresa agregó que tiene políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los indígenas. Sin embargo, estas no sirven a quienes viven en los campamentos.
“Para Itaipú, todo el que acampa es un invasor. No debe haber ayuda”, se quejó Ilson Soares, de 33 años, jefe de la aldea de Yhovy, que ocupa un territorio no demarcado como indígena en Guaíra. En la ciudad se encontraban las famosas Sete Quedas, un conjunto de cascadas consideradas sagradas por los ava guaraníes. Las Sete Quedas desaparecieron bajo el agua luego de la construcción de Itaipú. Los ava guaraníes que vivían cerca de las cascadas también perdieron su tierra. En la región hay otras 14 aldeas asentadas en territorios sin demarcar.
Soares ve la falta de tierra como la causa fundamental de la crisis que afecta a su etnia. Además, dice que la pérdida de territorio no comenzó con la construcción de Itaipú, sino que ganó grandes proporciones de la noche a la mañana como resultado de la obra. Y ratificó que esto ha tenido impactos que afectan las condiciones de los indígenas hasta el día de hoy.
La Procuraduría General de la República, durante el tiempo en que su titular fue Raquel Dodge (2017-2019), llegó a pedir una indemnización para los ava guaraníes por los daños que les causaron Itaipú, el país y el estado de Paraná durante la construcción de la planta de energía. Meses después, cuando Augusto Aras asumió el cargo de procurador general de la República, se retiró la demanda y el Supremo Tribunal Federal archivó el caso.
El Ministerio Público Federal ya ha exigido que la Funai estudie y demarque las áreas a las que tienen derecho los ava guaraníes, lo que ampliaría el territorio ocupado por la etnia. Este trabajo, sin embargo, no ha avanzado durante años y no tiene fecha límite para finalizar.
Para Soares, falta voluntad del poder público para garantizar a los indígenas más tierras. Hoy, recuerda, toda discusión sobre demarcación está prácticamente suspendida, ya que el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal evalúan el “marco temporal” para identificar los territorios de las poblaciones originarias.
La tesis del marco temporal señala que las áreas sólo deben reservarse para los pueblos indígenas si ya vivían allí en 1988, año en que entró en vigencia la actual Constitución. El Congreso discute proyectos para formalizar este entendimiento. A su vez, el Supremo Tribunal Federal aún no ha terminado de juzgar si el marco temporal es legal o no.
Los ava guaraníes fueron desalojados de sus tierras entre 1975 y 1982, cuando se construyó Itaipú. En 1988, por tanto, ya no ocupaban el territorio que hoy reclaman. Esto significa que, si se confirma el plazo, perderían los derechos sobre la tierra.
“Es como condenar a muerte a nuestro pueblo”, dice Soares. “Hay gente que piensa que no estábamos en nuestra patria en 1988 porque estábamos caminando, ¡pero no! ¡Nos echaron! Y tenemos que recuperar lo que es nuestro”.
La Funai fue contactada para este informe para comentar sobre la situación de los ava guaraníes y el proceso de demarcación de tierras reclamadas por este pueblo, pero no respondió hasta la publicación de este artículo.
La Secretaría Especial de Salud Indígena informó que hace un seguimiento de la situación de suicidios entre los pueblos indígenas del oeste de Paraná y realiza acciones para prevenir las muertes. “Los Equipos Multidisciplinarios de Salud Indígena tienen la función de mantener una vigilancia constante de los indicadores de riesgo de intentos de suicidio, como antecedentes de otras muertes por la misma causa en familiares o amigos, intentos previos, uso nocivo de alcohol y otras drogas”, informó el organismo.
Consultada sobre las posibles causas, esa secretaría informó que son múltiples. Al enumerarlas, no incluyó las disputas territoriales entre los indígenas e Itaipú. “El Distrito Especial de Salud Indígena Litoral Sur entiende que el suicidio es un fenómeno complejo, que surge de varios temas que van más allá de los relacionados con la salud y la salud mental. Hasta el momento se han planteado posibles causas que generan sufrimiento mental en la población indígena del Paraná Occidental, entre ellas el uso abusivo del alcohol, la violencia, la falta de oportunidades laborales, que afecta directamente las condiciones de vivienda y alimentación, conflictos generacionales, sentimientos de soledad, el uso de internet por parte de los jóvenes, además de cuestiones espirituales, abordadas por la propia comunidad y sus cuidadores tradicionales”, enumeró.
La Secretaría Especial de Salud Indígena agregó que aumentó el número de profesionales dedicados a la salud mental de los pueblos indígenas. Desde 2020 hasta la actualidad, ha formado a más de 583 profesionales de equipos multidisciplinarios para abordar el tema. Hoy, el organismo cuenta con casi un centenar de profesionales de la psicología que “brindan apoyo y asistencia directa a los pueblos indígenas y equipos de salud en el manejo de los trastornos mentales, problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas, y acciones de prevención del suicidio”.
_Este artículo fue publicado originalmente en portugués por Agência Pública.