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Museo de la Memoria.

Foto: Ernesto Ryan

Hacer lugar

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Los museos de la memoria y los sitios donde se violaron los derechos humanos en la última dictadura son espacios en los que el pasado pulsa para fijarse en un presente que busca olvidar. Gracias al esfuerzo de la militancia, desde 2018 en Uruguay existe una ley para garantizarlos, pero este marco jurídico no impide las disputas políticas. ¿Qué sentido tienen estos lugares? ¿Qué implicancias poseen a nivel individual y colectivo?

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Entrar al Museo de la Memoria es emprender un viaje hacia el pasado reciente que estremece y sensibiliza. Es adentrarse entre 1973 y 1985, el período que abarcó la dictadura civil militar, pero también trascenderlo, porque los salones ofrecen una experiencia que empieza algunos años antes y se extiende, incluso, hasta el presente.

El museo es una institución municipal dedicada a la construcción de la memoria sobre el terrorismo de Estado y la resistencia de la ciudadanía ante la dictadura. El predio, ubicado al noroeste de Montevideo, sobre Avenida de las Instrucciones, es una antigua casaquinta que perteneció al dictador Máximo Santos. Si bien la fachada del edificio principal está vestida con un lazo rojo que indica que se trata de un museo, el recorrido desde el portón, las antiguas rejas y la luminaria al costado del sendero vestida por el moho que es parte de las 84 especies vegetales que conviven en el jardín se sienten como si no hubiesen pasado los años.

Es imposible que los detalles del lugar no capten la atención de visitantes de todas las edades. De hecho, mientras transcurre el mediodía de un sábado cualquiera, a paso lento pero seguro recorre el edificio una gran variedad de transeúntes que incluye a niños. Algunos, al terminar el recorrido, hablan de un viaje de vuelta que indica que llegaron desde el interior del país. Una niña de unos 10 años tiene la mirada fija y persistente en una escultura de dos personas atadas de espaldas por manos y pies y con una bolsa en la cabeza.

Adentro, cada visitante se detiene en el objeto de la época que más le llama la atención. Para donde se mire hay una foto, un documento, una prenda, un artículo de prensa de la época; incluso está la puerta de una celda. La exposición se divide en siete ejes temáticos que inician en la instauración de la dictadura y contemplan, por ejemplo, la resistencia, el exilio y los desaparecidos; terminan en historias no concluidas e invitan a pensar en desafíos para el presente con base en lo que sucedió.

Algunos mamelucos que cuelgan de los techos conservan el número de prisionero y en el piso se indica el nombre de quienes los vistieron. Las ollas que sonaron fuerte durante las caceroleadas penden de hilos blancos. De la misma manera, en otro espacio hay carteles de decenas de detenidos desaparecidos como los que recorren cada año la Marcha del Silencio. Hay experiencias sonoras y gran parte de los elementos fueron recuperados en las excavaciones en búsqueda de desaparecidos; también se conjuga el aporte de diversos investigadores, artistas y ciudadanos. Todo es un intercambio constante entre el pasado y el presente.

El jardín es una experiencia aparte que conserva rasgos de la época y de los paisajistas que trabajaron en él, que se guiaron por el Renacimiento italiano, pero entre las especies exóticas, el invernadero y el castillo de juegos de los hijos de Santos también hay memoria.

“Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad, ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas” es el fragmento de “Los orientales”, canción escrita por Idea Vilariño, que invita a ingresar a la exposición fotográfica “Resistencia y libertad”, que actualmente se encuentra sobre un costado del jardín. Las fotografías invitan a avanzar hacia el fin del terreno pasando por las luchas del pueblo contra la dictadura en los años 1983, 1984 y 1985; en ellas se observan algunas de las movilizaciones que lograron darle fin a más de una década de torturas, desapariciones y violencias.

Todo el recorrido del museo, tanto dentro como fuera del edificio, está acompañado por el silencio, un silencio que invita a pensar y que no permite irse sin reflexionar sobre las cosas que interpelan a cada quien de acuerdo con su interpretación de los hechos y tal vez según el motivo que lo llevó hasta el recorrido. Antes de irse, al parecer hace no mucho tiempo, alguien que por su caligrafía no parece tener más de 10 años dejó colgado sobre la rama de uno de los árboles que están cerca de la puerta de entrada un círculo de papel que dice “pensamientos”.

Un antes y un después

Para que se pueda visitar este espacio y otros con las mismas características un día cualquiera y dentro de un horario extendido tuvieron que pasar muchas cosas. Para que se instalara la memoria hubo quienes trabajaron de manera incansable por luchas propias, colectivas o ambas. Si bien esa lucha abarca muchísimos años, la Ley de Declaración y Creación de Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente, aprobada en 2018, marcó un antes y un después.

Desde entonces, los lugares en los que ocurrieron detenciones, distintas formas de violencia y hasta donde no se registraron hechos pero por distintos motivos se quiere instalar una marca cuentan con un marco jurídico que puso orden a la gestión de la memoria en Uruguay y al debate que tiene a unos de un lado y a otros del lado contrario. Aún queda mucho por hacer.

El cumplimiento de esta ley está a cargo de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

La red de sitios de memoria está integrada por lugares así declarados por la comisión desde la aprobación de la ley hasta la actualidad. Además, integra más de 20 iniciativas de memoria relacionadas con el señalamiento de lugares y homenajes. En la actualidad la red tiene presencia en 15 departamentos, impulsando el desarrollo de los sitios, la construcción de la memoria colectiva y la promoción de derechos humanos.

Para Virginia Martínez, investigadora, autora y desde 2020 presidenta de la comisión de sitios, la ley “supone que el Estado patrocina iniciativas de memoria y el documento debería dar la idea de la intención de llevar adelante una política pública”. Sobre el funcionamiento de la comisión, valoró que hasta ahora se cumplió con los mandatos en relación con las competencias establecidas, más allá de la instalación de los sitios, así como también con rendir cuentas sobre su actividad, tener un catálogo, recibir solicitudes a través de un formulario web y declarar y señalizar lugares. La comisión puede actuar por oficio, pero hasta el momento todas las acciones fueron por solicitudes.

Martínez diferenció el hecho de señalizar, es decir, dejar una marca para el conocimiento de la sociedad, con sitio de memoria, algo más bien vinculado a un espacio y un proyecto museístico, como el Museo de la Memoria y tantos otros lugares que funcionaron como espacio de tortura o reclutamiento.

En las últimas reuniones, que son quincenales, la comisión detectó un reclamo de quienes viven en el interior y durante mucho tiempo “estuvieron enfrentados a la idea que se instaló de que la dictadura no ocurrió” allí. Así como la intención de avanzar con las competencias de la ley, según Martínez, también existe el reclamo por construir memoria que no esté vinculada sólo al aspecto más cruel de la represión física, como la tortura y la desaparición forzada, sino también a cómo la dictadura alcanzó a la sociedad toda.

Las resistencias

Además de la tarea de reconocer sitios de memoria, la comisión tiene sus luchas. Una vez que resuelve un sitio o una señalización, a veces se enfrenta a demoras y complicaciones, generalmente por parte de las autoridades de las instituciones que funcionan en esos lugares. Uno de los episodios que más se difundieron este año fue el relacionado con la placa de la memoria que finalmente se colocó en la Escuela Técnica de Malvín Norte, donde funcionó el centro de reclusión de adolescentes Álvarez Cortés. Ante la definición de colocar dicha placa, Juan Pereyra, el titular de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, expresó “dudas” sobre el texto de la placa y definió la suspensión de clases en la escuela técnica cuando los integrantes del barrio organizaron una jornada de reconocimiento del actual centro educativo como sitio de memoria.

Señalización en recuerdo y homenaje a Raquel Culñev en el Instituto de Formación Docente Ercilia Guidali de Pisano, en Paysandú, el 5 de octubre.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

En el trabajo actual de la comisión “hay un énfasis en las nuevas generaciones”, el pasado sigue siendo un tema de debate en la sociedad y “estuvo congelado mucho tiempo pero vuelve. La reparación simbólica es un derecho de las víctimas y de las sociedades y forma parte del patrimonio cultural, que se cuida, se pone en valor y se transmite”, dice Martínez.

Una de las luchas actuales de la comisión de sitios es que el 300 Carlos, también conocido como Infierno Grande y La Fábrica, donde entre 1975 y 1977 más de 500 hombres y mujeres fueron secuestrados y torturados, deje de ser un predio usado por los militares. Ubicado en Avenida de las Instrucciones, junto al ex Batallón de Infantería 13, se hacen visitas de memoria, pero en sus instalaciones también funciona un taller.

El interior del país no es ajeno a estas resistencias. Según relató Mercedes Cunha, quien se integró en 2019 a la Red Nacional de Sitios de Memoria como representante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Tacuarembó, la reciente colocación de una placa que recuerda a la maestra y militante Raquel Culñev, detenida en 1972 por integrar el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y fallecida en 1977 por responsabilidad del Estado, en el Instituto de Formación Docente de Paysandú tuvo demoras. Si bien la colocación se definió dos años antes, recién se hizo en octubre de 2022 porque la Administración Nacional de Educación Pública solicitó la reconsideración de la resolución, algo que la comisión honoraria desestimó.

“La política de memoria es uno de los aportes principales como garantía de no repetición, por eso defendemos que la aplicación de la ley sea más integral. Creemos que hemos avanzado, pero queremos que se puedan cumplir todas las tareas que la ley le asigna a la comisión”, agregó Cunha. A su entender, la comisión debería contar con más presupuesto para hacer cumplir la ley de una forma más integral, que trascienda el nombramiento de sitios y las distintas señalizaciones.

Si se quiere hacer algo “más elaborado”, los colectivos lo financian por su cuenta. Para estos y otros casos, a veces se cuenta con apoyos de los gobiernos departamentales y municipales. En el marco del presupuesto de la INDDHH se votaron asignaciones para proyectos que, adjudicados bajo la modalidad de fondos concursables, desde 2021, han permitido que algunos sitios hayan contado con recursos públicos para el desarrollo de algún aspecto de su propuesta de memoria, pero un mayor presupuesto permitiría que se mantuvieran de otra manera y pudieran ofrecer mayor interacción con la comunidad, consignó Cunha.

Los sitios establecidos por esta normativa se complementan con las señalizaciones enmarcadas en la Ley de Reparación a las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado en el Período Comprendido entre el 13 de Junio de 1968 y el 28 de Febrero de 1985, aprobada en 2009. “Hay una serie de reparaciones de distintos tipos, pero las que tienen que ver con la memoria son las más tardías”.

Por último, Cunha no quiso dejar de recordar que previo a 2018, el año de aprobación de la ley de sitios de memoria, pasaron cosas. Cuando los sitios aún no contaban con una normativa que los respaldara, distintos colectivos integrados por víctimas y familiares del terrorismo de Estado ya se preocupaban por los lugares donde fueron violados los derechos humanos porque se empezaba a perder la posibilidad de que se conservara la validez forense de esos espacios para los juicios que en ese momento comenzaban a prosperar.

La construcción de la militancia

“Uno viene de una gran cantidad de personas que antes lograron ciertas condiciones, por eso uno intenta hablar de la necesaria inscripción de esa historia, para seguir apostando a cambiar la vida hacia un futuro mejor”, dice Mariana Risso, quien junto con Rodrigo Barbano coordina la web Sitios de Memoria Uruguay, un proyecto militante y colectivo que surgió en octubre de 2019 ante la necesidad de contar con herramientas que sistematicen información que hasta entonces se encontraba dispersa o era de difícil acceso. La herramienta cuenta con el apoyo de organizaciones referentes en las luchas por la verdad, la memoria, la justicia y la reparación, entre ellas, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la asociación de ex presos políticos Crysol.

Risso recuerda que inicialmente estaba la intuición de que era fundamental contar con una web para recorrer los sitios o acceder a información sobre ellos, pero luego, durante la pandemia, tomó aún más fuerza la importancia de usar la tecnología para estar próximos “a las cosas que nos interesan”. Entonces, con más tiempo para trabajar el proyecto por la poca movilidad que hubo durante el período, lo que en principio fue un mapa con lugares de la red represiva de los años autoritarios que incluía información que estaba publicada en artículos, libros y otros materiales evolucionó a fichas de las víctimas de desaparición forzada y de apropiación de identidad.

Luego, hace unos años, se sumaron otros aportes. Bajo una línea que se denominó Memoria del Movimiento Popular, la comisión se contactó con sindicatos y agrupaciones políticas de izquierda para digitalizar algunos documentos que estos tenían, por ejemplo, prensa de la época y distintas denuncias de grupos de trabajadores.

Claramente el contenido del proyecto no se limita a su nombre. Sobre esto, la coordinadora explicó que se incluyó la palabra sitios en el nombre porque se problematizó entre sitios como lugares que fueron represivos o de detención y los lugares de conmemoración, las marcas, placas que son elementos de memoria. Finalmente el proyecto se inclinó por una definición que se centra en lugares en los que ocurrieron violaciones de derechos humanos.

“Para nosotros es una herramienta de acción política para el presente. No somos historiadores; disponer de esta información de manera accesible se vincula con el derecho al acceso al conocimiento público de archivo, de información histórica relevante que tiene incidencia en el presente y en el futuro que uno se pueda imaginar”, porque “los proyectos son siempre para cambiar el mundo, para que las cosas que están mal puedan ser mejores”, reflexionó Risso.

Acto de inauguración de una placa homenaje al docente Manuel Toledo en el Liceo 1 Nilo Goyoaga, en Treinta y Tres, el 21 de octubre.

Foto: Matías Rodríguez

Todos somos familiares

Micaela Rivero Castagnetto tenía tan sólo un año cuando su tío, Héctor Castagnetto, fue secuestrado por el Escuadrón de la Muerte, en agosto de 1971, a sus 19 años, en la intersección de Avenida Italia y Propios. Aun así, no puede hablar de él sin llorar, porque “siempre fue una presencia” en su vida.

Cuando el recuerdo de un ser querido que no está es colectivo, las cosas cambian. Según Micaela, el sentimiento es de tranquilidad por el hecho de que siempre será recordado y que ese recuerdo trascenderá, incluso, la existencia de su propia familia.

En el lugar del secuestro la primera marca recordatoria fue una placa que se instaló en 2009. “Ese día lloré hasta que me fui, sus compañeros le habían puesto una corona de rosas, para mí fue un entierro simbólico”, recuerda.

En 2021 se colocó otra placa, esta vez en el marco de los 50 años de su desaparición forzada. Para Micaela la segunda vez también fue emocionante, pero ya sin “la sensación del primer duelo”. “En lo más íntimo sigue siendo muy doloroso. La familia quería algo con vida, por eso se plantó un cina cina en el lugar; a mí me gusta ver que crece cuando paso en el ómnibus”, comenta y se alegra al menos un momento.

Mucho antes de que existieran esos reconocimientos, Micaela y su familia golpearon puertas y se encargaron de que Héctor hoy sea parte de la memoria. Según cuenta, al principio el nombre de su tío no se encontraba en la lista de las personas desaparecidas y eso motivó que ella y su mamá, “cada una por su lado”, buscaran respuestas una y otra vez.

“Fue muy doloroso el primer juicio, salimos y había sólo dos personas afuera, fue triste”, relata sobre la primera instancia judicial que hubo que consignar, porque Héctor fue desaparecido en democracia, momento que además marcó un antes y un después porque al preguntar por su tío aparecieron amigos y gente que lo conoció. Micaela pasó de tener una sola foto de su tío a contar con diversos recuerdos y relatos sobre él. “Antes había un silencio”, recuerda.

“Mi madre llevó durante muchos años el cartel a la Marcha, en un momento decidimos dárselo a Familiares para que ellos lo tengan. A algunas personas nos constituye el tema desde el vamos y no seríamos quienes somos sin esa situación”, relata y llora.

Micaela tiene claro que lo que le pasó a su tío “le podría haber pasado a cualquiera” y está “muy orgullosa de él” porque “con 19 años era una persona muy especial”. A cada palabra, la emoción, que es cada vez mayor, demuestra que el recuerdo de su tío está intacto, seguramente como el primer día, y las preguntas que tal vez nunca tengan respuesta siguen esperándola.

Como puede, Micaela dice: “Lo que nos queda a la familia es un vacío muy grande; no es el tiempo pasado y ya está, me sigo preguntando qué hubiera pasado con ese proyecto de persona, de ser humano, que era mi tío”.

Federica Pérez es periodista. Escribe sobre salud en la diaria y colabora con Lento sobre temas sociales.

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