Los vecinos de balneario Buenos Aires continúan movilizados para evitar que se construya el complejo residencial La Orilla-Punta del Este sobre ocho hectáreas en los padrones costeros 10.108 y 10.109, que se encuentran en disputa desde 2012 debido a su naturaleza dominial: mientras la Intendencia y las sociedades panameñas Kalin Assets SA y Arwen Inc defienden que se trata de padrones privados, el Ministerio de Economía Finanzas (MEF) sostiene que son públicos.
En el marco de las elecciones internas del Frente Amplio (FA) del próximo 5 de diciembre, la exministra de Turismo y actual senadora de la fuerza política Liliám Kekchicián realizó una recorrida por Maldonado. En su visita aprovechó para reunirse con el gremio hotelero Centro de Hoteles, vecinos del barrio Lausana y de Balneario Buenos Aires.
En la reunión con los vecinos pertenecientes al grupo Balneario Buenos Aires Franja Costera, con motivo de la situación de las tierras públicas que se quieren ceder a privados por parte de la Intendencia de Maldonado, Kechichián manifestó que es un tema que le “preocupa”.
El vocero del grupo, Jorge Romero, contó a la diaria que en la reunión Kechichián se comprometió a exponer la problemática en su media hora previa en el Senado. Por otra parte, los vecinos también esperan “comparecer” ante la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para pedir su apoyo.
Este martes, en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Maldonado (JDM) el nuevo coordinador de bancada del FA, Leonardo Delgado, contó que los vecinos del balneario enviaron una nota dirigida a la Comisión de Vivienda del legislativo departamental, el 5 de noviembre, en la que solicitaron ser recibidos.
En una primera respuesta, los ediles que integran la comisión pidieron que los vecinos plantearan el motivo del pedido, algo que, según Delgado, no es usual; y luego no hubo más contestaciones.
La razón que expuso el grupo fue el juicio de desalojo que inició la empresa Lenore SA contra 50 familias que viven en Balneario Buenos Aires a finales de octubre. El edil frenteamplista reclamó que la Comisión de Vivienda los reciba antes de que comience el receso de la JDM, que será el 15 de diciembre.
Por otra parte, anunció que, esta semana, presentará una nota formal para pedir la creación de una comisión cuatripartita que busque soluciones a este “tema que a los vecinos les genera mucha incertidumbre”.
Crónica de la disputa por las tierras en Balneario Buenos Aires
El litigio se dio durante el gobierno de De los Santos y siguió en 2016, en la anterior gestión de Enrique Antía, quien, en principio, continuó el legado de su predecesor al hacer una demanda declarativa de propiedad sobre los terrenos.
Sin embargo, tiempo después se desmarcó de esa postura y el 17 de agosto de 2018 llegó a un “acuerdo transaccional” con los titulares de las sociedades panameñas, los desarrollistas argentinos Pablo Reynal y Álvaro Cayol, que fue aprobado previamente por la Junta Departamental de Maldonado. A cambio de las ocho hectáreas sobre la costa, los empresarios cederían 150 padrones al norte del balneario de menor valor.
En representación de la Intendencia, la directora general de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, presentó el desistimiento de la pretensión de propiedad. En el documento al que accedió la diaria Graziuso invoca la declaración del Tribunal de Apelaciones Civil de 5° turno, que indica que basta con “la voluntad unilateral del desistente” para hacerlo, y pidió el archivo del trámite.
La jueza Gabriela Tuberosa aceptó la renuncia a la pretensión de propiedad de los padrones y dispuso la clausura del proceso, según surge del documento con fecha 1° de setiembre.
No obstante, en contraposición a la Intendencia y a los privados, el 30 de noviembre de 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendió el dominio público de los terrenos y presentó recursos de reposición y apelación en los que solicita ser parte del proceso judicial a través de una tercería excluyente. Hasta ahora la Justicia no se ha expedido al respecto y, por lo tanto, el acuerdo entre la IDM y los privados está en suspenso.
En representación del MEF, el 21 de setiembre, la abogada Alicia Guidini volvió a interponer los recursos y amplió los fundamentos de la tercería. Según Guidini, “el MEF pasó a ocupar la situación jurídica procesal de actor con relación a las restantes partes”, algo que impide al resto de las partes disponer del proceso sin su voluntad mientras se analiza su admisibilidad.
Tanto Graziuso como uno de los abogados de los empresarios, Mauricio Fiorino, pidieron que se evacúen los recursos presentados por el MEF, en el entendido de que la Justicia no se ha pronunciado sobre el ingreso del MEF como tercero excluyente.
En su alegato, la directora de Asuntos Legales sostuvo que el ministerio “no tiene ninguna potestad o legitimación por sobre la IDM para expedirse”, que su intento de participación ha “lesionado la autonomía departamental” y que lo que se pretende es “obstaculizar” el proceso.
El 16 de noviembre integrantes de la comisión vecinal asistieron a la reunión de la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Representantes, que contó con la presencia del diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust, en calidad de invitado, quien manifestó su interés y realizó algunas preguntas para “ubicarme en la situación del tema”, según expresó.
En esa oportunidad los vecinos plantearon que si el MEF renuncia a favor de los privados, interpondrán una tercería comunitaria, que será liderada por el abogado y docente especializado en derecho ambiental José Sciandro. Asimismo, en diálogo con la diaria plantearon que presentarán el recurso si la jueza de 6° turno de Maldonado rechaza el recurso de tercería del MEF.
“Ganaremos meses. Como comunidad estamos valorando los aspectos penales propios de todo esto”, expresó el vocero de Balneario Buenos Aires Franja Costera frente a los diputados de la Comisión Especial de Ambiente.