La Junta Departamental de Maldonado aprobó este martes incentivos para la construcción que, según indican desde el oficialismo, apuntan a beneficiar principalmente a los pequeños y medianos proyectos. Esta iniciativa que envió la administración del intendente de Maldonado, Enrique Antía, al deliberativo departamental “acompaña las políticas que lleva adelante el gobierno nacional”, informaron desde la comuna.
El expediente contó con los 21 votos del Partido Nacional (PN) y la banca del Partido Colorado (PC); no obstante, el Frente Amplio (FA) no acompañó el expediente en general, pero sí algunos artículos en el desglose.
El documento aprobado otorga beneficios fiscales a las personas físicas o jurídicas que, antes del 31 de diciembre de 2023, gestionen un permiso de construcción. Las obras que actualmente se encuentran detenidas pero cuentan con los permisos de construcción aprobados anteriormente podrán acceder a estos beneficios si revalidan los documentos y reinician las obras antes del 31 de diciembre de 2022.
El decreto exonera las tasas de construcción para obras, ampliaciones o reformas que estarán exoneradas hasta el 31 de diciembre de 2023 de las tasas de división, reparcelamiento, fraccionamiento y refraccionamiento de bienes inmuebles. También estarán exoneradas del retorno por mayor valor.
En el caso de los proyectos de vivienda “multifamiliar”, en bloque o en conjunto de viviendas individuales, con destino a viviendas permanentes, podrán solicitar parámetros opcionales si se ubican en Maldonado, Punta del Este, en el sector 1 de San Carlos (centros poblados no balnearios), en la subzona 2.4 de Barrio Obrero de Piriápolis, Punta Colorada, Solís o en la subzona 2.2.4 de Aiguá.
El expediente detalla que los beneficios se pierden si se paralizan las obras por más de tres meses continuos, si no comienzan dentro de los seis meses posteriores a la aprobación del permiso y ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto.
La bancada de ediles del FA aseguró que otorgar beneficios fiscales principalmente a grandes proyectos no garantiza la generación de empleo en el departamento. El edil Joaquín Garlo criticó que en 2015, a sólo tres meses de haber asumido el PN el gobierno departamental, se aprobó el Decreto 3.941, que otorga exoneraciones tributarias a la construcción. A partir de ese momento, se aprobaron decretos similares cada año, indicó Garlo. “Es una política continuada de exoneraciones tributarias ininterrumpidas por siete años”, expresó.
Argumentó que el pico máximo que registró el Banco de Previsión Social en la industria de la construcción fue en 2011, con 12.000 trabajadores. “En estos siete años, con exoneraciones tributarias y beneficios, el pico máximo que hemos alcanzado son 6.000 trabajadores; queda claro que el discurso de las excepciones y exoneraciones no se traslada al trabajo para Maldonado”, comparó, y señaló que la Intendencia de Maldonado ha perdido la oportunidad de recaudar “miles de dólares” que podrían haber sido destinados a mejoras en los barrios del departamento.