Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) acordaron, el jueves 19, eliminar dos juzgados que funcionan en San Carlos, con competencia en diferentes materias, para crear dos sedes especializadas en violencia de género y delitos sexuales en la misma ciudad, con jurisdicción en todo el departamento. La resolución indica que, a partir del 27 de noviembre, se suprimirán los juzgados letrados de primer y segundo turno.
“Los expedientes que se estén tramitando en las sedes a suprimirse y los que se encuentran archivados serán redistribuidos en las sedes letradas de la ciudad de Maldonado, de acuerdo a su competencia, así como aquellos que al momento de la supresión se encuentren fuera de la órbita de los referidos juzgados”, señala la acordada que divulgaron abogados y legisladores de Maldonado al atardecer del viernes 20.
La SCJ fundamentó su decisión en el crecimiento “notorio y constante” de los casos de violencia de género, doméstica y sexual, por lo que resulta “insuficiente” que esta materia sea atendida solamente por dos turnos con jurisdicción en todo el departamento.
El documento puntualiza que la redistribución de los expedientes deberá “efectuarse en forma equitativa y aleatoria por sistema informático de distribución” y exceptúa de esta medida a los expedientes en trámite de Familia (común) y de Familia Especializada. Estos quedarán a cargo de los juzgados especializados de violencia basada en género, doméstica y sexual de tercer y cuarto turno creados mediante la misma acordada.
La decisión de la SCJ tuvo la inmediata reacción y el rechazo tanto en el ámbito de los operadores judiciales como a nivel político. En la noche del viernes, el Colegio de Abogados de Maldonado mantuvo una reunión en carácter de “grave y urgente” y se declaró en régimen de sesión permanente hasta la semana próxima, cuando una asamblea general extraordinaria evalúe las acciones y medidas a tomar.
En el ámbito político, el diputado nacionalista Federico Casaretto (Unión y Cambio) consideró la decisión de la Corte como “una barbaridad”. Tanto en sus redes sociales como en un comunicado de prensa, opinó que la medida significa “un retroceso para una ciudad que tiene un gran volumen de casos” y que además desconoce la “lucha de años de las fuerzas vivas carolinas” que hace más de una década obtuvieron los juzgados “después de una tremenda lucha”.
El senador herrerista Rodrigo Blás, quien ocupa la banca del expulsado Gustavo Penadés y lidera el sector de Casaretto, también manifestó su molestia en redes sociales y sostuvo que inició “los contactos necesarios” para que “se revierta” una medida que consideró “desacertada”.
El diputado Eduardo Antonini (Movimiento de Participación Popular) opinó que la resolución de la SCJ es “disparatada”. “Genera frustración y desacuerdo por no tener en cuenta las necesidades y realidad del territorio. No se toma en cuenta ni la opinión de los abogados ni de las fuerzas vivas de San Carlos”, sentenció.
Para el edil de su mismo sector, Joaquín Garlo, la decisión es “lamentable”. “Eliminar los Juzgados Letrados Multimateria de San Carlos es un atropello en contra del derecho al acceso a la justicia, máxime cuando fueron un logro de la comunidad organizada”, expresó en sus redes.