Los ediles oficialistas de la Junta Departamental de Maldonado habilitaron al intendente Enrique Antía a llamar a una licitación pública, por régimen de iniciativa privada, para la construcción y explotación por 30 años de un teleférico y servicios anexos en el Cerro de Pan de Azúcar.
La bancada del Frente Amplio (FA) se opuso, principalmente, porque el proyecto no establece cómo será el sistema constructivo del teleférico ni cómo mitigará los impactos ambientales de la propuesta en un cerro icónico del departamento.
Los ediles también advirtieron que, “debido a la premura del oficialismo por sacar adelante el expediente”, las comisiones que lo tuvieron a estudio en la última semana no convocaron ni a jerarcas de la Intendencia de Maldonado, ni a los promotores de la iniciativa, ni a la Asociación Civil Pro-Conservación del Cerro Pan de Azúcar que gestionó la integración del cerro Pan de Azúcar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
El Partido Nacional alegó que el llamado a licitación no implica que se mantenga a pies juntillas la propuesta de Circotec SA, firma perteneciente al millonario hispano-estadounidense Roque de la Fuente. Los ediles oficialistas aseguraron que la redacción del pliego de condiciones tendrá “todo lo que se necesita para respetar el ambiente”, aunque, de antemano, relativizaron los impactos negativos del proyecto.
Blancos decididos a retener la inversión
Con el intendente Antía siguiendo la sesión desde las barras o circulando por los pasillos del edificio de la Junta, los ediles nacionalistas se esmeraron en sus intervenciones, destinadas previsiblemente a defender la propuesta y a fustigar al FA por rechazarla. Esto llevó la sesión extraordinaria hasta la madrugada de este martes 31.
“Estamos votando para habilitar al llamado a licitación, para ver si estas empresas adquieren el pliego con la propuesta que plantee la IDM. Hay una decisión política del gobierno de que se haga algo distinto y se jerarquice esa zona”, argumentó el edil nacionalista Adolfo Varela para reforzar la idea de que la convocatoria pública será elaborada por la IDM y deberá ser acatada por los oferentes.
Javier Sena señaló que la iniciativa generará turismo y trabajo, desestacionalizará la temporada y promocionará la Zona Oeste del departamento “sin necesidad de que la IDM tenga que invertir dinero” en ello. Alexandro Infante expuso largamente, entre otros puntos, sobre “los efectos colaterales” de este tipo de iniciativas que “desparraman riqueza en el entorno” y que en otras partes del mundo son “subsidiadas por los gobiernos”.
Como Varela, Infante restó importancia a los impactos del proyecto y alegó que no incidirá en el ecosistema ni en las especies de la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA) ubicada al pie del cerro. “Es demencial lo que estamos discutiendo; en realidad deberíamos estar agradeciendo que hay un inversor que quiere jugársela por esto”, dijo.
Al opinar sobre las cuestiones ambientales y su posible incidencia en las especies de la reserva, los ediles Fernando Perdomo y Fabricio Rodríguez recordaron los tiempos del pionero Francisco Piria. “En 1938 metió dinamita hasta que se cansó y los bichos siguen estando”, dijo Perdomo. “¿Cuándo se construyó la cruz los animales se asustaron? Es chistoso, gracioso, que siempre pongan al ambiente de por medio para justificar un pensamiento ideológico que es estar en contra de la inversión privada que genera empleo”, dijo Rodríguez.
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Darwin Correa: “No puedo ni ver a los ecologistas”
También el nacionalista Darwin Correa consideró que estaban embarcados en “una discusión sin sentido” y abogó por la inversión privada en el departamento. “Hay que decirle que sí, porque no quiero que se vaya al Batoví o al cerro de Montevideo”, argumentó, para fustigar al FA por “quejarse y decirle que no a las inversiones”.
Después atacó a la organización que trabaja por la inclusión del cerro Pan de Azúcar en el SNAP: “Me encanta la preservación y la ecología, pero no puedo ni ver a los ecologistas. Los que salen con una pancarta a defender el medioambiente son los que están en un lugar donde no quieren a otros”, sentenció. Como otros ediles de su partido, enfatizó que la obra pasará por el Ministerio de Ambiente y que no se autorizará sin que se cumplan las medidas necesarias.
“Abrimos la posibilidad de un llamado a licitación; después seguirán los carriles de Ambiente. No me voy a amputar la posibilidad de decidir en representación de la gente porque una comisión con 15 personas con tiempo libre venga a decirme lo que tengo que hacer”, respondió cuando el FA reclamó un mes más para escuchar la posición de la Asociación Civil Pro-Preservación del cerro en las comisiones.
FA propuso someter el proyecto a audiencia pública
Los ediles del FA insistieron en que las medidas ambientales establecidas en la propuesta son “meros enunciados” y en que faltaba información para expedirse. Marie Claire Millán señaló que “el problema no es que la obra se haga, sino cómo se hará”, ya que el proyecto detalla los aspectos económicos, “pero no hay nada que haga referencia a cómo se va a instalar el teleférico en un cerro de piedra”.
También puso en duda que la iniciativa apunte a “democratizar” el ascenso al cerro, como sostienen Antía y los ediles blancos. No solo porque a su juicio no está claro si se podrá seguir ascendiendo a pie, sino porque subir al teleférico costará entre 8 y 10 dólares por persona. “Estaremos generando turismo, pero no democratizando el acceso porque subirá quien pueda pagar”, remarcó.
También recordó que Circotec exige obras a la IDM y la exoneración de tributos departamentales, además de que comenzará a pagar el canon en el decimoprimer año de la concesión, en caso de obtener la licitación. “No es cierto que esto no le costará nada a la IDM”, remarcó.
Para el edil Urdangaray, el argumento oficialista de que el pliego de condiciones exigirá las medidas ambientales necesarias no es de recibo, teniendo en cuenta “la vergonzosa” experiencia de la reciente licitación del servicio de aerosillas del cerro San Antonio, en Piriápolis, que fue revocada por el propio Antía tras múltiples observaciones del Tribunal de Cuentas de la República.
Garlo, por otra parte, expresó que el régimen de iniciativa privada posibilita que los proyectos sean sometidos a audiencia pública una vez que se realicen los estudios de factibilidad y antes de hacer el llamado a licitación. Su interpretación de la ley le granjeó burlas e ironías desde la bancada nacionalista que, finalmente, habilitó a Enrique Antía a convocar a la licitación.