Autoridades del Ministerio de Ambiente (MA) y de la Intendencia de Maldonado (IDM), además de legisladores y vecinos, recorrieron la zona de las Sierras del Tirol donde se denunciaron daños ambientales y arqueológicos debido a la apertura de calles para un fraccionamiento.
El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, participó de la inspección y aseguró, en rueda de prensa, que “el daño llama poderosamente la atención”. Destacó que “claramente hay afectación a ecosistemas de monte nativo”; consideró que es “una situación que preocupa” y anunció que técnicos de su dirección y de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos harán informes de evaluación.
La directora de Gestión Territorial de la IDM, Soledad Laguarda, informó a la diaria que “se está elaborando el informe técnico ambiental con base en las inspecciones realizadas, donde se verificó el daño ambiental generado con la apertura de calles”.
Aseguró que parte de esa documentación se envió este martes y la restante se enviará este miércoles a la Asesoría Jurídica, que “preparará la demanda”. Además, dijo que se colocará cartelería en la zona sobre la prohibición de urbanizaciones, construcciones o demoliciones, con base en la medida cautelar vigente.
Respecto a las empresas involucradas, dijo que cuando concurrieron al sitio “no había maquinaria” y que, “al ser un fraccionamiento de 1942, los lotes que hay en la zona pertenecen a múltiples personas y empresas”. Por lo tanto, aseguró que “deberá ser investigado por la Justicia o la policía, dado que la Intendencia sólo puede obtener información de los registros” y a su vez “no se está en condiciones ni se tiene potestad para investigar”, ratificó.
La importancia de la acción vecinal
Por su parte, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo –quien también estuvo en la recorrida– señaló a la diaria que los trabajos realizados sin autorización implicaron “un daño ambiental evidente por el movimiento del suelo, la compactación del suelo y el talado de monte nativo”. Agregó que algunos de los impactos son “irreversibles”, como la compactación de suelo y la apertura de calles, y por eso cree necesario que “se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones mayores”.
Por otra parte, a partir de información aportada por vecinos, con quienes mantiene vínculo por la propuesta de inclusión del Cerro Pan de Azúcar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, advirtió que en la zona “está establecido el negocio de derechos posesorios respecto a porciones de tierra”.
En este sentido, sostuvo que “el control ciudadano es vital”, ya que tanto el gobierno departamental como el nacional “necesitan de las denuncias de los vecinos para poder actuar ante la imposibilidad de desarrollar los controles en todo el territorio, especialmente en zonas agrestes como ésta que son de difícil acceso”. “Si no fuese por la atención de los vecinos, muchas veces ni siquiera es posible advertir que estos hechos suceden”, afirmó el legislador.
Alejandro Nario, el 30 de diciembre, en las Sierras del Tirol.
Foto: Pablo Serrón
Sanciones en puerta
Desde 2020 rige en esta zona una medida cautelar que prohíbe nuevos fraccionamientos y la apertura de calles, hasta tanto se apruebe un Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Cuenca de la Laguna del Sauce. En ese marco, el MA y la IDM evalúan sanciones a aplicar contra quienes violaron la disposición, así como la ejecución de acciones para recomponer el ecosistema, que deberán ser asumidas por los responsables del daño ambiental y arqueológico.
Según la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (16.466), a pesar de las sanciones administrativas y penales dispuestas, “quien provoque degradación, destrucción o contaminación del medio ambiente en violación de lo establecido por la presente ley, será civilmente responsable de todos los perjuicios que ocasione, debiendo hacerse cargo, además, de las acciones conducentes a su recomposición”.
Asimismo, el pasado martes 23 la IDM solicitó al Municipio de Piriápolis “el contralor de la no apertura de calles” y analiza realizar una denuncia penal y/o civil por “el daño ambiental provocado con las obras viales ejecutadas sin permiso”, de la cual todavía no hay novedades al respecto.
En paralelo, permanece sin respuesta un pedido de informes cursado por el coordinador de la bancada del FA en la Junta Departamental de Maldonado, Juan Urdangaray, a la Intendencia de Maldonado. Entre otros puntos, requirió saber si las intervenciones realizadas cuentan con “estudios de impacto ambiental o informes técnicos previos y/o evaluaciones específicas sobre afectación a monte nativo, cursos de agua, biodiversidad y patrimonio arqueológico”, y qué acciones de reparación, mitigación o recomposición ambiental se prevén o se han dispuesto frente a los daños denunciados.