La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente recibió las observaciones de Punta Ballena Protegida sobre el desarrollo inmobiliario Cantamar, proyectado junto a la playa contigua a Las Grutas y clasificado en la categoría B por sus potenciales impactos ambientales.
Los aportes de la asociación civil, enmarcados en la etapa de “puesta de manifiesto” del emprendimiento, parten del Informe Ambiental Resumen (IAR) presentado por los desarrollistas para que la cartera les autorice a construir cinco edificios de cinco pisos -de los cuales tres se encuentran dentro de los 250 metros de protección costera-, en 17,5 hectáreas contiguas a la playa de Las Grutas.
La organización apunta a “complementar el análisis”, considerando que se insertarán en un sistema costero-marino de Punta Ballena, próximo al área postulada para integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El extenso documento, al que accedió la diaria, resalta que la evaluación ambiental de Cantamar debería “trascender los impactos estrictamente prediales”, atendiendo “el contexto territorial y los lineamientos aplicables” en esta zona de “altísimo valor ambiental y paisajístico”.
Señala, además, que deben contemplarse los impactos ambientales acumulativos con otros emprendimientos inmobiliarios proyectados en la zona; por ejemplo, la urbanización Verdes de la Ballena, complementaria de Cantamar y planificada en un padrón lindero, que espera excepciones a la normativa de construcciones por parte del gobierno departamental.
Aspectos a revisar y profundizar
En principio, la organización pidió “revisar” la delimitación de las fajas costeras, teniendo en cuenta que un área será cedida a dominio público -como exige la ley- y que los edificios del sector sur se ubicarán dentro de la faja de defensa de costas.
Por un lado, solicitó incorporar al expediente “una determinación cartográfica y georreferenciada” de las diferentes fajas y su superposición con el proyecto. Por otro lado, enfatizó que se debe analizar “en profundidad” el efecto de los edificios en la dinámica natural de playas y dunas.
En esa línea, recordó la importancia de la resiliencia del sistema ante el cambio climático y solicitó que se analice si las intervenciones proyectadas “pueden fragmentar o fijar el cordón dunar; modificar el transporte y la acumulación de arena; remover o afectar vegetación estabilizadora; alterar el funcionamiento hidrológico natural; o disminuir la capacidad del sistema para recuperarse luego de eventos extremos”.
Infraestructura y procesos naturales
“La evaluación debería demostrar que la urbanización, sus infraestructuras y particularmente sus sistemas de drenaje no comprometen esos procesos naturales”, advirtió la organización, en otro punto.
A su juicio, el proyecto “podría modificar los patrones naturales de drenaje y aumentar el escurrimiento superficial hacia el sistema costero-marino”, incrementando el riesgo de erosión de suelos y dunas y el arrastre de sedimentos y contaminantes.
También planteó que se evalúen los impactos asociados a la construcción de subsuelos, ya que se prevé estacionamiento subterráneo con dos plazas por unidad. Tras observar que el IAR no presentó información detallada sobre esa intervención ni evaluó su impacto “sobre el relieve dunar, la vegetación psamófila y la dinámica sedimentaria del sector”, Punta Ballena Protegida solicitó “una caracterización hidrogeológica y una evaluación específica de las excavaciones”, incluyendo el destino del material a extraer.
122 especies vegetales a preservar
La asociación valoró que el IAR haya incorporado modificaciones a partir del relevamiento de vegetación y que identifique sectores de conservación, incluyendo formaciones de pastizal y matorral psamófilo, reconociendo que en la zona se registran 112 especies vegetales, dos prioritarias para la conservación y una de poco frecuente en el país.
Sin embargo, advirtió que la conservación de determinados sectores o “manchas” de vegetación no necesariamente asegura el mantenimiento de las funciones ecológicas del sistema, sobre todo en el caso de la vegetación psamófila. Por esto, solicitó que la evaluación de la vegetación “sea integrada con la evaluación geomorfológica, hidrológica y de conectividad ecológica, particularmente considerando la proximidad del proyecto con el área de Punta Ballena en proceso de incorporación al SNAP”.
Paralelamente, observó la necesidad de proteger la biodiversidad terrestre y marina donde las especies -sensibles y en algunos casos bajo amenaza- dependen del ambiente para su reproducción, alimentación y descanso. En ese sentido, pidió una “evaluación de la conectividad ecológica entre el área del proyecto, el sistema costero y el área de Punta Ballena”.
Asimismo, solicitó la incorporación de medidas “específicas y verificables” para prevenir la colisión de aves contra las superficies vidriadas del emprendimiento, “que no se limiten al uso de DVH o vidrios de baja reflectancia”.
Protección del paisaje y el patrimonio arqueológico
Desde el punto de vista paisajístico, la asociación reclamó “una evaluación integral” que considere las visuales desde y hacia Punta Ballena y los espacios públicos costeros; también una evaluación de la iluminación nocturna del emprendimiento y de su posible incidencia sobre el entorno natural y el área propuesta para incorporación al SNAP.
Por otra parte, aunque el IAR establece que “no se identificaron evidencias arqueológicas en los tres padrones”, Punta Ballena Protegida recordó que el proyecto se implantará en un territorio con antecedentes de presencia de evidencias arqueológicas en el entorno de Punta Ballena y Sierra Ballena.
“La ausencia de hallazgos en una prospección superficial con sectores de visibilidad limitada no debería interpretarse como evidencia suficiente de ausencia de patrimonio arqueológico”, advirtió. En consecuencia, propuso que se “profundice la evaluación arqueológica en las áreas de visibilidad limitada, mediante metodologías subsuperficiales adecuadas” y con intervención de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.
Con todo, la asociación civil enfatizó que se requiere una evaluación ambiental “rigurosa, integral y actualizada” que considera “imprescindible” para asegurar la protección de los valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales de Punta Ballena y su entorno.
